Esman de León Pérez
Expediente 757/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/11/2019
Partes del expediente
- Esman de León Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se tuvo por desechada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Visto, el oficio signado por ***, autorizado de la parte quejosa por medio del cual señala como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***, ***, número ***, ***, de esta ciudad. Al efecto se acuerda: Téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el mencionado con anterioridad. So ordena a los Actuarios adscritos tomar nota de lo aquí acordado, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto; el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 202/2019 de su índice, y devuelve el original del juicio de amparo indirecto 757/2019. Al efecto se acuerda: Por lo que hace en la ejecutoria de cuenta el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja." (Sic). En relación al cuaderno de antecedentes que para tal efecto se formó, se ordena su destrucción, glosándose a los autos únicamente las actuaciones originales. Acúsese recibo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, la Superioridad supeditó la admisión de la demanda de amparo, salvo que no exista otro motivo de improcedencia o prevención; sin embargo, antes de proveer al respecto, debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y documento adjunto, se desprende que el acto reclamado a las diversas autoridades responsables y que en esta vía se combaten es esencialmente la suspensión de su sueldo a partir del veinte de julio de dos mil quince. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Conforme a lo anterior, se estima que en el caso la demanda de amparo es notoriamente improcedente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se expresan. Tenemos que la naturaleza de la prestación del servicio (que constituye el acto reclamado) es de índole administrativa. Por lo que la controversia entre el aquí quejoso y las autoridades que señala como responsables debe combatirse ante el órgano competente; a saber, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracción III, de su propia Ley Orgánica, el cual establece que el mismo conocerá de los juicios en contra de los actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Estado o Municipio dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública Estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Así, el Pleno del Alto Tribunal del país, al resolver la Contradicción de Tesis 24/2004-SS; entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del mismo circuito, Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200322, Novena Época, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", estableció que los miembros de la Policía Municipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les excluye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con ello, estimó que con base en dicho criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las leyes secundarias, entre ellas el Reglamento de la Ley que Establece las Bases de Operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas o el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de dicha dependencia, no señalan con precisión la competencia del Tribunal de Arbitraje o del Tribunal de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios en su condición de servidores públicos, estimó que para resolver dichos conflictos deberá conocer el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17, de la Constitución Federal, que consigna la garantía de acceso a la justicia. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", se estableció que los miembros de tales corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo cual se excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Por otro lado, los artículos 5o., fracción II, 6o. y 9o. de la Ley de Seguridad Pública y 13 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal establecen que la Policía Bancaria e Industrial es un cuerpo de seguridad pública que forma parte de la Policía del Distrito Federal y está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, nombre que adoptó dicha dependencia por la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, según el artículo 9o. transitorio del decreto que la promulgó, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Sin embargo, los preceptos citados, no señalan qué órgano debe conocer de una demanda promovida por uno de los miembros de ese cuerpo de seguridad en contra del propio ente, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios, sólo la fracción I del artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, determina que las Salas de dicho tribunal son competentes para conocer de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la administración pública del Distrito Federal emitan; por tanto, ante la falta de disposición legal en el Distrito Federal que otorgue a alguna autoridad facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, la competencia para conocer de las mismas debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. Por ende, acorde a los criterios emitidos por el máximo tribunal del país, invocados conforme a lo dispuesto por el artículo 217, de la Ley de amparo, debe fincarse en que para conocer de los actos aquí reclamados deberá promoverse el medio de defensa correspondiente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, en virtud de que es el más afín, de conformidad con el citado artículo 3, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Lo anterior es así, toda vez, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que se estime la improcedencia en el presente asunto, pues el promovente pretende mediante la tramitación del juicio de amparo dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues como se dijo existen para tal efecto vías ordinarias. Dicho de otra manera, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre un policía y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vincula con su suspensión, remoción o cese por encontrarse sujeto a procedimiento administrativo. También, a juicio de este juzgador, resultaría perjudicial para el impetrante del amparo, no realizar el estudio condigno en este momento procesal, pues se estima que aun sustanciado el juicio no variaría el sentido de esta resolución, y en perjuicio del gobernado, podría prescribir la acción administrativa condigna. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Por las razones que informa se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se reitera lo acordado en proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se insiste en lo establecido en el citado acuerdo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Se itera lo proveído en el referido auto.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo del diverso 8561/2019, del índice de este juzgado e informa que se admitió a trámite el recurso de queja, hecho valer por la parte quejosa *****, recayéndole el número 202/2019. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda.
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