Esequiel Ramos Toledo

Expediente 1301/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1301/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Esequiel Ramos Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio firmado por el actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el número de toca 1189/2022. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el recurso de revisión que hace valer el quejoso, en contra la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación. Distribúyase entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios respectivos, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente a la representación adscrita a este juzgado, por oficio a las autoridades responsables y mediante lista al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 1301/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y un minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por el presidente del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno, director general del Boletín Oficial y Archivo, y director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, todos del Estado de Sonora, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y fiscal federal adscrito-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por el director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1301/2022, promovido por Ezequiel Ramos Toledo, contra los actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, al día siguiente hábil a este juzgado de distrito, Ezequiel Ramos Toledo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto ejecutado en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, circunstancia que lo dota de competencia. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno y director general del Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de su respectiva competencia: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, en específico los numerales 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis. Y del director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora: La aplicación de los artículos referidos a través de la recaudación del impuesto y contribuciones referidas en los mismos, consignadas en el recibo de pago electrónico folio 311C2-0001-378600256526, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al Congreso, gobernador, secretario de gobierno y director general del Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, al así haberlo manifestado al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas es un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por encontrarse publicadas en el órgano de información local, desprendiéndose la participación de las autoridades en el proceso de creación de la norma. Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Igualmente, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." De igual forma, la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se corrobora con la prueba documental exhibida por una de las autoridades responsables y la propia parte quejosa, consistente en el recibo de pago electrónico folio 311C2-0001-378600256526, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, expedido por la dirección general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, ya valorada. Causas de improcedencia actualizadas Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de protección de los derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 observable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, mayo de 1991, Materia Común, Octava Época, de contenido: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, el juicio de amparo deviene improcedente por cuanto hace a los actos reclamados a las autoridades responsables director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, consistente en el cobro y recaudación del impuesto de traslación de dominio de bienes muebles y demás contribuciones adicionales, previstas en los artículos 188, 246, fracción I, 249, 289 y 292 bis, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora; asimismo, respecto de los actos reclamados al secretario de Gobierno y director general del Boletín Oficial y Archivo, ambos del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistentes, respectivamente, en el refrendo y publicación de las normas legales antes mencionadas. En efecto, en atención a lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo cuando se controvierten normas generales el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación; empero, en el caso de las autoridades que hayan intervenido en el refrendo de la ley o en su publicación sólo podrán señalarlas con el carácter de responsables cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que no acontece en la especie. Además, la parte quejosa no dio cumplimiento a lo que establece el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, omitió reclamar por vicios propios el refrendo y la publicación del ordenamiento legal que por esta vía controvierte; por ende, se actualiza la causal de improcedencia analizada. En ese contexto, al no controvertirse el refrendo y la publicación de la norma general por vicios propios es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en términos del cardinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Asimismo, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y gobernador, ambos del Estado de Sonora, con sede en esta localidad, consistente en la discusión, aprobación y promulgación, respectivamente, de los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 bis, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, que prevén las contribuciones adicionales, por las razones expuestas con anterioridad, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" En efecto, el quejoso reclama, esencialmente, la inconstitucionalidad de los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, específicamente, concretizado con el cobro en el recibo de pago electrónico folio 311C2-0001-378600256526, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en el cual se advierten los conceptos que le son aplicados y que reclama en esta vía constitucional. Sin embargo, de las constancias que integran el sumario, en específico de la copia certificada del recibo oficial 311C7-0001-230000068617, de siete de junio de dos mil diecinueve, exhibida por el director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se advierte que la parte quejosa consintió el pago de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública" y "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, ya que en la citada data realizó pagos por renovación de licencia de automovilista, y en dicho recibo se le cobraron las contribuciones adicionales contenidas en los numerales en cita, por lo que se autoaplicó las normas tildadas de inconstitucionales. Por tanto, el pago realizado mediante recibo oficial con folio 311C2-0001-378600256526, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, no es el primero de aplicación de dichos preceptos, sino uno posterior. En consecuencia, acorde a lo antes expuesto, debe decirse que si en la documental antes referida, para el pago de derechos por concepto del impuesto de expedición de tarjeta de circulación, revalidación de placas y sus accesorios, que la autoridad administrativa expide, en la cual se determina el importe de la obligación fiscal que debía pagarse y además se precisa el nombre del contribuyente, el concepto del trámite, la fecha de presentación de la solicitud y la orden de enterar dicha cantidad, resulta inconcuso que ello constituye un acto de aplicación de la ley, pues define de manera particular la situación jurídica de la causante frente al supuesto previsto en la norma, al determinar el importe de los derechos que deberá pagar por el trámite realizado. Es decir, desde el momento de su expedición materializa los efectos jurídicos de la norma, entonces, se tiene que la quejosa no reclamó los artículos que la constreñían a pagar los impuestos que reclama como inconstitucionales cuando se le patentizó el primer acto de aplicación, que lo fue al realizar el pago del recibo número 311C7-0001-230000068617, de siete de junio de dos mil diecinueve. En esa intelección, es incuestionable que al menos desde esa fecha se enteró del cobro de las contribuciones que reclama, consistentes en "Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades de Sonora", "Contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública" y "Contribución para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa", previstas en los artículos 246, fracción I, 249, 289 y 292 Bis, de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, que reclama; de tal manera que si la demanda de amparo fue depositada el veintiséis de septiembre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, es evidente que dicha presentación se realizó fuera del término de los quince días a partir de la fecha en que se tuvo conocimiento del acto que se reclama, que al efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el quejoso promueve el juicio de amparo reclamando una ley con motivo de su aplicación pero no en relación del primer acto, sino del segundo o subsecuente, el juicio de amparo en tal hipótesis es improcedente. Resulta aplicable a dichas consideraciones la jurisprudencia P. 30, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, que expresa: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACION. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, cuya aplicación se materializó en el recibo de pago electrónico folio 311C2-0001-378600000256526, de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En primer lugar, conviene precisar que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, a través del citado recibo de pago, en el que se le cobraron tanto el impuesto por traslación de dominio vehicular -cambio de propietario-, así como las contribuciones adicionales consistentes en el impuesto para el sostenimiento de las universidades de Sonora, la contribución para el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública y la contribución para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, también tildadas de inconstitucionales. Señala que el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, contraviene en su perjuicio el principio de legalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, pues no se encuentra regulada la base gravable. Ello, estima, toda vez que dicho precepto establece que tratándose de la traslación de dominio de automóviles de hasta diez años de antigüedad, la base gravable será el valor de compra que se determine en base a la guía "EBC", referencia oficial de información para comerciantes de automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre precios de vehículos usados, vigente al mes de noviembre del año anterior al de la aplicación de la ley. Añade que la falta de disposición normativa que imponga la publicidad de la guía que será considerada como base del tributo, al no estar ordenada en la legislación relativa su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, le ha hecho desconocer el valor consignado en ésta para el vehículo que adquirió, pues se le impide conocer la forma en que se calculará la base gravable de donde depende esa carga impositiva. Y que si bien en el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se estableció que dicha guía debería publicarse en el Boletín Oficial del Estado, a la fecha del pago del impuesto no se había hecho. Lo anterior es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, sin que sea necesaria su transcripción, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. A fin de explicar lo anterior, resulta oportuno invocar el criterio sustentado por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 37/2007. En la ejecutoria de la cual deriva la referida jurisprudencia, el Alto Tribunal resolvió la contradicción de tesis sustentada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, los cuales, al interpretar el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, donde al igual que el arábigo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, se determinó que para establecer la base del impuesto sobre la transmisión de propiedad, tratándose de vehículos usados, debía atenderse al valor comercial del automotor, tomando como referencia el que apareciere en las guías y publicaciones de precios sobre automóviles usados que existen en el mercado. Del análisis de la ejecutoria de mérito destaca el criterio emitido sobre el tópico que se atiende por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual consideró que tomar como referencia las guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados existentes en el mercado, propiciaba la aplicación por la autoridad de criterios subjetivos, fuera de aspectos de vinculación económica y fiscal, que lleven a la realidad ideal de la base del impuesto, lo cual origina un margen legal indefinido que deja al arbitrio de la autoridad la determinación de un valor comercial, con peligro de apreciaciones meramente subjetivas. Al resolver la controversia planteada, el Alto Tribunal estimó que la disposición legal combatida no era violatoria del principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues en el precepto legal objeto de estudio sí se precisaba con claridad la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos usados, tomando como referencia el valor comercial del vehículo que aparezca en las guías y publicaciones de precios sobre automóviles usados que existen en el mercado; máxime que es criterio de ese Máximo Tribunal el hecho de que una autoridad administrativa determine, calcule o publique alguno de los elementos que repercuten en el monto al que ascenderá una contribución, no constituye por sí mismo una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues para acatarlo basta que la disposición formal y materialmente legislativa aplicable prevea y precise el procedimiento o mecanismo que dicha autoridad debe seguir, con tal precisión que, atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, impidan su actuación arbitraria y generen certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributarias. Asimismo, estableció que si la ley únicamente dispone que ese valor precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad técnica de la autoridad administrativa se limita a capturar la realidad económica, lo que no significa comparar datos observados en diversos momentos, sino simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al poder legislativo la determinación de los elementos que trascienden al momento de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados, sin desconocer que el órgano técnico competente puede incurrir en una aplicación incorrecta de la ley por una apreciación equivocada de esa realidad. Finalmente, precisó que las circunstancias antes indicadas operan para el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, pues la autoridad recaudadora, para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos usados, tomaría como base el valor mayor entre el de la operación (compra-venta) y el valor comercial (vehículo usado), pudiendo la autoridad administrativa utilizar para esto último el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados que existen en el mercado, esto es, regirse por el principio de la oferta y la demanda, que por sí mismo no constituye una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a dicho bien (automóvil usado), la actividad de la autoridad recaudadora se limita a capturar la realidad económica, que significa atender lo que revelan los factores del mercado en la materia, y de ahí que no quede al arbitrio de órganos ajenos del legislador la determinación de los elementos que trascienden al momento de realizar la operación del cálculo del impuesto, ya que será la realidad económica la que se ordena valorar y no la voluntad de la autoridad administrativa la que determine la afectación patrimonial de la contribución. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia cuyos datos de identificación se precisaron en párrafos precedentes, de rubro y texto: "VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE PREVÉ LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE SU PROPIEDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer que para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, la autoridad recaudadora tomará como base el valor mayor entre el de la operación y el comercial, pudiendo utilizar como referencia para este último el establecido en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados que existen en el mercado, y tratándose de vehículos no comprendidos en dichos documentos, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto. Lo anterior implica que regirse por el principio de la oferta y la demanda, no transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no queda al arbitrio de órganos ajenos al legislador la determinación de los elementos que trascienden al realizar el cálculo del impuesto, ya que será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de la autoridad administrativa la que determine la afectación patrimonial de la contribución." No obstante, para dirimir en el presente asunto, resulta necesario destacar que en la citada ejecutoria el Alto Tribunal también realizó las consideraciones siguientes: "[.] Además, al establecer la norma que "la autoridad recaudadora podrá utilizar como referencia para determinar el valor comercial, el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, que existen en el mercado...", se refiere única y exclusivamente a aquellas que tienen indicadores reconocidos y generalmente aceptados en el ámbito mercantil, como son las guías y publicaciones utilizados en la materia por las distribuidoras de automóviles, aseguradoras de éstos, etcétera. En la inteligencia de que el contribuyente sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tendrá el conocimiento del valor comercial respecto del automóvil usado con miras a su adquisición -elemento base del impuesto- mediante su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. [.]" En ese tenor, queda manifiesto que si nuestro Máximo Tribunal consideró que el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al remitir a las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles que existen en el mercado para calcular el impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, no transgrede el principio de legalidad tributaria, lo hizo partiendo de la premisa de que el contribuyente sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tendría el conocimiento del valor comercial del automóvil usado -elemento base del impuesto- mediante la publicación de la respectiva guía o referencia en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. La anterior exigencia no se cumple en el caso concreto del artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, vigente a la fecha del acto concreto de aplicación, pues a diferencia de la legislación del Estado de Nuevo León, en ésta no se contempla la obligación para autoridad alguna de informar a los sujetos pasivos del tributo la cantidad que la autoridad hacendaria considerará como valor comercial del vehículo usado. La anterior circunstancia impone al gobernado un estado de incertidumbre jurídica, pues aun cuando la legislación local determine que la "guía EBC", también conocida como "libro azul", es la guía oficial de información para comerciantes en automóviles y aseguradoras en nuestro país sobre precios de vehículos usados, ello no implica que tal referencia sea de fácil acceso para el ciudadano común, al no estar ordenada su difusión mediante el Boletín del Estado, o diverso medio de carácter oficial; de igual forma, tampoco se especifica la empresa o editorial en cuya publicación se habrá de confiar, permitiendo dicha ambigüedad la posibilidad de que existan diversas publicaciones con el nombre de "guía EBC", y que éstas establezcan distintas referencias para una misma hipótesis. En tales condiciones, la falta de previsión en la ley respecto a la forma en que se hará del conocimiento de los contribuyentes las particularidades de la guía que se tomará en cuenta para establecer el valor en el mercado de los vehículos usados, de modo tal que los sujetos obligados tengan la plena certeza sobre la forma en que se puede consultar o adquirir dicha referencia, deja al arbitrio de la autoridad las circunstancias relativas a la fuente de la referida información, tales como su autor o compilador, la editorial que la distribuye, entre otros, lo cual genera incertidumbre para los gobernados, imprevisibilidad de la carga impositiva, y consecuentemente, transgresión al principio de legalidad tributaria. Lo anterior, sin que resulte factible tener por convalidada la ilegalidad antes destacada por el hecho de que nuestro más Alto Tribunal determinara que la circunstancia de que el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, al establecer que la base del impuesto se calculará conforme a los indicativos que reflejen el valor del vehículo usado en el mercado, no implica una omisión de precisar en la ley la base del impuesto, así tampoco que se deje al arbitrio de la autoridad la fijación del monto correspondiente, y consecuentemente, no infringe la garantía de legalidad tributaria prevista en el en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues tal como se precisó en párrafos precedentes, dicho pronunciamiento partió de la premisa de que en la referida legislación sí se contempla la difusión en el Periódico Oficial del Estado de la guía que habrá de tomarse en cuenta para determinar la base del impuesto, permitiendo así a los gobernados tener con anticipación la plena certeza de la carga tributaria que deberán de cumplir. No pasa inadvertido para este jugador que mediante decreto publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, se adicionó un segundo párrafo al artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado, en el cual, al igual que en la legislación de Nuevo León, se ordenó la publicación de la guía EBC sobre precios de automóviles usados en el Boletín Oficial, así como en la página electrónica oficial de la Secretaría de Hacienda, ambos de esta entidad federativa. Sin que lo anterior convalide la ilegalidad de la ley aplicada al aquí quejoso, pues no obstante que la nueva disposición entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete y que la norma aquí combatida afectó la esfera jurídica de la solicitante de amparo hasta el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, lo cierto es que a la fecha de la presentación de la demanda, dicha disposición no había sido cumplida; por tal motivo, la existencia de la adición a la ley antes destacada, únicamente pone de manifiesto la voluntad del legislador de subsanar la violación al principio de legalidad tributaria incurrida en el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. VI. Decisión En las relatadas condiciones, al advertirse que el artículo 188 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, contiene vicios en su creación, en tanto que no se encuentra publicado el documento en el que se apoyará la base gravable de la contribución relativa, se transgrede el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, lo que da lugar a conceder al quejoso Ezequiel Ramos Toledo el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable director general de Recaudación, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad: Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación de la norma combatida, esto es, el artículo 188 de la Ley de Hacienda para Estado de Sonora vigente a la fecha del acto concreto de aplicación -veintitrés de septiembre de dos mil veintidós-. Prohibición que rige hasta en tanto no se realice la publicación de la guía "EBC", sobre precios de automóviles usados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, así como en la página electrónica oficial de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Restituya al solicitante del amparo el importe que pagó por concepto de traslado de dominio vehicular que se consigna en el recibo de pago folio 311C2-0001-378600256526, de aquella fecha. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y refrendo y publicación de la ley combatida, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso Ezequiel Ramos Toledo, respecto de los actos reclamados analizados en el considerando V, para los efectos precisados en el diverso VI. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado José Enrique Ayala García, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de octubre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por su homólogo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de la que se advierte que en la materia de la revisión penal del expediente auxiliar 2/2022, el órgano plenario, resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 930/2020 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, promovido por el autorizado del quejoso Miguel Guadalupe Olmos Cruz contra el acto y autoridad que quedaron precisados en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Guadalupe Olmos Cruz contra el acto y autoridad mencionados en el considerando sexto de esta sentencia. [.]" Acúsese el recibo de estilo de la copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en la revisión administrativa 319/2021, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo 930/2020 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Del estado de autos, se advierte que obra agregado un disco compacto exhibido por la autoridad responsable Juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, remítanse mediante oficio el disco de referencia, por resultar innecesaria su conservación. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en los cuadernos incidentales relativos al presente juicio de amparo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y al órgano colegiado de mérito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano