Escolastico Carrasco Guzmán

Expediente 1160/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1160/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Escolastico Carrasco Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el oficio signado criptográficamente por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del diverso 19172/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, por el que se le remitió el original del juicio de amparo 1160/2023, promovido por ***, e informa que aceptó la competencia planteada, registrándola bajo el número 761/2023, de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta, y téngase a la autoridad acusando de recibo. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 19, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo auxiliar relativo a una determinación de incompetencia; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del citado precepto normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES De conformidad con el mismo numeral 19, del Acuerdo mencionado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los Libros Electrónicos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y una vez transcurridos seis meses contados a partir de esta fecha procédase a su destrucción. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho contra actos que reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Al efecto, se acuerda: I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1160/2023- VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Instrucción a la Secretaría encargada del expediente, al Oficial Judicial "A" y Actuarios adscritos. Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Pronunciamiento respecto del conocimiento del asunto. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I2o P J 40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, de un análisis integral realizado al libelo inicial se desprende que el impetrante del amparo, reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: (a) La resolución dictada en la audiencia de control judicial celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cuadernillo de antecedentes número ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y al contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, conocer de la presente demanda por las razones que a continuación se citan: Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que la competencia es el límite de la jurisdicción; es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades. La competencia constituye un presupuesto procesal, naturalmente, de análisis preferente a otras cuestiones, incluso, a la procedencia o improcedencia de la demanda, y; por ende, exige ser atendida primordialmente. Existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia: por materia, cuantía, grado y territorio. a) El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. b) El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. c) La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional; esto es, con el fin de evitar, en lo posible, errores de hecho o de derecho, en perjuicio de los particulares, las leyes procesales establecen como una limitación de la competencia, la jerarquía entre los Jueces para que los de primer grado resuelvan los problemas planteados interviniendo directamente en las diligencias que se practican y otros, jerárquicamente superiores, estudian las resoluciones de los inferiores. d) La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que hace el órgano del Estado facultado para ello, para lograr una mejor distribución del trabajo y de los recursos, tomando en cuenta factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones como circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros. Así, siendo la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar si tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Ahora bien, en lo que interesa al caso; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, prevé la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio, al establecer: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Esa regla general de competencia se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Como es posible observar, del contenido del referido precepto se desprende un elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, a saber: si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Así las cosas, en tratándose del primer caso, se fijan dos reglas: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Es Juez competente aquel ante el que se presente la demanda de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. En el segundo supuesto, en el que el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente: 3. El Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sobre el particular, resulta importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 307/2009, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, ha establecido que: "... la citada expresión (ejecución material) debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico ...". Precisado lo anterior, cabe señalar que para establecer si un acto reclamado requiere o no ejecución material, como elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, resulta importante conocer la naturaleza del acto reclamado. Así, los actos reclamados, de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos y, omisivos o abstenciones. Para lo que aquí nos ocupa, basta decir que los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales; por lo que, se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Lo anterior, como se sostuvo en la jurisprudencia 1a/J 24/2021 (10 a), de la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, con registro digital: 2023548, del rubro y texto: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Ahora, de un análisis integral de la demanda y de los anexos que exhibió junto con el escrito que se provee, se aprecia lo que a continuación se cita. Que derivado de la determinación del archivo temporal de la carpeta de investigación número ********************dictada por el Fiscal del Ministerio Publico de la población de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, relativo a la abstención de continuar con las investigaciones del delito de inhumación clandestina, por escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, solicitó la reclasificación del delito por el de desaparición forzada de persona. Que después del procedimiento respectivo, el trece de abril de la presente anualidad, la representación social nuevamente determinó el archivo temporal. Previa impugnación en contra de dicha determinación, el Juez de Control el nueve de mayo de dos mil veintitrés, determinó revocar la determinación emitida por dicha fiscalía, por diversas omisiones; entre ellas, no dictar acuerdo independiente respecto de la solicitud planteada el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en donde se peticionó la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición forzada de personas. El dieciséis de mayo de la presente anualidad, el citado fiscal del Ministerio Público, emitió dos determinaciones; la primera referente a la solicitud presentada el dieciocho de enero del año en curso y la segunda, referente a la determinación de archivo temporal. Nuevamente se impugnó dicha determinación y el Juez de Control el veintinueve de junio de la presente anualidad, determinó dejar firme la resolución del archivo temporal efectuado por la Fiscalía, dentro del cuadernillo de antecedentes 32 del índice de los Juzgados de Control de Distrito Judicial de la Mixteca Juxtlahuaca, Oaxaca. Atendiendo a lo expuesto y a las premisas anteriores, se permite arribar a la conclusión que el acto reclamado constituye un acto cuya consecuencia que tiene efectos positivos, ya que en implica un deber legal de hacer por parte de la autoridad responsable dentro de cuadernillo de antecedentes ********************, por lo que se ubica dentro de la primera regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica, si consideramos que el juzgador de origen, al momento de pronunciarse sobre la determinación del archivo temporal decretado por el Fiscal, conlleva implícito el trámite dentro de la carpeta de investigación ******************** Por lo que si tomamos en cuenta que el efecto no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico; lo que permite establecer que el acto reclamado tiene una ejecución, en la medida que la determinación del Juez de Control responsable, tendrá un impacto en la consecución de la carpeta de investigación por parte de la autoridad investigadora. Por ello, es factible afirmar que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar donde se desarrolló el proceso de la integración de la carpeta de investigación y que fue materia de impugnación ante el juez de control. Por lo que conduce a concluir que la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar donde se desarrolló dicho procedimiento; es decir, en el lugar donde se llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación ********************que en este caso es en la demarcación territorial denominada Huajuapan de León, Oaxaca; esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Por ende, la competencia debe fincarse en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Es así, ya que el punto Tercero, fracción XIII, y punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara de plano su LEGAL INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; y, DECLINA la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, remítanse las constancias que integran este sumario al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************. Ahora bien, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra regulado acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, infórmesele al Juez Federal que por razón de turno deba de conocer del planteamiento de competencia formulado, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta. Asimismo, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, que de no existir inconveniente, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Domicilio, autorizado, acceso al expediente electrónico, notificaciones electrónicas y medios de comunicación electrónica. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************, en esta ciudad. Se tiene como autorizado a********************, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas, que lo acredita como licenciado en derecho. Atento, a lo peticionado por la parte promovente, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "********************", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Finalmente, respecto al correo electrónico (********************) y números telefónicos (********************) que proporciona, tómese nota de los mismos, para que en su caso se entablen comunicaciones no procesales con la parte oferente. IX. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa Vista; la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho contra actos que reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Al efecto, se acuerda: I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1160/2023- VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Instrucción a la Secretaría encargada del expediente, al Oficial Judicial "A" y Actuarios adscritos. Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III.- Pronunciamiento respecto del conocimiento del asunto. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el artículo 33 de la Ley de Amparo, resulta imprescindible previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, verificar si este Juzgado Federal resulta competente para conocer del presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I2o P J 40, con número de registro 218721, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, página 36, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, de un análisis integral realizado al libelo inicial se desprende que el impetrante del amparo, reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: (a) La resolución dictada en la audiencia de control judicial celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el cuadernillo de antecedentes número ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de la Mixteca, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y al contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 37 y 48, de la Ley de Amparo, es competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, conocer de la presente demanda por las razones que a continuación se citan: Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que la competencia es el límite de la jurisdicción; es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades. La competencia constituye un presupuesto procesal, naturalmente, de análisis preferente a otras cuestiones, incluso, a la procedencia o improcedencia de la demanda, y; por ende, exige ser atendida primordialmente. Existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia: por materia, cuantía, grado y territorio. a) El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. b) El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. c) La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional; esto es, con el fin de evitar, en lo posible, errores de hecho o de derecho, en perjuicio de los particulares, las leyes procesales establecen como una limitación de la competencia, la jerarquía entre los Jueces para que los de primer grado resuelvan los problemas planteados interviniendo directamente en las diligencias que se practican y otros, jerárquicamente superiores, estudian las resoluciones de los inferiores. d) La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, la cual depende de la división territorial que hace el órgano del Estado facultado para ello, para lograr una mejor distribución del trabajo y de los recursos, tomando en cuenta factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones como circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros. Así, siendo la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar si tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Ahora bien, en lo que interesa al caso; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, prevé la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio, al establecer: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Esa regla general de competencia se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Como es posible observar, del contenido del referido precepto se desprende un elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, a saber: si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Así las cosas, en tratándose del primer caso, se fijan dos reglas: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Es Juez competente aquel ante el que se presente la demanda de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. En el segundo supuesto, en el que el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente: 3. El Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sobre el particular, resulta importante mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 307/2009, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil nueve, ha establecido que: "... la citada expresión (ejecución material) debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico ...". Precisado lo anterior, cabe señalar que para establecer si un acto reclamado requiere o no ejecución material, como elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, resulta importante conocer la naturaleza del acto reclamado. Así, los actos reclamados, de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos y, omisivos o abstenciones. Para lo que aquí nos ocupa, basta decir que los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable; es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales; por lo que, se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Lo anterior, como se sostuvo en la jurisprudencia 1a/J 24/2021 (10 a), de la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, con registro digital: 2023548, del rubro y texto: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Ahora, de un análisis integral de la demanda y de los anexos que exhibió junto con el escrito que se provee, se aprecia lo que a continuación se cita. Que derivado de la determinación del archivo temporal de la carpeta de investigación número ********************dictada por el Fiscal del Ministerio Publico de la población de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, relativo a la abstención de continuar con las investigaciones del delito de inhumación clandestina, por escrito de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, solicitó la reclasificación del delito por el de desaparición forzada de persona. Que después del procedimiento respectivo, el trece de abril de la presente anualidad, la representación social nuevamente determinó el archivo temporal. Previa impugnación en contra de dicha determinación, el Juez de Control el nueve de mayo de dos mil veintitrés, determinó revocar la determinación emitida por dicha fiscalía, por diversas omisiones; entre ellas, no dictar acuerdo independiente respecto de la solicitud planteada el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en donde se peticionó la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición forzada de personas. El dieciséis de mayo de la presente anualidad, el citado fiscal del Ministerio Público, emitió dos determinaciones; la primera referente a la solicitud presentada el dieciocho de enero del año en curso y la segunda, referente a la determinación de archivo temporal. Nuevamente se impugnó dicha determinación y el Juez de Control el veintinueve de junio de la presente anualidad, determinó dejar firme la resolución del archivo temporal efectuado por la Fiscalía, dentro del cuadernillo de antecedentes 32 del índice de los Juzgados de Control de Distrito Judicial de la Mixteca Juxtlahuaca, Oaxaca. Atendiendo a lo expuesto y a las premisas anteriores, se permite arribar a la conclusión que el acto reclamado constituye un acto cuya consecuencia que tiene efectos positivos, ya que en implica un deber legal de hacer por parte de la autoridad responsable dentro de cuadernillo de antecedentes ********************, por lo que se ubica dentro de la primera regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior se explica, si consideramos que el juzgador de origen, al momento de pronunciarse sobre la determinación del archivo temporal decretado por el Fiscal, conlleva implícito el trámite dentro de la carpeta de investigación ******************** Por lo que si tomamos en cuenta que el efecto no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico; lo que permite establecer que el acto reclamado tiene una ejecución, en la medida que la determinación del Juez de Control responsable, tendrá un impacto en la consecución de la carpeta de investigación por parte de la autoridad investigadora. Por ello, es factible afirmar que la regla general para determinar la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar donde se desarrolló el proceso de la integración de la carpeta de investigación y que fue materia de impugnación ante el juez de control. Por lo que conduce a concluir que la competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la legislación de amparo -por razón de territorio- está definida por el lugar donde se desarrolló dicho procedimiento; es decir, en el lugar donde se llevó a cabo la integración de la carpeta de investigación ********************que en este caso es en la demarcación territorial denominada Huajuapan de León, Oaxaca; esto es, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37, de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Por ende, la competencia debe fincarse en favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. Es así, ya que el punto Tercero, fracción XIII, y punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece en lo que interesa, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, conforme lo dispuesto por el citado artículo 37, párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara de plano su LEGAL INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; y, DECLINA la competencia al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, que ejerce jurisdicción en el lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, sin resolver sobre su admisión, remítanse las constancias que integran este sumario al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en Turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, a fin de que, si lo considera procedente, se avoque al conocimiento del juicio de amparo promovido por ********************. Ahora bien, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra regulado acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, infórmesele al Juez Federal que por razón de turno deba de conocer del planteamiento de competencia formulado, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta. Asimismo, solicítese al Juez Federal que en su momento corresponda conocer del asunto, que de no existir inconveniente, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación o rechazo de la competencia planteada y acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Domicilio, autorizado, acceso al expediente electrónico, notificaciones electrónicas y medios de comunicación electrónica. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el ubicado en: ********************, en esta ciudad. Se tiene como autorizado a********************, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesionistas, que lo acredita como licenciado en derecho. Atento, a lo peticionado por la parte promovente, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se instruye al Oficial Judicial A, en la hipótesis de encontrarse registrado, dar de alta en el presente juicio al usuario "********************", para consultar de manera electrónica el presente juicio. Finalmente, respecto al correo electrónico (********************) y números telefónicos (********************) que proporciona, tómese nota de los mismos, para que en su caso se entablen comunicaciones no procesales con la parte oferente. IX. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.

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