Esbelda Flores Macedo

Expediente 1364/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1364/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Esbelda Flores Macedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. DE LA CERTIFICACIÓN Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de la fecha las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. CUADERNO PRINCIPAL Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó y carece de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS A RESPONSABLE Se ordena la devolución a la autoridad responsable, de las constancias que adjuntó a su informe justificado; sin que sea necesario acusar recibo por parte de la citada responsable, toda vez que se tendrá como tal la constancia relativa al oficio con el cual se le notifica la presente determinación. ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído y el acuse de las constancias remitidas a la autoridad responsable, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1364/2022-II-C; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca el veintinueve de agosto de dos mil veintidós y turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional Esbelda Flores Macedo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 2 a 4 del juicio de amparo). En proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se requirió el informe justificado, dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 5 a 8 ídem). Una vez sustanciado el juicio, se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción primera, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos declarativos y haberse presentado la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad. El escrito de demanda se presentó dentro del término de quince días establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el acto reclamado se notificó a la quejosa a través de su defensor particular el cinco de agosto de dos mil veintidós; así, la parte quejosa exhibió su demanda el veintinueve siguiente; por tanto, su presentación está dentro del plazo legal. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTO RECLAMADO Acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitido en los autos de la carpeta administrativa 11/2022, en el que se desechó la solicitud de amnistía. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México. CUARTO. Existencia del acto. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado (foja 16 y 17 ídem), aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con los discos ópticos que remitió la responsable, que contienen las actuaciones del expediente de ejecución 610/2018 y de la carpeta de amnistía 11/2022; esto, con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El anterior proceder encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que originó la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), con registro electrónico 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el propósito de abordar con más información el estudio del presente asunto, conviene conocer los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen tanto de las constancias que remitió la responsable, así como la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 477/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, los cuales constituyen un hecho notorio para esta juzgadora, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 172215, cuyo rubro y texto señalan: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". El tres de diciembre de dos mil dieciocho, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en la causa penal 1203/2018, en contra de la aquí quejosa y otra, por la comisión del delito de robo con modificativa agravante por haberse empleado violencia en su comisión (Disco que contiene las constancias de la carpeta de ejecución 610/2018). El veinte de enero de dos mil veintidós, la sentenciada solicitó el beneficio de amnistía ante la Jueza de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (disco que contiene la carpeta de amnistía 11/2022). En esa misma fecha, la autoridad responsable desechó la solicitud por improcedente, pues estimó que el delito por el cual solicitaba el beneficio de la amnistía no se encontraba contemplado, en la hipótesis de la legislación correspondiente, ya que si bien podía ser concedida en los robos con violencia, pero no en los casos en que se utilice arma de fuego en su ejecución, y en la sentencia condenatoria se apreciaba que el delito que cometió era uno de éstos últimos (anexo ídem). Determinación que notificó a la solicitante el veintiuno siguiente, (anexo ídem). El diez de marzo siguiente, la aquí quejosa, solicitó nuevamente el mismo beneficio (anexo ídem). El once de ese mes y año, la responsable desechó nuevamente por improcedente la pretensión de la sentenciada, pues estimó que el delito por el cual solicitaba el beneficio de la amnistía no se encontraba contemplado, en la hipótesis de la legislación correspondiente, ya que si bien podía ser concedida en los robos con violencia, pero no en los casos en que se utilice arma de fuego en su ejecución, y en la sentencia condenatoria se apreciaba que el delito que cometió era uno de éstos últimos (anexo ídem). Contra la determinación anterior, Esbelda Flores Macedo, promovió demanda de amparo, e cual tocó conocer a este órgano de control constitucional con el número 477/2022 y en sentencia terminada de engrosar el trece de julio de dos mil veintidós, se sobreseyó dicho sumario al estimarse que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación al 217 del citado ordenamiento legal, y causó ejecutoria el cuatro de agosto siguiente. El tres de agosto de dos mil veintidós, la aquí quejosa, solicitó nuevamente el mismo beneficio (anexo ídem). El cuatro de agosto siguiente, la responsable emitió la determinación siguiente: "ALMOLOYA DE JUÁREZ, MÉXICO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por recibidos los escritos signados por el Maestro CARLOS GERARDO GÓMEZ DÍAZ, Defensa Particular de la sentenciada, por medio de los cuales en primer lugar solicita se conceda a su defendido la amnistía exponiendo argumentos para ello, seguidamente señala domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico. En consecuencia, respecto a la primera de sus peticiones, con fundamento en los artículos 1, 2 fracción III, 4 fracción IV apartado B y 8 párrafo segundo fracción III de la Ley de Amnistía para el Estado de México, en relación con los arábigos 1, 2, 4 párrafo cuarto, 5, 6 fracción VI y 9 de los Lineamientos que norman el procedimiento en los órganos jurisdiccionales en materia penal, a fin de sustanciar las solicitudes de amnistía conforme a la Ley Estatal, publicados en la Circular 13/2021 del primero de marzo de 2021 por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, se tienen por hecha sus manifestaciones, debiéndose estar a lo acordado mediante autos de fechas veinte de enero y catorce de marzo ambos de dos mil veintidós, por medio de las cuales se DESECHÓ LA SOLICITUD DE AMNISTÍA por ser NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. [.]" Esta determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia ya sea las que hagan valer las partes o las que se adviertan de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, Parte SCJN, con registro digital 393973, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos.". Lo anterior, ya que los actos que se impugnan derivan de actos consentidos. Con la finalidad de demostrar la actualización de dicha causa de improcedencia, resulta oportuno transcribir los citados preceptos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". El primero de los artículos transcritos establece que no procede el juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia ley; en tanto que en el segundo, se establece la obligatoriedad de la jurisprudencia que sustente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; los Plenos de Circuito, así como las que establezcan los tribunales colegiados de circuito, y que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por otra parte, la jurisprudencia invocada establece que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley estima consentidos, esto es, aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato un diverso acto que ha sido consentido por la parte quejosa; es decir, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: 1. Un acto previo en contra del cual el gobernado no promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que ese acto haya sido consentido expresa o tácitamente, o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, 2. Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Al respecto, es importante considerar que hay consentimiento expreso cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto, o bien, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y hay consentimiento tácito cuando el acto que se reclama no se impugna dentro de los plazos que expresamente concede la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. Por tanto, acorde a la interpretación dada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por actos derivados de actos consentidos -de los que refiere es improcedente el juicio de amparo-, aquellos que son una consecuencia directa de otros reputados por la ley como consentidos. En otras palabras, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros, los cuales, en su momento, la parte quejosa consintió, pues a pesar del evidente perjuicio ocasionado, omitió controvertirlos en el momento correspondiente. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Volumen 217-228, con registro digital 232011, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En este sentido, con la finalidad de sustentar la causa de improcedencia en estudio, se precisa que en el sumario la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de agosto de dos mil veintidós, donde la autoridad responsable desechó por improcedente la solicitud de amnistía realizada en autos de la carpeta de amnistía 11/2022, por la ahí sentenciada Ahora, de las constancias remitidas por la Jueza responsable, se advierte que, el veinte de enero anterior, la aquí quejosa solicitó amnistía a su favor y en determinación de esa misma fecha desechó la pretensión por improcedente, por mismas razones que le desechó su petición en auto de once de marzo de esta anualidad; lo cual le notificó a la sentenciada por conducto de sus defensores el veintiuno siguiente, determinación que la sentenciada no recurrió mediante el recurso de apelación establecido en la ley sustantiva penal o al no ser obligatoria esa instancia, mediante el juicio de amparo indirecto. De lo expuesto se advierte que en la especie, el primero de los requisitos establecidos para tener por acreditada la causa de improcedencia consistente en actos derivados de otros consentidos, se encuentra colmado, en razón de que existen actos previos a los reclamados en la presente instancia constitucional, específicamente, la determinación de veinte de enero de dos mil veintidós emitida en la carpeta de amnistía 11/2022, donde la responsable desechó la solicitud de amnistía pretendido por la aquí quejosa, por las mismas razones que se la volvió a desechar en el auto que ahora constituye el aquí reclamado. Acto que, en todo caso, sería el que le causa perjuicio en razón de que, desde esa determinación se le hizo del conocimiento que su solicitud de amnistía era improcedente en razón de no encuadrar en los supuestos establecidos en la Ley de Amnistía del Estado de México, a efecto de otorgar tal beneficio. Cuestión que no recurrió la sentenciada, y, en diversa petición de tres de agosto de la presente anualidad, reiteró su intentó para que la autoridad responsable le concediera la amnistía, a lo cual, en determinación de cuatro siguiente -acto aquí reclamado-, la jueza de origen volvió a desechar dicha pretensión. Así, constituye consentimiento tácito ya que el acto de autoridad de veinte de enero de dos mil veintidós, no se impugnó dentro de los plazos que expresamente concede la Ley, revistiéndole así el carácter de acto consentido. Ahora bien, en el caso concreto se impugna un acto posterior, ya que se reclama la resolución de cuatro de agosto anterior, donde, al igual que en la diversa de veinte de enero de la misma anualidad, se desechó la petición de la aquí quejosa para acceder al beneficio de la amnistía. Lo anterior es así, pues el acto reclamado en la presente contienda constitucional carece de autonomía e individualidad, dado que no podría desvincularse de la causa que le dio origen, esto es, como ya se dijo, la determinación de veinte de enero de dos mil veintidós emitido en la carpeta de amnistía 11/2022, notificada a la promovente el veintiuno siguiente, por tanto, desde esa fecha conocía que su situación no le permite acceder a tal gracia. De ahí que es indudable que existe una clara relación de causa efecto entre la resolución de veinte de enero de dos mil veintidós, que al no recurrirse se reputa como acto consentido, y el que ahora reclama la quejosa, el diverso de cuatro de agosto de esta anualidad. Entonces, se estima que la determinación aquí reclamada es una consecuencia legal derivada de la emitida el veinte de enero anterior; por tanto, este órgano jurisdiccional estima que el acto impugnado es derivado de otro que fue consentido. Por lo anteriormente considerado y fundado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo VI, Parte SCJN, correspondiente al apéndice de mil novecientos noventa y cinco, de la Quinta Época, Materia Común, con número de registro 393973, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA", y atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194697, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". En el mismo tenor, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio"." No se soslaya que Miguel Ángel Felipe Martínez, la personal moral Super Servicio Toluca, Sociedad Anónima de Capital Variable y al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, que tuvo intervención en la carpeta administrativa 1203/2018, no fueron llamado a este sumario con el carácter de tercero interesado. Sin embargo, dado el sentido del presente fallo, se estima intrascendente que no obre en autos el emplazamiento de dichos terceros interesados; pues se considera que ningún perjuicio se les genera con el sobreseimiento del amparo decretado en esta resolución. Apoya la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196912, que considera: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.". De la misma forma, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, con registro digital 2013630, que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal.". Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril del 2013, de acuerdo con su transitorio sexto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por Esbelda Flores Macedo, de conformidad los motivos expuestos en el último considerando del fallo constitucional. Notifíquese como legalmente corresponda.

  3. Principal

    Se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado remitido por la Jueza de Ejecución del Distrito Judicial de Toluca, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. PRUEBAS Por otra parte, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable consistentes en dos discos compactos en formato digital relativos al expediente 610/2018 y la carpeta administrativa 11/2022, respectivamente; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Emireth Ayllón Rebollar, secretaria que autoriza y da fe. Jueza de Distrito. La Secretaria. Ear.npc

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