Esau Nuñez Calvo

Expediente 296/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
296/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Esau Nuñez Calvo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI ".-...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por Esaú Núñez Calvo en su carácter de Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Sola de Vega, Oaxaca, contra actos de la Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con residencia en esta Ciudad y otra autoridad de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 296/2021. INTEGRACION EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Es menester indicar que por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, se analiza la causa de improcedencia que se advierte de autos, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso opera la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso i), Constitucional, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley;" "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concederá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I.- De las controversias constitucionales, que con excepción de las que se refieren a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre: (...) i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;." Del numeral antes transcrito, se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios; sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Ahora bien, la parte quejosa lo es Esaú Núñez Calvo, quien promueve por derecho propio y con el carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Sola de Vega, Oaxaca; y reclama de la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y otras autoridades: ". de las ordenadoras la violación al derecho de audiencia y debido proceso, ya que en la sesión de ayer 24 de marzo, la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del estado de Oaxaca, publicó en primera lectura el dictamen con proyecto de decreto declarar procedente la desaparición de poderes del Municipio de Villa Sola de Vega para el periodo constitucional electoral 2019-2021, sin que haya tenido la oportunidad de audiencia para rendir pruebas y hacer los alegatos que a mi juicio conviniera; por la ejecutora proponer a la Honorable Legislatura del Estado, Concejo Municipal que concluya el Periodo de Gobierno 2019-2021 del Municipio de Villa Sola de Vega, Sola de Vega, Oaxaca." De lo anterior se obtiene que a través del presente juicio se pretende impugnar el dictamen con proyecto de decreto para declarar procedente la desaparición de poderes del Municipio presidido por el quejoso. Al respecto, se precisa que la facultad a cargo del Congreso del Estado, consistente en declarar la desaparición del ayuntamiento presidido por el quejoso, tiene fundamento en el artículo 59, fracción IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; en relación con el diverso 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que establecen: "Arti´culo 59.- Son facultades del Congreso del Estado: [.] IX.- La Legislatura Local; por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podra´ suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley reglamentaria prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. [.]." "Arti´culo 115. Los estados adoptara´n, para su re´gimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democra´tico, laico y popular, teniendo como base de su divisio´n territorial y de su organizacio´n poli´tica y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I. [.]. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podra´n suspender ayuntamientos, declarar que e´stos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. [.]." Dispositivos de los que se obtiene que las resoluciones o declaraciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones, con motivo de la desaparición de ayuntamientos, es una facultad exclusiva del Congreso; facultades de las que se duele el quejoso, por considerar que el dictamen con proyecto de decreto que declara procedente la desaparición de poderes del municipio en cuestión, lesiona sus derechos. Entonces, conforme a las consideraciones planteadas, es inconcuso que el acto reclamado debe ser combatido a través de la controversia constitucional prevista en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, que establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios; como en el caso acontece. Sirve de apoyo, por analogía, la Tesis Aislada: XIX.1°.16 K, Novena Época, con número de registro: 197557, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 1997, Tomo VI Materia(s): Común, Página: 723, del rubro y texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO POR UN LEGISLADOR DE UN ESTADO. ES INCOMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE ÉL.- Una recta interpretación de los artículos 114 de la Ley de Amparo, en relación con el 104, fracción IV y 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, permite arribar a la conclusión de que cuando una persona en su carácter de legislador de un Estado, acude ante un Juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal por violaciones directas a la Constitución, atribuidas al gobernador de dicho Estado, es evidente que el juzgador de referencia no es competente para conocer del juicio de garantías de mérito, dado que surge a la vida jurídica una controversia constitucional entre dos Poderes de una misma entidad federativa, de la que no puede conocer en amparo indirecto un Juez Federal, a menos que se ignore el mandato expreso del artículo 104, fracción IV, en relación con el 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal." Así como la tesis de jurisprudencia P./J. 84/2001 con registro electrónico 189325 emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XIV, Julio de 2001 visible en la página 925, con rubro y texto. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN. De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día siguiente, se desprende que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los derechos derivados de su integración". Asimismo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Registro digital: 335009, Instancia: Segunda Sala, Quinta Época, Materias(s): Administrativa, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XLVI, página 3782, que dice: "PODERES, AMPARO CONTRA LA DECLARACION DE DESAPARICION DE. Es improcedente el juicio de garantías en el que se reclama la resolución de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que declare desaparecidos los Poderes Constitucionales de un Estado, ya que este acto no puede entrañar violación de garantías individuales, por tratarse de una resolución dictada por uno de los Poderes de la Unión, con las facultades exclusivas y expresas que le da el artículo 76, fracción V, de la Constitución General de la República; circunstancias que impide a otro poder, analizar la cuestión, ni aun en el procedimiento del juicio de garantías." En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto señala en el proemio de su escrito; y por autorizada únicamente en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tomás Moisés Hernández Galguera, atento a la certificación de cuenta únicamente para recibirlas a las personas que indica. MEDIDAS PREVENTIVAS Se informa a las partes que, en caso de considerar necesaria su comparecencia, deberán informarlo al menos, cinco días antes, debiendo justificar la necesidad de ello, a efecto de que se provea lo conducente. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, con independencia de que el asunto se tramite bajo el esquema tradicional, juicio en línea o combinación de ambos. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Asimismo, comuníqueseles que tratándose de comunicaciones no procesales, es posible brindar atención vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, como lo establece el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General invocado. De igual manera, conforme a lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, para la realización de notificaciones personales, podrá establecerse contacto con el Actuario, a través de dichas herramientas, para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por lo que se les requiere para que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, para tal efecto. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. EXHORTACIÓN JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. TRASPARENCIA Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente, para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Se glosa oficio de la junta. Agréguese el oficio de cuenta, firmado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, mediante el cual informa que toda vez que no pudo notificar el acuerdo de diecisiete de marzo del año en curso, dictado en el expediente laboral 416/2009 de su estadística, en el que señaló esta fecha para los efectos que en ese proveído se precisaron, por lo que a fin de poder dar cumplimiento al laudo dictado en el citado expediente, señaló las quince horas del treinta de marzo de dos mil veintiuno, a efecto de que en comparecencia formal el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, por conducto de su Síndico y Tesorero comparezcan ante esa junta a desahogar el requerimiento formulado en proveído de diecisiete del actual. Se glosa diverso oficio. Por otra parte, glósese a los autos el oficio firmado por el Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, mediante el cual informan que las pláticas conciliatorias con la quejosa, que tendría verificativo el dieciséis de marzo del año en curso, no se pudieron llevar a cabo por la incomparecencia de la parte actora Karina Anabel Espinosa Alcazar, no obstante lo anterior, exhibió diversos cheques que amparan la cantidad total de $1,412,557.06 (un millón cuatrocientos doce mil quinientos cincuenta y siete pesos 06/100 m.n); conformados por de la siguiente manera: 1) Cheque folio 0000225, por la cantidad de $1,122,575.06 (un millón ciento veintidós mil quinientos setenta y cinco pesos 06/100 moneda nacional). 2) Cheque folio 0000499, por la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional). 3) Cheque folio 0000596, por la cantidad de $88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 4) Cheque folio 0000727, por la cantidad de $88,000.00 (ochenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 5) Cheque folio 0000620, por la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional). 6) Cheque folio 11073888, por la cantidad de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Con lo cual solicita se le tenga cumpliendo con el pago total del laudo dictado en el expediente laboral 416/2009, del índice de la Junta de Arbitraje de los Trabajadores de los Poderes del Estado. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales consiguientes. Se agregan oficios de autoridades administrativas. Asimismo, agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes, los oficios de cuenta signados por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", con sede en esta ciudad, mediante los cuales comunica la imposibilidad legal y material que tiene para efectuar el cobro de la multa impuesta al Antonio Pacheco Ramírez, mediante oficios 34481/2019 y 25941/2019 pues no localizó bienes susceptibles de embargo propiedad del deudor, por lo que solicita que este Juzgado haga pronunciamiento al respecto. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación, pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según el artículo 3º, del Código Fiscal de la Federación, por lo cual el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el citado ordenamiento legal, ya que si bien, no son multas fiscales, si dan lugar a un crédito. Así, a éste órgano jurisdiccional no corresponde acordar lo procedente respecto al cobro de las multas, pues a dicha autoridad tributaria compete hacer efectivas las multas impuestas o, en su caso, declarar la prescripción de las mismas, conforme a lo establecido en los artículos 74 y 146 del Código Fiscal de la Federación, así como en la jurisprudencia 2ª J 49/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintiséis del Tomo XVII, Junio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, obligatoria para este juzgado en términos del artículo 217 de la Ley de amparo, que al rubro y texto dice: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación". Por lo que, con fundamento, en el artículo 297, fracción II del código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad hacendaria Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, tenga a bien informar el trámite que dará a la multa impuesta a Antonio Pacheco Ramírez. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, o bien, de no informar el impedimento material que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. NOTIFÍQUESE QUEDA DEBIAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

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