Esaú Nanduca Martinez

Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
294/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Esaú Nanduca Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 13), en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ... por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve. Sin proveer al respecto, toda vez que el catorce de marzo del año en curso, se acordó lo correspondiente. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...). De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Ahora, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia P./J.40/2000, página 32), de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de aclaratorio, se advierte que el promovente de amparo reclama: Del Presidente Municipal y del Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la notificación de forma verbal de la modificación de forma unilateral y sin consentimiento del quejoso, de su horario de jornada laboral como niñera en la casa Hogar Infantil dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. Ahora, debe recordarse que el Estado, tiene una doble personalidad, es una persona moral oficial de derecho público, en donde asume funciones de autoridad, y también puede ser una persona oficial de derecho privado, en tanto que es administrador, empleador, depositario o representante de los interés económicos que constituyen su patrimonio, y con ese carácter puede establecer relaciones de coordinación, quedando sus actos comprendidos dentro de aquellos que ejecuta cualquier gobernado. En ese sentido, cabe precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación que existe entre la aquí quejosa Esaú Nanduca Martínez y las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, Presidente Municipal y Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Esto es así, pues en la especie debe de considerarse que si bien el Presidente Municipal y el Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son personas morales oficiales, ello no implica que el acto que se les atribuye tenga la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el mismo incide en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese hospital con su personal, dentro del marco Constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, que por tanto, acorde con ese precepto, cualquier cuestión que surja con motivo de la relación de trabajo, como, en el caso que acontece, emana dentro de la relación laboral existente entre la peticionante y el ente público, mismo que actúa desprovisto de su imperio de ley, de manera que si la modificación de forma unilateral y sin su consentimiento del horario de labores asignado desde la fecha de su ingreso del que dice ser objeto la promovente, tiene su génesis en el plano de una relación laboral, por tanto, a éste último no se le puede considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, se evidencia que el acto reclamado por la impetrante de amparo, tiene una naturaleza intrínsecamente laboral, dado que no constituye un acto unilateral propio de una autoridad, sino un acto realizado por las señaladas como responsables en su calidad de patrón. En esos términos, las autoridades designadas como responsables no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, ya que no actúan con imperio fundamentando su actuación en alguna de las disposiciones orgánicas que los rijan, sino que se condujeron con personalidad propia de derecho privado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución" (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Jurisprudencia P./J.10/90, página 92). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dispone lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito" (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Tesis I.6o.T.26 L, página 347). Consecuentemente, si la parte quejosa pretende inconformarse con hechos o actos derivados de su relación laboral que sostiene con el Presidente Municipal y el Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene a su alcance la vía laboral, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo laboral que mantiene con el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es para la que presta sus servicios, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades referidas como responsables no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la promovente. Cabe señalar, que si bien los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la promovente, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. La tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, materia común, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1997, Tomo V, Tesis P. XXVII/97, página 118. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Por ende, se estima que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la notificación de forma verbal de la modificación de forma unilateral y sin consentimiento del quejoso, de su horario de jornada laboral como niñera en la casa Hogar Infantil dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, no proviene de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que deriva de una cuestión relativa a la modificación al horario de trabajo, que tuvo su origen en la existencia de una relación laboral. Sin que la presente determinación implique privar a la quejosa Esaú Nanduca Martínez, de un recurso efectivo para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de la conducta que señaló como acto reclamado; dado que el hecho de que se reclame la vulneración a un derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal no genera de manera automática la procedencia del juicio de amparo, sino que para ello es necesario que se cumplan diversos supuestos que inciden en el acto mismo pero también en quien lo emite; por lo que, si como se explicó, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente, sino que se está ante un acto de un patrón, es inconducente la acción constitucional para controvertirlo. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), página 487. Asimismo, lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por ... por medio del cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve. Sin proveer al respecto, toda vez que el catorce de marzo del año en curso, se acordó lo correspondiente. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...). De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Ahora, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Jurisprudencia P./J.40/2000, página 32), de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito de aclaratorio, se advierte que el promovente de amparo reclama: Del Presidente Municipal y del Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la notificación de forma verbal de la modificación de forma unilateral y sin consentimiento del quejoso, de su horario de jornada laboral como niñera en la casa Hogar Infantil dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas. Ahora, debe recordarse que el Estado, tiene una doble personalidad, es una persona moral oficial de derecho público, en donde asume funciones de autoridad, y también puede ser una persona oficial de derecho privado, en tanto que es administrador, empleador, depositario o representante de los interés económicos que constituyen su patrimonio, y con ese carácter puede establecer relaciones de coordinación, quedando sus actos comprendidos dentro de aquellos que ejecuta cualquier gobernado. En ese sentido, cabe precisar que el acto reclamado en esta instancia constitucional no reviste las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación que existe entre la aquí quejosa Esaú Nanduca Martínez y las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, Presidente Municipal y Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es meramente de carácter laboral, misma que tiene su origen en un vínculo obrero-patrón y no gobierno-gobernado, en la que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad. Esto es así, pues en la especie debe de considerarse que si bien el Presidente Municipal y el Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son personas morales oficiales, ello no implica que el acto que se les atribuye tenga la naturaleza de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues el mismo incide en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese hospital con su personal, dentro del marco Constitucional previsto en el artículo 123, apartado B, que por tanto, acorde con ese precepto, cualquier cuestión que surja con motivo de la relación de trabajo, como, en el caso que acontece, emana dentro de la relación laboral existente entre la peticionante y el ente público, mismo que actúa desprovisto de su imperio de ley, de manera que si la modificación de forma unilateral y sin su consentimiento del horario de labores asignado desde la fecha de su ingreso del que dice ser objeto la promovente, tiene su génesis en el plano de una relación laboral, por tanto, a éste último no se le puede considerar como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, se evidencia que el acto reclamado por la impetrante de amparo, tiene una naturaleza intrínsecamente laboral, dado que no constituye un acto unilateral propio de una autoridad, sino un acto realizado por las señaladas como responsables en su calidad de patrón. En esos términos, las autoridades designadas como responsables no tiene ese carácter para efectos del juicio de amparo, ya que no actúan con imperio fundamentando su actuación en alguna de las disposiciones orgánicas que los rijan, sino que se condujeron con personalidad propia de derecho privado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución" (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, Jurisprudencia P./J.10/90, página 92). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dispone lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito" (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, Tesis I.6o.T.26 L, página 347). Consecuentemente, si la parte quejosa pretende inconformarse con hechos o actos derivados de su relación laboral que sostiene con el Presidente Municipal y el Jefe de la Unidad Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tiene a su alcance la vía laboral, ante las autoridades del trabajo competentes para hacerlo valer, de acuerdo al vínculo laboral que mantiene con el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es para la que presta sus servicios, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, las autoridades referidas como responsables no actúan con potestad de imperio en los actos que reclama la promovente. Cabe señalar, que si bien los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 5°, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la promovente, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. La tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, materia común, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1997, Tomo V, Tesis P. XXVII/97, página 118. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diez de febrero en curso, aprobó, con el número XXVII/1997, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a diez de febrero de mil novecientos noventa y siete. Por ende, se estima que el acto reclamado en esta instancia constitucional consistente en la notificación de forma verbal de la modificación de forma unilateral y sin consentimiento del quejoso, de su horario de jornada laboral como niñera en la casa Hogar Infantil dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, no proviene de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que deriva de una cuestión relativa a la modificación al horario de trabajo, que tuvo su origen en la existencia de una relación laboral. Sin que la presente determinación implique privar a la quejosa Esaú Nanduca Martínez, de un recurso efectivo para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de la conducta que señaló como acto reclamado; dado que el hecho de que se reclame la vulneración a un derecho fundamental tutelado por la Constitución Federal no genera de manera automática la procedencia del juicio de amparo, sino que para ello es necesario que se cumplan diversos supuestos que inciden en el acto mismo pero también en quien lo emite; por lo que, si como se explicó, no se está en presencia de un acto de autoridad propiamente, sino que se está ante un acto de un patrón, es inconducente la acción constitucional para controvertirlo. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Décima Época, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), página 487. Asimismo, lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO...

  4. Principal

    1. Promoción. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita copias de diversas constancias del juicio de amparo en el que se actúa. 1.1. Copias. En atención al contenido del escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2º de la citada ley, remítase a la autoridad oficiante las copias que solicita, para los efectos legales a que haya lugar.

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