Esau Galan Arriola Garcia
Expediente 1699/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1699/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Esau Galan Arriola Garcia
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a través del cual acusa recibo del oficio 201/2023 con el cual le fue remitido el expediente original 1699/2022 de la estadística de este Juzgado y admite la demanda de amparo. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO Bajo este contexto, dado que no existe actuación pendiente por realizar, hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. CUADERNO DE ANTECEDENTES DESTRUIBLE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 201 , fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.82.ac 13/10/23 12:06:15 2 expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; el presente asunto es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental al ser un expediente auxiliar constituido de actuaciones procesales vinculados al procedimiento que conoce diverso órgano jurisdiccional. Por lo tanto, consérvese este expediente por el término de seis meses, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación. DIGITALIZACIÓN Y FÉ DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, al que anexa las constancias relativas al juicio de amparo 1687/2022, de su índice, promovido por Esaú Galán Arriola García, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas, y otras autoridades, en virtud de haberse declarado incompetente el Juzgado de Distrito declinante para conocer del juicio de amparo de mérito, al considerar que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la demarcación territorial en que este juzgado federal imparte justicia. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente respectivo; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 1699/2022-VI-A. NO SE ACEPTA COMPETENCIA En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, no acepta la competencia planteada para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que no existe evidencia fehaciente de que el acto reclamado deba tener ejecución en el ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito, imparte su potestad jurisdiccional. En efecto, no se comparte el criterio del juez declinante, debido a que, para esta etapa procesal, no se surte aun la hipótesis de competencia prevista en el párrafo primero, del numeral 37, de la ley de la materia, al no desprenderse dato fehaciente e idóneo que demuestre la inminencia de la ejecución del acto reclamado en esta demarcación geográfica. Para confirmar el acierto, debe tenerse en cuenta que el acto que el quejoso reclama se trata de una orden de comparecencia, aprehensión y/o presentación y su ejecución; para lo cual señaló como autoridades responsables las residentes en Frontera Comalapa, Motozintla, y esta Ciudad, cuya jurisdicción compete a este juzgado federal y al 1Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, 2Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía General de la Republica, 3Comandante de la Policía de la Fiscalía General de la Republica Delegación Chiapas, y 4Comandante Regional Frontera Sierra de la Policía Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, destacamentada, en Comitán de Domínguez, Chiapas, todas en Comitán de Domínguez, Chiapas, 5Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento y 6Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ambas con residencia en Cintalapa de Figurea, Chiapas, y 7Delegado de la Fiscalía General de la Republica, 8Comandante de la Policía de la Fiscalía General de la Republica, Delegación Chiapas, 9Fiscal General del Estado y 10Director General de Policía Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, las cuales tienen su residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuya demarcación corresponde al juzgado declinante. Hipótesis en la cual, el juez remitente -hasta este momento- es competente, debido a que tanto autoridades ordenadoras, como ejecutoras residen dentro de su jurisdicción territorial; y será hasta que aquéllas nieguen el acto reclamado y el quejoso no desvirtúe esta negativa, en que dicho Juez, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, deberá declararse incompetente y, en los términos establecidos por la propia Ley de Amparo, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda. Esto ya se encuentra definido por el Máximo Tribunal del País, en la jurisprudencia 9/2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 2001, Página: 5, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE CUYA RESIDENCIA LA ORIGINÓ NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y ESTA NEGATIVA NO SE DESVIRTÚA, DICHO JUEZ DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LO ACTUADO AL JUEZ COMPETENTE. Conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pero si la autoridad ejecutora que por residir dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito lo hacía competente, niega el acto reclamado y el quejoso no desvirtúa esta negativa, dicho Juez debe, una vez desarrollada totalmente la audiencia constitucional salvo el dictado de la sentencia, declararse incompetente y, en los términos establecidos por el artículo 52 de la propia ley, remitir lo actuado al Juez que resulte competente, para que conforme a sus atribuciones legales dicte la sentencia que corresponda". Incluso, este criterio fue recogido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 52/2013, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383. En efecto, esta última jurisprudencia si bien sostiene que el juez debe atender a la manifestación que bajo protesta de decir verdad aduzca el quejoso, que en este caso refiere que su domicilio se encuentra en Frontera Comalapa, Chiapas, lugar que en el caso correspondería a la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; esto no implica que sea el motivo de competencia para conocer del asunto, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, concluyendo la Primera Sala que de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Afirmando el Alto Tribunal que la conclusión apuntada no prejuzgaba sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modificó el criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, así como tampoco contraviene el criterio del Tribunal Pleno que prevé que será hasta la audiencia constitucional en que el juez remitente decida sobre la competencia, si el quejoso no desvirtúa la negativa del acto de la autoridad que le da competencia. Dicho criterio es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, define claramente la competencia del juzgado remitente, conforme a la primer regla y genérica de competencia, porque no se cuenta con medio probatorio eficaz para determinar la competencia de este Juzgado de Distrito. Apelar aisladamente al criterio del lugar de residencia actual del quejoso para determinar el lugar de ejecución de los actos reclamados, redundaría en la generación de múltiples conflictos competenciales entre Jueces de amparo, originados precisamente por tantos traslados o domicilio que pudiese tener una persona, lo que impactaría en los derechos fundamentales de los justiciables previstos en los artículos 17, 19 y 20, de la Ley Máxima, al no resolverse el asunto dentro de los términos legalmente previstos, lo que acarrearía notorios perjuicios a la certeza y seguridad jurídicas. En esas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48, de la ley de la materia, este juzgado no es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad además con lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Devuélvase el presente juicio de amparo al juez de Distrito correspondiente, para que tenga a bien proveer lo conducente; con la atenta recomendación de acusar el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.
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