Esau Cruz Ojeda

Expediente 30/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 51 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
30/2023
Año
2023
Actuaciones
51
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Esau Cruz Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal colegiado acusa recibo e informa admisión de recurso. Agréguese el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el cual radicó con el número 290/2023, de su índice; de lo que se toma nota, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. Quejoso interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de junio del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del oficio de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el escrito original de agravios y una copia del mismo, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. Conocimiento previo Por último, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, conoció del recurso de queja 172/2023, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en la parte que no admitió la segunda ampliación de la demanda); y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    PREVIO CITATORIO...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. Quejoso interpone recurso de revisión. Agréguese el escrito signado por el quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de junio del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del oficio de expresión de agravios, distribúyase entre las demás partes una copia del mismo, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el escrito original de agravios y una copia del mismo, así como el original del presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la sustanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. En ese orden de ideas, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el presente asunto se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución del expediente físico. Una vez que se cuente con el número de toca, realícese la vinculación correspondiente. Conocimiento previo Por último, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta población, conoció del recurso de queja 172/2023, interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en la parte que no admitió la segunda ampliación de la demanda); y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 30/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************, y otras autoridades, que en el considerando segundo se precisarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de diez de enero del presente año, este juzgado de Distrito registró la demanda con el número 30/2023 y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y emplazó a la tercera interesada. TERCERO. Autoridad inexistente. En proveído de catorce de abril de este año, se tuvo como autoridad inexistente a la denominada como "Agentes Municipales adscritos al Ayuntamiento de la ********************". CUARTO. Queja infundada. En acuerdo de catorce de junio del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, relativa al expediente número 172/2023, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (en la parte que no admitió la segunda ampliación de la demanda); y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, fracción I (materia penal), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/20********************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que los actos reclamados a las autoridades responsables, son los siguientes: 1. En la demanda de amparo. A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************. El acuerdo dictado el seis de enero del año en curso, en la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022, en la que se impuso al quejoso la medida de protección prevista en el artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las consecuencias de esa orden, traducidas en la intromisión al local comercial ubicado en la Calle ********************, número ********************, letra ********************, en la ********************. A los Agentes Investigadores adscritos a la Fiscalía Local de la ********************; y La ejecución de dicho acuerdo. 2. En la primera ampliación de la demanda de amparo. A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************. La celebración de la audiencia de imputación contra el quejoso. A la Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca. La omisión de citarlo a la audiencia inicial. La celebración de la audiencia de imputación contra el quejoso. 3. En la segunda ampliación de la demanda de amparo. A la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************. La orden de arresto por treinta y seis horas, dictada el once de enero del presente año, en la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022. Al Síndico Municipal de la ********************. La ejecución de dicha orden. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron los actos reclamados en la demanda de amparo y en la primera ampliación efectuada a la misma, tal como se demuestra a continuación: Autoridad responsable Acto reclamado en la demanda de amparo Agentes Investigadores adscritos a la Fiscalía Local de la ******************** (foja ********************). La ejecución de: -El acuerdo dictado el seis de enero del año en curso, en la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022, en la que se impuso al quejoso la medida de protección prevista en el artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. -Las consecuencias de esa orden, traducidas en la intromisión al local comercial ubicado en la Calle ********************, número ********************, letra ********************, en la ********************. Autoridad responsable Acto reclamado en la primera ampliación Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de la ******************** (fojas 39-40). La celebración de la audiencia de imputación contra el quejoso. Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca (foja 77). -La omisión de citar al quejoso a la audiencia inicial. -La celebración de la audiencia de imputación contra el quejoso. De la misma, deben considerarse inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables en la segunda ampliación de la demanda, que se insertan en el siguiente cuadro: Autoridad responsable Acto reclamado en la segunda ampliación Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de la ******************** (foja 158). La orden de arresto por treinta y seis horas, dictada el once de enero del presente año, en la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022. Síndico Municipal de la ******************** (acuse foja 154). La ejecución de dicha orden. Lo anterior, a pesar de que la representante social responsable haya convenido en la certeza del acto que se le atribuye; en tanto la restante fue omisa en rendir informe justificado a pesar de encontrarse notificada; en atención a que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía la orden de arresto reclamada. Ello se sostiene, ya que al rendir su informe justificado la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************, señaló que el once de enero del presente año, en la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022, dictó orden de arresto por treinta y seis horas contra el quejoso, por no haber atendido el requerimiento contenido en el acuerdo de seis de enero del año en curso, esto es, después de la presentación de la demanda de amparo que aconteció diez de enero de esta anualidad. La parte medular de esa decisión es del tenor: "EN LA ********************A ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. Toda vez que con fecha seis de enero del año dos mil veintitrés se dictó la medida de protección impuesta al imputado ESAÚ CRUZ OJEDA, establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo ********************7 la fracción IV (.) sin embargo, después de esperar al imputado ********************, no compareció para llevar a cabo la diligencia, no obstante de que en acuerdo de fecha seis de enero del año 2023, al dictar la medida de protección se le apercibió hasta con un arresto previsto en la fracción I inciso D) del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en base a lo anterior, con fundamento en los artículos ********************1 y ********************7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente hacer efectivo el medio de apremio establecido en el artículo 104 fracción I inciso D) del del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que con fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés así como del citatorio para llevar a cabo la diligencia con el apercibimiento que en caso de no comparecer y no dar cumplimiento a la medida de protección le impondría un medio de apremio como lo es el arresto por 36 horas (.)". En ese orden de ideas, dado que la existencia de los actos de carácter positivo, deben analizarse, sin excepciones, de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, toda vez que el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, no distingue la materia en que se haya originado el acto y tampoco a la naturaleza de éste, se impone considerar inexistentes los actos reclamados, porque en la fecha de presentación de la demanda aún no se había emitido la orden de arresto contra el peticionario del amparo. En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95 (actualmente contradicción de criterios), analizó la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 78 (cuya redacción es sustancialmente idéntica a los ordinales 1º, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales), tal y como se advierte en las consideraciones cuya parte medular se transcriben enseguida: "(.) De inicio es necesario establecer que para lograr una correcta intelección del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoyaron los Tribunales Colegiados discrepantes, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 78, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos que violen garantías individuales; ..." "Artículo 74. Procede el sobreseimiento ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley." "Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada. En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad ..." El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 78 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 74, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trate de órdenes de aprehensión, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Huelga señalar que por regla general todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos, por tanto, tal argumento no puede ser motivo para establecer excepciones al contenido de la fracción IV, del artículo 74, de la ley en cita, como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos". [subrayado y resaltado propio de este Juzgado] Dicha ejecutoria dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 36/98, registro digital 196072, obligatoria para este juzgado federal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DE********************E ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado". Con base en tales consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede sobreseer en el juicio respecto de dichas autoridades responsables. CUARTO. Existencia del acto reclamado en la demanda de amparo. La Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************, al rendir su informe justificado aceptó los actos reclamados en la demanda de amparo (fojas 39-40). Para corroborarlo, anexó copia certificada de actuaciones de la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022, con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Este Juzgado de Distrito no advierte causa de improcedencia del juicio de control constitucional que deba analizarse de oficio o haya sido invocada por las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Transcripción innecesaria de conceptos de violación. Los conceptos de violación que formula la parte quejosa se tienen por reproducidos en sus términos, siendo innecesaria su transcripción, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. SÉPTIMO. Estudio del acto reclamado en la demanda de amparo. Los conceptos de violación formulados por el quejoso en su escrito de demanda, son infundados. En principio, conviene destacar el texto del artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sirvió de base a la autoridad responsable para dictar la medida de protección reclamada, cuyo texto es el siguiente: "CAPÍTULO I MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Artículo ********************7. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: (.) IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. (.) Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia". Como se aprecia, el legislador dispuso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un capítulo de medidas de protección atinente a salvaguardar la seguridad de la víctima u ofendido cuando el imputado representa un riesgo inminente en contra de su seguridad. De igual forma, en la fracción IV, se otorgó al Ministerio Público la facultad para decretarlas, sin requerir de control jurisdiccional (como sí acontece en el caso de las fracciones I, II y III). Entonces, al tratarse de un acto de autoridad, en términos del artículo 16 de la Constitución General de la República, entre los requisitos para dictar tales medidas se establece la obligación del Ministerio Público de fundar y motivar su aplicación, asimismo, dicha medida debe ser idónea, esto es, debe cumplir con la finalidad para el que es impuesta. Por lo que es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, que el Ministerio Público para decretar medidas de protección cite los fundamentos legales que resultan aplicables al caso concreto y las razones que le den sustento, las cuales deben ser idóneas a las circunstancias de hecho bajo las cuales se necesita su aplicación. Establecido lo anterior, resulta conveniente precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado, que se extraen de las actuaciones que anexó la autoridad responsable y que cuentan con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 1. En acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************, inició la carpeta de investigación 16740/FVCE/ETLA/2022, con motivo de la denuncia de la víctima Ninfa Mendoza Santos, contra Narcisa Loreto, Marcos Camerino, Carlos Enrique y Salvador, todos de apellidos Ojeda Torres, por el hecho que la ley señala como el delito de daños (fojas 41-42). 2. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo del año que antecede, la víctima solicitó la medida de protección prevista en el artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales (fojas 48-49), con base en los siguientes argumentos: "(.) Que desde hace aproximadamente doce años tenía en posesión el local comercial ubicado en la Calle ******************** número ********************, centro Villa de Etla, Oaxaca. Que el día miércoles once de mayo, entre las diez con treinta o cuarenta minutos de la noche aproximadamente, el señor ******************** y tres personas más sellaban con soldadura la cortina de acceso del local comercial que la suscrita tenía en posesión. Que la suscrita advirtió cerrado dicho local comercial a partir del día jueves doce de mayo del año en curso y hasta ahora no he tenido acceso al citado local. Que he sido víctima de violencia por parte de los hermanos de mi difunto esposo, pues me han despojado indiscriminadamente de los bienes que dejó intestado. Que el local comercial que tenía en posesión tenía el giro de venta de abarrotes, carnes frías y lácteos, todos con fecha de caducidad. Que en el interior del local tengo documentos personales y escolares de mis menores hijos, tales como libros, cuadernos de trabajo y cartillas de vacunación de mis menores hijos". [subrayado y resaltado propio de este Juzgado] 3. En auto de veintiuno de junio del año próximo pasado, la autoridad responsable concedió la medida de protección solicita (fojas 50-51), determinando al respecto: "ACUERDA (.) CUARTO. Gírese oficio al Síndico Municipal de la Villa de Etla, Oaxaca, con la finalidad de que ordene elementos a su mando de la policía municipal para que resguarden la integridad física de la víctima ******************** y pueda recuperar sus documentos y objetos personales, que se encuentran en el interior del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN LA CALLE ********************EL NÚMERO ******************** ********************, ********************, para tal efecto se señalan las 16:00 horas del día 23 de junio del año dos mil veintidós". 4. En virtud que no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado, la autoridad responsable dictó el acuerdo dictado el seis de enero del año en curso, en el que impuso la medida de protección prevista en el artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 65). El texto del acto reclamado en este juicio de amparo es: "En la Villa de Etla, Oaxaca, a seis de enero del año dos mil veintitrés.- - - - - - - - - - - - - - - Toda vez que con fecha veintiuno de junio del año dos mil veintidós se dictó la medida protección a los imputados NARCISA LORETO, MARCOS CAMERINO, CARLOS ENRIQUE Y SALVADOR, TODOS DE APELLIDOS OJEDA TORRES, dicha medida de protección con la finalidad realicen la entrega inmediata de los objetos personales y documentos a la víctima ******************** sin embargo no se pudo llevar a cabo ya que de constancias se desprende que el propietario del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NÚMERO ******************** ********************es el ciudadano ESAÚ CRUZ OJEDA, por lo anterior como parte de la obligación del Estado de establecer las medidas y acciones para proteger a las víctimas del delito, y así garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos; al respecto el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Artículo ********************7 establece: ". El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. Por lo que esta autoridad emitió (sic) la medida de protección establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su Artículo ********************7 la fracción IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; esto para no vulnerar los derechos de la víctima ya que en su escrito de fecha 14 de junio del año 2022, refiero (sic) que en el interior que en el interior (sic) del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NUMERO ******************** ********************se encuentra documentos personales, productos perecederos y por tratarse de productos que caducan en poco tiempo y los cuales necesita vender para cubrir gastos, se ordenó elementos de la policía municipal de villa de Etla, Oaxaca, para que resguardar darán (sic) la integridad física de la víctima ******************** y pueda recuperar sus documentos y objetos personas, productos precederos de su propiedad: que se encuentran en el interior del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NUMERO ******************** ********************, ********************. Con fundamento en el artículo 21 apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ********************1 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede acordar como en efecto se: - - - - - - - - A C U E R D A- - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Notifíquese al ciudadano ESAÚ CRUZ OJEDA, dicha medida de protección con la finalidad realicen la entrega inmediata de los objetos personales y documentos a la víctima ********************, así como los productos perecederos. SEGUNDO.- - - Gírese oficio al Síndico Municipal de la Villa de Etla, con la finalidad de que ordene elementos a su mando de la policía municipal para que resguarden la integridad física de la víctima ******************** y pueda recuperar sus documentos y objetos personas (sic), que se encuentran en el interior del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NÚMERO ******************** ********************, ********************, para tal efecto se señalan las 11:00 horas del día 10 de enero del año dos mil veintitrés, por lo que posteriormente pido que informe el resultado de la presente petición". 5. En la tarjeta informativa de diez de enero del año en curso, los policías del Municipio de la ******************** (foja 71), hicieron constar que no se logró dar cumplimiento a lo ordenado por el Ministerio Público, toda vez que luego de esperar un lapso de treinta a cuarenta minutos, no se presentó el quejoso para abrir el local comercial a fin de permitir que la víctima pudiera extraer los documentos personales y productos precederos de su propiedad. ********************ajo ese contexto, la autoridad responsable actúo apegado a la legalidad al dictar la medida de protección reclamada, toda vez que se fundó en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ********************1 del Código Nacional de Procedimientos Penales (ese numeral describe las obligaciones del Ministerio Público). Asimismo, analizó la idoneidad de la medida prevista en el artículo ********************7, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y bajo su más estricta responsabilidad determinó: "(.) para no vulnerar los derechos de la víctima ya que en su escrito de fecha 14 de junio del año 2022, refiero (sic) que en el interior que en el interior (sic) del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NUMERO ******************** ********************se encuentra documentos personales, productos perecederos y por tratarse de productos que caducan en poco tiempo y los cuales necesita vender para cubrir gastos, se ordenó elementos de la policía municipal de villa de Etla, Oaxaca, para que resguardar darán (sic) la integridad física de la víctima ******************** y pueda recuperar sus documentos y objetos personas, productos precederos de su propiedad: que se encuentran en el interior del LOCAL MARCADO CON LA LETRA ******************** U********************ICADO EN CALLE ********************NUMERO ******************** ********************, ********************". Por tal razón, se considera que el acto reclamado no resulta violatorio del derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, en relación con el dispositivo ********************7, fracción IV, del Código Nacional citado, en atención a que adverso a lo señalado por el quejoso, la autoridad responsable sí explicó las razones y e invocó los fundamentos por los cuales determinó decretar la medida de protección de que se trata en la carpeta de investigación de origen, y el motivo por el que se consideró que la medida era procedente. Aunado a que en términos del artículo 109, fracción XIX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un derecho de la víctima u ofendido, solicitar medidas de protección. Por lo que la impuesta es idónea y acorde con lo manifestado por la víctima y cumplen el fin propuesto para que pueda extraer los documentos personales y productos precederos de su propiedad, mismos que requiere para vender y cubrir sus gastos. Con base a los razonamientos expuestos, es infundada la manifestación que realiza el quejoso en su concepto de violación, respecto de que el acuerdo que constituye el acto reclamado carece de fundamentación y motivación. De igual forma, es infundado el argumento relativo a que, derivado de la medida de protección reclamada, se autorizó la intromisión al local comercial ubicado en la Calle ********************, número ********************, letra ********************, en la ********************, lo que implica, desde su perspectiva, una transgresión al derecho de inviolabilidad del domicilio. Es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4040/2019, en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, reiteró su criterio de que existen espacios que no tienen la condición de domicilio, entre otros, los locales comerciales, que en el caso, se trata del sitio respecto del cual se ordenó la medida de protección por parte de la autoridad responsable. Tal y como se aprecia en las consideraciones cuya parte medular se transcriben: "(III) Doctrina constitucional sobre el derecho humano a la privacidad e inviolabilidad del domicilio. Doctrina adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 73. Ahora bien, toda vez que el Tribunal Colegiado A Quo estimó que el derecho humano a la privacidad constituye un límite a la comunicación pública, esta Primera Sala destaca la necesidad de pronunciarse sobre la doctrina que se ha adoptado sobre este derecho. 74. La privacidad es un elemento consustancial a la dignidad humana y debe ser protegida por el Derecho. El derecho a la privacidad es aquél aspecto en el que todo individuo tiene a separar aspectos de su vida privada del escrutinio público. En ese sentido, tiene dos componentes: (1) el derecho a aislarse de todos, sin importar si se trata de la familia, de la comunidad o del Estado; en esta dimensión, se le permite al individuo escudarse física y emocionalmente de las entremetedoras miradas de los demás; y, (2) el derecho a controlar la información de uno mismo, incluso después de haberla divulgado. 75. Con respecto al aspecto constitucional del derecho a la privacidad, es válido afirmar que no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el Constituyente sí incluyó en el artículo 16 ciertas protecciones aisladas sobre distintos aspectos relacionados con la privacidad, tales como el derechos que todas las personas tenemos a no ser molestados en nuestras personas, familias, domicilios, papeles y posesiones, sino en virtud de una orden escrita firmada por autoridad competente. 76. Asimismo, esta Primera Sala ha sostenido con anterioridad que la intimidad como derecho humano tiene distintos niveles de protección, dependiendo de si el Estado se constituye como garante o protector del mismo frente a la sociedad o si, por el contrario, debe ser garante frente a su propia actividad, resultado relevante de qué tipo de actividad se trata. 77. Ahora bien, esta Sala ha sostenido que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (artículo 16 constitucional, en relación con el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. 78. Esto es así ya que este derecho fundamental protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De ello se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la limitación de acceso al domicilio en sí mismo, con independencia de cualquier consideración material. 79. Asimismo, ha sido criterio de esta Sala que existen locales o recintos en los que está ausente la idea de privacidad, entendida como el ámbito reservado de la vida de las personas, excluida del conocimiento de terceros, que no tienen la condición del domicilio. Así ocurre, por ejemplo, con los almacenes, fábricas, talleres, oficinas, tiendas, locales o establecimientos comerciales o de esparcimiento. 80. En esa lógica, tampoco tienen la consideración de domicilio todos aquellos locales que están abiertos al servicio del público, como los restaurantes, bares o discotecas, en cualquiera de sus posibles manifestaciones o variantes. Sin embargo, a pesar de que en estos supuestos no existe un domicilio desde el punto de vista constitucional, esto no excluye la necesidad de respetar las exigencias mínimas derivadas del artículo 16 constitucional, como son la fundamentación, motivación y proporcionalidad del acto que autoridad que habilita a realizar una entrada o registro en tales lugares. 81. Sin embargo, también ha sostenido que los domicilios "accidentales", "provisionales" o "móviles", igualmente, pueden ser objeto de protección constitucional. Así, la aplicación del artículo 16 constitucional ha de extenderse no solamente al domicilio entendido como aquel lugar en el que un individuo fija su residencia indefinidamente, sino a todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un hotel. 82. En cuanto a estas últimas, las habitaciones de un hotel, esta Primera Sala sostuvo que "en el espacio interior de la habitación de un hotel, motel, pensión o cualquiera de sus variantes, el titular de la misma desarrolla el contenido de su intimidad y no permite que nadie perturbe la intangibilidad del recinto, bien de una forma explícita e incluso impresa, colocando el cartel que advierte que no quiere ser molestado o por el contrario solicita que los servicios del hotel accedan al recinto bien de forma directa o personal o bien por órdenes implícitas que autorizan la entrada para realizar las tareas de limpieza". Asimismo, sostuvo que: "existen personas que por específicas actividades y dedicaciones pasan la mayor parte de su tiempo en hoteles y no por ello se puede decir que pierden su derecho a la intimidad pues sería tanto como privarles de un derecho inherente a su personalidad". En el mismo sentido, es desacertado el argumento del quejoso, en el que afirma que en el proveído reclamado de seis de enero del presente año, se hace referencia a su persona como "imputado"; sin embargo, una vez analizado en su integridad dicho acuerdo (transcrito previamente), no se colige que se haga tal referencia, dado que en el mismo se le menciona como "ciudadano ********************", y propietario del local comercial de donde se ordenaron extraer los documentos personales y productos perecederos de la víctima. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, y al no advertirse queja deficiente que suplir en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo de la Justicia de la Unión que solicita el quejoso. Finalmente, se destaca que los criterios citados en esta sentencia, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables al caso concreto de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, en atención a que no se oponen a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 30/2023 promovido por ********************, contra los actos reclamados de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Local de la ********************; Jueza de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca; Agentes Investigadores adscritos a la Fiscalía Local de la ********************; y Síndico Municipal de la ********************, por las razones contenidas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos reclamados de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Local de la ********************, por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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