Esau Cruz Molina y Otros.

Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
663/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Esau Cruz Molina y Otros.
  • Esau Cruz Molina
  • Diego Cruz Molina y Otros.
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cintalapa, Chiapas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 21917/2022, dirigido al Director del Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número Trece en Tonalá, Chiapas, que devuelve el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con la leyenda en el sobre de envío: "No reciben por traer 2 domicilios". Al efecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de ocho de agosto de dos mil veintidós, se ordenó al archivo el presente asunto.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo 663/2021, promovido por ******************** y ********************, acompañando testimonio de la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 3/2022; acúsese recibo de estilo. Tomando en consideración que el Tribunal de Alzada, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma el proveído materia de este estudio. SEGUNDO. Se declara que existe imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de amparo 663/2021, de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad. (.)." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del incidente de inejecución planteado, en el estado que actualmente se encuentra. Con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 18, Capitulo Séptimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió el amparo solicitado; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 18, capítulo Séptimo, 29, del capítulo Décimo y 35, del capítulo Décimo Tercero, todos del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió como apoyo a su informe de ley, al Juez del Tribunal de Enjuiciamiento Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, copias certificadas de la causa penal ********************; sin que se estime necesario solicitar acuse de recibo, toda vez que la constancia de notificación hace las veces de acuse. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto al ????????? cumplimiento, este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, considera que EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROTECTORA. Por tanto, conforme lo dispuesto en los numerales 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193 de la Ley de Amparo; y al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservara para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de La Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del referido acuerdo general, una vez que se encuentre debidamente integrado, envíese las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para efectos que la Superioridad determine lo que en derecho proceda, en relación a la imposibilidad de cumplimiento.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. PRONUNCIAMIENTO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en autos en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia definitiva este Juzgado determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. b) Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva y se requirió su cumplimiento. c) En auto de veintiocho de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados con las constancias remitidas por la autoridad responsable, atinentes al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, los efectos del de la sentencia emitida por este Juzgado Federal se hicieron consistir en los siguientes: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es a efecto que el Juez de Control y Enjuiciamiento, Región Uno, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas a) Deje insubsistente la resolución de once de agosto de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 158/2019. b) Siguiendo las directrices de esta sentencia, abandone la consideración en el sentido la suspensión de labores interrumpe el tiempo de la prisión preventiva, prescinda de considerar que es improcedente someter a escrutinio el cese de la prisión preventiva; y además, -que el fiscal de origen no puso en evidencia la excepcionalidad a la limitante constitucional de esa medida cautelar, contemplada en el precepto 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución General de la República c) Conforme a sus facultades, señale día y hora para llevar a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva oficiosa decretada en el procedimiento de origen, a la cual deberá citar a las partes; y, d) Dicte una nueva resolución en la que señale que la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa excedió la temporalidad máxima prevista para tal efecto, en el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, que ello no se debió al ejercicio del derecho de defensa de los imputados; y. en su caso, previa solicitud de Ministerio Público, dicte otras medidas diversas a la prisión preventiva oficiosa, pudiendo decretar varias de ellas, en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen las que enseguida se enumeran: "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Luego, en proveído que antecede se dio vista a las partes con el oficio proveniente del Juzgado responsable, y con las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, de las que se advierte lo siguiente: a) Mediante oficio 9004/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que en la causa penal 158/2019, instruida contra los aquí quejosos, el seis de octubre se llevo a cabo la audiencia oral, y una vez desahogados los medios de prueba ofrecidos, en diversa audiencia de treinta de septiembre del año en curso, se dictó sentencia absolutoria contra los aquí quejosos, ordenándose levantar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los aquí solicitantes de amparo. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto al cumplimiento, este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, considera que EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA PROTECTORA. Por tanto, conforme lo dispuesto en los numerales 21, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 193 de la Ley de Amparo; y al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservara para su resolución y el envío de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con el instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de La Nación el nueve de septiembre de dos mil trece, por el que se modifican los puntos segundo, fracción XVI; cuarto, fracción IV; octavo, fracción I; noveno, al que se adiciona un párrafo segundo, y décimo tercero, párrafo segundo, del referido acuerdo general, una vez que se encuentre debidamente integrado, envíese las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para efectos que la Superioridad determine lo que en derecho proceda, en relación a la imposibilidad de cumplimiento. No obstante lo anterior, en acatamiento de la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 23/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 274, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Una vez que transcurra el plazo de quince días a que se refiere el normativo 202 de la Ley de Amparo, en caso, que no se interponga recurso de inconformidad, por analogía al trámite del incidente de inejecución de sentencia, deberán enviarse los autos del juicio en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en turno del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para los efectos legales conducentes. Dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo provee y firman de manera electrónica, con fundamento en lo previsto por el artículo 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el licenciado Jorge Ordóñez Pineda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento al oficio CCJ/ST/3526/2021, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, quien actúa con Omar Maldonado Villafuerte, Secretario que autoriza y certifica que el presente acuerdo, se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

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