Erwin Jonnathan Pérez Tellez

Expediente 1062/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1062/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Erwin Jonnathan Pérez Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Erwin Jonnatan Pérez Téllez, contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" y otras autoridades. En fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo protector, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio presentado el dieciséis de noviembre del año en curso, en la Oficialía de partes de este juzgado la apoderada jurídica de las autoridades responsables sanitarias, allegó las constancias con las que acreditó el cumplimiento dado a la sentencia; por lo que mediante auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "En el ámbito de sus atribuciones, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que se ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para su padecimiento. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de situación renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban medicamente, debiendo para ello, de ser posible con base en sus facultades tomar en cuenta que: ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, en tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según sea el caso, ordenando que de ser esto último, se le proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", en las fechas y horas que se señalen, para continuar con el control ." La apoderada jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", realizó lo siguiente: 1. Informó las medidas adoptadas para continuar brindando atención médica al quejoso garantizando así su derecho a la salud. 2. Exhibió copia del acuerdo administrativo de dieciséis de noviembre del año que corre, donde gira instrucciones al Director del Hospital "Dr. Miguel Silva", para que se proporcione de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como de los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal que padece el quejoso, señalando además la clínica particular donde le será brindado el tratamiento de forma subrogada. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existe cuaderno de suspensión No se hace pronunciamiento respecto del cuaderno incidental por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de diez de agosto de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano del mismo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Informa trámites. Visto el oficio de cuenta que suscribe la apoderada de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y representante legal del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", mediante el cual informa lo siguiente: I. Las medidas adoptadas para continuar brindando atención médica al quejoso y que garanticen su derecho a la salud; y, II. Exhibe copia del Acuerdo Administrativo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, donde se giró instrucción al Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", para que se proporcione de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado de la insuficiencia renal crónica que padece el quejoso ********************; señalando la clínica particular donde le será brindado el tratamiento de forma subrogada. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada con fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dichas autoridades que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a las autoridades responsables la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo, remitiendo al efecto las constancias que así lo acrediten, concerniente en lo siguiente: "La autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que al quejoso Erwin Jonnatan Pérez Téllez, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sustitución renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: a) Ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. b) Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedido, acudir ante la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva: Aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis, requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. SE RESERVA REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO. Sin que de momento proceda actuar en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, hasta en tanto sea evidente la omisión de las autoridades responsables de cumplir con el fallo protector dictado en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IX-1062/2023, promovido por Erwin Jonnatan Pérez Téllez, contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de Morelia, y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte se da cuenta con el ocurso registrado con el número de promoción 15176 para su acuerdo. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por Alejandro León Cortés, en cuanto autorizado del requirente constitucional, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se le tiene formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la presente audiencia constitucional. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Apoderado de la Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", todos con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional, asimismo ofreció la instrumental pública de actuaciones consistentes en todo lo actuado en el presente expediente, presuncional legal y humana; medios de convicción que se tuvieron por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 681/2023 y la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios Alejandro León Cortés, realizó manifestaciones en ocursos presentados ante la Oficialía de Partes de este juzgado el veintidós ,veinticuatro de agosto del año en curso; así como el ocurso de alegatos que presentó en esta data. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita y la parte quejosa; se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-1062/2023, promovido por Erwin Jonnatan Pérez Téllez, contra actos del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", de Morelia, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el diez de agosto del año en curso, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Federal, contra los actos y las autoridades responsables siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: El Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva" de Morelia. El Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, El Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán. El Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: De las tres primera (sic) autoridades responsables se reclama la negativa y omisión, de otorgar la atención médica integral y de practicar las sesiones de Hemodiálisis que la suscrita requiere (dos a la semana) para el tratamiento de mi enfermedad renal crónica, ya que se niegan a aplicar el tratamiento prescrito. De las primeras tres autoridades responsables se reclama la negativa de proveer o proporcionar los medicamentos e insumos necesarios, para el control de las enfermedades que padezco y para llevar a cabo las sesiones de Hemodiálisis para el tratamiento de la enfermedad renal crónica que padezco. De las tres primeras autoridades se reclama, como consecuencia de lo anterior, la omisión y negativa de proporcionar los servicios integrales de salud, específicamente en practicar el tratamiento de Hemodiálisis o el que sea necesario para salvaguardar la salud y la vida de la quejosa, así como de proporcionar la atención, los medicamentos, insumos, material médico e intervenciones quirúrgicas que se requieren para establecer y preservar su salud, en virtud de los diversos padecimientos que tengo. De las tres primeras autoridades se reclama la omisión de subrogar, canalizar o remitir a la suscrita, a una clínica u hospital particular, para que me practiquen, sin costo para mí, las sesiones de Hemodiálisis que requiero (dos a la semana) para el tratamiento de su enfermedad renal crónica, ante la falta de capacidad y cupo por parte de las dependencias del Estado para aplicar dichas sesiones de hemodiálisis y el tratamiento que la quejosa requiere. De las autoridades Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, y Director General del Organismo Servicios de Salud de Michoacán, se reclaman: A.- La omisión en adquirir o implementar hospitales, clínicas, centros de salud o unidades médicas suficientes en el Estado y en esta ciudad de Morelia, para atender a todos los pacientes que requieren, incluida la quejosa, de sesiones de hemodiálisis para poder sobrevivir, y como parte de nuestro derecho humano a la salud. B.- La omisión de adquirir los equipos, instrumentos, insumos y medicamentos, y de contratar el personal, necesarios y suficientes, y destinar el presupuesto suficiente para prestar el servicio de hemodiálisis completo y oportuno, a todos los pacientes con enfermedades de insuficiencia renal crónica, y proporcionar los diversos medicamentos que se requieren para el control de las enfermedades que padezco. C.- La omisión organizar, operar, supervisar y evaluar de manera adecuada y eficiente la prestación de los servicios de salubridad general en el Estado, omisión que ocasionó que el suscrito no reciba la atención médica integral y suficiente." Actos que la promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En diez de agosto del año en curso, se ordenó formar el expediente IX-1062/2023; concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados por la parte promovente del amparo por ser de carácter urgente y de análisis oficioso; no se llamó al presente juicio al Gobernador del Estado de Michoacán por no advertirse la vinculación entre las atribuciones y funciones de dicha autoridad con lo reclamado en esta instancia constitucional. Por otra parte, se requirió al resto de las autoridades responsables el informe respecto de la suspensión concedida; se admitió a trámite el juicio en que se actúa; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior porque se reclaman diversas omisiones a instituciones de salud, cuyos efectos se materializan en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real de la solicitante de la acción constitucional para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no solo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: Su naturaleza; Sus consecuencias jurídicas y fácticas; Los informes justificados de las autoridades; y, Las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. A lo anterior resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que el quejoso Erwin Jonnatan Pérez Téllez reclama de las autoridades responsables: La omisión de proporcionar tratamiento, medicamentos y atención médica que requiere para la deficiencia que padece en su salud relacionada con la enfermedad renal terminal e hipertensión arterial, en concreto y la falta de la terapia de sustitución de la función renal tipo hemodiálisis. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y del Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", todos con residencia en esta ciudad, pese a que en el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado. Ello porque también refirieron que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica al quejoso o a negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, toda vez que las responsables han hecho todas las gestiones necesarias para atender la salud del requirente constitucional y por ende, proteger la vida, por el hecho de que las sesiones de hemodiálisis que requiere se le brindarán de manera subrogada. Ahora bien, de las documentales que anexó la parte peticionaria de amparo al libelo constitucional consistentes en la copia de la caratula del carnet de citas a nombre del accionante de la acción constitucional con número de expediente 13624-23; copia de solicitud de interconsulta de ocho de agosto del año actual; y, el original del resumen médico emitido el siete de agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Dr. Luis Daniel Carrillo Ramírez coordinador médico de la Unidad de Hemodiálisis Galeno NAUSLIFE, con sede en esta ciudad, del cual se desprende el diagnóstico de la enfermedad renal e hipertensión arterial; y, que recibe tratamiento sustitutivo renal en esa unidad desde el veintidós de enero de dos mil veintidós. Que a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano las autoridades responsables manifestaron mediante su apoderado en el oficio presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta de agosto de dos mil veintitrés, que para brindarle una atención médica integral y de manera inmediata al ahora quejoso, recibirá el tratamiento de manera subrogada en la clínica privada NAUSLIFE, ubicada en calle Isidro Huarte, número 525, del centro en esta ciudad. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que las responsables Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud y el Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", todos con residencia en esta ciudad, por conducto de su apoderado negaron la existencia del acto reclamado, al referir que no han emitido acto u omisión que implique en forma alguna, la negativa a brindar atención médica al quejoso o a negar diversos medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis, toda vez que las responsables han hecho todas las gestiones necesarias para atender la salud del requirente constitucional y por ende, proteger la vida, por el hecho de que las sesiones de hemodiálisis que requiere se le brindarán de manera subrogada. No obstante, a efecto de dar cabal cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en autos, las autoridades responsables refirieron que dicho tratamiento se otorgará de manera subrogada. Máxime que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo las documentales que anexó el peticionario de amparo al libelo constitucional consistentes en copia de la caratula del carnet de citas a nombre del accionante de la acción constitucional con número de expediente 13624-23; copia de solicitud de interconsulta de ocho de agosto del año actual; y, el original del resumen médico emitido el siete de agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Dr. Luis Daniel Carrillo Ramírez coordinador médico de la Unidad de Hemodiálisis Galeno NAUSLIFE, con sede en esta ciudad, del cual se desprende el diagnóstico de la enfermedad renal e hipertensión arterial; y, que recibe tratamiento sustitutivo renal en esa unidad desde el veintidós de enero de dos mil veintidós. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese sentido, al no haberse hecho valer alguna causal de improcedencia que deba ser analizada por el que suscribe; y, considerando que este juzgador no advierte de manera oficiosa la actualización de alguna otra hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto, dando respuesta a los conceptos de violación formulados. QUINTO. Transcripción innecesaria de los conceptos de violación. De inicio, este Juzgado Federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad exigidos por la Ley de Amparo, basta cumplir con tales requisitos al realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de garantías, se desprende que el promovente de la protección constitucional refiere que se transgrede principalmente en su perjuicio los artículos 1° y 4° constitucionales, pues las autoridades responsables no le han dado la atención médica y el tratamiento de hemodiálisis que requiere para vivir. Que tiene el padecimiento de enfermedad renal e hipertensión arterial; que requiere hemodiálisis para vivir; y, que le es imposible cubrir el costo para poder pagar el tratamiento que necesita para sus padecimientos en una clínica particular. Por lo anterior, ha solicitado al Hospital Civil "Doctor Miguel Silva", de esta ciudad, la atención para su padecimiento de manera gratuita, pero se ha negado hacerlo, bajo el argumento de que no pueden hacerle las hemodiálisis porque no tienen espacio y que debía acudir a una clínica particular. El concepto de violación es esencialmente fundado. Ahora, para dilucidar convenientemente la cuestión planteada, resulta necesario hacer un análisis del derecho humano a la salud previsto en el artículo 4º constitucional. En esa tesitura, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los derechos humanos previstos en tratados que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales. Lo anterior encuentra apoyo en la P. XV/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 31, con número de registro 161331, que dice: "DERECHO A LA SALUD. SU NATURALEZA NORMATIVA.- Nuestro país atraviesa una etapa de intensa transformación en la manera de identificar la sustancia normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus consecuencias para la mecánica del funcionamiento del juicio de amparo. Una de las manifestaciones específicas de este fenómeno es la alteración de la comprensión, hasta ahora tradicional, de derechos como el relativo a la salud o a la educación. Esto es, a pesar de su consagración textual en la Carta Magna, estos derechos han sido tradicionalmente entendidos como meras declaraciones de intenciones, sin mucho poder vinculante real sobre la acción de ciudadanos y poderes públicos. Se ha entendido que su efectiva consecución estaba subordinada a actuaciones legislativas y administraciones específicas, en cuya ausencia los Jueces Constitucionales no podían hacer mucho. Ahora, en cambio, se parte de la premisa de que, aunque en un Estado constitucional democrático el legislador ordinario y las autoridades gubernamentales y administrativas tienen un margen muy amplio para plasmar su visión de la Constitución y, en particular, para desplegar en una dirección u otra las políticas públicas y regulaciones que deben dar cuerpo a la garantía efectiva de los derechos, el Juez Constitucional puede contrastar su labor con los estándares contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados de derechos humanos que forman parte de la normativa y vinculan a todas las autoridades estatales." Atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, debe puntualizarse que su goce debe ser garantizado por el Estado a todos los gobernados, sin discriminación de alguna especie, ello de conformidad con los siguientes instrumentos internacionales que suscribió nuestro país, a saber: 1. El protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", en sus artículos 3 y 10 prevén como derecho humano el de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, cuyo goce deben garantizar de manera efectiva el Estado sin distinción alguna. 2. La Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la cual dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el citado derecho humano. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. 3. El artículo 2, así como el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho sin distinción a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 4. Los artículos 2.2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que aluden al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho del cual gozarán todas la personas sin distinción. De los preceptos contenidos en los instrumentos internacionales citados, se desprende que el alcance del derecho humano a la salud no puede estar limitado por circunstancias particulares de los gobernados, atento a que de no hacerlo de esa manera, se afectaría gravemente su dignidad humana; asimismo, que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho, del cual gozarán todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole o condición social. Apoya la anterior consideración, la tesis aislada P. XVI/2011, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN." Del mismo modo resulta aplicable la tesis 1a. LXV/2008, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." En ese sentido, en congruencia con lo establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales referidos, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y, entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, cuyo goce debe garantizarse por el Estado sin discriminación alguna, pues de lo contrario se afectaría gravemente la dignidad de la persona. Es importante resaltar que la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º constitucional, en sus artículos 34, fracción I y 35, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican, entre otros, en servicios públicos a la población general, que son aquellos que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. En el caso concreto, el padecimiento se encuentra acreditado con las documentales que el peticionario de amparo adjuntó al libelo constitucional, siendo las siguientes: copia de la caratula del carnet de citas a nombre del accionante de la acción constitucional con número de expediente 13624-23; copia de solicitud de interconsulta de ocho de agosto del año actual; y, el original del resumen médico emitido el siete de agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Dr. Luis Daniel Carrillo Ramírez coordinador médico de la Unidad de Hemodiálisis Galeno NAUSLIFE, con sede en esta ciudad, del cual se desprende el diagnóstico de la enfermedad renal e hipertensión arterial; y, que recibe tratamiento sustitutivo renal en esa unidad desde el veintidós de enero de dos mil veintidós. Por otra parte el apoderado de las autoridades responsables, adjuntó a su informe justificado: Licitación pública estatal electrónica N° CADPE-EM-LPE-028/2023 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES (SERVICIO DE TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL EXTRACORPÓREA-HEMODIÁLISIS). Ahora bien, las documentales precisadas en el inciso d) este juzgador otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, a tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tanto que a las precisadas en los incisos a), b) y c) este juzgador otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, de la codificación civil invocada, en razón de que fueron emitidas por un tercero a la presente contienda constitucional, y hacen prueba en favor de la parte quejosa y contra las autoridades responsables, en razón de que éstas últimas no fueron objetadas ni se desvirtuaron con algún otro medio de prueba. Medios de convicción cuyo valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecia el padecimiento del quejoso; generan valor probatorio de indicio. Ahora, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consiste en la negativa de proporcionarle atención médica, medicamentos y el tratamiento de hemodiálisis que requiere acorde a los padecimientos que presenta, prevalece. No pasa inadvertido que del informe presentado el treinta de agosto del año en curso; y, en su informe de ley,, las autoridades responsables expusieron por conducto de su apoderado, que determinaron brindarle el tratamiento médico y dialítico de manera subrogada en la clínica privada NAUSLIFE, ubicada en calle Isidro Huarte, número 525, del centro en esta ciudad. Ahora bien, aún y cuando con las constancias relatadas se advierte la disponibilidad de las autoridades responsables para cumplir con su obligación de brindar la atención médica requerida por el peticionario de amparo, dicha prerrogativa no se satisface, ni garantiza, porque no se propone en algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento de manera gratuita, para sus padecimientos y atender las terapias de hemodiálisis que requiere. Aunado a que tal afirmación surge en cumplimiento a la suspensión de plano otorgada en auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, por lo que es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud del peticionario de amparo. Lo anterior porque la restitución de ese derecho acontecerá cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar las causas de la afección renal que padece, cuya omisión de tratamiento inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende es evitar el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en calidad de permanente y mientras lo requiera. En esas condiciones, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud de la solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya en su favor un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para los padecimientos que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto de sus patologías. Sirve de orientación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad." Sin que para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso respecto al padecimiento renal que padece, el hecho de que no esté afiliado en alguna institución de seguridad social. Ello en razón a que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud es una obligación para el Estado Mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en forma gratuita y en términos de esa ley y sus disposiciones reglamentarias. A más que no acreditaron que, efectivamente, estén proporcionando la atención médica que requiere el quejoso de la insuficiencia renal que padece. Luego, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso, vulnera su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaria entre la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible, en lo posible, a la cercanía a su domicilio, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción para el quejoso. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Erwin Jonnatan Pérez Téllez, el amparo solicitado a efecto que: La autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que al quejoso Erwin Jonnatan Pérez Téllez, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud del solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de sustitución renal que necesita, para lo cual debe proporcionarle la atención médica, medicamentos y las hemodiálisis que, previa valoración médica, y con la regularidad y condiciones necesarias que requiera. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: Ordene que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, tantas veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis, que requiera. Para efecto del inciso anterior, será obligación de la parte quejosa, para continuar gozando de la protección de amparo concedido, acudir ante la autoridad responsable Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", en las fechas y horas que se le señalen, para continuar con el control y vigilancia de su padecimiento. Así como seguir las indicaciones médicas que se le señalen. Respecto la autoridad Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva": Aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis, requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. Lo anterior, deberán acreditarlo con las documentales idóneas. Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Ello en la inteligencia de que el tipo de tratamiento y medicamento, su cantidad, calidad y duración deben ser precisados por el médico especialista. Además, para efectos del cumplimiento de la presente ejecutoria, será suficiente con la acreditación del acuerdo administrativo referido en primer lugar. Lo anterior en la inteligencia de que dichas responsables no pueden aducir falta de personal, vacaciones o carencia de recursos materiales para no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. No se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos así como el autorizado del quejoso; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Erwin Jonnatan Pérez Téllez, en contra de los actos reclamados al Director del "Hospital Civil Doctor Miguel Silva", con residencia en esta ciudad; Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud con base a las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol

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