Erwin de Jesus Alba Ramos
Expediente 360/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Erwin de Jesus Alba Ramos
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Glósese copia autorizada del presente proveído, en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 360/2020-VIII. No existen los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ya que en sus informes justificados, los niegan expresamente, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Tampoco son ciertos los actos que se atribuyen a la autoridad señalada como Director General de la Dirección de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, pues al no acreditarse en autos su existencia, menos aún pueden ser ciertos los actos que se le reclaman. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados al Director del Centro Estatal de Reinserción Social número Uno "La Pila", Consejo Técnico Interdisciplinario, Jefe de Seguridad y Custodia y Jefe o Encargado del Área Técnica, del Centro Estatal de Reinserción Social número Uno, "La Pila", toda vez que al rendir sus informes justificados así lo manifiestan. Certeza que se corrobora con las constancias que remitieron en unión a su referido informe de ley, consistentes en copias fotostáticas certificadas de diversas actuaciones, mismas que hacen prueba plena por tratarse de una documental pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita juzgadora considera que respecto del acto reclamado consistente en el cambio del área denominada Centro de Observación y Clasificación (C.O.C.) a una diversa dentro del Centro Estatal de Reinserción Social número Uno "La Pila", se actualiza de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, octavo párrafo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la transcripción del artículo y fracción de la Ley de Amparo que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que esta se actualiza en los casos en que la improcedencia resulta de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los artículos constitucionales reproducidos, disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, en cuyo caso, dicho sitio será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estará completamente separado; asimismo, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de las condiciones de internamiento de las personas sujetas a prisión preventiva y cuestiones relacionadas con las mismas, como es su ubicación en un Centro Penitenciario y la clasificación de sus áreas, (respectivamente previstas en los artículos 5, 31 y 37 de la multicitada legislación), pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la Ley para tal efecto. De allí que si en el caso, el quejoso reclama la orden de cambio del área dentro del Centro Estatal de Reinserción Social en que se encuentra interno actualmente, a una diversa dentro del mismo centro, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, pues en su contra se prevé el controvertido previsto en el artículo 117, fracción I, del Código Nacional de Ejecución Penal. En esas condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia en estudio, lo conducente es sobreseer el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.
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