Erwin Artur Ruggeberg Barber
Expediente 820/2014 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 11/04/2016
Partes del expediente
- Erwin Artur Ruggeberg Barber
- Gil Garcia Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, a once de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas que solicita; lo anterior, previa identificación y constancia que por su recibo se deje en autos, en la inteligencia de que su expedición será a su costa y sólo se hará en el horario establecido por este juzgado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma José Alfonso Montalvo Martínez, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante el secretario Javier Arturo Herrejón Cedeño que autoriza y da fe.
- Principal
México, Distrito Federal, ocho de enero de dos mil dieciséis. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ERWIN ARTUR RUGGEBERG BARBER en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL y COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la resolución de 4 de agosto de 2014, dictada en la averiguación previa FACI/60/T2/854/06-09, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, determinando procedente el dictamen de no ejercicio de la acción penal y su ejecución. Mediante sentencia de amparo veintitrés de junio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: "1. Deje insubsistente la resolución de 4 de agosto de 2014, dictada en la averiguación previa FACI/60/T2/854/06-09, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. 2. Con libertad de jurisdicción emita otra, en el que deberá prescindir de lo siguiente: De la consideración relativa a que no puede actualizarse el delito de fraude procesal porque la víctima es parte en un juicio civil. De la consideración de que la hipótesis de simulación solo puede ser bilateral. Del "ejercicio de control difuso de constitucionalidad" que realizó en torno a la hipótesis de fraude procesal prevista en el artículo 310 del código penal, consistente en "a quien para obtener un beneficio para sí, realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley"; y por tanto, deberá aplicarla de ser procedente. 3. Hecho lo anterior, emita una nueva determinación en la que fundada y motivadamente se pronuncie respecto de la conducta denunciada -consistente en la presentación que realizó Gil García Sánchez de un pagaré falso en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006- e hipótesis delictiva de fraude procesal analizada en las precedentes resoluciones sobre el no ejercicio -"a quien para obtener un beneficio para sí, realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley"-. Y solo en caso de que estime que se actualiza alguna hipótesis del delito diversa a la señalada, proceda a realizar su estudio. Debiendo reiterar la contestación a los conceptos de inconformidad hechos valer por el quejoso, consistentes en que no es posible la actualización del delito de fraude procesal por omisión dolosa, y que por tanto no se pronunciaría respecto a las pruebas señaladas específicamente por el quejoso para acreditar el delito de fraude procesal por omisión dolosa. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora; por no haberse reclamado por vicios propios el acto que se le atribuye. Contra la sentencia dictada el presente juicio de garantías el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales interpuso recurso de revisión, mismo que en sesión de tres de diciembre de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida. Mediante el oficio registrado con el número 38457 el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxialiares del Procurador informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, informando que no había recibido mandamiento de ejecución alguno emitido por la autoridad responsable ordenadora. Por su parte, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mediante oficio registrado con el folio 38947 remitió copia del acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil quince del que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo cuatro de agosto de dos mil catorce, en ese sentido emitió uno nuevo apegado a los lineamientos de la sentencia de mérito. Es así, pues en primera instancia prescindió de pronunciarse respecto a que no puede actualizarse el delito de fraude procesal porque la víctima es parte en un juicio civil, así como de que la hipótesis de simulación sólo puede ser bilateral. De igual modo prescindió de realizar control difuso de la constitucionalidad en torno a la hipótesis de fraude procesal prevista en el artículo 310 del Código Penal. Hecho lo anterior, señaló que confirmaba la determinación del no ejercicio de la acción penal al coincidir con los motivos relativos a que no existían suficientes medios de prueba para acreditar que la conducta denunciada consistente en la presentación que realizó Gil García Sánchez de un pagaré falso en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006, actualizara la hipótesis delictiva de fraude procesal prevista en el artículo 310 que señala "al que para obtener un beneficio indebido para sí, realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener sentencia contrario a la ley". Lo anterior al referir principalmente que tal hipótesis delictiva no se actualizaba al no existir suficientes pruebas para acreditar el elemento subjetivo del dolo, en tanto que no se demostró que los indiciados hayan tenido conocimiento de que el pagaré de uno de noviembre de dos mil tres fuera apócrifo, desvirtuando también que su presentación en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006, fuera tendiente a inducir en el error a la autoridad judicial con el fin de obtener sentencia contraria a la ley, y un beneficio indebido para sí o para otro. En consecuencia, la responsable determinó procedente la propuesta del no ejercicio de la acción penal, por atipicidad. Finalmente la autoridad dio contestación a los agravios hechos valer por el quejoso en su escrito de inconformidad, reiterando las consideraciones que había emitido respecto a que no podía analizarse el delito de fraude procesal a la luz de una conducta de omisión. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de ocho de enero de dos mil dieciséis a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" ". México, Distrito Federal, ocho de enero de dos mil dieciséis. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a ERWIN ARTUR RUGGEBERG BARBER en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; lo anterior, en atención a que el cumplimiento de la sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por las autoridades responsables SUBPROCURADOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL y COORDINADOR DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR, se cumple con la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional se hizo consistir en la resolución de 4 de agosto de 2014, dictada en la averiguación previa FACI/60/T2/854/06-09, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, determinando procedente el dictamen de no ejercicio de la acción penal y su ejecución. Mediante sentencia de amparo veintitrés de junio de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable: "1. Deje insubsistente la resolución de 4 de agosto de 2014, dictada en la averiguación previa FACI/60/T2/854/06-09, que resolvió el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. 2. Con libertad de jurisdicción emita otra, en el que deberá prescindir de lo siguiente: De la consideración relativa a que no puede actualizarse el delito de fraude procesal porque la víctima es parte en un juicio civil. De la consideración de que la hipótesis de simulación solo puede ser bilateral. Del "ejercicio de control difuso de constitucionalidad" que realizó en torno a la hipótesis de fraude procesal prevista en el artículo 310 del código penal, consistente en "a quien para obtener un beneficio para sí, realice cualquier acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley"; y por tanto, deberá aplicarla de ser procedente. 3. Hecho lo anterior, emita una nueva determinación en la que fundada y motivadamente se pronuncie respecto de la conducta denunciada -consistente en la presentación que realizó Gil García Sánchez de un pagaré falso en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006- e hipótesis delictiva de fraude procesal analizada en las precedentes resoluciones sobre el no ejercicio -"a quien para obtener un beneficio para sí, realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley"-. Y solo en caso de que estime que se actualiza alguna hipótesis del delito diversa a la señalada, proceda a realizar su estudio. Debiendo reiterar la contestación a los conceptos de inconformidad hechos valer por el quejoso, consistentes en que no es posible la actualización del delito de fraude procesal por omisión dolosa, y que por tanto no se pronunciaría respecto a las pruebas señaladas específicamente por el quejoso para acreditar el delito de fraude procesal por omisión dolosa. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora; por no haberse reclamado por vicios propios el acto que se le atribuye. Contra la sentencia dictada el presente juicio de garantías el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales interpuso recurso de revisión, mismo que en sesión de tres de diciembre de dos mil quince, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la sentencia recurrida. Mediante el oficio registrado con el número 38457 el Coordinador de Agentes del Ministerio Público Auxialiares del Procurador informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, informando que no había recibido mandamiento de ejecución alguno emitido por la autoridad responsable ordenadora. Por su parte, el Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal mediante oficio registrado con el folio 38947 remitió copia del acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil quince del que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo cuatro de agosto de dos mil catorce, en ese sentido emitió uno nuevo apegado a los lineamientos de la sentencia de mérito. Es así, pues en primera instancia prescindió de pronunciarse respecto a que no puede actualizarse el delito de fraude procesal porque la víctima es parte en un juicio civil, así como de que la hipótesis de simulación sólo puede ser bilateral. De igual modo prescindió de realizar control difuso de la constitucionalidad en torno a la hipótesis de fraude procesal prevista en el artículo 310 del Código Penal. Hecho lo anterior, señaló que confirmaba la determinación del no ejercicio de la acción penal al coincidir con los motivos relativos a que no existían suficientes medios de prueba para acreditar que la conducta denunciada consistente en la presentación que realizó Gil García Sánchez de un pagaré falso en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006, actualizara la hipótesis delictiva de fraude procesal prevista en el artículo 310 que señala "al que para obtener un beneficio indebido para sí, realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial, con el fin de obtener sentencia contrario a la ley". Lo anterior al referir principalmente que tal hipótesis delictiva no se actualizaba al no existir suficientes pruebas para acreditar el elemento subjetivo del dolo, en tanto que no se demostró que los indiciados hayan tenido conocimiento de que el pagaré de uno de noviembre de dos mil tres fuera apócrifo, desvirtuando también que su presentación en el juicio ejecutivo mercantil 523/2006, fuera tendiente a inducir en el error a la autoridad judicial con el fin de obtener sentencia contraria a la ley, y un beneficio indebido para sí o para otro. En consecuencia, la responsable determinó procedente la propuesta del no ejercicio de la acción penal, por atipicidad. Finalmente la autoridad dio contestación a los agravios hechos valer por el quejoso en su escrito de inconformidad, reiterando las consideraciones que había emitido respecto a que no podía analizarse el delito de fraude procesal a la luz de una conducta de omisión. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos del artículo 196 de la ley de la materia, ya que como se advierte de párrafos precedentes la responsable se ajustó a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo. Finalmente, atento a lo expuesto en párrafos precedentes y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de la impetrante de garantías este proveído, para los efectos del numeral 201 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Notifíquese personalmente.
- Principal
(Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 28 de diciembre del dos mil quince, a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:" México, Distrito Federal, veintiocho de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio y anexo de la autoridad responsable que lo signa, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, con el oficio de cuenta y con el diverso registrado con el folio 38457 de veintidós de diciembre pasado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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