Ervin Leonel Pérez Alfaro
Expediente 201/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/04/2018
Partes del expediente
- Ervin Leonel Pérez Alfaro
- Juez Primero Penal para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la causa penal 387/2017 (un tomo), de la cual resulta innecesaria su retención toda vez que el presente juicio ha concluido. Al efecto se acuerda: Atendiendo a lo anterior, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes las referidas constancias; por lo que, tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vistos; La certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. El oficio SEADS/477/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la readscripción del Juez Silvino Arturo López Hernández, como titular de este órgano jurisdiccional. Al efecto se acuerda: Respecto al inciso a), con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, ni tomos para devolver a las autoridades responsables, se deja de proveer lo relativo. Tocante al inciso b), hágase del conocimiento de las partes en el juicio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vistos; El estado procesal de autos, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. El oficio SEADS/477/2018, de cuatro de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México; a través del cual comunica la readscripción del Juez Silvino Arturo López Hernández, como titular de este órgano jurisdiccional. Al efecto, se acuerda. Respecto al inciso a): ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de depuración, ya que se ubica en la fracción III, último párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión y se destruirá el resto de las mismas, por considerarse que no tienen relevancia. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción II, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, Segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. E. APERCIBIMIENTO En consideración de que en el presente caso, no acontece el supuesto que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, se omite proveer del apartado E), del presente auto. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. Tocante al inciso b), hágase del conocimiento de las partes en el juicio, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Atento al inciso a), con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, agréguense a los autos, para que obren como corresponda. Con apoyo en el precepto 119, de la Ley de la Materia, se tiene por admitida la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copias certificadas de la resolución de veintidós de marzo del año en curso por la que se declaró extinguida la acción penal dentro de la causa penal 387/2017, misma que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, la que cuenta con valor jurídico pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable oficiante se advierte que mediante resolución emitida el veintidós de marzo del año en curso declaró extinguida la acción penal dentro de la causa penal 387/2017 única y exclusivamente por lo que refiere a ***. En el contexto anterior, se advierte que durante la tramitación del presente juicio de amparo, sobrevino la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual, el juicio de amparo es improcedente, cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Como se advierte, para que se actualice la causa de improcedencia referida, se requiere que ante la subsistencia del acto reclamado, por no haberlo revocado expresamente la autoridad responsable, no exista posibilidad de que sus efectos legales o materiales se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir o haber desaparecido totalmente el objeto o la materia de dicho acto, de modo tal que el amparo que, en su caso, se otorgara carecería de efectos, al ser jurídicamente imposible restituir al agraviado en el goce de los derechos humanos violados, o bien, que los efectos jurídicos de esa restitución fueran intrascendentes. Apoya lo anterior la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. (Lo resaltado es nuestro). Ahora bien, a efecto de un mejor entendimiento de la actualización de la causal de improcedencia invocada, es necesario hacer una breve relación de las constancias que la autoridad responsable remitió, a las que se les conceden valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo los cuales son: Mediante oficio sin número de veintidós de marzo de dos mil dieciocho el Fiscal del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal para la Atención de Delitos Graves, del Distrito Judicial de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla se desistió de la acción penal por lo que solicitó se declarara extinguida y se decretara el sobreseimiento de la causa penal 387/2017 a favor de Ervin Leonel Pérez Alfaro, por el delito de secuestro agravado en agravio de Pedro Espinoza Méndez. En proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable ordenó la ratificación o no del desistimiento en mención. Mediante diverso oficio sin número de veintidós de marzo del presente año el Fiscal del Ministerio Público adscrito ratificó el pedimento de desistimeinto de la acción penal y sobreseimiento de la causa. Por tanto, en resolución de la misma data se sobreseyó la causa penal única y exclusivamente por ***; asimismo, se declaró extinguida la acción penal en su contra como probable responsable del delito de secuestro agravado, en agravio de ***. En ese orden de ideas, es importante destacar que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra el auto de formal prisión de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro de la causa penal 387/2017, como probable responsable del delito de secuestro agravado; acto que se advierte que hasta este estadío procesal subsiste; sin embargo, el Juez responsable sobreseyó la causa penal 387/2017, de la cual deriva el referido auto, única y exclusivamente por ***; y declaró extinguida la acción penal en su contra como probable respondable del delito de secuestro agravado, en agravio de Pedro Espinosa Méndez En efecto, si bien al acto reclamado, le reviste el carácter de acto que formalmente subsiste, lo cierto es que el objeto o materia dejó de existir, por sobreseerse la causa penal del cual deriva y se extinguió la acción penal. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto el auto de formal prisión de quince de febrero de dos mil dieciocho dictado en la causa penal 387/2017, subsiste, porque la responsable no lo revocó expresamente, ni lo dejó sin efectos jurídicos; empero, de igual manera es cierto, que los efectos legales de dicho acto ya no puede lesionar la esfera jurídica de la aquí parte quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, dado que al sobreseerse la causa penal del cual deriva y extinguirse la acción penal ya no existe la materia del mismo. En los términos indicados, de concederse la protección constitucional solicitada, ésta carecería de efectos, en razón de que no es posible sustentar que pudiera otorgarse el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable, deje insubsistente el auto de formal prisión de quince de febrero de dos mil dieciocho, pues la pretensión de ésta fue superada con el sobreseimiento de la causa penal 387/2017 de la cual deriva el acto reclamado y la extinción de la acción penal; pues es decir, ya no existe la materia del acto reclamado. Guarda aplicación a lo anterior, por los motivos que informa, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Bajo esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada ley invocada. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas la Jurisprudencia 10/2003, cuyo rubro y texto es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja de celebrar la audiencia constitucional que está fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil dieciocho. Ahora bien, respecto del inciso b), con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio de cuenta y anexos, en virtud de lo ordenado en párrafos precedentes.
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