Ervin Cabrera Moya y Otros.
Expediente 78/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 78/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ervin Cabrera Moya y Otros.
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vistos los autos y la certificación que antecede, se provee: tomando en consideración que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de dieciocho de febrero del actual (fojas 17 a 25), por el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado; por tanto, atento a lo previsto en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Por otra parte, toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero, en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción; así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Ervin Cabrera Moya, Sofía Zarate López, Beatriz Diego López, Yolidsa Ordaz Rasgado, Belqui Guzmán Martínez, Marcial Hernández Ramírez, María Isabel Arias Gutiérrez, Lauro Francisco Rodríguez, Egla Rosalía de la Cruz Jiménez, Alejandra Villagrana Machado y Karen Yuridia López Ventura, por propio derecho, contra actos de la Directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Supervisor de la Zona Escolar 059, nivel primera formal, perteneciente al Sector 014, ambos con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca; por violación a los artículos 5°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 78/2019, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En este orden, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, los impetrantes del amparo reclaman de la Directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Supervisor de la Zona Escolar 059, nivel primera formal, perteneciente al Sector 014, ambos con sede en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, lo siguiente: "La orden verbal o escrita de impedirles laborar en su lugar de trabajo; de no permitirles el acceso a la misma y a que se les asigne a un nuevo centro de trabajo." En ese tenor, el suscrito juzgador advierte que en contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, los cuales, en ese orden, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes entre los que dentro de sus facultades se encuentra la de imperio, es decir, de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquéllas (incluso particulares) que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular determinado y de una manera imperativa . Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 42 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y uno, Tomo VI, materia común, Precedentes Relevantes, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, con número 199459, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así, resulta ahora conveniente destacar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Parámetros que resultan útiles para distinguir a una autoridad, con las características precisadas con antelación, para efectos del juicio de amparo. En este tenor, como se adelantó, cabe precisar que el acto reclamado por los aquí quejosos Ervin Cabrera Moya, Sofía Zarate López, Beatriz Diego López, Yolidsa Ordaz Rasgado, Belqui Guzmán Martínez, Marcial Hernández Ramírez, María Isabel Arias Gutiérrez, Lauro Francisco Rodríguez, Egla Rosalía de la Cruz Jiménez, Alejandra Villagrana Machado y Karen Yuridia López Ventura a las precisadas autoridades señaladas como responsables, se hace consistir, substancialmente en la remoción de sus cargos para ser asignados a diversos escuelas dependientes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Así, de los antecedentes expuestos se advierte que los actos reclamados derivan de una relación laboral entre los aquí quejosos y las autoridades responsables, es decir, los actos reclamados no se sustentan en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino que derivan de una relación laboral entre tal dependencia (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca) y los promoventes, al desempeñarse estos últimos como trabajadores de la misma (profesores), motivo por el cual el presente juicio de amparo resulta ser improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado, pues el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades; de ahí la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al sustentarse precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación entre gobernante y gobernado. Es así, toda vez que resulta evidente que entre las señaladas autoridades como responsables y los promoventes, como trabajadores (maestros), quienes prestan sus servicios para aquella institución, existe un vínculo contractual que se asimila a la relación laboral existente con un patrón, de ahí que, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo contractual. Con base en el anterior razonamiento y siendo claro que la relación entre los ahora quejosos y las autoridades que se señalan como responsables, se desarrolla en un plano de igualdad, la conclusión natural es que los actos reclamados, deben regirse por las leyes que regulen su relación de trabajo, sin que sea dable solucionar tal determinación a través del juicio de amparo que se caracteriza por el sometimiento a la potestad judicial de actos típicos de autoridad. Ello es así, pues se reitera, los actos reclamados, por su naturaleza inherente, es claro que están encaminados al ámbito del derecho laboral, que en todo caso es quien rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que las autoridades señaladas como responsables no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Ilustra lo anterior la jurisprudencia número 16, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce, Tomo VI, materia común, Quinta Época, Apéndice de 1995, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE PARTICULARES. IMPROCEDENCIA. No pueden ser objeto del juicio de garantías, que se ha instituido para combatir los de las autoridades que se estimen violatorios de la Constitución". Así como el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, materia laboral, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número 246930, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Sustenta lo anterior, la tesis I.6º.T. 26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número 202602, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". En tales condiciones, toda vez que de lo expuesto se evidencia que los actos reclamados derivan de una relación laboral regulada por el derecho privado en que las autoridades señaladas como responsables, actúan como particular (patrón), es inconcuso que en la especie se actualiza la invocada causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I de la Constitución General de la República, y 1°, fracción I del primer ordenamiento legal invocado. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, Tomo IX, marzo de 1999, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número 194367, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". En ese orden de ideas y al actualizarse en el caso un motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Laurentino Salvador Pérez, Claudia Concepción Ruiz Amaya, Esteban Jiménez Cerero y Diego Elías Salvador Sánchez, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. En cuanto a los estrados de este juzgado que señala para recibir notificaciones, por no satisfacerse los requisitos del artículo 27 de la Ley de Amparo, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195064, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese por lista a la parte quejosa como se encuentra ordenado en el presente proveído. I-A
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