Erode Jn Baptiste

Expediente 883/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
883/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Erode Jn Baptiste

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda diversas constancias; en consecuencia, como está previsto en el capítulo tercero, numeral décimo primero, del Acuerdo General 1/2009, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo no mayor a noventa días, contadas a partir de la legal notificación, se sirva a comparecer ante este Juzgado, a efecto de que solicite las referidas constancias; apercibida que de no hacerlo en el plazo señalado, dichos documentos serán transferidos al Centro de Documentación y Análisis, junto con el presente expediente.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio remitido por el Encargado de la Administración Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, toda vez que por proveído de cinco de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillen Guerrero, quien autoriza y da fe. AAI La suscrita Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

  3. Principal

    En cinco de marzo de dos mil diecinueve, la suscrita Secretaria da cuenta, con el registro con número de folio 1896. Conste. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual remite copia certificada de las constancias del recurso de revisión relativo al procedimiento de Regularización Migratoria por Unidad Familiar con número único de trámite (NUT) 3537160, por parte de la autoridad responsable, presentado por el quejoso mediante escrito de veintiséis de enero del dos mil dieciocho, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizado el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Así mismo, el precepto 77, fracción II, de la ley de la materia, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." De la interpretación relacionada de los artículos anteriormente transcritos, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye: La omisión de enviar al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, el escrito inicial de Recurso de Revisión presentado por el quejoso el veintiséis de enero de dos mil dieciocho y, expediente relativo al procedimiento de regularización migratoria por unidad familiar con número único de trámite: (NUT) 3537160 y en caso de haber sido enviado la falta de notificación de la resolución de dicho recurso. Sin embargo, de las constancias que anexa el Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, se advierte la resolución emitida respecto al recurso de revisión relativo al procedimiento de Regularización Migratoria por Unidad Familiar con número único de trámite (NUT) 3537160, por parte de la autoridad responsable, presentado por la parte quejosa el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, así como de su notificación, misma que le fue practicada por conducto de su autorizado el día dieciséis de enero de dos mil diecinueve; por lo cual, es evidente que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la violación reclamada desapareció con la contestación por escrito de la petición que formulo, con lo cual la quejosa fue restituida en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por los razonamientos que la integran, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página ciento ochenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, con el número de registro 250438, cuyo título y contenido dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna." De igual forma, se estima aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, registro 193758, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, se hace imposible la prosecución del presente juicio de amparo, ya que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse la citada causa de improcedencia; por lo cual, no hay necesidad de pronunciar la presente determinación hasta la audiencia constitucional, pues como ya se dijo, en el caso han cesado los efectos del acto reclamado; por lo cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, toda vez que mediante escrito presentado por el quejoso el diecisiete de enero del año en curso, que obra a foja 125 de autos, se advierte que hizo del conocimiento que habían cesados los efectos del acto reclamado. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, misma que se encuentra señalada para las doce horas del trece de marzo de dos mil diecinueve. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista egresos de la estadística de este Juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acuerda y firma José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede se desprende que mediante oficio SEADS/093/2019, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, fue designado como titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, al suscrito Juez José Rivas González; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja trescientos doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, que, se intitula: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En virtud de lo anterior, y a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, y con el objetivo de no actualizar una posible violación procesal, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, como nueva fecha para su celebración. Finalmente, requiérase al ADMINISTRADOR DE CORREOS, de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, remita a este Juzgado, la pieza postal relativa al oficio 1735, dirigido por este Juzgado, al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana; anexándole copia simple de la factura 7873 recibida el quince de febrero del año en curso, apercibida la citada dependencia, que en caso omiso, se le impondrá una multa de cien veces del valor diario de la unidad de medida y actualización equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma, José Rivas González, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe. AAI La suscrita Secretaria Celia Eulalia Guillén Guerrero, hago constar, que en esta fecha la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe. CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR LISTA Siendo las nueve horas del _________________ el (la) suscrito (a) Actuario (a), notifico por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, así como en el Portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el auto y/o resolución que antecede, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 26 fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El (la) Actuario (a).

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