Ernesto Velasco Machorro

Expediente 225/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
225/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Velasco Machorro

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 225/2022-V. Puebla, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Devolución de documentos. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por autorizado en términos amplios del quejoso , por el cual solicita la devolución de escrito que acompaño el quejoso en su demanda de amparo. Visto su contenido, como lo solicita se ordena la devolución de los documentos que la parte inconforme exhibió en el presente sumario constitucional, previa copia que quede agregada de los mismos en el expediente en que se actúa. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que en conformidad con lo previsto por el capítulo tercero, relativo a los tipos de archivo y de las trasferencias de expedientes judiciales, punto undécimo, último párrafo, del señalado acuerdo General Conjunto número 1/2009, requiérasele para que en el plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recoger los documentos de mérito, apercibida que en caso de no hacerlo, los mismos correrán la suerte del expediente principal. Así también dígasele a la parte quejosa que dichos documentos serán entregados a ella misma o a sus autorizados en términos amplios. Para lo anterior, deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional; en el entendido que la cita la deberá registrar en día viernes en un horario de diez a once treinta horas a fin de que se realicen los trámites administrativos correspondientes. Ello, porque el citado Acuerdo General, no permite que la totalidad del personal adscrito a éste órgano acuda al juzgado para realizar las gestiones administrativas para su devolución. Causa estado auto de desechamiento. Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado. el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Destrucción del expediente. Con apoyo en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá ser destruido una vez que cumpla tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Lo cual deberá ocurrir dentro de los treinta días siguientes al finalizar el término referido en el párrafo anterior. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 225/2022-V. Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por *, por derecho propio, contra actos de la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama a la Directora del Centro de Reinserción Social de Puebla, la falta de contestación (por escrito) u omisión de dar respuesta a un ocurso, presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, donde solicitó que se le proporcionen las facilidades necesarias para que pueda contraer matrimonio por la vía civil. Sin embargo, ese acto determina la improcedencia de la acción de derechos fundamentales. Para demostrar la afirmación previa, se acude al numeral 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, porque este dispone que ante la omisión de la autoridad penitenciara de pronunciarse respecto de una petición administrativa o en caso de contestar en sentido contrario lo solicitado, el interno podrá formular controversia ante el juez de ejecución para que resuelva lo conducente. Asimismo, conforme a los ordinales 116, fracción III, y 117, fracción IV4, de la legislación citada, cuando esas peticiones recaigan sobre cualquier pedimento relativo a la visita del interno con familiares, defensores y observadores de sociedades civiles, que por su relación con el sentenciado tengan la legitimación para visitarlo, deben acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En ese supuesto, el citado juez, resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas si es procedente o no la petición planteada ante la autoridad administrativa. Así, en caso de ser procedente, el juez competente requerirá al director del centro penitenciario o a la autoridad administrativa respectiva, para que responda el fondo de la petición formulada y a su vez exhortará a la autoridad penitenciaria a dar cuenta a su superior jerárquico. De modo que el trámite previsto para esa hipótesis, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, presenta en esencia las siguientes características:  El interno en calidad de solicitante, debe acudir previamente ante la autoridad administrativa o el director del centro penitenciario para plantearle su petición.  En caso de que la autoridad administrativa sea omisa en dar contestación a la solicitud planteada dentro del plazo de cinco días, deberá acudir al juez de ejecución.  En el supuesto de que la autoridad penitenciaria conteste de forma negativa o contraria a la petición formulada, deberá acudir el interno en el plazo de diez días siguientes a la notificación de la resolución, con el juez de ejecución para que resuelva lo conducente.  Con relación a las dos hipótesis expuestas previamente, el juez competente resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas si es procedente o no la cuestión planteada, y en caso de que así lo sea, reparará la afectación y ordenará a la autoridad administrativa se pronuncie respecto del fondo de esa solicitud y de cuenta a su superior jerárquico de lo realizado.  El interno solicitante tiene la posibilidad de interponer recurso de revocación, contra las determinaciones de mero trámite que emita el juez, para que este examine de nueva cuenta su determinación y dicte la resolución que corresponda -al recurso-.  Contra la resolución emitida por el juez, procederá el recurso de apelación, el cual se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución o auto que se haya impugnado. De ese recurso conocerá un tribunal de alzada, el cual revisará la legalidad de la determinación de aquél, para confirmarla, modificarla o revocarla. Conforme a esos puntos, es válido afirmar que si una persona privada de su libertad, realiza una petición administrativa (como se observa en el acto que combate el quejoso), y no recibe una contestación a lo solicitado, debe agotar primero el recurso denominado control judicial, establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, debe interponerlo contra esa omisión antes de promover el juicio de amparo indirecto. Sobre todo porque ese procedimiento judicial, reúne las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual pueden los internos reclamar, sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, las omisiones o negativas a su petición (administrativa) relacionada con sus condiciones de internamiento. Además, el referido procedimiento otorga al juez la potestad de verificar la procedencia o no de la petición y ordenar que la autoridad penitenciaria se pronuncie respecto del fondo de la solicitud (en caso de ser procedente), y ésta de cuenta a su superior jerárquico; y es en esa facultad donde surge la improcedencia que se estima respecto de la omisión reclamada en la demanda de tutela constitucional, presentada por el quejoso. Ello, porque el juicio de amparo es improcedente contra actos u omisiones de autoridades administrativas -distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo-, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por medio del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, salvo que se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, o un plazo mayor del establecido para otorgarla. Excepciones que de ninguna forma se actualizan respecto del control judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque éste no contempla mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión, y tampoco establece un mayor plazo para el otorgamiento. Lo anterior obedece a que si el interno desea que su acto u omisión sea suspendido (casos urgentes), tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda, para presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano, o bien, ordenará a la autoridad administrativa que realice las acciones positivas conducentes a fin de que cese la omisión reclamada (artículo 115 de la ley de la materia5). Así, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la establecida en la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos para concederla, y tampoco prevé un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, el control judicial previsto en la referida ley nacional, ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que las peticiones del interno privado de su libertad sean atendidas de inmediato, sin mayor trámite ni dilación, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente. Es más, el interno puede formular de viva voz sus inquietudes y también las razones del por qué las omisiones reclamadas, atentan contra su derecho a tener una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. Lo cual genera la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia, la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato del acto u omisión reclamada, es decir, la suspensión del acto reclamado. Por todo ello, las personas privadas de su libertad -en un centro penitenciario-, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio de amparo indirecto contra la falta de respuesta a alguna petición administrativa planteada ante la autoridad penitenciaria. Tales consideraciones fueron obtenidas de "CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN RELACIONADA CON AQUÉLLAS, NO SÓLO VULNERA EL DERECHO DE PETICIÓN, SINO TAMBIÉN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL QUEJOSO DEBE IMPUGNARLA ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". , la tesis siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." Entonces, debe considerarse la improcedencia de la acción de derechos fundamentales, respecto del acto que se le atribuyen a la directora señalada como responsable: La falta de contestación por escrito o la omisión de dar respuesta a su ocurso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual fue presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de la citada institución penitenciaria. Sobre todo porque el quejoso presentó su demanda contra ese acto, sin haber agotado el recurso de control judicial previsto en la citada legislación, motivo por el cual es válido afirmar que desatendió el principio de definitividad que rige el acceso al juicio de amparo indirecto. Luego, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues antes de presentar la demanda contra el acto descrito, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, solicitó el amparo contra la falta de contestación por escrito o la omisión de dar respuesta a su ocurso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual fue presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de la citada institución penitenciaria -donde solicitó a la directora que girara instrucciones a la titular del departamento de Trabajo Social, para que procediera a otorgar las facilidades necesarias para que se lleve a cabo el matrimonio civil entre el quejoso y la persona que refiere en el ocurso-, sin haber acudido primero al procedimiento judicial antes mencionado, pese a que estaba a su alcance como interno de un centro penitenciario, en términos de las disposiciones antes invocadas. Por tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del diverso 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto que se desprende de la demanda: La falta de contestación por escrito o la omisión de dar respuesta a su ocurso de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el cual fue presentado en esa misma fecha ante la Oficialía de la citada institución penitenciaria. Máxime que esa omisión debió impugnarla primero el quejoso, a través del recurso denominado control judicial, para generar un acto definitivo y susceptible de analizar en el terreno de control constitucional. Bajo este contexto, con fundamento en la fracción XX del artículo 61, en relación con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *** Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que designó para ese propósito en el primer acápite de la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Salvador Pérez García y Diego Plata Sánchez, pues sus cédulas profesionales, se encuentran registradas ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. En cambio, se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, las personas restantes designadas por aquél en el escrito de demanda, porque sólo las designó para recibir notificaciones y, por ende, no les otorgó facultades amplias....se tiene el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados por el quejoso, como medios para contactarlo. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso en su domicilio procesal.

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