ERNESTO VEGA PORTELA y Otros.

Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1080/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • ERNESTO VEGA PORTELA y Otros.
  • Todas las Partes

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante el cual, devuelve parcialmente diligeciado el exhorto 309/2023, orden 445/2023, enviado para notificar a los quejosos **********, el oficio por el que se le solicitó si ratificaban o no su demanda presentada a su nombre. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que resulte necesario remitir el acuse de recibo correspondiente, ya que al haberse recibido vía electrónica, éste se genera de manera automática. Ahora, toda vez que en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del presente juicio de amparo, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo haga de conocimiento a este Juzgado de Distrito si acepta o no la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por encontrarse imposibilitados para promoverla, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1080/2023-II. -Análisis de la demanda y competenciaDel análisis integral del líbelo en cuestión, se advierte que la parte promovente reclama, entre otros, los siguientes actos: la detención administrativa, aseguramiento, alojamiento, deportación, extradición y expulsión, así como la incomunicación, señalando que los directos quejosos se encuentran detenidos en la estación migratoria ubicada en avenida Cesar López de Lara Centro, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamaulipas, así también, señala como autoridades responsables al 1) Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, 2) Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y, 3) Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tales circunstancias conducen a determinar, que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, es legalmente incompetente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que, en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer inciso referido, ya que los directos quejosos reclaman la detención administrativa, aseguramiento, alojamiento, deportación, extradición y expulsión, así como la incomunicación, asimismo refieren que fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria ubicada en avenida Cesar López de Lara Centro, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamaulipas. De ahí que, si se toma en cuenta que los quejosos están privados de su libertad y los actos reclamados se hacen consistir en detención administrativa, aseguramiento, alojamiento, deportación, extradición y expulsión, así como la incomunicación, por parte de las responsables, dichos actos se ejecutan en el lugar donde aquellos están detenidos, por lo que la competencia territorial se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica la indicada estación migratoria, esto es, en la ciudad de Nuevo Laredo, 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Tamaulipas. En estas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado habrá de tener ejecución materialmente jurisdiccional en Nuevo Laredo, Tamaulipas; por lo que, de conformidad con el acuerdo general 3/2013, modificado por el diverso 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como por el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tendrán ejecución materialmente dentro del ámbito de competencia del órgano de control constitucional que tenga jurisdicción en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo; en consecuencia, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo. Ilustra lo anterior, por las razones que la integran, la tesis 1a./J. 54/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 58, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Asimismo, por las razones que la conforman, la tesis que obra en la página 97, del Informe 1972, Parte II, Materia Común, Informes, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material - caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 3/2013, apartado cuarto fracción XV, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo pues considera que le corresponde conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo; por tanto, infórmese de dicha determinación al citado Juez, para que, en términos del precepto legal mencionado en primer lugar, tenga a bien comunicar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en su favor, en la inteligencia que deberá enviarse el juicio de amparo 1080/2023-II, previa formación del cuaderno 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES de antecedentes respectivo, a efecto de que se provea lo que en derecho proceda; se solicita el acuse de recibo respectivo. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Suspensión de plano Ahora, dado que en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados los siguientes: "II. ACTOS RECLAMADOS: a) El aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, del quejoso, *********** ambos de nacionalidad CUBANOS en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración domicilio conocido por más de 36 horas, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades responsables de la estación migratoria. b) La violación que consagran en los Derechos Humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II artículos 1, 11, 14, 16, 18, 22, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. d) La violación al Derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Artículo 5 y 11 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. e) La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación de lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración. f) El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. g) RETENCION Y/O SECUESTRO INJUSTIFICADO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y NACIONALIDAD PASAPORTES A NOMBRE DE CADA UNO DE LOS QUEJOSOS. h) LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAEXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTIA QUE SOLICITANLAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS PARAPODER OBTENER SU LIBERTAD CONDICION DE LIBERTAD QUE ES ILUSORIA." SUSPENSIÓN DE PLANO CON RELACIÓN A LA DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN, ASÍ COMO LA INCOMUNICACIÓN. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación, expulsión, así como la incomunicación; por lo que, en caso de estarse efectuando, cesen sus efectos inmediatamente. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo vigente, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado que pueden sufrir los directos quejosos ***********, para el efecto de que, por lo que hace a las consecuencias de la detención, esto es, la orden de traslado, NO SE LLEVE A CABO, hasta en tanto, se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, por parte de la autoridad que resulte legalmente para continuar con el conocimiento del mismo; lo que deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten en su más estricta responsabilidad; en la inteligencia de que esta medida de ninguna manera significa poner en libertad a los quejosos. Si bien, la orden de traslado no se encuentra regulada como tal en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es, que esta orden de traslado se encuentra íntimamente relacionada con la deportación de que pudieran ser objeto los directos quejosos, así como de la privación de la libertad fuera de procedimiento, actos los cuáles si se encuentran previstos en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí la presente determinación. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD [aseguramiento, alojamiento, detención administrativa y/o, retención] 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES [PRIMER SUPUESTO] Luego, en torno a los diversos actos consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración y/o Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dada la naturaleza de las citadas autoridades, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del Ministerio Público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir del promovente los directos quejosos se encuentran privados de su libertad fuera de todo procedimiento, detenidos, presentados de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; al efecto, se concede la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, acrediten de inmediato ante esta Juez de Distrito, si la parte quejosa está sujeta a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que estén detenidos bajo la comisión de un delito, deberán ponerlos sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que los directos quejosos están sujetos a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 58/2022; el Sexto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 59/2022; y, el Cuarto Tribunal Colegiado, en el recurso de queja administrativa 61/2022, todos ellos de este Decimoquinto Circuito. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de la parte quejosa no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto1 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Cierto, conforme a la información suministrada en la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo2 , de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de la "detención", que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. 1 Artículo. 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (...). Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. 2 Artículo 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II [SEGUNDO SUPUESTO] Ahora, si la parte quejosa se encuentra en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, la autoridad responsable deberá acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que la parte quejosa actualmente estuviera detenida ante la autoridad sujeta a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, ésta queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentra - instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas -, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En ese contexto, es relevante tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 68, primer párrafo de la Ley de Migración, el cual invoca lo siguiente: 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición." De la anterior porción normativa se advierte que la presentación de los migrantes no podrá exceder de treinta y seis horas, ante la autoridad migratoria, por tanto, si los ahora directos quejosos ***********, ya tienen detenidos más de treinta y seis horas, las autoridades señaladas como responsables deberá dejarlos en absoluta libertad. Lo anterior en consonancia con el comunicado número 090/2023 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual constituye un hecho notorio al ser consultable en la página electrónica oficial del Alto Tribunal, de siguiente contenido: "No. 090/2023 Ciudad de México, a 15 de marzo de 2023 LA PRIMERA SALA DETERMINÓ QUE LAS PERSONAS EXTRANJERAS SUJETAS A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN EL DERECHO IRRENUNCIABLE A CONTAR CON UNA DEFENSA ADECUADA Y QUE LOS PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY DE MIGRACIÓN PARA SU ALOJAMIENTO TEMPORAL SON INCONSTITUCIONALES  En todo procedimiento migratorio, el Estado se encuentra obligado a asignar un defensor o defensora de oficio para la persona migrante.  El plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias es de treinta y seis horas luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los periodos de quince y hasta sesenta días hábiles de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, son inconstitucionales a la luz del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II Humanos. En el caso, diversas personas extranjeras fueron detenidas por las autoridades migratorias con el fin de identificar su situación migratoria en territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados relacionados con esta, las personas migrantes promovieron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, el Presidente de la República y los solicitantes de amparo interpusieron, respectivamente, recursos de revisión; mismos que, por la naturaleza del objeto de su estudio, fueron remitidos por el Tribunal Colegiado del conocimiento a la Suprema Corte para su resolución. En su fallo, la Primera Sala consideró que, tanto el plazo de "quince días hábiles", como el de "sesenta días hábiles" previstos en el artículo analizado, contravienen la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 de la Constitución Federal para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa: treinta y seis horas. Máxime que, en la medida en que las personas migrantes se encuentren desprovistas de su libertad personal por una temporalidad superior a la de treinta y seis horas, se obstaculiza -también- el ejercicio de su derecho humano a una tutela jurisdiccional efectiva. Esto es así pues mientras la persona migrante se encuentre privada de su libertad estará también formal y materialmente imposibilitada para acceder a un tribunal independiente e imparcial, con el propósito de defender sus derechos. De esta manera, el Alto Tribunal confirmó la decisión del Juez de Distrito, tras concluir que el establecimiento de plazos superiores a los establecidos en el texto constitucional para el arresto de extranjeros por razones migratorias es una medida que restringe de forma indirecta la tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, la Primera Sala deliberó que el artículo referido, el cual establece los supuestos que justifican la detención de personas extranjeras por razones migratorias, así como el diverso 121 de la misma Ley, en la parte que dispone "permanecerá presentado en la estación migratoria", a la luz de una interpretación conforme, deben ser entendidos en el sentido de que el alojamiento de dichas personas en estaciones migratorias en ningún supuesto podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Además, apuntó que este alojamiento sólo se encontrará justificado (por perseguir una finalidad legítima) en cualquiera de los supuestos normativos 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES previstos en la propia disposición, sin que sea factible su detención por cuestiones ajenas a las ahí establecidas. Finalmente, después de transcurridas las treinta y seis horas del alojamiento, el Instituto Nacional de Migración otorgará a las personas migrantes la condición de estancia de "visitante con permiso para recibir una remuneración en el país", mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición. Y, agotada esa circunstancia, el Instituto deberá determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Por otra parte, la Sala estableció que el procedimiento migratorio sustanciado en contra de quienes solicitaron el amparo se realizó en contravención a su derecho humano a una defensa adecuada en materia migratoria, el cual es irrenunciable y constituye una de las garantías que integran el debido proceso. Lo anterior, al no habérseles designado de oficio una persona defensora de sus derechos e intereses, a la cual tienen derecho desde su detención, hasta la ejecución de la resolución que recaiga sobre el procedimiento administrativo migratorio a través del cual se esclarezca su situación migratoria, tal como lo establece la propia Ley de la materia. Al respecto, el Máximo Tribunal resaltó que, en todo procedimiento migratorio, ya sea frente a la "imposibilidad" o la "negativa" de una persona migrante de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado se encuentra obligado a asignarle una persona defensora de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección. Finalmente, en relación con los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que fueron reclamados, la Primera Sala reiteró las consideraciones y resolución adoptadas en el amparo en revisión 275/2019, en el que, entre otras cuestiones, se determinó la inconstitucionalidad del procedimiento de revisión migratoria dada la generalidad y amplitud con la que se regula, así como del alojamiento en las estaciones migratorias como regla general y no como excepción. A partir de estas razones, el Máximo Tribunal modificó y confirmó la concesión de la protección constitucional solicitada, por lo que ordenó la desincorporación de la esfera jurídica de las personas extranjeras de los artículos 97, 98 y 111, en sus porciones normativas "quince días hábiles" y "sesenta días hábiles", de la Ley de Migración, aplicado este último, así como el diverso 121, a partir de la interpretación adoptada por la Sala. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II Por último, instruyó la reposición del procedimiento administrativo migratorio, garantizando desde su inicio el nombramiento de una persona defensora de los intereses de las y los migrantes, capacitada específicamente en la materia. Amparo en revisión 388/2022. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Resuelto en sesión de 15 de marzo de 2023, por mayoría de votos." Requisitos de efectividad y/o condiciones. Ahora, si bien se concede la suspensión de plano para que se otorgue la inmediata libertad la parte quejosa en el supuesto que tuviesen más de treinta y seis horas alojados (detenidos) en la estación migratoria, no pasa inadvertido que el artículo 102 de la Ley de Migración, establece que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad, para lo cual puede: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Por lo anterior, al decretar la inmediata libertad del directo quejoso, la autoridad responsable de la Estación Migratoria: 1) Dictará las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la parte impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES asilo político, para que en caso de que hubiesen iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2) Requerirá a la parte gestora del amparo para que en un lapso considerable le proporcione un domicilio en donde pueda ser localizada, así como recibir y dar información que en su caso se le pueda solicitar, el cual deberá encontrarse en esta Entidad Federativa, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en dicha localidad. 3) Se indique a la parte solicitante del amparo que no deberá abandonar la demarcación geográfica antes referida, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. 4) Se requiera los directos quejosos para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Excepciones. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Al respecto, es de citarse la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que reza lo siguiente: "Registro digital: 2026185 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II Undécima Época Materias(s): Común Tesis: XVI.1o.A.5 K (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN LIBERTAD Y PARA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DICTEN LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE SUSTRAIGA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO. Hechos: La quejosa migrante interpuso recurso de queja en contra del auto del Juez de Distrito mediante el cual le concedió la suspensión de oficio y de plano para que permaneciera en el alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y durante éste, las autoridades responsables le informaran y garantizaran en todo momento el cúmulo de derechos que prevé la legislación migratoria; argumentando que el efecto de la medida cautelar decretada debió ser para que fuera puesta en libertad, pues se encontraba en calidad de presentada en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra, no por la comisión de algún delito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, debe ser para el efecto de que sea puesto en libertad y para que el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante aquél cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Justificación: Lo anterior, porque la libertad de las personas se encuentra reconocida y se exigen garantías para evitar su afectación, en los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución General, de los que deriva que toda 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES persona debe gozar de la libertad personal, la cual sólo puede ser restringida o privada mediante juicio previo en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que tratándose de restricciones a la libertad personal como sanción administrativa, no puede durar más de treinta y seis horas. Ahora bien, en materia de personas migrantes y sujetas de protección internacional es indispensable atender a que las irregularidades derivadas de la internación irregular al país, por sí mismas no constituyen delito alguno, sino que se podrían considerar como una falta administrativa. Así, tomando en cuenta los principios constitucionales y convencionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, aplicando el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, debe privilegiarse la solución conforme al derecho a la libertad personal de la parte quejosa, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que aquélla no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal, a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional." [TERCER SUPUESTO] En otro orden de ideas, no se soslaya el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por aprobada la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país." Principio también previsto en los artículos 5º, fracción V y 7º de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los siguientes términos: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)" "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. Se especifica que el Alto Tribunal ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Además, cualquier irregularidad en el ingreso migratorio, no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa; por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de seguridad jurídica y libertad personal, entre otros. Lo anterior, pues el artículo 11 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II otorgamiento de asilo político se realizarán en conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. En este apartado es conveniente precisar que si la parte quejosa llegara a solicitar formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con el artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen de los solicitantes, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de ellos para garantizar la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vea amenazada y así cumplir los principios de confidencialidad y no discriminación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por tanto, deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones (celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008); entre ellos, los siguientes: I. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. II. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. III. Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. IV. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. V. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo XXXIII, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Informe sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a las autoridades de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Igualmente, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que al informe solicitado anexen copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas al cumplimiento dado a esta medida cautelar, apercibidas que de incumplir con lo ordenado, se les sancionará conforme al delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo. Comunicación entre autoridades Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe respecto la suspensión de plano y los diversos oficios que presenten ante esta autoridad federal, vía correo electrónico institucional, a la dirección oficial 3jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, o bien, contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente; y en caso de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. -RESERVAEn relación con las pruebas ofrecidas, así como a los actos reclamados del tenor siguiente: "b) La violación que consagran en los Derechos Humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los artículos 1, 11, 14, 16, 18, 22, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. d) La violación al Derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Artículo 5 y 11 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. e) La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación de lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración. f) El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada. g) RETENCION Y/O SECUESTRO INJUSTIFICADO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION PERSONAL Y NACIONALIDAD PASAPORTES A NOMBRE DE CADA UNO DE LOS QUEJOSOS. h) LA FALTA DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAEXCESIVA E INCONSTITUCIONAL GARANTIA QUE SOLICITANLAS RESPONSABLES A CADA UNO DE LOS QUEJOSOS PARAPODER OBTENER SU LIBERTAD CONDICION DE LIBERTAD QUE ES ILUSORIA." Se acordará lo conducente, una vez que en su momento se admita la demanda, si fuese ratificada por la parte quejosa, ya que dichos actos reclamados no corresponden a los señalados en el artículo 22 Constitucional. -PeticiónAhora, en cuanto a la solicitud que realiza el promovente en el sentido que se decrete inmediatamente la libertad del quejoso, así como que no se fije garantía; dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden. Ratificación de demanda De igual forma, se instruye al actuario al que corresponda realizar la notificación del presente proveído, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a efecto de que busque a los directos quejosos *********** y los requiera para que en el acto 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES de la notificación manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promueve a su favor, así como si es o no su deseo autorizar a la persona indicada en la demanda, para los efectos ahí precisados, así como a los promoventes de la misma, para que lo representen en este asunto en términos amplios, o bien dentro del término de tres días por escrito; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedará sin efectos la medida decretada, por lo cual se reserva acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, dicho Actuario deberá hacer constar pormenorizadamente el estado que guarda la integridad física del quejoso y el estado de salud que a simple vista presenta, debiendo cuestionar al respecto, así como sus nombres completos y correctos. En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán de proporcionarle las facilidades necesarias a efecto de que pueda llevar a cabo la diligencia que se ordena, a fin de lograr la localización de la parte quejosa, lo anterior, con fundamento en lo estatuido por el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así como a sus abogados, ya que conforme al artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tiene derecho, entre otras cosas, a recibir asesoría legal en el procedimiento migratorio. Comunicación entre autoridades Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe respecto la suspensión de plano y los diversos oficios que presenten ante esta autoridad federal, vía correo electrónico institucional, a la dirección oficial 3jdo31cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, o bien, contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente; y en caso de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Asistencia consular De igual forma, con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrúyase al Actuario que corresponda la notificación del presente auto, para que al momento de notificar el presente proveído, le haga saber a los directos quejosos, el derecho que tiene de comunicarse con la oficina o representación consular del país de origen (notificación consular), o bien, en el plazo de tres días, manifieste si desean solicitar la asistencia del Consulado de su país en México, dentro del presente juicio de amparo. Es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2003538. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLXX/2013 (10a.). Página: 529 DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FUNCIONES BÁSICAS QUE ESTE DERECHO IMPLICA. El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." Autorizados Se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********. Acceso a expediente electrónico y notificaciones Con fundamento en el artículo 29, del Acuerdo General 21/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 de la Ley de Amparo, se autoriza las notificaciones y el acceso al expediente electrónico del presente juicio a ********, con nombre de usuario "********". Encargado del SISE 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II Lo anterior, hágase del conocimiento del Oficial Judicial "A" para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como deben escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Copias Se le tiene a la parte promovente solicitando copia simple del presente acuerdo; tomando en consideración que en este auto se le otorgó el acceso al expediente electrónico del presente juicio, se le informa que puede realizar la impresión de la constancia que desea del sistema. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea Con fundamento en el artículo 22, y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, si bien el presente juicio fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Habilitación de días y horas Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. -Comunicación oficialAhora, ya que los directos quejosos se encuentran internos en la Estación Migratoria de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, 28, fracción III, de la Ley de Amparo y en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a su ordinal 2°, con transcripción de este proveído, gírese atento exhorto al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva comisionar al Actuario de su adscripción, para que se constituya en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, ubicada en calle avenida Cesar López de Lara Centro, Sector Centro, 88000 Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien deberá requerir a su titular, así como al encargado en turno, para que le permitan entrevistar a los directos quejosos1) ***********, hecho lo cual, deberá notificarles íntegramente el presente auto; y requerirlos en dicho acto para que manifiesten si ratifican o no la demanda presentada a su nombre; haciéndole de su conocimiento que de no hacerlo en ese momento o dentro del plazo de tres días en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas; ahora bien, en el supuesto de que el 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES impetrante ratifique la demanda de cuenta ante el fedatario comisionado, éste deberá entregarles copia del presente proveído, tal y como lo solicita el promovente. En caso de que no se encuentren detenidos ante dicha autoridad, y de la información que recabe ante ésta se advierta el lugar donde estén recluidos, o bien donde resida, deberá proceder el Actuario Judicial comisionado a buscar a los directos quejosos en las instalaciones de la dependencia que le indiquen, o en el domicilio que se le proporcione. En el supuesto de que los directos quejosos se encuentren en dicho lugar, y los encargados se nieguen a ponerlo ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentran en el mismo, se deberá apercibir a dichos encargados que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato judicial federal de suspensión. Se otorga al órgano jurisdiccional exhortado, amplias facultades legales, a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial que se gira, sea devuelta debidamente diligenciada, para resolver las situaciones de facto que pudieran obstaculizarla, así como para haga uso de los medios de apremio que estime pertinentes para lograrlo, se insiste, en el supuesto de que la persona buscada no se encuentre en las citadas instalaciones, DEBERÁ REALIZARSE UNA BÚSQUEDA en diversos lugares que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. De igual manera se solicita, haga entrega de los oficios girados a las autoridades responsables 1) Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración, 2) Titular de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y, 3) Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, todos con residencia en Nuevo 02/12/25 14:11:39 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.30.32.30.38.39.39.32 SHAWN DANIEL BENJAMIN BAMACA MORALES Juicio de Amparo 1080/2023-II Laredo, Tamaulipas, queden enteradas de la suspensión de plano aquí decretada. Para lo cual, se otorga al órgano jurisdiccional exhortado, amplias facultades legales, a efecto de que tome todas las medidas necesarias para que la comunicación oficial que se gira sea devuelta debidamente diligenciada, para resolver las situaciones de facto que pudieran obstaculizarla, como lo es solicitar perito traductor a las autoridades responsables o a cualquier otra autoridad, a fin entablar comunicación con los directos quejosos, en caso de que éstos no hablen castellano, así como para que haga uso de los medios de apremio que estimen pertinentes para lograr lo solicitado. Así también, se le solicita que una vez diligenciada, a la brevedad la devuelva a este Juzgado de Distrito por la misma vía (SISE), en el entendido que no es necesario el acuse de recibo, dado que el sistema arroja la constancia respectiva. Notifíquese a los quejosos mediante exhorto urgente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

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