Ernesto Urizandi Santiago

Expediente 578/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 19 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
578/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
14/03/2016

Partes del expediente

  • Ernesto Urizandi Santiago y Otros.
  • Ernesto Urizandi Santiago
  • Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, México, D.F.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, proveído que fue debidamente notificado y al haber transcurrido a la fecha el término de diez días para la interposición del recurso de revisión, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; consecuentemente queda firme el auto mencionado. Sin que sea obstáculo a lo anterior el que no obre en autos constancia de que las autoridades Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Director General de Apoyo Técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con sede en la Ciudad de México, hayan sido debidamente notificadas del auto citado dictado en el presente juicio de amparo, ya que carecen de legitimación para, en un momento dado, interponer el recurso de revisión, en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictada en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX.J/74, visible en la página 84, Tomo 83, Noviembre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." El artículo 87, de la Ley de amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valor por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, por encontrarse en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Agréguese el incidente de suspensión respectivo. Así mismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, deberá depurarse el original del incidente de suspensión de amparo al haberse concedido, tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, mismas que quedan sin efectos. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Por último, en términos del capítulo tercero, punto undécimo, segundo párrafo, del acuerdo General Conjunto número 1/2009, se hace constar que el presente juicio de garantías no es de relevancia documental ni existen documentos originales ofrecidos por las partes. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    .......procedo a notificar a primera hora hábil, por lista en los Estrados de este Juzgado, y lista en una página electrónica al quejoso Ernesto Urizandi Santiago, en términos de lo dispuesto en la fracción I, inciso B, del artículo 27 de la Ley de Amparo, el auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis...........Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de dos de febrero del año en curso, respecto a la causa de improcedencia que oficiosamente se advirtió en el presente juicio, sin que hasta la fecha haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que se hace efectivo el apercibimiento y se procede a resolver lo que en derecho procede. En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, dicho dispositivo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Ahora bien, como quedó asentado, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".la aplicación del artículo 264, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California, la garantía de audiencia, de defensa y notificación del procedimiento de responsabilidad número CHJ/PRA/20/2015, así como el temor de perder mi trabajo el cual es el sustento de mi familia, y quedar estigmatizado en mi persona y no poder obtener cargos públicos principalmente por las autoridades señaladas como responsables en la presente demanda de amparo." Actos cuya existencia se corroboran con las copias certificadas del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PRA/20/2015, instaurado en contra del hoy quejoso del cual derivan los actos reclamados, que la responsable remitió en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado mediante proveído de veintidós de enero pasado (fojas 132 a 250 de autos), documentales que participan de plena eficacia demostrativa de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de dicho ordenamiento, de las cuales se desprenden los siguientes antecedentes:  Por oficio número 832/2015/LALM, de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, la autoridad Director de Contraloría de Sindicatura Municipal del XXI Ayuntamiento de Mexicali, con sede en esta ciudad, solicitó a la responsable Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Mexicali, Baja California, iniciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa al hoy quejoso Urizandi Santiago Ernesto, como agente adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (foja 132).  Por acuerdo de veinticinco de marzo pasado, se solicitó a la Comisión de Honor y Justicia, iniciar el Procedimiento de Responsabilidad administrativa en contra del impetrante del presente juicio de amparo, al existir elementos que constituyen el incumplimiento de una obligación grave (fojas 133 a 135).  Mediante cédula de notificación de dieciocho de mayo de dos mil quince, se hizo del conocimiento personalmente al quejoso Ernesto Urizandi Santiago, el inició del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PRA/20/2015, seguido en su contra, igualmente se le citó a efecto de que compareciera a la celebración de la audiencia de ley en dicho procedimiento (fojas 175 a 177).  La demanda de derechos fundamentales fue presentada hasta el día siete de octubre de dos mil quince. De lo anterior cabe concluir, que el peticionario de amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el dieciocho de mayo de dos mil quince, por lo que los quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para interponer el juicio de amparo concluyeron el nueve de junio de dos mil quince y fue hasta el siete de octubre siguiente que el quejoso presentó la demanda de amparo en este sumario, lo que evidencia que transcurrió con exceso el término fijado por la Ley de Amparo, circunstancia que imposibilita a este Juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto, por haberse consentido el mismo por los agraviados. Sin que pase desapercibido por este Juzgador que no obstante que la quejosa además de reclamar la inconstitucionalidad del artículo 264 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California y la notificación del mismo como su primer acto de aplicación, no se debe desvincular el estudio del primero con el acto de aplicación, que en el presente caso fue la notificación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número PRA/20/2015, que se le inició, mismo que para reclamarlo debió cumplir con los términos establecidos en el párrafo que antecede y al no haberse interpuesto en los plazos requeridos no es posible abordar el estudio de la inconstitucionalidad del precepto descrito, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada en este sumario. Es aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial número 2ª./J 71/2000, visible en la página 235, Tomo XXI, Agosto del 2000, de la Segunda Sala, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 264, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, Baja California, la garantía de audiencia, de defensa y notificación del procedimiento de responsabilidad número CHJ/PRA/20/2015, así como el temor de perder mi trabajo el cual es el sustento de mi familia, y quedar estigmatizado en mi persona y no poder obtener cargos públicos principalmente por las autoridades señaladas como responsables en la presente demanda de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Igualmente, son aplicables a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda" . "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala" . Por tal motivo, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

  3. Principal

    .......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 9:30 HORAS DEL 18 DE FEBRERO DE 2016 PARA SU CELEBRACIÓN................

  4. Principal

    .......SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y EN SU LUGAR SE SEÑALAN LAS 10:30 HORAS DEL 11 DE FEBRERO DE 2016 PARA SU CELEBRACIÓN................

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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