Ernesto Uriel Lira Sánchez
Expediente 648/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 648/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2021
Partes del expediente
- Ernesto Uriel Lira Sánchez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales con relación al punto 8.1.2, en su numeral 4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual desecho la demanda de amparo. Debido a que el quejoso ***se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Coahuila", el cual se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, así como observando las reglas previstas en el diverso General 12/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de este acuerdo, se realice a través de la plataforma denominada CISCO WEBEX MEETINGS; esto previa coordinación con el Centro Penitenciario Federal 18 "CPSCoahuila". Por lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la diligencia antes citada, tomando en consideración lo expuesto en el párrafo que antecede; en la inteligencia que la solicitud para realizar la notificación personal de internos o bien el desahogo de diligencias a través de videoconferencias, deberá ser enviada previamente a los siguientes correos electrónicos: gestión.cps18@sspc.gob.mx o jurídico.cps18@cns.gob.mx y confirmar su recepción al número telefónico 55.51.28.41.00 extensión 19437, así como los diversos aportados durante la secuela procesal de este sumario.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede así como el estado de autos, se advierte que este juzgado Federal mediante oficio 12931/2021, ordenó notificar personalmente al quejoso Ernesto Uriel Lira Suárez, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila", la determinación de quince de julio de la presente anualidad; acusando recibo de la misma el diecinueve siguiente; asimismo, personal del área jurídica del centro penitenciario refirió que conforme a la agenda, la notificación se programó para el siete de septiembre del año en curso, a las dieciocho horas, ello debido a la saturación de dicha plataforma. En ese orden, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de enviar por correo electrónico a saber gestión.cps18@sspc.gob.mx o jurídico.cps18@sspc.gob.mx, y para confirmar su recepción al número telefónico 015551284100 extensión 19437, la comunicación que derive del presente, para que el centro penitenciario federal citado a través de la plataforma denominada CISCO WEBEX MEETINGS, esté en aptitud de poder realizar las gestiones pertinentes a fin de notificar al quejoso Ernesto Uriel Lira Suárez la determinación de quince de julio de dos mil veintiuno, en la fecha programada; y hecho lo anterior, dentro del plazo de tres días, el titular del centro carcelario deberá enviar a este juzgado las determinaciones que llevó a cabo para lograrlo. Con el apercibimiento de que en caso de omisión, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción I, de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintiuno. REGISTRO Vista la demanda de amparo que promueve *** regístrese bajo el número 648/2021-II-B. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que el promovente, reclama de: -Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; -Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito; -Comisionado Nacional de Seguridad; -Director de Seguridad Nacional; -Coordinador del Sistema Penitenciario o cualquiera otra que en su denominación sea conforme a la ley administrativa correspondiente; -Coordinador de Centros Federales; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; -Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano"; -Coordinador de los policías y elementos de Seguridad del CEFERESO Número Uno "Altiplano"; -Coordinador de los policías y elementos de Seguridad del CEFERESO Número Dieciocho "CPS COAHUILA" -El traslado de centro penitenciario ejecutado el cuatro de agosto de dos mil veinte, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" al Centro Penitenciario Federal 18 "CPS-Coahuila". En ese orden, el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; a continuación se analiza la que se actualiza, es decir, la contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, de los cuales se obtiene lo siguiente: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 3) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 4) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas. deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de personas sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 5) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) en caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) en caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 6) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 7) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 8) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 9) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes, además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de la misma a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve en definitiva. Al respecto conviene puntualizar que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos, en lo que interesa, de los indiciados cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa, previo acudir a la vía indirecta con su demanda de amparo, debió agotar primero el mecanismo de control (medio de defensa) que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el juez de control o ejecución, contra el acto materia de la presente instancia constitucional, esto es, la orden de traslado, situación que los amparistas omitieron realizar; ya que incluso, si lo considera y de manera optativa, antes de acudir a esta vía constitucional, puede combatir mediante recurso de apelación los traslados involuntarios de las personas privadas de la libertad, en su carácter de procesadas o sentenciadas, ante el juez de control o de ejecución para que pueda ser sustanciado por el tribunal de alzada. En efecto, ante la latente orden de traslado involuntario que por esta vía reclama el peticionario del amparo, cuenta con un medio de defensa, mediante la incitación de una controversia ante el juez de control o de ejecución, por la que puede hacer patente que está a punto de cambiar sus condiciones de internamiento, entre éstas, el lugar de su reclusión. Máxime que el procedimiento a que se ha hecho referencia, se encuentran colmados los requisitos que prevé el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, para que se actualice dicha causal, a saber: a) El acto de autoridad, se encuentra satisfecho, ya que el acto según aduce el quejoso fue emitido por las autoridades señaladas como responsables de carácter administrativo. Las funciones son de carácter administrativo, por no formar parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito. No pasa desapercibido que señale al Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, como autoridad responsable, pues de la literalidad de la demanda se obtiene que el quejoso manifiesta que el acto reclamado fue emitido sin la participación de autoridad judicial competente. b) La procedencia de un medio ordinario de defensa, previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, también se encuentra satisfecho, toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un mecanismo de control (medio de defensa) ante el juez de control que, incluso, puede ser impugnado mediante el recurso de apelación si así lo desea el quejoso o bien, existiendo la determinación judicial puede, ahora sí, acudir al amparo. c) La igualdad de requisitos para conceder la suspensión, la cual se colma, porque el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que una vez presentado el escrito ante la administración del juzgado de ejecución con el relato de inconformidad, a petición de parte o incluso de oficio si se trata de un caso urgente -como en el caso-, el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión de inmediato ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Por tanto, a consideración del suscrito resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, ya que -como se vio- se encuentran facultados para conocer de las órdenes de traslado, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. **** Sin embargo, dichos criterios fueron adoptados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal (diecisiete de junio de dos mil dieciséis); por tanto, específicamente en lo relativo a la orden de traslado que se emite por autoridad administrativa penitenciaria, sin autorización judicial previa, resulta inaplicables al caso en concreto, pues ahora existe un procedimiento especial a seguir para su emisión, que conduce a estimar diversos parámetros a efecto de impugnar la legalidad de la determinación de traslado, máxime que en el caso al reclamarse una orden de traslado que no se ha ejecutado, se presume que la emisión de la dicha orden es de fecha reciente es decir, con vigencia dentro de la normatividad nacional citada. En similares términos se ha pronunciado la Primera Sala del Tribunal Más Alto de este País, al resolver la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 837/2019, quien estimó al resolver el recurso de queja identificado con el número 36/2020, que los traslados urgentes o excepcionales, ordenados por autoridad administrativa penitenciaria, en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del amparo indirecto, el afectado debe agotar los medios ordinarios de defensa que el propio ordenamiento legal prevé para ese supuesto. Sin que se desatienda que el quejoso reclame golpes y malos tratos, pues el traslado de centro penitenciario ejecutado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno tuvo como consecuencia que se haya realizado con los golpes y malos tratos a que refiere el impetrante, máxime que tampoco refiere que en la actualidad se encuentre incomunicado. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente al directo quejoso, en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. Debido a que el quejoso ****z se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Coahuila", el cual se ubica fuera de la jurisdicción de este juzgado; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, así como observando las reglas previstas en el diverso General 12/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de este acuerdo, se realice a través de la plataforma denominada CISCO WEBEX MEETINGS; esto previa coordinación con el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS-Coahuila". Por lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice la diligencia antes citada, tomando en consideración lo expuesto en el párrafo que antecede; en la inteligencia que la solicitud para realizar la notificación personal de internos o bien el desahogo de diligencias a través de videoconferencias, deberá ser enviada previamente a los siguientes correos electrónicos: gestión.cps18@sspc.gob.mx o jurídico.cps18@cns.gob.mx y confirmar su recepción al número telefónico 55.51.28.41.00 extensión 19437, así como los diversos aportados durante la secuela procesal de este sumario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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