Ernesto Ulises Mena Gutiérrez
Expediente 1397/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1397/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ernesto Ulises Mena Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Ernesto Ulises Mena Gutiérrez; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta ciudad, el disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia del acta mínima de audiencia de revisión de medida cautelar de tres de agosto de dos mil veintidós, que obra en la causa 786/2021, de su índice, el que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1397/2022-5, promovido por ***********, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 16, 17, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en esa misma data por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintitrés siguiente, Ernesto Ulises Mena Gutiérrez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO EL AUTO DE MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA, QUE EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 721/2021-10 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, RESOLVIÓ CONTINUAR PRIVADO DE MI LIBERTAD, SIEMPRE Y CUANDO GARANTICE EL PAGO DE LA CANTIDAD DE $ 1´534,884.08 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 08/100 PESOS MONEDA NACIONAL) PARA ENFRENTAR EL PROCESO EN LIBERTAD, DE FECHA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, pronunciado dentro de la causa Penal N° 786/2021, seguida en mi contra por el delito de PECULADO, cometido supuestamente en agravio del ofendido SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO..." (sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. 2 Director del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 1397/2022-5, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado a la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, así como al Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Al respecto, el tercero interesado Secretaría de Educación del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, fue emplazado mediante oficio 29818/2022, el cual fue recibido el veintinueve de agosto de dos mi veintidós. De igual forma, el diverso tercero interesado Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, fue emplazado mediante oficio 29819/2022, el cual fue recibido el treinta de agosto de dos mi veintidós. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dictada por la juez responsable el tres de agosto de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 786/2021, de su índice, en contra del quejoso Ernesto Ulises Mena Gutiérrez, como probable responsable en la comisión del delito de peculado, en agravio de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tabasco, imponiéndole una garantía económica por la cantidad de $ 1´534,884.08 (un millón quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 08/100 pesos moneda nacional), así como la prohibición para salir del estado de Tabasco, sin autorización judicial. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que anexó el primero de los mencionados a su informe justificado consistente en copia certificada del acta mínima de la audiencia de revisión de medida cautelar de tres de agosto de dos mil veintidós emitida en la causa penal 786/2021, en el que se dejó insubsistente la prisión preventiva justificada impuesta el once de junio de dos mil veintiuno al quejoso Ernesto Ulises Mena Gutiérrez, y en su lugar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria emitida en el diverso juicio de amparo 721/2021-10 del índice de este propio juzgado, impuso en su lugar una garantía económica por la cantidad de 1534,884.08 (un millón quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 08/100 pesos moneda nacional) así como la prohibición para salir del estado de Tabasco, sin autorización judicial, la cual obra glosada en autos, y un disco versátil digital "DVD", el cual contiene registro de audio y video de la referida audiencia, y a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada en su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con la manifestación vertida por la autoridad responsable ordenadora, en consecuencia, se tiene como cierto el acto de ejecución atribuido a esta autoridad ejecutora, pues dentro de sus atribuciones se encuentra la de cumplimentar la orden de mérito. Sirve de apoyo, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ubicada en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO Son inoperantes e infundados los conceptos de violación, por los siguientes motivos. En el primer concepto de violación el quejoso señala que la juez responsable reitera tenerlo privado de su libertad, no obstante que el acto reclamado, fue pronunciado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 721/2021-10 del índice de este juzgado en la cual se determinó dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta el once de junio de dos mil veintiuno, y en su lugar dictar una nueva en la que impusiera medidas cautelares diversa a la prisión preventiva, consistentes en las contenidas en el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho argumento es inoperante. Se dice lo anterior pues la juez responsable siguiendo los lineamientos de la ejecutoria emitida en el diverso juicio de amparo 721/2021-10 del índice de este propio juzgado, dejó insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta el once de junio de dos mi veintiuno, en la causa penal 786/2021 y en su lugar impuso una garantía económica por la cantidad de 1534,884.08 (un millón quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 08/100 pesos moneda nacional) así como la prohibición para salir del estado de Tabasco, sin autorización judicial; por lo cual al no existir motivo legal alguno el imputado quedó en inmediata libertad en la sala de audiencia. Sin embargo, el impetrante parte de una premisa falsa, ya que el hecho de que continúe privado de su libertad, esto es, en relación a la diversa causa penal 1350/2022, según se advierte del informe remitido por el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco visible a foja 31 a 33 de autos. Bajo esas condiciones, contrario a lo afirmado por el quejoso, si éste continúa privado de su libertad, no es por motivos del acto reclamado que aquí se analiza, relativo a la causa penal 786/2021, sino por un diverso proceso penal. Apoya la anterior determinación, tesis IV.3o.A.66 A, ubicada en la página 1769, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN FISCAL. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS INCORRECTAS. Los agravios son inoperantes cuando parten de una hipótesis que resulta incorrecta o falsa, y sustentan su argumento en ella, ya que en tal evento resulta inoficioso su examen por el tribunal revisor, pues aun de ser fundado el argumento, en un aspecto meramente jurídico sostenido con base en la premisa incorrecta, a ningún fin práctico se llegaría con su análisis y calificación, debido a que al partir aquél de una suposición que no resultó cierta, sería ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida; como en el caso en que se alegue que la Sala Fiscal determinó que la resolución administrativa era ilegal por encontrarse indebidamente motivada, para luego expresar argumentos encaminados a evidenciar que al tratarse de un vicio formal dentro del proceso de fiscalización se debió declarar la nulidad para efectos y no lisa y llana al tenor de los numerales que al respecto se citen, y del examen a las constancias de autos se aprecia que la responsable no declaró la nulidad de la resolución administrativa sustentándose en el vicio de formalidad mencionado (indebida motivación), sino con base en una cuestión de fondo, lo que ocasiona que resulte innecesario deliberar sobre la legalidad de la nulidad absoluta decretada, al sustentarse tal argumento de ilegalidad en una premisa que no resultó verdadera." En otro motivo de disenso, el quejoso señala que en la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada, pues viola en su perjuicio la reglas de debido proceso, presunción de inocencia, así como el principio de proporcionalidad, al emitir la resolución reclamada en la fijación de la garantía económica, toda vez que, omitió darle intervención a las partes y sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por una garantía económica, hasta por una cantidad de homologada al monto de la reparación del daño. Asimismo, refiere que el juez al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, debió considerar los argumentos de las partes o la justificación del ministerio Público; sin embargo, decretó dicha medida cautelar sin tomar en cuenta la idoneidad y proporcionalidad, ya que la fiscalía no la solicitó, aunado a que refiere que debió de señalar un plazo razonable para poder exhibirla. Son infundadas sus manifestaciones. En efecto, contrario a lo que señala el quejoso, si bien la Juez responsable emitió su determinación sin darle intervención a las partes, esto es así, porque en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo 721/2021-10 la responsable analizó y resolvió la medida cautelar solicitada con base a lo expuesto por la Fiscalía y conforme a lo ya debatido por las partes en la audiencia inicial, ya que el desahogo de la audiencia que se analiza, fue para que la responsable emitiera su determinación. Asimismo, la Juez responsable emitió su determinación en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues la misma se encuentra fundada, motivada, y congruente, toda vez que, fundó su resolución en los artículos 155, 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen: Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código." De los citados preceptos, se infiere los tipos de medidas cautelares, entre las que se encuentra la exhibición de una garantía económica, asimismo, en la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado, además de que, podrá imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Bajo ese contexto, es inconcuso que la juez responsable cumplió con lo establecido en el artículo 157 del código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que señaló "que la garantía económica por la cantidad de $ 1´534,884.08 un millón quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 08/100 pesos moneda nacional) es proporcional al monto patrimonial al quebranto de la administración pública, para garantizar la presencia el inculpado al proceso, pues ante el riesgo esta podrá hacerse efectiva a favor de la institución ofendida, toda vez que el delito de peculado es de carácter patrimonial y lo que se busca es el resarcimiento, aunado a que la medida decretada es idónea y pertinente ya que le permitiría gozar de su libertad provisional, refirió que la cantidad resulta proporcional al quebranto patrimonial y concedió el término de quince días para su exhibición", por lo que es inconcuso que la juez responsable cumplió con lo establecido en el artículo 157 del código Nacional de Procedimientos De lo antes expuesto, se desprende que contrario a lo que señala el quejoso, de conformidad con el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sala responsable tiene la facultad de imponer una medida cautelar diversa a la solicitada por el ministerio público; y por ende, de fijar la garantía económica que considere es la idónea, siempre y cuando sea una menos lesiva a la ya impuesta, además, justificó las razones de dicha medida, pues como correctamente lo señaló la responsable, la garantía económica impuesta consistente en $ 1´534,884.08 (un millón quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro 08/100 pesos moneda nacional), es menos grave en relación a la que guardaba previo a la revisión de medida cautelar esto es, la prisión preventiva justificada, aunado a que justificó su proporcionalidad, con base en sus datos personales y al delito por el cual fue imputado, por tanto, no introdujo un argumento que no fue motivo de debate en las medidas cautelares, toda vez que, como ya se explicó el citado código nacional, faculta a los jueces de control a imponer una medida diversa a la solicitada, y por tanto, contrario a lo afirmado por el quejoso la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, en la que le dio a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto reclamado, ya que su monto se debe determinar en función de los incentivos que esa garantía puede generar en el inculpado para que efectivamente cumpla con sus obligaciones procesales. Sirve de sustento la tesis orientadora 1a. XLVII/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 946, registro digital 2022452. GARANTÍA ECONÓMICA. FACTORES A CONSIDERAR AL FIJAR SU MONTO. Hechos: En el marco de un proceso penal, el quejoso combatió, vía juicio de amparo indirecto, el aumento del monto previamente fijado para la imposición de la medida cautelar de garantía económica. El aumento se consideró justificado para garantizar la reparación del daño en favor de la víctima. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la providencia precautoria busca proteger a la víctima, mientras que la garantía económica persigue incentivar la comparecencia al proceso y, en última instancia, maximizar las posibilidades de usar la prisión preventiva como medida de ultima ratio. El monto de la garantía económica se debe determinar mediante razonamientos subjetivos, que atiendan a la solvencia y recursos de quien es procesado. Justificación: En términos del artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la garantía económica es una de las múltiples medidas cautelares posibles que, como el resto, busca evitar la obstaculización del proceso, asegurar la comparecencia del inculpado y, en términos generales, que el juicio siga su curso de manera segura y ágil. Su monto se debe determinar en función de los incentivos que esa garantía puede generar en el inculpado para que efectivamente cumpla con sus obligaciones procesales. Éste debe tener una relación directamente proporcional con las cantidades que -según las condiciones económicas de cada persona- constituyan verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad al proceso. Para cuantificar ese monto, el Juez debe realizar un cálculo costo-beneficio basado en las condiciones particulares del procesado; esto, con el objetivo de que le resulte más costoso no comparecer que sí hacerlo. Así, es posible conceptualizar la garantía económica como un mecanismo exclusivamente diseñado para generar incentivos vinculados con la pérdida de bienes o valores monetarios y patrimoniales. Como este mecanismo no guarda relación con la providencia precautoria, ambos pueden coexistir, pues una vez finalizado el proceso, nada libera a la persona condenada de su obligación de reparar ese daño. Ése es un derecho humano no sujeto a condicionamientos." En las relatadas consideraciones, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación en estudio, sin que se advierta queja deficiente que suplir que derive en un beneficio para el quejoso en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede, en la materia de la revisión, es negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva a la autoridad responsable Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, por no haberse reclamado por vicios propios. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RSPECTO EN LA SENTENCIA". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Carmen del Rosario González Cabrera, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del estado de Tabasco, parte tercero interesada, con el cual se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, téngase a la ocursante de cuenta, realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver en definitiva el presente asunto; sin perjuicio de hacer nueva relación de las mismas en la audiencia constitucional respectiva lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite el original del juicio de amparo 478/2016-VII. Acúsese recibo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, se reservó lo conducente respecto del requerimiento del cumplimiento del fallo protector, hasta en tanto fueran devueltos los autos originales del Juicio de Amparo en que se actúa; lo que ya aconteció. Por tanto, en cuanto a la ejecutoria de que se trata, se reitera que el Tribunal Pleno, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio en relación con las porciones normativas precisadas en el séptimo apartado de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa en contra de la fracción III del artículo 380 Bis 5 y del artículo 380 Bis 1 del Código Civil para el Estado de Tabasco, en los términos precisados en el octavo apartado de la presente resolución. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa en contra del tercer párrafo del artículo 380 Bis 3, del segundo párrafo del artículo 380 Bis 5 y del segundo párrafo del artículo 380 Bis 6, en los términos expuestos en el octavo apartado de la presente ejecutoria". En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, remitiendo copia simple de la citada resolución a la autoridad responsable para los efectos que procedan. En virtud de lo voluminoso del cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio, agréguense únicamente los originales que obran en el mismo, toda vez que las constancias que lo integran son copias de las que obran en el principal. En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Tabasco, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en el ámbito de su competencia, cumplan con el fallo protector otorgado a la parte quejosa, cuyos efectos son del tenor siguiente: ". 79. En segundo lugar, se declara la invalidez de las siguientes porciones normativas: "la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero", contenida en el artículo 380 Bis 1. "La mujer contratante (.) que posee una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero", contenida en la primera parte de la fracción III del artículo 380 Bis 5. "(.) y que cuenta entre veinticinco y cuarenta años de edad", contenida en la última parte de la fracción III del artículo 380 Bis 5. 80. En tal virtud, y como parte de los efectos propios de la concesión de un amparo contra leyes, se vincula a todas las autoridades del Estado de Tabasco a tomar en consideración la inconstitucionalidad de las porciones normativas declaradas inválidas, por lo cual no podrán ser utilizadas en contra de la parte quejosa para negar beneficios o establecer cargas relacionadas con tales aspectos con el fin de estar en posibilidad de acceder al contrato de gestación subrogada o por sustitución." Dentro del lapso otorgado, informe a este juzgado sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias relativas por duplicado para correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa. En el entendido, que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le aplicará multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los numerales 192, 193, 195, 197 y 258 del aludido ordenamiento jurídico. Asimismo, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales, por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
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