Ernesto Tenjay Maya
Expediente 1055/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Tenjay Maya
- Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informando el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que quedó sin materia el incidente en revisión 503/2023; de lo que se adquiere conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del nueve de octubre del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien conoce del recurso de revisión incidental interpuesto por la parte quejosa, con el número 503/2023, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el lunes dieciséis, martes diecisiete, miércoles dieciocho, jueves diecinueve, viernes veinte, lunes veintitrés, martes veinticuatro, miércoles veinticinco, jueves veintiséis y el viernes veintisiete, todos del mes de octubre de dos mil veintitrés, se declararon inhábiles por causas de fuerza mayor en términos del artículo 9, fracciones XIII y XIV, así como del diverso numeral 10, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por lo que no transcurren términos judiciales en los citados días. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, dígasele al perito **********, que se le requiere que con el material probatorio que obra en autos, emita su dictamen de la prueba pericial en agrimesura y topografía, que le fue solicitada con el efecto de que determine: - Si el inmueble que defiende la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro del **********. Por tanto, requiérase al perito en materia de topografía ********** para que en el término de diez días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este órgano su dictamen pericial correspondiente; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la legislación de amparo. Por tanto, envíese oficio al licenciado Magdaleno Inocencio Ordoñez Campos, Jefe de Peritos Diversos de la Coordinación General de Servicios Periciales en la Ciudad de Toluca, para que le corra traslado al perito en materia de topografía ********** del presente acuerdo y éste se encuentre en aptitud de poder emitir su dictamen correspondiente. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el diecisiete de los cursantes y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de noviembre del dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la autoridad responsable, toda vez que dicha circunstancia no les irroga perjuicio alguno. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 1055/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, México. II. Previo desahogo de prevención y su ratificación, mediante proveído del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, misma que registró bajo el expediente 1055/2023-I; solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad administrativa que emitió el acto reclamado tienen su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hace consistir en: La emisión del acuerdo de inicio de procedimiento administrativo del seis de junio de dos mil veintitrés en el expediente administrativo ********************. Tercero. La Comisión de Honor y Justicia de Naucalpan de Juárez, Estado de México, fue omisa en rendir su informe de ley, por tanto se presume cierto el acto reclamado. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió la encargada de despacho de la presidencia de la Comisión de Honor y de Justicia responsable mediante oficio con registro 13218. Cuarto. Al no advertir alguna causa de improcedencia que deba atenderse de oficio o hecha valer por las partes, se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad de la parte quejosa. Previo análisis de los conceptos de violación, se advierte que la accionante alega, en esencia, lo siguiente: El acuerdo reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que carece de una debida fundamentación y motivación, dado que no existe congruencia entre los hechos que le atribuye la autoridad responsable y las pruebas con las que pretende acreditar la imputación. Así lo estima, bajo el argumento de que solo existe copia certificada del oficio ********************, de tres de febrero de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora Médico del Hospital Regional Tlalnepantla Turno Matutino, mediante el cual informó que el certificado de incapacidad número ********************, expedido en favor del quejoso, "no es válido", siendo que dicha autoridad únicamente cita el referido oficio sin que el quejoso conozca su contenido completo y exacto. De igual forma, manifiesta que, a través del aludido oficio, se comunicó que no obra registro del certificado de incapacidad en el expediente clínico del quejoso, pero tal información no se encuentra en el propio acto administrativo si no en documento diverso que se menciona de manera genérica, sin que el actor tenga posibilidad de conocer el contenido completo y exacto al momento de recibir el acuerdo de inicio de procedimiento y el citatorio de garantía de audiencia del once de julio de dos mil veintitrés. Que los preceptos en los que se apoyó la responsable no contemplan ninguna conducta típica-antijurídica y el incumplimiento de dichas normas se traduce en una determinación que supone de manera anticipada la sanción que se le pondrá consistente en la "separación", ello es así, toda vez que invocó la jurisprudencia (IV Región)1o. J/10 (10a.) de rubro: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE INCUMPLIERON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA O SE INCURRIÓ EN ALGUNA INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN VALORARSE DESDE EL ACUERDO DE INICIO Y NO HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA". Que la autoridad transgrede el principio de tipicidad ya que amplía lo establecido en el precepto 100, B, fracción I, inciso o) de la Ley de Seguridad del Estado de México, toda vez que la obligación de "abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona, fuera del servicio", nada tiene que ver con una obligación de disciplina, el aprecio de sí mismo, los buenos modales, la puntualidad o el rechazo de vicios, exactitud de obediencia, aspectos que son atribuidos y que no son regulados en la norma invocada. Que la autoridad omitió en señalar la forma en la que desacredite mi persona así como la imagen de la institución (Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura Municipal). Los anteriores argumentos del quejoso, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, son infundados. Para exponer las razones que sustentan tal aserto, es necesario traer a colación el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Dicho precepto establece las garantías de legalidad y seguridad jurídica como elementos fundamentales que debe cumplir todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera jurídica de los gobernados, lo cual genera la obligación ineludible de expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación) y señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para dictarlo (motivación), siendo necesario, además, que exista adecuación entre las razones aducidas y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Al caso se transcribe, por las razones que informa, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 30, Tercera Parte, Materias Constitucional, Común, Séptima Época, que es del tenor siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." Ahora, tratándose del procedimiento administrativo de separación, como el que acontece en el asunto de origen, la fundamentación y motivación del auto de inicio es de vital importancia, porque debe informarse con precisión al interesado la acusación que se le dirige, esto es, especificar los hechos, causas y condiciones que dan lugar a la imputación formulada en su contra, a fin de que esté en aptitud de alegar y probar, toda vez que, al saber con precisión en qué consisten tales datos, podrá negar, reconocer o refutar los hechos y, a partir de ello, aportar las pruebas que estime conducentes. Escenario que, no se omite señalar, guarda estrecha relación con el contenido del artículo 14 de la Constitución Federal, cuyo segundo párrafo establece, como condición esencial para que una persona pueda ser privada de sus derechos, la existencia de un juicio previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Bajo este contexto, toda vez que se reclama el acuerdo del seis de junio de dos mil veintitrés, relativo al inicio del procedimiento administrativo seguido en contra del quejoso por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan de Juárez, Estado de México, debe precisarse que dicho órgano colegiado, en términos de lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Seguridad del Estado de México, es competente para conocer de las responsabilidades administrativas en que incurran los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y tránsito municipal, pues cuenta con las atribuciones de investigar, substanciar y resolver, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se determine cualquier forma de terminación del servicio cuando incumplan: i) Con los requisitos de permanencia que establece la Ley de Seguridad del Estado de México y demás disposiciones aplicables; ii) Con las obligaciones establecidas en los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y, iii) Con el régimen disciplinario establecido en la precitada ley. En tal sentido, se concluye que la autoridad responsable es legalmente competente para sustanciar y resolver el procedimiento administrativo identificado con el número de expediente ********************, instruido en contra del aquí quejoso, pues ocupa el cargo de policía adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan de Juárez, Estado de México, habida cuenta que dicha autoridad, en el acuerdo de inicio del procedimiento de seis de junio de dos mil veintitrés, citó los preceptos legales que justifican su competencia. Ahora bien, los artículos 163, 164 y 166 de la Ley de Seguridad del Estado de México, disponen lo siguiente: "Artículo 163. Cuando un integrante de las instituciones de seguridad pública incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario establecido en este ordenamiento, la Unidad de Asuntos Internos integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia.." "Artículo 164. La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente." "Artículo 166. De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo." Como se advierte de los citados numerales, el superior inmediato del elemento policial que incumpla, entre otros supuestos, con el régimen disciplinario establecido en la propia legislación, integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia, autoridad que abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia, o no, de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, mismo que, de ser procedente, será identificado con un número progresivo e incluirá el año en que se inicia. Ahora, es cierto que dichos preceptos no imponen la obligación a la autoridad de realizar un análisis previo de la cuestión planteada, o bien, de los documentos que integran el expediente del elemento policial; sin embargo, con independencia de que en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo no se debe prejuzgar sobre la conducta imputada al presunto infractor, debe reiterarse que el artículo 16 de la Constitución Federal exige que todo acto o mandamiento de autoridad debe estar debidamente motivado y fundado, lo que se traduce, en el caso concreto, en la obligación de realizar un análisis preliminar de las constancias para determinar si la conducta atribuida al servidor público encuadra en las hipótesis normativas en que se sustenta dicho auto inicial, cuestiones que deberán expresarse en el mismo con el objeto de satisfacer las exigencias antes señaladas. En efecto, si bien la valoración del material probatorio es un acto propio de la resolución con la cual concluyen ese tipo de procedimientos administrativos, lo cierto es que deben expresarse los razonamientos que permitan dar a conocer la esencia de todas las circunstancias y condiciones que sustentan el auto de inicio correspondiente, máxime que será lo que permita al elemento policial conocer los hechos que determinaron el probable incumplimiento en el que incurrió y, en consecuencia, tener acceso a una real y auténtica defensa durante el procedimiento de separación. Además, de acuerdo con los artículos 163 y 164 de la Ley de Seguridad del Estado de México previamente transcritos, la Comisión de Honor y Justicia deberá abrir un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia, o no, de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente, lo que implica que, si decide iniciarlo, tal determinación deberá estar sustentada en el examen del resultado de la investigación, lo cual incluye los elementos de convicción integrados al expediente. Expuesto lo anterior, al imponerse del contenido del auto que ordenó el inicio del procedimiento administrativo reclamado, se advierte que la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan de Juárez, Estado de México, precisó el objeto y alcance de tal actuación con base en la imputación que se formuló al hoy quejoso, misma que, en el caso concreto, consiste en lo siguiente: "II. IMPUTACIÓN. Esta se hace consistir en el probable incumplimiento de sus obligaciones y al deber de disciplina que como integrante de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura tenía obligación de cumplir, consistente en que la C. ********************, desacreditó su persona fuera del servicio, al presentar a la otrora Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal el supuesto certificado de incapacidad con folio ******************** con fecha de expedición 03 tres de diciembre de 2020 dos mil veinte, supuestamente emitido por el Hospital Regional Tlalnepantla, por VEINTIOCHO días del periodo comprendido del 03 tres de diciembre de 2020 dos mil veinte, del que se informó a través del oficio número ********************, de fecha 03 tres del mes de febrero del 2021 dos mil veintiuno, suscrito por la Subdirectora Médico del Hospital Regional Tlalnepantla Turno Matutino, que el supuesto certificado de incapacidad expedido a favor del C. ******************** "NO ES VÁLIDO", toda vez que el certificado de incapacidad no se encuentra respaldado en el expediente clínico del servidor público y el sello no corresponde a esta unidad médica, por lo que con lo anterior faltó notoriamente a los principios que rigen a las Instituciones de Seguridad." Como se aprecia de lo anterior, la autoridad responsable expresó los motivos por los cuales el accionante probablemente incumplió con los deberes de disciplina que le son propios como policía adscrito a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, concretamente debido a que, el tres de diciembre de dos mil veinte, presentó el certificado de incapacidad por catorce días identificado con el folio ********************, expedido en esa misma data al parecer por el Hospital Regional Tlalnepantla; sin embargo, de acuerdo con lo informado a través del oficio ********************, de tres de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por la Subdirectora Médico del Hospital Regional Tlalnepantla Turno Matutino, dicho certificado carece de validez, toda vez que, por un lado, no está respaldado en el expediente clínico del servidor público y, por otro, el sello que contiene no corresponde a la citada unidad médica. Concordante con ello, se destaca que la responsable, en el acuerdo reclamado, transcribió en su integridad los preceptos que estimó fueron infringidos a raíz de la conducta imputada al quejoso, esto es, el artículo 100, Apartado B, fracción I, inciso o), de la Ley de Seguridad del Estado de México, y el diverso 34, fracción XXVII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Administración Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Acto seguido, se describieron los medios de prueba recabados en el periodo de información previa, a saber: 1. Original del oficio con clave identificativo ********************del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Director de Administración y Finanzas. 2. Copia certificada del certificado de incapacidad número ******************** expedido a favor de ********************. 3. Copia certificada del oficio con clave identificativo ********************del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Director de Administración y Finanzas. 4. Copia certificada del oficio con clave identificativo ********************del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el entonces Director de Administración y Finanzas. 5. Copia certificada del oficio con clave identificativo ********************del doce de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Judiciales de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género. 6. Copia certificada del oficio ********************del tres de febrero de dos mil veintiuno, signado por la Subdirectora Médico el Hospital Regional Tlalnepantla Turno Matutino. 7. Original oficio con clave identificativo ********************del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, signado por el Subdirector de Administración de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, mediante el cual remitió la ficha técnica con datos personales y laborales del aquí quejoso. En esos términos, se advierte que la Comisión de Honor responsable, una vez valorados los medios de convicción antes insertos, concluyó que eran aptos y suficientes para iniciar el procedimiento administrativo en contra del quejoso, dado que todas las documentales, con excepción de la descrita en el punto número dos, constituían documentos públicos de conformidad con lo que establece el artículo 57 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; en tanto que, el certificado de incapacidad número ********************, era un documento privado, al tenor de lo dispuesto por el numeral 58 del propio código. Derivado de ello, se ordenó notificar personalmente al accionante para que compareciera a la audiencia correspondiente, a efecto de otorgarle el derecho de conocer y desvirtuar la irregularidad que se le imputa; lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por los numerales 167, 168 y 169 de la Ley de Seguridad del Estado de México. Bajo este panorama, es válido concluir, opuesto a lo argumentado en los conceptos de violación, que en el auto relativo al inicio del procedimiento administrativo ordenado el seis de junio de dos mil veintitrés, sí se expresaron las razones particulares y los preceptos jurídicos en que se sustenta tal determinación, además de que existe adecuación entre los motivos expuestos y las normas aplicables, razón por la cual el acto reclamado cumple con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que está debidamente fundado y motivado. Por consiguiente, está en aptitud de emprender una adecuada defensa en el procedimiento de origen, toda vez que, al tenor de lo antes expuesto, se colige que tiene pleno conocimiento no solo de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imputación formulada en su contra, sino también de las disposiciones que se estimó infringió con su conducta y las pruebas que justificaron el inicio del procedimiento administrativo. De igual forma, lo alegado por el promovente, en el sentido de que solo existe copia certificada del oficio ********************, de tres de febrero de dos mil veintiuno, es infundado, pues, como se dijo, la autoridad responsable valoró todo el cúmulo probatorio, mismo que estimó apto y suficiente para iniciar el procedimiento administrativo en su contra, habida cuenta de que se destacó el alcance y valor probatorio de las documentales públicas y la diversa de carácter privado. Concordante con lo anterior, es importante señalar que corresponde a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México, justipreciar los argumentos y las pruebas que, en su caso, ofrezca el quejoso en el procedimiento administrativo, tendentes a desvirtuar la imputación que se le formuló por auto del seis de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al asunto de origen. De ahí que lo argumentado en los conceptos de violación, en el sentido de que el oficio ********************, de tres de febrero de dos mil veintiuno, no está apoyado con algún otro documento idóneo, deberá ser expuesto, en todo caso, ante la autoridad responsable, quien abordará el análisis de todo el material probatorio que existe en el expediente, en comunión con las pruebas que exhiba el inconforme para desvirtuar las conclusiones señaladas en el citado oficio, mismas que este juzgado federal, no se omite precisar, considera que son claras y precisas. Se afirma lo anterior, porque, en el citado comunicado, se reportó que el certificado de incapacidad número ********************, "no se encuentra respaldado en el expediente clínico del servidor público, el sello no corresponde a esta unidad médica"; siendo que dicho documento al parecer fue expedido por el personal que labora en el Hospital Regional Tlalnepantla, Estado de México, y resulta que la Subdirectora Médico del propio instituto, Turno Matutino, informó que el certificado de incapacidad carece de validez por las razones antes expuestas. Por otra parte, también son infundados los conceptos de violación, en que se hizo valer que la autoridad sancionadora no encuadró la conducta a los preceptos que se invocaron en el acuerdo de inicio. Ello es así, toda vez que la autoridad responsable citó como fundamento para su determinación los artículos 100, apartado B, fracción I, y 182 de la Ley de Seguridad del Estado de México; y 34, fracción XXVII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Administración Municipal de Naucalpan de Juárez, México. Además, observó que como motivación, entre otras cosas, la autoridad sancionadora sostuvo que contaba con elementos suficientes para acreditar de manera presuntiva que la elemento sujeta a procedimiento, incurrió en la conducta prevista en los artículos citados, por lo que era procedente dar inicio al procedimiento administrativo de referencia; sin que fuera óbice, la cita de otros artículos, porque fueron para fundar y motivar presupuestos procesales. Se insiste, contrario a lo que pretende sostener el quejoso, en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo la autoridad responsable sí hace referencia a las razones por las que se considera que no se condujo con dedicación y disciplina, ya que no observó los principios que rigen el actuar de las instituciones de seguridad pública como lo son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona. De ahí que tampoco el acto reclamado viole el principio de presunción de inocencia consagrado a su favor, pues el acto no prejuzga sobre la responsabilidad del quejoso, sino que la autoridad responsable solo decretó el inicio del citado procedimiento de responsabilidad y será durante la sustanciación de éste, que el agraviado estará en posibilidad de ofrecer pruebas para desestimar los hechos que se le atribuyen. Sirve de apoyo -por identidad de razón- la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2014800, materia Penal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". (lo resaltado es propio) En ese orden de ideas, toda vez que los motivos de disenso expresados por el quejoso son infundados, aun suplidos en su deficiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, en contra del acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, relativo al inicio del procedimiento administrativo seguido en su contra, por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por lo expuesto y fundado se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado a la autoridad precisada en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y por lista electrónica a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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