Ernesto Subias Gasca
Expediente 1021/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 61 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 27/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Subias Gasca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, levantada por el actuario judicial de la adscripción de la que se aprecia que no le fue posible entregar el oficio número 2406/2017, a la consignación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en esta ciudad, a fin de notificarle el proveído de veintiuno del mes y año en curso, en que este Juzgado Federal se pronunció en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Ello, toda vez que en lo que aquí importa, se constituyó en las oficinas de dicha dependencia, lugar donde se localizan las oficinas de la Subprocuraduría General de Justicia, donde fue atendido por ***, secretaria de dicha oficina a quien le hizo saber el motivo de su presencia, quien se negó a recibir dicho oficio, argumentando que no existe la mencionada responsable, siendo la denominación correcta Subprocuraduría General de Justicia Región "C", de esta ciudad. Motivo por el cual, a fin de culminar con este juicio de amparo y en obvio de mayores dilaciones, con transcripción del citado proveído de veintiuno de febrero del año en curso, envíese a la autoridad señalada como Subprocuraduría General de Justicia Región "C", de esta ciudad, que literalmente dice: ".CELAYA, GUANAJUATO, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de ocho de febrero del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: ".Capítulo Específico de la Concesión del amparo. Por lo anterior, es de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ***, para el efecto de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación de Robo de Vehículos en el Estado, con sede en Celaya, deje insubsistente los aseguramientos decretados en la diligencia de cateo de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, indebidamente ejecutada en un inmueble distinto al en que debía diligenciarse, específicamente, respecto de lo siguiente; - Inmueble ubicado a un costado de *** de la ciudad de Villagrán, Guanajuato; y - ***, Modelo 1973. Bienes respecto de los cuales el quejoso ***, acreditó le pertenecen en lo personal. Concesión del amparo que debe hacerse extensiva para que se levante el aseguramiento respecto de los siguientes bienes: - Generador de energía eléctrica con Cap. De 8 amp. Con cubierta metálica y montado en un eje con enganche de seguridad; - Motobomba Autocebante Marca Honda, Serie ***; y - Tanque *** lts. Bienes cuya disposición inmediata acreditó tener Ernesto Subias Gasca, como Gerente de la persona moral Villagrán Produce, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada; y Deberá de la misma forma levantarse el aseguramiento del hidrocarburo Diesel encontrado en los contenedores fedatados en la diligencia de cateo, cuya propiedad y disposición inmediata acreditó ***, bien por sí y como Gerente de la persona moral Villagrán Produce, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada. Consecuencia de levantar el aseguramiento respecto del automotor, objetos, bienes e hidrocarburo indicado, deberán ser devueltos al quejoso Ernesto Subias Gasca, con lo que quedaría cumplida la sentencia de amparo." Por resolución emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Decimosexto Circuito, el veinticuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, en el Amparo en Revisión Penal número 494/2016, se confirmó la sentencia de cuatro de mayo del año próximo pasado, dictada por este Juzgado Federal. Siguiendo los lineamientos establecidos, previo requerimiento para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficios registrados en la Oficialía de Partes con los folios números 38 y 997, firmados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General Especializada en Investigación de Robo y Recuperación de Vehículos en el Estado, con sede en esta ciudad, al primero, adjuntó entre otro, copia certificada del oficio número 11/2017, de cuatro de enero de dos mil diecisiete, en el que ordena la liberación de los bienes materia de la concesión de amparo, así como el levantamiento del aseguramiento del bien inmueble materia de la presente Litis, asegurado dentro de la carpeta de investigación número 50821/2015, de su índice y al segundo, copia certificada de la diligencia de ejecución de cumplimiento de sentencia y entrega de bienes faltantes ahí descritos realizada el tres del mes y año que transcurre, de la que se advierte la firma de conformidad del licenciado Leopoldo Gasca Guerrero, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se cuenta con que en el proveído inmediato anterior a esta resolución, se agregó el escrito del autorizado del quejoso del que se desprende que expone haber recibido los bienes incautados. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Glósese al expediente el cuaderno original del incidente de suspensión, el que será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que del mismo se desprende que fue negada la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la organización de Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser DESTRUIDO, en el plazo de seis meses. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Por último, al resultar innecesaria la retención de la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda y la que obra por separado; con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al efecto, vierte diversas manifestaciones relativas a actuaciones practicadas en el expediente de origen en cuanto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable vinculada para ello, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General Especializada en Investigación de Robo y Recuperación de Vehículos en el Estado, residente en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria emitida. Por tanto, con el oficio que se recibe y anexo; con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo; dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, hecho lo cual, este órgano se pronunciara al respecto.
- Principal
Téngase recibido el escrito firmado por el quejoso ***, a través del cual exhibe el acta número 1,403, que contiene la fe de hechos realizada por el corredor público número 4, de esta ciudad, donde hace constar la diligencia practicada por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de esta ciudad, donde solamente refiere se le hace entrega de lo ahí descrito, y virtud de ello, solicita se requiera a dicha responsable cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo, documental que se ordena agregar al sumario para que obre como corresponda. En otro orden, glósese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de esta ciudad, al que adjunta copia certificada de la diligencia de treinta y uno de enero pasado, donde se realizó la entrega de algunos bienes al aquí quejoso, no así del camión asegurado en dicha indagatoria, motivo por el cual, acordó una prórroga de tres días con el aquí quejoso, para la entrega de dicho bien; por tanto, téngasele informando las gestiones pertinentes. Por tanto, apreciándose de lo manifestado por ambas partes, se tiene que a la fecha el Agente responsable no ha dado cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación de Robo de Vehículos en el Estado, con sede en Celaya, para que una vez que fenezca el término señalado informe que ha dado cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo y confirmada por el Tribunal de Alzada, remitiendo constancias que así lo acrediten, apercibiéndole que de ser caso omiso, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de diciembre del dos mil dieciséis.
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