Ernesto Seidl Moreno

Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 37 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
700/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Seidl Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa alegara el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias: A) La discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico su artículo 387. De la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla: B) El acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (páginas 70 a 80 del anexo remitido con el informe justificado de la juez responsable), dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil ********************, en la parte en la que se fijó al quejoso la exhibición de $********************(********************), para garantizar los daños y perjuicios que la providencia precautoria decretada en dicho proveído pudiera causar a la parte contraria. Este último acuerdo se reclama como primer acto de aplicación de la norma impugnada. Por resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintidós, por una parte, se sobreseyó en presente juicio de amparo; y por otra parte, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa , contra los actos de la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para el efecto siguiente: "En tales condiciones, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla: 1. Deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil ********************, únicamente en la parte en la que se fijó al quejoso la exhibición de $********************(********************), para garantizar los daños y perjuicios que la providencia precautoria decretada en dicho proveído pudiera causar a la parte contraria. 2. Dicte un nuevo proveído en el que: a) Para fijar dicha garantía, se abstenga de tomar en consideración la cantidad máxima que pagaba el hoy quejoso por el servicio de energía eléctrica y en su lugar, se base en la definición y cuantificación que la ley y la jurisprudencia contemplan como daños y perjuicios. b) Al fijar el tiempo que considere que dure el juicio oral mercantil de origen, exprese la motivación correspondiente" En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas, el veintidós de diciembre de dos mil veintidós, la sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento respetivo a la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Posteriormente, el secretario del juzgado Primero de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante oficio 102/2023, recibido en la oficialía de este Juzgado el doce de enero de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del auto dictado el diez de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del Juicio Oral Mercantil ********************-III, del que se desprende que dejó insubsistente la medida cautelar decretada mediante auto treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; fijó al aquí quejoso la cantidad a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que la acreedora pudiera sufrir con motivo de la tramitación del presente juicio estableciendo la temporalidad que considera que durará el juicio oral mercantil de origen, expresando la motivación correspondiente (fojas 280 a 281). Por lo anterior, el doce de enero del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE JUICIO, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Provéase lo conducente en el incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, para efectos de estadísticos de existencia de este órgano jurisdiccional, se precisa la siguiente información en torno al cumplimiento del fallo amparador dictado en el presente juicio constitucional:

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 700/2022 del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido; por tanto, se provee: DEPURACIÓN ORIGINAL En otro tenor, se hace la indicación que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso a, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso por una parte se negó la suspensión provisional; y por otra parte se concedió y negó la suspensión definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones DESTRUCCIÓN DUPLICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".

  3. Principal

    Agréguese a los autos el Secretario del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al fallo protector, informa que ha dejado insubsistente la medida cautelar decretada mediante auto treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; fijó al aquí quejoso, cantidad a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que la acreedora pudiera sufrir con motivo de la tramitación del presente juicio; estableciendo así también, la temporalidad que considera que durara el juicio oral mercantil de origen y remite lo siguiente: "Auto de diez de enero de dos mil veintitrés, dictado dentro del Juicio Oral Mercantil 321/2022-III del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla". En tales condiciones, tomando en consideración que los efectos del juicio de amparo, fueron los siguientes: "1. Deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil 321/2022, únicamente en la parte en la que se fijó al quejoso la exhibición de $15,591 (quince mil noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los daños y perjuicios que la providencia precautoria decretada en dicho proveído pudiera causar a la parte contraria. 2. Dicte un nuevo proveído en el que: a) Para fijar dicha garantía, se abstenga de tomar en consideración la cantidad máxima que pagaba el hoy quejoso por el servicio de energía eléctrica y en su lugar, se base en la definición y cuantificación que la ley y la jurisprudencia contemplan como daños y perjuicios. b) Al fijar el tiempo que considere que dure el juicio oral mercantil de origen, exprese la motivación correspondiente." Y, dado que, la autoridad responsable dejo insubsistente el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mismo que se dictó dentro del juicio de origen, fijando en ello una cantidad a fin de garantizar los daños y perjuicios que pudiera recaer en la parte acreedora, tomando en consideración la definición y cuantificación que la ley y jurisprudencia establecen; para que finalmente tomara en consideración el tiempo que durara el juicio oral mercantil de origen; en tales condiciones, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de cuenta por el término de tres días, para que se impongan de su contenido y, en su caso, manifiesten lo que a su interés convenga respecto de lo informado por parte de la autoridad responsable; apercíbase a la parte quejosa que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se dictará la resolución que en derecho corresponda, acorde a lo establecido en el citado precepto legal. Finalmente, la autoridad responsable, realiza diversas manifestaciones, mediante las cuales tiene informando que en proveído diez de octubre de dos mil veintidós, tuvo por desistido al actor, aquí quejoso, en su perjuicio de la ejecución de la sentencia definitiva dicta en sus autos, ordenando el archivo como asunto concluido, de lo cual esta autoridad federal toma nota para los efectos legales a los que haya lugar.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se declara que dicha sentencia que niega y ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán: "1. Deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil 321/2022, únicamente en la parte en la que se fijó al quejoso la exhibición de $15,591 (quince mil noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los daños y perjuicios que la providencia precautoria decretada en dicho proveído pudiera causar a la parte contraria. 2. Dicte un nuevo proveído en el que: a) Para fijar dicha garantía, se abstenga de tomar en consideración la cantidad máxima que pagaba el hoy quejoso por el servicio de energía eléctrica y en su lugar, se base en la definición y cuantificación que la ley y la jurisprudencia contemplan como daños y perjuicios. b) Al fijar el tiempo que considere que dure el juicio oral mercantil de origen, exprese la motivación correspondiente." Con el apercibimiento que, de no hacerlo, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa. Asimismo, se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo. Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que la Jueza Primera de Distrito en Materia Mercantil, Especializada en Juicios de Cuantía Menor, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones.

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