Ernesto Santiago García
Expediente 98/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ernesto Santiago García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto dictado el veintisiete de febrero del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, se establece que el presente juicio de susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó un acuerdo que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto se establece como fecha probable de depuración el veintisiete de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste a la anterior determinación la circunstancia de que no obre la totalidad de los acuses de recibo dirigidos a las autoridades responsables foráneas en el presente asunto, en virtud que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades carecen de legitimación para recurrir el auto que sobreseyó este asunto. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/02/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexo que acompaña. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, al remitir copia certificada del oficio 247/2023 y la notificación de libertad practicada al quejoso Ernesto Santiago García, que obran en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8/507/2023. Atento a lo anterior, en relación con los actos aquí reclamados, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Como podemos ver, del numeral transcrito se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente), estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se advierte que el diez de febrero del año en curso, dejó en libertad con las reservas de ley, a Ernesto Santiago García, en términos del numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que de los antecedentes de la investigación recabados dentro del término constitucional, no se desprendieron datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Medios de prueba a los que se les conceden pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Respalda lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Determinación que mediante oficio 247/2023, signado por el citado fiscal hizo del conocimiento al Delegado Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, para que realizara las gestiones necesarias y acatar su debido cumplimiento, toda vez que en las oficinas que ocupa esta última se encontraba interno el quejoso. Ahora bien, con base en lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto de la incomunicación del aquí quejoso, toda vez que el diez de febrero del año en curso, mediante acuerdo dictado en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8°/507/2023, se dejó en inmediata libertad al quejoso Ernesto Santiago García, al no contar con datos de prueba que establecieran la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior, en virtud de que la situación jurídica que dio origen al presente sumario de amparo, así como sus consecuencias, dejaron de producir sus efectos de modo incondicional e inmediato, de tal manera que con la emisión de la determinación de libertad, se restituyó al solicitante de amparo en el goce de sus derechos violados, restableciéndose la situación que se tenía antes del acto que le dio origen, al haber dictado la libertad con las reservas de ley del quejoso de mérito Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo -nueve de febrero de dos mil veintitrés-, es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que al haberse dictado acuerdo de libertad el diez de febrero siguiente, en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8°/507/2023, cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, que versa: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada del Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, visible a página 71, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, que refiere: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridades aquí precisados. El sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexo que acompaña. En atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de febrero del año en curso, al remitir copia certificada del oficio 247/2023 y la notificación de libertad practicada al quejoso Ernesto Santiago García, que obran en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8/507/2023. Atento a lo anterior, en relación con los actos aquí reclamados, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Como podemos ver, del numeral transcrito se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 al analizar la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto corresponde a la actual XXI del arábigo 61 de la norma vigente), estableció que su actualización requiere no solo que la autoridad revoque o deje insubsistente el acto reclamado, sino además, que todos sus efectos desaparezcan o se destruyan en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se advierte que el diez de febrero del año en curso, dejó en libertad con las reservas de ley, a Ernesto Santiago García, en términos del numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que de los antecedentes de la investigación recabados dentro del término constitucional, no se desprendieron datos de prueba que establezcan la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Medios de prueba a los que se les conceden pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Respalda lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Determinación que mediante oficio 247/2023, signado por el citado fiscal hizo del conocimiento al Delegado Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, para que realizara las gestiones necesarias y acatar su debido cumplimiento, toda vez que en las oficinas que ocupa esta última se encontraba interno el quejoso. Ahora bien, con base en lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo respecto de la incomunicación del aquí quejoso, toda vez que el diez de febrero del año en curso, mediante acuerdo dictado en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8°/507/2023, se dejó en inmediata libertad al quejoso Ernesto Santiago García, al no contar con datos de prueba que establecieran la probabilidad de que el imputado cometió o participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Lo anterior, en virtud de que la situación jurídica que dio origen al presente sumario de amparo, así como sus consecuencias, dejaron de producir sus efectos de modo incondicional e inmediato, de tal manera que con la emisión de la determinación de libertad, se restituyó al solicitante de amparo en el goce de sus derechos violados, restableciéndose la situación que se tenía antes del acto que le dio origen, al haber dictado la libertad con las reservas de ley del quejoso de mérito Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo -nueve de febrero de dos mil veintitrés-, es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que al haberse dictado acuerdo de libertad el diez de febrero siguiente, en la carpeta de investigación VER/DXVII/F8°/507/2023, cesaron los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, que versa: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada del Pleno de nuestro Alto Tribunal del País, visible a página 71, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1997, Materia Común, Novena Época, registro 197367, que refiere: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto y autoridades aquí precisados. El sobreseimiento se hace extensivo a las autoridades ejecutoras al no haberse reclamado por vicios propios. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios signados respectivamente por el Delegado Regional, Coordinador de Unidad de Detectives y el Coordinador de División de Detectives, todos adscritos a la Policía Ministerial Zona Centro - Veracruz, Veracruz, con los cuales rinden su informe justificado; por lo que, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, téngase como pruebas de dichas responsables, las documentales que adjuntaron a los informes de cuenta, lo que será tomado en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia. Por otra parte, es de destacarse que de los informes de cuenta, las autoridades responsables señalaron que el diez de febrero de la presente anualidad, mediante el oficio número 247/2023, recibieron la boleta de libertad signada por el licenciado ********************, Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, donde ordenó la libertad del quejoso ********************. En ese tenor, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal Octavo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XVII en Veracruz, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la boleta donde ordenó la libertad del quejoso ********************. Con el apercibimiento que de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese.
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