Ernesto Sánchez Cortés
Expediente 1162/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1162/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Sánchez Cortés
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Puebla, Puebla, tres de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por , por derecho propio, contra los actos del FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA INCIDENCIA, MTRO. ALEJANDRO MENDOZA LÓPEZ y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULOS, LIC. JULIO MARCELINO SILVA FLORES. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1162/2021. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, ante todo debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, del análisis integral de las constancias de la demanda que nos ocupa se advierte que la parte quejosa reclama: "a).- Del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos Licenciado JULIO MARCELINO SILVA FLORES y su superior jerárquico Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, el primero porque conoce de la Carpeta de Investigación número 11411/2018/ZC y su relacionada 1289/2018/UF104 reclamo el inconstitucional oficio número UIERV/00868/2021 de devolución del Vehículo Marca HONDA, tipo CIVIC COUPE EXR, modelo 1998, color negro, motor D16Y83782528, serie 1HGEJ8230WL900303, placas TZB1850 del Estado de Puebla de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al encargado del corralón de "Grúas Villarreal", la segunda quien otorgó visto bueno, mismo que me fue entregado para obtener la devolución del vehículo citado; y en consecuencia el Agente del Ministerio Público, ni su superior revisor garantizaron el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b).- De las autoridades señaladas como responsables consistentes en el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos y Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, reclamo la inconstitucional OMISIÓN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA UNA REPERACIÓN DEL DAÑO INTEGRAL Y CUBRIR AL DEPÓSITO "GRUAS DE VILLARREAL" A EFECTO DE LIBERAR EL VEHÍCULO MARCA HONDA, TIPO CIVIC COUPE EXR, MODELO 1998, COLOR NEGRO, MOTOR D16Y83782528, SERIE 1HGEJ8230WL900303, PLACAS TZB1850 DEL ESTADO DE PUEBLA POR SERVICIO DE ARRASTRE, GUARDA Y/0 RETENCIÓN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 11411/2018/ZC Y SU RELACIONADA 1289/2018/UF104; por violar en mi perjuicio los artículos 1, 16, 17 y 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, de lo expuesto, así como del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados y que dan origen al presente asunto son: 1. El oficio número UIERV/00868/2021 de devolución del vehículo marca HONDA, tipo CIVIC COUPE EXR, modelo 1998, color negro, motor D16Y83782528, serie 1HGEJ8230WL900303, placas TZB1850 del Estado de Puebla, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al encargado del corralón de "Grúas Villarreal", así como el visto bueno de su expedición. 2. La omisión de adoptar las medidas necesarias para exentar el pago de piso y arrastre por "Grúas Villarreal" a efecto de liberar el vehículo marca HONDA, tipo CIVIC COUPE EXR, modelo 1998, color negro, motor D16Y83782528, serie 1HGEJ8230WL900303, placas TZB1850 del Estado de Puebla, derivado de la carpeta de investigación 11411/2018/ZC y su relacionada 1289/2018/UF104. Al respecto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, se invoca como un hecho notorio que ante este juzgado se tramita el juicio de amparo 314/2021, del cual, en lo que interesa, se advierte que en doce de abril de dos mil veintiuno se radicó la demanda de amparo promovida por Ernesto Sánchez Cortés, por derecho propio, contra los actos del Agente o los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Puebla y, previo cumplimiento a una prevención, el veintiuno de abril de En la sentencia respectiva, con fecha de engrose veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se fijaron los actos reclamados en la forma siguiente: ? "La resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno en el que la autoridad responsable dio contestación a los escritos presentados por la parte quejosa el dos de enero y veinte de marzo de dos mil diecinueve, así como veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el que: ? Negó la devolución del vehículo marca Honda, modelo mil novecientos noventa y ocho, tipo Civic, niv 1HGEJ8230WL900303, con placas de circulación TZB1850 de esta entidad federativa. ? Señaló que no lugar a proveer sobre el cobro de derechos de piso, arrastre, grúa, así como girar oficios a la secretaría correspondiente para que autorice el cobro del control vehicular de los años dos mil diecinueve, veinte y los que resulten faltantes. ? Asimismo, que no ha lugar a girar oficio para solicitar se de baja el reporte de robo de vehículo. ? Así como la omisión de entregar las copias de la carpeta de investigación solicitadas." Y se resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable llevara a cabo lo siguiente: ? "Deje insubsistente el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. ? Emita una nueva determinación y para el caso de que Marco Antonio Jiménez Palacios haya comparecido ante la responsable, con libertad de jurisdicción provea lo que en derecho corresponda respecto a las solicitudes formuladas por el quejoso por escritos de dos de enero y veinte de marzo de dos mil diecinueve, así como veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. ? Para el caso de que aún no haya comparecido Marco Antonio Jiménez Palacios, emita una nueva determinación en la que purgando los vicios precisados en la presente ejecutoria, provea lo que en derecho corresponda respecto a la solicitud del quejoso. Hecho lo anterior, notifique conforme a derecho su respuesta a la parte promovente." ????? judicial que causó ejecutoria el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno y en uno de diciembre del año en curso en cumplimiento al fallo se tuvo a la responsable dejando sin efectos el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En su lugar, emitió diverso de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno a través del cual concluyó conforme a las constancias a las que se allegó, que quedó acreditada la propiedad del vehículo marca Honda, modelo mil novecientos noventa y ocho, tipo Civic, niv 1HGEJ8230WL900303, con placas de circulación TZB1850 a favor de Ernesto Sánchez Cortés, por lo que ordenó la elaboración de los oficios para realizar la baja de parte de robo y devolución del citado vehículo al referido quejoso. Además, practicó la notificación de dicha determinación al quejoso, lo que justificó al anexar las constancias conducentes. Sin embargo, se precisó que la responsable soslayó pronunciarse sobre la totalidad de las cuestiones que el quejoso solicitó en sus escritos de dos de enero y veinte de marzo de dos mil diecinueve, así como veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en particular respecto a la solicitud de cobro de derechos de piso, arrastre, grúa, así como girar oficios a la secretaría correspondiente para que autorice el cobro del control vehicular de los años dos mil diecinueve, veinte y los que resulten faltantes. De ahí que en la determinación que la responsable emitió en cumplimiento al fallo protector no atendió la totalidad de las peticiones que le formuló el quejoso en los escritos de mérito, por lo que no se tuvo por cumplida la sentencia de amparo y se requirió a la responsable para que dejara insubsistente la determinación por la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitiera una nueva a través de la cual atienda la totalidad de peticiones que el quejoso le formuló. Ahora, respecto de los actos reclamados aludidos en la demanda de cuenta, precisados en los puntos 1 y 2, en lo que interesa, consisten en el oficio UIERV/00868/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y sus consecuencias, esto es, el visto bueno de su expedición y la omisión de adoptar las medidas necesarias para exentar el pago de piso y arrastre por "Grúas Villarreal", respecto a los cuales se advierte la improcedencia de este juicio.. Esto es así, pues como lo manifiesta el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, el oficio UIERV/00868/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y sus consecuencias, fue emitido en cumplimiento al fallo dentro del juicio de amparo 314/2021 del índice de este juzgado, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. En efecto, en el caso se surte la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;"De la trascripción anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; en este sentido se distingue que la frase "cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado", contiene dos palabras relevantes para entender la causal de improcedencia de que se habla y que son "cesar" y "efecto". Por tanto, se debe establecer que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Entonces, se afirma que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, tratándose de actos positivos; luego, para que se actualice esta hipótesis es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que, en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; por lo que se concluye que únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se ponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando ??? no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia1 , de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Como se indicó, se reclamó en esta vía del Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, el oficio UIERV/00868/2021 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dirigido al encargado del corralón de "Grúas Villarreal", el visto bueno de su expedición, así como la omisión de adoptar las medidas necesarias para exentar el pago de piso y arrastre por "Grúas Villarreal" a efecto de liberar el vehículo marca HONDA, tipo CIVIC COUPE EXR, modelo 1998, color negro, motor D16Y83782528, serie 1HGEJ8230WL900303, placas TZB1850 del Estado de Puebla, derivado de la carpeta de investigación 11411/2018/ZC y su relacionada 1289/2018/UF104. Sin embargo, tal como se advierte de los antecedentes relatados del juicio de amparo 314/2021, se ordenó a la responsable dejar insubsistente la determinación por la que pretendió cumplir con la sentencia de amparo, precisamente la de veintinueve 1 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 38 del Tomo XI, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gacetade octubre de dos mil veintiuno, y que en su lugar, emitiera una nueva a través de la cual atendiera la totalidad de peticiones que el quejoso le formuló; determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto y que, a virtud de lo ordenado por este juzgado, ha quedado insubsistente, de manera que no puede generar alguna consecuencia jurídica, ni producir algún efecto en la esfera de derechos del quejoso. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado en este juicio ha cesado, desapareciendo del mundo jurídico, como si no hubiera existido, es evidente que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de su emisión; por lo cual, resultaría ocioso por parte de este órgano jurisdiccional tramitar este asunto a fin de realizar el análisis del mismo y de sus consecuencias, pues es incuestionable que ya no surtirá ningún efecto legal, de tal manera que el referido acto, al haber cesado, ninguna consecuencia puede generar que sea susceptible de reclamarse a través de este medio extraordinario de defensa a las autoridades señaladas como responsables. Es decir, ese acto no puede ser y no ser al mismo tiempo, esto es, no puede tener alguna trascendencia jurídica, cuando es evidente que por virtud del trámite relativo a la etapa de cumplimiento de la sentencia dictada en un diverso juicio de amparo, se le ha despojado de toda existencia jurídica; de manera que esa situación permea y es susceptible de tomarse en consideración en este diverso asunto para resolver en esta forma. Sin que sea obstáculo a lo anterior que a esta fecha no conste la determinación emitida por la autoridad responsable en cumplimiento al acuerdo de uno de diciembre de este año, dictado en el diverso juicio de amparo 314/2021; pues al estar vinculada a su cumplimiento no puede apartarse de lo ordenado en tal proveído, es decir, debe actuar en la forma indicada por este juzgado, de manera que la sola circunstancia de haber ordenado la insubsistencia de aquel acuerdo, es susceptible de hacer cesar sus consecuencias, al tratarse de una resolución de observancia obligatoria y de cumplimiento necesario, en tanto que atiende a una cuestión de orden público. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI, y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee, al encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los profesionistas que refiere en la misma en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuentan con el registro de su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. AUTORIZACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Se tiene a la parte quejosa señalando correo electrónico, previo cercioramiento que de su recepción realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente
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