ERNESTO ROSAS JULE (Defensor)
Expediente 1096/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- ERNESTO ROSAS JULE (Defensor)
- Carlos Xavier Duran Cruz
Actuaciones
- Principal
...auto de veintitrés de noviembre del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo....se declara que ha causado estado y se declara firme....archívese el presente expediente como asunto concluido....se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido....el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental..el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica.... Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver al promovente. ^^
- Principal
Agréguese a los autos la razón de imposibilidad de notificación suscrita por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo y toda vez que de autos se advierte que se tuvo como domicilio de la referida parte las listas, practíquense la notificación del auto en comento, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, sin perjuicio que durante la tramitación del presente juicio, la parte quejosa señale un nuevo domicilio en la residencia de este juzgado o zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y EL PRESENTE AUTO. El Licenciado Juan Lara de la Rosa, actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, hago constar que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, notifico al quejoso por LISTA que se fija en los estrados del juzgado de mi adscripción los proveìdos de veintitrés de noviembre y tres de diciembre, ambos de dos mil veinte, emitidos en el juicio de amparo 1096, del índice del juzgado de mi adscripción que en síntesis dice: PROVEÌDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ténganse por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Rosas Jule, en su carácter de defensor privado de Carlos Xavier Duran Cruz, contra los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos que refiere. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1096/2020-I. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En el caso, el peticionario señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "Autoridades responsables: Ordenadora: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl Actos reclamados: "AUTO DE VINCULACION A PROCESO dictado en audiencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil veinte, en los autos de la Causa Penal 506/2020 instruida en mi contra por el delito de Asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones." Respecto de los actos reclamados señalados, se actualiza una causa de improcedencia, como se verá enseguida: Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se advierte que el legislador estableció tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de amparo, el cual comienza a partir del día siguiente al en que: ? Hubiese surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; ? El quejoso hubiese tenido conocimiento del acto o resolución que reclama, o de sus actos de ejecución; ? El quejoso se hubiese ostentado sabedor de los actos referidos. En esas condiciones, es claro que su intención fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de cualquiera de los tres establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto señalan: "Registro: 239520 Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217- 228, Cuarta Parte Página: 105 Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en los autos de la Causa Penal 506/2020 instruida en mi contra por el delito de Asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, extorsión y lesiones. Asimismo, de la constancia que anexa a su demanda, consistente en la continuación de audiencia inicial, vinculación a proceso y medida cautelar, donde el juez responsable hace constar, que en audiencia programada a las nueve horas con quince minutos del lunes diecinueve de octubre de dos mil veinte, la cual se llevó a través del método de videoconferencia CISCO WEBEX, estuvieron presentes entre otras partes, el licenciado Ernesto Rosas Jule, en su carácter de Defensor Particular del imputado Carlos Xavier Durán Cruz, por lo que se advierte, que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el diecinueve de octubre de dos mil veinte, por lo que es claro que transcurrió el plazo de quince días que la ley otorga para la presentación de la demanda de amparo y, por ende, el quejoso consintió tácitamente los actos que pretenden reclamar; en razón de que conocían la existencia del mismo desde esa data. Sustenta lo anterior la jurisprudencia. P./J. 12/2015(10a.), por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo 1, página 38, de texto y rubro: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En el caso, el acto reclamado no se ubica en alguna de las excepciones al plazo general previstas por el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que no es una ley autoaplicativa o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ni tiene por objeto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, ni importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal o alguno de los prohibidos por el precepto 22 Constitucional. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que nos ocupa. IV. Domicilio y autorizados. a) domicilio. Atendiendo a que la parte quejosa no señala un domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, téngasele la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional como medio de notificación. Sin embargo, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, quien aduce el directo agraviado se encuentra privado de su libertad en el Centro de Justicia Penal Federal, Estado de México (Nezahualcóyotl) con domicilio en Avenida Bordo de Xochiaca 2 Benito Juárez, Ciudad Jardín, 57000 Netzahualcóyotl, Estado de México, realícese únicamente las notificaciones de carácter personal en dicho domicilio. Ahora, en atención a su solicitud de tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, se tienen por señalados, únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VI. Copias y reproducción de constancias. se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. PROVEÌDO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad de notificación suscrita por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III, de la Ley de Amparo y toda vez que de autos se advierte que se tuvo como domicilio de la referida parte las listas, practíquense la notificación del auto en comento, el presente proveído y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, sin perjuicio que durante la tramitación del presente juicio, la parte quejosa señale un nuevo domicilio en la residencia de este juzgado o zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y EL PRESENTE AUTO. LO QUE HAGO DEL CONOCIMIENTO PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR. DOY FE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa y el Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 719/2020, no han proporcionado datos de localización de los terceros interesados Viviana Aurora y Christian Said, ambos de apellidos Méndez Chilpan, no obstante de haber sido notificados de dicho requerimiento el veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veinte, respectivamente. II.-Se requiere nuevamente al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 719/2020 En consecuencia, requiérase nuevamente al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 719/2020, para que proporcione el o los domicilios que tenga a nombre de los terceros interesados Viviana Aurora y Christian Said, ambos de apellidos Méndez Chilpan. Por lo cual, se solicita al Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que, por su conducto, haga llegar copia íntegra del presente auto a la referida representante social, y deberá remitir en el término de tres días contado a partir del día siguiente hábil a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, la constancia de la que se advierta que ha dado cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional. Apercibidos que de no informar lo conducente, se les impondrá una multa consistente en . . . Búsqueda de tercera interesada. Por otra parte, a efecto de no retrasar el trámite de este asunto y en auxilio de las labores de este juzgado, gírese atento oficio a: Instituto Nacional Electoral. Comisión Federal de Electricidad. Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Teléfonos de México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Radiomovil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable. Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Para que sirvan proporcionar a este Juzgado Federal el domicilio o datos de localización que tengan registrados a nombre de Viviana Aurora y Christian Said, ambos de apellidos Méndez Chilpan, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a aquel en que surta efectos la notificación del presente auto la notificación del presente auto, se les impondrá una multa en términos de los artículos 238 y 244 de la Ley de Amparo, que podrá ser de cien a mil días de salario mínimo general vigente. II.- Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de la fecha, y en su lugar se fijan las trece horas con treinta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veinte, para su verificativo.
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