Ernesto Román López

Expediente 1764/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1764/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Román López

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, en representación del Director General de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, por el que rinde informe justificado, señala domicilio, designa delegados y ofrece pruebas. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado, con éste dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de su parte, la presuncional en su doble aspecto, así como la instrumental de actuaciones, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de ser tomadas en consideración al momento de dictar sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma Felipe Camacho Silva, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de seis de diciembre de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/4780/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo mencionado realizado en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y toda vez que ha trascurrido el plazo otorgado a la parte quejosa a efecto que desahogará la vista formulada en auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; sin que se pronunciara al respecto. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad señalada como responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio o no, cabal cumplimiento al fallo protector. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Marzo de 2000, visible en la página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia emitida por este Juzgado Federal, el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se sobreseyó el presente asunto; inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, misma que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que por ejecutoria de treinta de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión R.A. 109/2019, de su índice, resolvió: "ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Alan Gael Díaz Santiago, contra los actos atribuidos a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y Sustancias Químicas de la mencionada Comisión para los efectos precisados en el considerando quinto esta ejecutoria. Y hecho lo anterior, notifique a la parte quejosa la resolución correspondiente". En auto de uno de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y se requirió a la autoridad responsable. En ese contexto, cabe precisar que los efectos de la sentencia de amparo se concedieron para que: "(.) Se brinde la atención médica necesaria e integral que el quejoso requiere de acuerdo con sus antecedentes y enfermedades conforme a los siguientes lineamientos: (a) Para brindar la atención médica integral, la opinión del quejoso deberá escucharse durante todo el proceso, quien podrá expresarla con apoyo de sus padres o de su representante legal, para lo cual se considerará su edad, discapacidad, madurez y capacidad de comprender su estado de salud. (b) Los médicos brindarán tanto al quejoso como a sus padres o representante legal información suficiente, clara, oportuna y veraz sobre el estado del paciente y su diagnóstico sobre el objetivo, método, duración probable, beneficios y riesgos esperados de los tratamientos que se propongan y que garanticen el nivel más alto de salud, sin descartar el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados, sobre las alternativas farmacológicas y el posible dolor o malestar, riesgos, beneficios y efectos secundarios, así como sobre las consecuencias de los tratamientos y lo que se estima ocurrirá antes, durante y después de su administración. (c) El quejoso, los padres o el representante legal de aquél tendrán el derecho a decidir con libertad si aceptan o no el tratamiento propuesto por los médicos especialistas. (d) La Secretaría de Salud deberá otorgar el tratamiento que el quejoso haya elegido de manera informada, el cual comprenderá exámenes, medicamentos, terapias, rehabilitación física, procedimientos, cirugías y otros servicios médicos. (e) Una vez aceptado el tratamiento que se propone para atender integralmente al paciente, el quejoso será evaluado de manera periódica para supervisar y evaluar su estado de salud. (f) El tratamiento y medicamentos prescritos serán garantizados durante toda la infancia de manera íntegra y oportuna por la Secretaría de Salud quien determinará la institución de salud a nivel federal a través de la cual se dará cumplimiento a lo establecido en este efecto. En caso de que alguno de los medicamentos prescritos no se encuentre dentro del territorio nacional, la Secretaría de Salud se encargará de realizar todas las gestiones necesarias, incluyendo el trámite de las autorizaciones correspondientes, para que éste sea proporcionado de manera puntual a Alan Gael Díaz Santiago. (g) Al llegar el quejoso a la mayoría de edad, deberá canalizarse para su evaluación por médicos de la especialidad que corresponda y ajustar, si es necesario, el tratamiento como adulto. El Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios: Deje sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y una vez que se emita la normatividad correspondiente, dé una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa y le notifique personalmente. Es importante señalar que la Secretaría de Salud está obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de Alan Gael Díaz Santiago, hasta el máximo de los recursos con que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena realización de este derecho". En cumplimiento al fallo protector, en proveído de veintiséis de marzo actual, mediante oficio registrado con el folio 2788, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, exhibió copia certificada del oficio CAS/DERESPQ/4176/2021, de once de marzo de dos mil veintiuno, en el que dejó insubsistente el oficio de prevención del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió una respuesta fundada y motivada a la petición presentada por la parte quejosa el diez de septiembre de dos mil dieciocho y registrada con el número 183300EL351321 Asimismo, en proveído de diecinueve de octubre actual, por oficio registrado con el folio 17961, la autoridad de la División de Asuntos Jurídicos del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió el diverso oficio 96.200.1.2.3.1/080/2021 de catorce de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Encargada de Coordinación de Pediatría, Jefa de Neurología Pediátrica y Médicos adscritos del citado instituto, en el que informaron que el trece de octubre del año en curso, a las ocho horas se llevó a cabo la cita urgente con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, indicó que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, esto es cada tres o cuatro meses y atención inmediata cuando lo requiera. En ese sentido el Director Ejecutivo de Regulación de estupefacientes, Psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejó sin efectos el oficio preventivo de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, y dio una respuesta congruente, debidamente fundada y motivada a la solicitud de la quejosa. Asimismo, la autoridad dependiente de la Secretaría de Salud acreditó que se han realizado citas urgentes con el menor Alan Gael Díaz Santiago y sus padres; asimismo, señaló que en cuanto a la periodicidad de las citas, los padres estuvieron de acuerdo a la que ha tenido desde su atención inicial, y atención inmediata cuando lo requiera. En consecuencia, a criterio de este juzgado se encuentra cumplida dicha ejecutoria; es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado; en ese tenor, es inconcuso que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos del fallo protector. Con fundamento en el segundo y tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector, sin que se advierta exceso o defecto en su acatamiento. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese, personalmente la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Carlos Alberto García López, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Luis Eduardo Barajas Pérez, profesionista en materia de Ingeniería Civil, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintidós de noviembre del año en curso, y al afecto manifiesta que se encuentra en posibilidad de fungir como perito oficial en el presente juicio y exhibe la propuesta económica de sus honorarios. En atención a su contenido, considerando que el ocurso que se atiende contiene datos personales del perito en cita, que tienen el carácter de confidencial; además, que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para dictar las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener confidenciales los datos de identificación y localización de los referidos especialistas; en ese sentido, con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos en sobre cerrado los libelos de mérito, con la finalidad de restringir el acceso a las partes a la información que dicho ocurso contiene. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que desahogaron la totalidad de profesionistas requeridos mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, y que a través de los diversos autos de treinta de noviembre y seis de diciembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer lo que en derecho correspondiera respecto de las propuestas de honorarios presentadas por los especialistas requeridos; lo anterior, hasta en tanto la totalidad de ellos manifestaran si se encuentran en aptitud de aceptar el cargo como perito oficial en apoyo de las labores de este Juzgado Federal, y en su caso, presentaran las propuestas de honorarios correspondientes; situación que en la especie ya aconteció. En razón de lo anterior, tomando en consideración que la cotización de honorarios presentada por el especialista en materia de Ingeniería Jorge Álvarez Chávez, resultó inferior a las propuestas presentadas por el resto de los peritos en esa materia, de ahí que dicha cotización sea tomada en cuenta por este órgano jurisdiccional para solicitar la autorización de pago correspondiente ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, conforme a lo establecido en el capítulo II, articulo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante Los Órganos Del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Federal inicio el procedimiento respectivo para designar perito en el presente asunto. Al respecto, importa destacar que mediante proveídos de veinte de octubre y cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió al Coordinador General de Servicios Periciales de la ahora Fiscalía General de la República, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, así como al Colegio de Ingenieros, a efecto de que proporcionaran una terna de peritos en materia de Ingeniería y valuación de materiales de construcción, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, a fin de resolver lo que en derecho proceda en el incidente en que se actúa; sin embargo, en diversos oficios, las mencionadas autoridades informaron que no contaban con personal pericial en esa materia. Por ello, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional procedió a acceder al Directorio de Peritos para elegir en el Circuito de su jurisdicción, seleccionando a tres Peritos, requiriéndoseles manifestaran si se encontraban en aptitud de prestar el auxilio y su conformidad con el Arancel correspondiente a la materia de su dictamen pericial. Por tal motivo, se procede a informar a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería, el perito seleccionado y el monto de los honorarios para hacer la previsión de los recursos. En consecuencia, remítase en sobre cerrado a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, las constancias referidas a fin de que el experto en cita pueda ser aprobado y designado como perito en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Jesús Coronel Montiel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

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