Ernesto Rodríguez Zapata
Expediente 581/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ernesto Rodríguez Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de dieciséis de diciembre actual, remite copia certificada de la causa judicial 85/2019-3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del oficio de referencia, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora y demás pruebas documentales existentes en autos, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de las constancias que allegó el juez responsable, se advierte que el dieciséis de noviembre actual, fue aprehendido el quejoso Ernesto Rodríguez Zapata, por lo que previa solicitud de audiencia inicial (fojas 41 y 42 del tomo de pruebas), la misma se llevó a cabo el diecisiete de noviembre del año que transcurre (fojas 43 y 44 ídem); asimismo, que la situación jurídica del quejoso en comento fue resuelta por el Juez de Control el veintiuno del mismo mes y año, decretando auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial 85/2019 (fojas 54 y 55 ibídem). A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la orden de aprehensión y/o comparecencia librada en su contra en la causa judicial 85/2019, del índice del Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veintiuno de noviembre del año en curso, se decretó auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial en comento. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el veintiocho de junio de dos mil diecinueve), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues como quedó evidenciado la responsable resolvió la situación jurídica del quejoso decretando auto de no vinculación a proceso, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al decretarse auto de no vinculación a proceso dentro de la causa de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante el dictado del auto por el cual se determina la no vinculación a proceso del quejoso Ernesto Rodríguez Zapata, dentro de la causa judicial 85/2019. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Inspector General de la Policía Investigadora, al Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial y al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia legal del acto recamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del seis de enero de dos mil veinte (foja 149, vuelta). Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Autoridad remite constancias. Agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, actuando como Juez de Despacho, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de dieciséis de diciembre actual, remite copia certificada de la causa judicial 85/2019-3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido del oficio de referencia, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora y demás pruebas documentales existentes en autos, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" . Ahora bien, de las constancias que allegó el juez responsable, se advierte que el dieciséis de noviembre actual, fue aprehendido el quejoso Ernesto Rodríguez Zapata, por lo que previa solicitud de audiencia inicial (fojas 41 y 42 del tomo de pruebas), la misma se llevó a cabo el diecisiete de noviembre del año que transcurre (fojas 43 y 44 ídem); asimismo, que la situación jurídica del quejoso en comento fue resuelta por el Juez de Control el veintiuno del mismo mes y año, decretando auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial 85/2019 (fojas 54 y 55 ibídem). A las constancias de referencia se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, tomando en cuenta que la materia del juicio de amparo que nos ocupa se hizo consistir en la orden de aprehensión y/o comparecencia librada en su contra en la causa judicial 85/2019, del índice del Juzgado Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala; resulta evidente que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado veintiuno de noviembre del año en curso, se decretó auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial en comento. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (que fue el veintiocho de junio de dos mil diecinueve), son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, pues como quedó evidenciado la responsable resolvió la situación jurídica del quejoso decretando auto de no vinculación a proceso, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis XXI.1o.48 P, visible en la página 1024 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del tenor literal siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 2a CXI/96, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, Materia Común, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL", estableció que para actualizar la causa de improcedencia en comento, por regla general deben concurrir los requisitos siguientes: 1) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. 2) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso. 3) Que no sea jurídicamente posible pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica. 4) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó y la nueva resolución dictada en el procedimiento, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. A criterio de quien esto determina, en el caso se encuentran reunidos dichos requisitos y por tanto, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que las violaciones reclamadas se consideran irreparablemente consumadas al operar un cambio de situación jurídica, ya que las consecuencias derivadas del mandamiento de captura reclamado, dejaron de tener efectos, al decretarse auto de no vinculación a proceso dentro de la causa de origen; luego, procede decretar el sobreseimiento en la presente audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, ya que la causal de improcedencia invocada es manifiesta e indudable y con ningún elemento de prueba podría desvirtuarse. Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante el dictado del auto por el cual se determina la no vinculación a proceso del quejoso Ernesto Rodríguez Zapata, dentro de la causa judicial 85/2019. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Inspector General de la Policía Investigadora, al Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial y al Comandante de la Policía Ministerial del Estado, por no haber sido combatidos por vicios propios, sino como consecuencia legal del acto recamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del seis de enero de dos mil veinte (foja 149, vuelta). Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Trámite Dos, Región Norte, adscrita al Departamento de Investigación del Delito; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula a manera de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por otra parte, informa que el dieciséis de noviembre actual, fue aprehendido el quejoso Ernesto Rodríguez Zapata, por lo que previa solicitud de audiencia inicial se llevó a cabo la misma el diecisiete de noviembre del año que transcurre; asimismo, que la situación jurídica del quejoso en comento fue resuelta por el Juez de Control el veintiuno del mismo mes y año decretando auto de no vinculación a proceso dentro de la causa judicial 85/2019. Se requieren constancias. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializada en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, a fin de que dentro del término de tres días legalmente computados, remita copia certificada de todas las actuaciones posteriores a la resolución de dos de julio de dos mil diecinueve, respecto de la causa judicial 85/2019, de su índice; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 237, fracción I en relación con el diverso 259 de la ley de amparo.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, en específico del proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 93 a 95), se tuvo al quejoso Mauricio Pérez Hernández, ampliando su demanda de amparo. Sin embargo, de un análisis a los autos que integran el presente juicio de amparo, en específico en proveídos de veintisiete de agosto y treinta de septiembre del año en curso (fojas 123 y 137), no se advierte que se les haya corrido traslado con la ampliación de demanda realizada por la parte quejosa a los terceros interesados Sandra Xochipa Sanluis, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y Marco Antonio Hernández Morales; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a los terceros interesados, se ordena correrles traslado con la misma, a efecto de que estén en aptitud de realizar lo que a su interés legal convenga. Diferimiento de audiencia constitucional. Por tanto, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
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