Ernesto Rodríguez Pérez
Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 03/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Rodríguez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito a través del cual el quejoso, solicita la devolución de los documentos que exhibió en este asunto; en consecuencia, tomando en cuenta que este expediente ya se archivó como asunto concluido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, quedan a su disposición, previa toma de razón que obre en autos por su recibo; para lo cual deberá general cita y código "QR" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, tomando en consideración lo establecido en la última parte del numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, sí dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, el quejoso no comparezca en el local de este juzgado a recoger los documentos que exhibió, en su oportunidad, serán destruidos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; y toda vez que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra totalmente concluido, archívese como asunto terminado y glósese el original del incidente de suspensión.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se deprende que por el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en este asunto, ordenándose notificar la misma por lista; sin embargo, en el auto admisorio se ordenó realizar las notificaciones personales vía electrónica; en consecuencia, se ordena que la citada resolución se notifique vía electrónica. Para dar complimiento a lo anterior, se transcribe la determinación de veintinueve de octubre del año en curso. "VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 83/2021- III; promovido por **********, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado el día siguiente la oficialía de partes de este juzgado, Ernesto Rodríguez Pérez, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Ordenadoras: a) Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Distrito Federal Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. b) Titular de la Subdelegación 03 Polanco del Instituto Mexicano del Seguro Social. c) Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en el Distrito Federal Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ejecutoras: d) El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. e) Las Direcciones Generales Adjuntas de Autoridades "A", "B", "C", "D" y "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. f) El Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. g) El Vicepresidente de Supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores." ACTOS RECLAMADOS: De las ordenadoras marcadas con los incisos A), B), C): 1. La emisión del oficio, documento, acto o resolución, mediante el cual hayan ordenado el embargo y/o aseguramiento precautorio, y/o congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de los depósitos bancarios en cuentas a mi nombre que se localicen en Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano. 2. La emisión del Requerimiento con No. de Identificación 39 16 62 1000/COB/REG/NL/953. 3. La emisión del folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953 del 3 de septiembre de 2020 a través de la cual se haya ordenado el embargo y/o aseguramiento precautorio, y/o congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de los depósitos bancarios en cuentas a mi nombre que se localicen en Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano. De las ejecutoras marcadas con los incisos d), e), f), g): 4. El oficio, resolución o comunicado mediante el cual se comunica o retransmite a las Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano, la instrucción de las ordenadoras relativa al aseguramiento y/o embargo y/o intervención, y/o congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de los depósitos bancarios en cuentas a mi nombre. 5. La transmisión de la orden de inmovilización, embargo y/o aseguramiento precautorio, y/o congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de todas mis cuentas bancarias, inversiones, depósitos y valores que tenga aperturadas en cualquier Institución de Banca Múltiple, Instituciones de Banca de Desarrollo y Casas de Bolsa a mi nombre. 6. La transmisión de la orden de inmovilización, embargo y/o aseguramiento precautorio, y/o congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de todos mis depósitos bancarios en todas mis cuentas bancarias, inversiones, depósitos y valores que tenga aperturadas en cualquier Instituciones de Crédito o Entidades Financieras integrantes del Sistema Financiero Mexicano que dio origen al impedimento para disponer de los recursos existentes en las cuentas: - HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC Cuenta Advance número 6268745355, sucursal 0051, Valle Dorado, Tlalnepantla, Estado de México. - Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Cuenta Preferente 0015116476, sucursal 0685. - Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte cuenta de inversión CD PF 0745649003, sucursal 0685. 6. Las consecuencias que de hecho y por derecho se generen en perjuicio del aquí quejoso con motivo de los actos reclamados que han quedado especificados en el inciso que antecede, como lo es el embargo de las cuentas." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo con el número 83/2021-III, se dio la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por ampliada la demanda de amparo respecto de los actos siguientes: a) Los oficios 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, a través de los cuales se transmite la orden de inmovilización, embargo y/o aseguramiento precautorio, congelamiento y/o inmovilización y/o bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso. b) La omisión de informar a la ordenadora de conformidad con lo solicitado en el Folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, los datos sobre el importe de los depósitos inmovilizados, el número y tipo de cuenta, la fecha de inmovilización, así como la denominación de las Instituciones de Crédito en donde se localizaron los saldos. Actos atribuidos al Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Bancaria y de Valores. CUARTO. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintitrés de marzo del año en curso y se tuvo como inexiste a la autoridad responsable denominada como "TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN EL DISTRITO FEDERAL NORTE", al haber sido omiso en corregir su denominación. QUINTO. Por auto de ocho de junio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que manifestara si tenía interés en ampliar la demanda contra los actos siguientes: 1. Resolución determinante de responsabilidad solidaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Acta circunstanciada de hechos de dos de agostos de dos mil diecinueve, emitida por el Notificador Christian Sánchez Toriz, adscrito a la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Notificación por estrados de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Subdelegado 3 Polanco del Norte de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Mandamiento de ejecución de uno de julio de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Subdelegación 3 Polanco. 5. Citatorio de veintitrés de julio de dos mil veinte, emitido por el Ejecutor Luis Raúl Palacios Arreola, de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 3 Polanco. 6. Requerimiento de pago y acta de embargo de veinticuatro de julio de dos mil veinte, emitida por el Ejecutor Luis Raúl Palacios Arreola, de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 3 Polanco. Lo anterior, sin que el quejoso haya realizado manifestación alguna al respecto en el plazo otorgado, por lo que no se tuvieron como actos ni autoridades responsables los indicados en el acta de audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo sin la comparecencia personal de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos atribuidos a autoridad administrativa cuya ejecución tuvo verificativo dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: Oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso en su carácter de responsable solidario de la empresa Corporación Especializada en Mercadotecnia, sociedad anónima de capital variable, hasta por la cantidad de $167,254.52 (ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 52/100 M.N.), relativos a los créditos fiscales 162036025, 162042509, 162026363, 162015024, 152060463, 152068162, 162002181 y 162010357. Los oficios 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, por medio de los cuales se retransmite la orden de aseguramiento de cuentas bancarias contenida en el diverso 3916621000/COB/REG/NL/953. Su ejecución. Sin que sea el caso de tener como actos reclamados los indicados como la omisión de informar a la ordenadora de conformidad con lo solicitado en el oficio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, sobre el importe de los depósitos inmovilizados, el número y tipo de cuenta, la fecha de inmovilización, así como la denominación de las instituciones de crédito, pues dichas manifestación constituyen propiamente conceptos de violación, los cuales serán estudiados, en su caso, al resolverse sobre el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. En tal sentido, no son ciertos los actos reclamados del Titular de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Presidente, Vicepresidente Jurídico, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y Directores Generales Adjuntos de Atención a Autoridades "B", "C", "D" y "E", estos últimos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en la emisión de del oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que se solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso en su carácter de responsable solidario de la empresa Corporación Especializada en Mercadotecnia, sociedad anónima de capital variable, y de los diversos 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, por medio de los cuales se retransmitió la orden de aseguramiento de cuentas bancarias contenida en el diverso 3916621000/COB/REG/NL/953 y su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, tal como consta en los oficios registrados con los números de control interno 3334 y 4674, sin que en el expediente obre prueba en contrario. En tal virtud, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a las autoridades responsables antes precisadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Sexta Época, registro electrónico 917818, de título, subtitulo y texto siguiente "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados del Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistentes en la emisión del oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que se solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso en su carácter de responsable solidario de la empresa Corporación Especializada en Mercadotecnia, sociedad anónima de capital variable, y de los diversos 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, por medio de los cuales se retransmitió la orden de aseguramiento de cuentas bancarias contenida en el diverso 3916621000/COB/REG/NL/953 y su ejecución, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado tal como consta en los oficios con número de control interno 3334, 4674 y 6175. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 231 del tomo VI, materia común, con número de registro 917812, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que se aprecien de oficio, o bien, las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En cuanto a los actos recamados consistentes en la emisión del oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que se solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso en su carácter de responsable solidario de la empresa Corporación Especializada en Mercadotecnia, sociedad anónima de capital variable, y de los diversos 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, por medio de los cuales se retransmitió la orden de aseguramiento de cuentas bancarias contenida en el diverso 3916621000/COB/REG/NL/953 y su ejecución, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." De la transcripción se desprende como un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de promover el juicio de amparo. Ahora bien, conforme al artículo transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente en materia administrativa cuando contra el acto o actos que se reclamen proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se dé la causa de improcedencia mencionada, se requiere de la actualización de las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; y, d) Que para la suspensión no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Estableciéndose como excepciones que el acto reclamado carezca de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así como las siguientes: - Que no se trate de normas o disposiciones de carácter general (leyes, reglamentos, etcétera), que se reclamen por su sola vigencia (autoaplicativa) o con motivo de algún acto de aplicación (heteroaplicativa). - Que los actos impliquen una violación a los derechos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. - Que se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. - Que se afecte a una persona extraña o una persona por equiparación a un extraño en un juicio o procedimiento. En efecto, se impone señalar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes y en tal virtud, antes de acudir a él, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria, por lo que en el caso, el aquí quejoso debió promover contra el oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que se solicitó el aseguramiento de sus cuentas bancarias en su carácter de responsable solidario de la empresa Corporación Especializada en Mercadotecnia, sociedad anónima de capital variable, y de los diversos 214-1-4322787/2020 al 214-1-4322873/2020, de dos de octubre de dos mil veinte, por medio de los cuales se retransmitió la orden de aseguramiento de cuentas bancarias contenida en el diverso 3916621000/COB/REG/NL/953 y su ejecución, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, tal y como se evidencia a continuación, así el primero de los requisitos se acredita, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas, a saber, el Jefe de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 03 Polanco de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social y Director General Adjunto de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esto es, no se trata de autoridades pertenecientes a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Igualmente, se acredita el segundo requisito, toda vez que contra los referidos actos reclamados consistentes en el oficio 3916621000/COB/REG/NL/953, folio SIARA IMSSCC3916/2020/000953, de tres de septiembre de dos mil veinte, en que se solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso y su ejecución; resulta procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establece lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; (.)." De la misma manera, se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a partir de la reforma publicada el diez de diciembre de dos mil diez, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del diez de marzo de dos mil once, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 19/2015 (10a.), consultable en la página 783, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." También es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2ª./J. 27/2002 (9a.), consultable en la página 1194, Libro 28, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2016, de la Décima Época, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO." Por otro lado, no resulta inadvertida para este juzgado la excepción al principio de definitividad que prevé el párrafo tercero de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación; sin embargo, en el presente caso no se actualiza dicha excepción, dado que de los oficios que constituyen los actos reclamados, se aprecia que se señalan diversas consideraciones o motivos y se citan diversos preceptos legales que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que se concluya que no carecen de fundamentación, único caso que haría procedente la excepción de que se trata, lo que se reitera, no sucede en el caso. Por último, es preciso destacar que el quejoso tampoco se ubica en la diversa excepción al principio de definitividad en materia administrativa, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando únicamente se plantean violaciones directas a la Constitución General de la República, ya que en este caso no se aducen sólo violaciones a preceptos constitucionales, porque de sus conceptos de violación se advierte que alega también violación al principio de legalidad de la orden de embargo y aseguramiento de sus cuentas bancarias. Aunado a lo anterior, se advierte que el quejoso no es tercero extraño en el procedimiento de ejecución. Lo anterior, sobre la base de que mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, se requirió al quejoso para que manifestara si tenía interés en ampliar la demanda contra los actos siguientes: 1. Resolución determinante de responsabilidad solidaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2. Acta circunstanciada de hechos de dos de agostos de dos mil diecinueve, emitida por el Notificador Christian Sánchez Toriz, adscrito a la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. 3. Notificación por estrados de nueve de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Subdelegado 3 Polanco del Norte de la Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Mandamiento de ejecución de uno de julio de dos mil veinte, emitido por el Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Subdelegación 3 Polanco. 5. Citatorio de veintitrés de julio de dos mil veinte, emitido por el Ejecutor Luis Raúl Palacios Arreola, de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 3 Polanco. 6. Requerimiento de pago y acta de embargo de veinticuatro de julio de dos mil veinte, emitida por el Ejecutor Luis Raúl Palacios Arreola, de la Oficina para Cobros de la Subdelegación 3 Polanco. Sin embargo, fue omiso en impugnarlos, de ahí que se estima que consintió la resolución determinante de responsabilidad solidaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por el Titular de la Delegación Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, su notificación y el procedimiento administrativo de ejecución que culminó con el embargo de sus cuentas bancarias, al no desconocer su existencia. Tampoco reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, no se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni se encuentra acreditado algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, que se señala en la tesis número 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Además, es importante destacar que respecto del aseguramiento, o embargo de cuentas bancarias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado y, al respecto, valoró que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, con el fin de generar su modificación, revocación o nulidad, de modo tal que la observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por lo tanto, resolvió que el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina por sí mismo, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo, por lo cual, todo órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En otras palabras, sostuvo que no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo, además que ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa a través del juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo, cualquier clase de embargo o inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por ese medio. Criterio que se contiene en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 2a./J. 18/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Administrativa, de la Décima Época, del epígrafe siguiente: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Por consiguiente, al haberse acreditado que contra los actos reclamados el quejoso debió agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio.
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