Ernesto Rodríguez González
Expediente 1011/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ernesto Rodríguez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, la sentencia dictada en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Devuélvanse a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los anexos que exhibió en el presente juicio. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, determinación que causó ejecutoria el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del presente expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, se requirió a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a efecto de que informara los actos llevados a cabo en el juicio de origen (expediente 652/17-25-01-6-OT) tendientes al cumplimiento a la sentencia emitida en el mismo, cuya omisión constituye el acto reclamado en el presente instancia constitucional. Asimismo, que mediante oficio recibido en este Juzgado el veintidós de enero pasado, el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de diversas determinaciones llevadas a cabo referentes al cumplimiento de la sentencia de que se trata, y al respecto en proveído de veintitrés del mismo mes y año, se requirió de nueva cuenta a dicha autoridad a fin de que una vez transcurrido el plazo (tres días) otorgado al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación San Luis Potosí, por auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, en el juicio de origen, informara la resolución que al efecto emita; lo que no ha acontecido en la especie. En consecuencia, a fin de estar en posibilidad de dictar una sentencia conforme a derecho, y ante la posibilidad de que pudieron haberse emitido diversas determinaciones posteriores al proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, tendientes a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo de origen y, con ello actualizarse alguna causa de improcedencia respecto del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este Juzgado si a la fecha se ha llevado a cabo alguna actuación dentro del expediente de origen tendiente al cumplimiento de la sentencia dictada el once de julio de dos mil diecisiete, y de ser así remita las constancias respectivas. Apercibida que de no cumplir lo anterior, dentro del plazo concedido o no manifestar la imposibilidad que tengan, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Saúl Vázquez Tovar, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase como prueba de su parte, la documental que ofrece, misma que dada su propia y especial naturaleza, se tiene por admitida y desahogada, y podrá ser tomada en consideración al momento de dictar resolución, sin perjuicio de dar cuenta de ello en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de enero de dos mil diecinueve, y remite copia certificada de diversas determinaciones que integran el juicio contencioso administrativo 652/17-25-01-6-OT. En cuanto a las constancias referidas, de conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en este expediente, no será digitalizado. Ahora bien, atendiendo al contenido del oficio y de las constancias remitidas por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta, para que una vez transcurrido el plazo otorgado al Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación San Luis Potosí, mediante proveído de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de origen, comunique a este juzgado la resolución que al efecto emita dicha autoridad, acompañando copia certificada de la misma. Apercibida que de no cumplir lo anterior, dentro del plazo concedido o no manifestar la imposibilidad que tengan, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.". Notifíquese.
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