Ernesto Rodríguez Chincoya
Expediente 696/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 696/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ernesto Rodríguez Chincoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector; por lo cual, lo conducente, en el caso, es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda y el fallo relativo, mismos que deberán conservarse en términos del numeral vigésimo primero del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo fueron los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II, 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y haga extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales, de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por el peticionario, según la impresión digital de los recibos de pago con números de referencia 758359051 y 758359038, ambos de ocho de mayo de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. 2. Devuelva al peticionario de amparo, las cantidades que erogó por los conceptos de compraventa y apertura de crédito, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar establecida en el numeral 79-B de la ley hacendaria en comento, para cada uno de esos servicios, así como la totalidad de lo erogado por los rubros de fomento a la educación y de la seguridad e impuesto adicional, de acuerdo con los recibos de pago con números de referencia 758359051 y 758359038, ambos de ocho de mayo de dos mil diecisiete. No pasa inadvertido que el quejoso refiere que el monto que se debe considerar como pago del servicio, tendrá que ser aquél que resulte menos gravoso de entre los establecidos en los artículos 79-B y en los diversos 79-C, 79-F, 82, fracción III, 82-B primer párrafo en su última parte, 82-C, fracción III, 82-C, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, tal apreciación es incorrecta, porque como se dijo, la cuota fija mínima a pagar es aquélla considerada en el primer numeral mencionado, puesto que la cantidad establecida en los otros artículos cambia de acuerdo al número de hojas que se registren por cada operación; dicho factor de cuantificación no es proporcional al costo que representa para la Administración Pública el servicio de inscripción de documentos, ni equitativo porque el monto a enterar por los gobernados no sería igualitario, ya que cada uno pagaría de acuerdo al volumen de su instrumento. En esa medida, es que la base para calcular el pago por la inscripción de documentos debe ser fija, para que se pueda aplicar de la misma forma a todas las personas que reciben una prestación análoga y en la especie, la mínima que se establece es la contemplada por el artículo 79-B de la Ley de Hacienda para la Entidad". . Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, y en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia recurrida. Tan pronto como fue recibida la ejecutoria de amparo, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende que, a fin de determinar si, en el presente caso, la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo tildado de inconstitucional y realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758359051 y 758359038, por la cantidad de $33,587.00 (treinta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), e informó que puso a disposición de la parte quejosa el cheque número 14565, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida. Vista con cumplimiento. Con esas constancias remitidas, por proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2°, de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente la cuantificación y cobro de los derechos registrales amparados mediante los recibos oficiales 758359051 y 758359038, por la cantidad de $33,587.00 (treinta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); asimismo, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso de los artículos 79, fracción II, 79-A, 82 fracción IV, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; de igual manera, realizó la devolución del pago erogado mediante los recibos oficiales 758359051 y 758359038, por la cantidad de $33,587.00 (treinta y tres mil quinientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), mismo que recibió de conformidad. Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Oficio. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa respecto del cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo. Vista. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con la constancia que remite la autoridad oficiante y con las que obran en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.
- Principal
Se notifica por lista al queoso Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, especialmente del oficio signado por la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que sea notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En ese sentido, a fin que la ejecutoria de amparo quede cumplida a cabalidad, no es suficiente que remita la constancia relativa a la entrega del cheque de la cantidad devuelta a la quejosa, lo cual por cierto, ha realizado en este expediente por más de un ocasión, con resultados infructuosos y con un notorio desgaste en los recursos materiales y humanos con los que cuenta este órgano jurisdiccional, además, de ir en contra de la pronta y expedita administración de justicia, en perjuicio de la parte quejosa, en términos del artículo 17 Constitucional. Por lo que, únicamente se requiere desincorporar la norma que le fue aplicada, a la parte quejosa, en los términos en que le fue ordenado en la ejecutoria de amparo, dicho sea de paso, lo que se le ha requerido en diversas ocasiones, sin que al efecto, la autoridad responsable haya cumplido con este aspecto de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. Para el caso de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector son las siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79-A, 82, fracción IV, 82-A, 186, 187 y Tercero Transitorio, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y haga extensiva dicha protección en relación con el acto de aplicación, consistente en el pago de derechos por servicios registrales, de las contribuciones del fomento a la educación y seguridad pública e impuesto adicional, realizados por el peticionario, según la impresión digital de los recibos de pago con números de referencia 758359051 y 758359038, ambos de ocho de mayo de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional".
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