Ernesto Rodríguez Avalos

Expediente 1029/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 59 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1029/2018
Año
2018
Actuaciones
59
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Rodríguez Avalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    ...agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, y atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado Federal, debido a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que vincule el expediente electrónico por medio de la citada plataforma, a efecto de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de consultar todas las constancias y actuaciones que integran este sumario.

  2. Principal

    Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de veintiséis de abril del mismo año, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Por lo anteriormente expuesto, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. Por otro lado, devuélvase las copias certificadas de la citada carpeta a su lugar de origen.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 26/abril/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] En consecuencia, ante lo fundado del concepto de violación que se analiza, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados en contra del artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, en la parte que implícitamente establece la suspensión de los salarios y prestaciones con motivo de la aplicación de la suspensión temporal de carácter preventivo prevista en dicho artículo, para el efecto de que tal porción normativa sea desincorporada de la esfera jurídica del quejoso y no se le aplique en el presente y en lo futuro. La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de aplicación, consistente en la suspensión temporal de carácter preventivo decretada en el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de investigación de responsabilidad ***, y su ejecución. En esa tesitura, la autoridad Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México deberá dejar insubsistente la suspensión temporal de carácter preventivo decretada en dicho proveído y dictar un acuerdo en el procedimiento de investigación de responsabilidad referido en que el establezca que la suspensión temporal de carácter preventivo que decretó en contra del quejoso en la investigación administrativa que se le instruye no implica la suspensión de sus salarios y prestaciones. En ese orden, el Director de Recursos Humanos debe dejar insubsistentes los actos de ejecución que, en su caso, haya realizado en contra del quejoso con motivo de la providencia decretada y reintegrarse los salarios retenidos al quejoso con motivo de la medida establecida y continuar con su pago hasta concluir el procedimiento respectivo. [.]" De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALICEN LO SIGUIENTE: ? Sea desincorporada de la esfera jurídica del quejoso el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en la parte que implícitamente establece la suspensión de los salarios y prestaciones con motivo de la aplicación de la suspensión temporal de carácter preventivo prevista en dicho artículo. ? Concesión que se hace extensiva a los actos de aplicación, consistente en la suspensión temporal de carácter preventivo decretada en el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de investigación de responsabilidad ***, y su ejecución; por tanto, ? El Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, deberá dejar insubsistente la suspensión temporal de carácter preventivo y dictar un acuerdo en el procedimiento de investigación de responsabilidad referido en que el establezca que la suspensión temporal de carácter preventivo que decretó en contra del quejoso, en la investigación administrativa que se le instruye, no implica la suspensión de sus salarios y prestaciones; en consecuencia, ? El Director General de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, deberá dejar insubsistentes los actos de ejecución que, en su caso, haya realizado en contra del quejoso con motivo de la providencia decretada y reintegrar los salarios retenidos al quejoso con motivo de la medida establecida y continuar con su pago hasta concluir el procedimiento respectivo. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficios presentados en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el cuatro y diecinueve de julio, nueve de septiembre, quince de octubre y doce de noviembre, todos de dos mil diecinueve el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió, entre otros los siguientes documentos:  Acuerdo de ***, dictado en el expediente administrativo ***.  Impresiones de los recibos comprobantes de liquidación de pago, correspondientes al periodo que comprende del *** y del *** al *** de ***, así como por concepto de aguinaldo del año referido.  Oficio *** de ***.  Impresiones de los recibos de los comprobantes de liquidación de pago, correspondientes a las quincenas ***, ***, *** y ***.  Impresiones de los recibos comprobantes de liquidación de pago correspondientes a las quincenas ***, *** y ***.  Acuerdo de suspensión temporal de carácter preventivo de ***, dictado en el expediente ***. Cabe precisar que mediante acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, éste Juzgado Federal, determinó requerir al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que informara si concluyó el procedimiento de investigación de responsabilidad ***, o bien, informara el estado procesal que guardaba el mismo. En desahogo a lo anterior, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional el veinte de febrero de dos mil veinte, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, hizo del conocimiento que mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de Honor y Justicia determinó que el expediente de investigación ***, no se desprende una relación lógica jurídica entre las pruebas que se enumeran, la conducta que se atribuye al quejoso y las razones admiculadas con los artículos utilizados como su fundamento, de los que la Dirección General de Asuntos Internos afirma, infringió el solicitante del amparo en su actuar como policía, por lo que devolvió a dicha Dirección General, la carpeta de investigación a fin de que subsanara las irregularidades advertidas, por lo que por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte, se requirió al Director General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que integrara debidamente la carpeta de investigación identificada con el número *** y la remitiera al Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que estuviera en posibilidad de dictar la resolución correspondiente. Así, mediante ocurso registrado con el número de folio 8837, la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que mediante oficio *** de treinta de julio de dos mil veinte y con la opinión fundada y motivada, remitió a la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la totalidad de las actuaciones que conforman la carpeta de investigación administrativa radicada con el número ***, a efecto de que procediera a instrumentar el procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo, de las constancias remitidas no se advirtió si el referido procedimiento había concluido, por lo que por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se requirió al Director General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que informara si concluyó el procedimiento administrativo incoado en contra del quejoso, o bien, informara el estado procesal que guardaba el mismo. En desahogo a lo anterior, mediante oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió el siguiente documento:  Acuerdo de improcedencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente ***. En ese sentido, a efecto de que este Juzgado Federal estuviera en aptitud de realizar el pronunciamiento relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo, mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se requirió al Director General de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que remitiera la constancia de la que se advirtiera de manera fehaciente la fecha exacta en la que fue suspendido el pago al quejoso ***, con motivo del procedimiento de investigación de responsabilidad *** emitido dentro del expediente ***. Así, en desahogo al requerimiento descrito en el párrafo que antecede, mediante oficio registrado con el folio 2802, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, remitió copia del oficio *** de ***, por el que solicitó la retención de pago al quejoso a partir de la quincena 18/2018 y subsecuentes, con motivo del procedimiento incoado en su contra; por lo que mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se requirió al Director General de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que remitiera las constancias de las que se advirtiera el pago realizado a la parte quejosa a partir de la quincena 18/2018 y hasta la fecha en la que se dictó la resolución correspondiente en el expediente CHJ/1254/18- 10, es decir, hasta el veintitrés de octubre de dos mil veinte. En desahogo a lo anterior, mediante oficio presentado el siete de abril de dos mil veintiuno, la apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por una parte, informó que por lo que respecta a las quincenas 18/2018, 19/2018, 20/2018 y 21/2018, después de haber realizado una búsqueda en los archivos que obran en la Subdirección de Nóminas y Remuneraciones, se encontró que las quincenas 18/2018 y 21/2018, fueron consideradas en la devolución; por lo que hace a las quincenas 19/2018 y 20/2018, no fue incluido en nómina el quejoso y que en la quincena 3/2019, correspondiente del uno al quince de febrero de dos mil diecinueve, se realizó el retroactivo de las cuatro quincenas adeudadas, y por otra, remitió entre otros el siguiente documento:  Comprobantes de liquidación de pago correspondientes al periodo comprendido del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (de la quincena 22/2018 a la quincena 20/2020). Documentales que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que: desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en la parte que implícitamente establece la suspensión de los salarios y prestaciones con motivo de la aplicación de la suspensión temporal de carácter preventivo prevista en dicho artículo. En suma a lo anterior, dejó insubsistente el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de investigación de responsabilidad ***, y su ejecución, así como la suspensión temporal de carácter preventivo y dictó un acuerdo en el procedimiento de investigación de responsabilidad referido en que estableció que la suspensión temporal de carácter preventivo que decretó en contra del solicitante del amparo, en la investigación administrativa que se le instruyó, no implica la suspensión de sus salarios y prestaciones. Finalmente, atendiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, dejó insubsistentes los actos de ejecución con motivo de la providencia decretada y reintegró los salarios retenidos al quejoso con motivo de la medida establecida y continuó con su pago hasta concluir el procedimiento respectivo. Así, con dichas documentales se dio vista a la parte quejosa en proveídos de cuatro y diecinueve de julio, nueve de septiembre, quince de octubre, doce de noviembre de dos mil diecinueve, cinco de agosto y treinta de noviembre de dos mil veinte, así como ocho de abril del año que transcurre, para que en el término ahí precisado manifestara lo que a su derecho conviniera; notificaciones que fue realizadas el once y treinta de julio, diecisiete de septiembre, veintiuno de octubre, veintidós de noviembre de dos mil veinte, doce de agosto, de dos mil veinte, seis de enero y dieciséis de abril de dos mil veintiuno; sin que realizara manifestación alguna al respecto. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa y de la parte tercero interesada la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Para el caso de que las autoridades destinatarias de los oficios por los que se dé a conocer el presente proveído, no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanude sus labores, entregue los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sea entregada a sus receptores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Guadalupe Carmen Bonilla García, que autoriza y certifica que el presente acuerdo, así como las constancias que lo originaron, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.".

  4. Principal

    PERSONAL. ...agréguese a los autos el oficio de cuenta, se tienen por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, dése vista a la parte quejosa. Se apercibe.

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