Ernesto Ríos Álvarez
Expediente 689/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Ríos Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales**********., no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Finalmente, se dejan a disposición los documentos allegados por la parte quejosa para efectos de su devolución.
- Principal
Visto el escrito aclaratorio de cuenta suscrito por *********, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ********* mediante el cual da cumplimiento a los requerimientos formulados el tres y el diez de julio del año en curso; en consecuencia, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA En tales condiciones resulta necesario precisar que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: El auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el cual fue notificado el veintiocho siguiente. El auto de veinticuatro de febrero del presente año, mismo que se notificó el veintisiete de febrero del año en curso. El auto de trece de marzo de la anualidad que corre, notificado el catorce siguiente. El auto de veintisiete de abril pasado, notificado el veintiocho siguiente. El auto de dos de mayo del año en curso, notificado el tres siguiente. El auto de quince de mayo del mismo año, notificado el dieciséis siguiente. La resolución de veintidós de mayo de este año, relativa a los recursos de revocación presentados por el propio quejoso contra los autos veintisiete de abril y dos de mayo, la cual fue notificada electrónicamente el veintitrés de mayo pasado. Todo lo anterior dentro de los autos del expediente ***, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad. En ese contexto, y por lo que respecta a los actos reclamados consistente señalados en los incisos a) al g); se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos referidos, el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente, al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedora de los mismos, de conformipdad con lo que dispone el artículo 18 de la ley de la materia. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. Ahora bien, la referida regla que rige el plazo de quince días como término procesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial - como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Por lo tanto, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional - fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. En el caso concreto, el accionante del amparo manifestó que fue notificado de los actos reclamados de la siguiente manera: Por lo que respecta al acto señalado en el inciso a) notificado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, por tanto a la fecha de presentación de la demanda ha trascurrido un plazo de más de siete meses. Por lo que hace al acto reclamado señalado en el inciso b) notificado el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por tanto a la fecha de la presentación de la demanda transcurrió en exceso más de cuatro meses. Asimismo, tocante al acto señalado con la misiva c) notificado el catorce de marzo del año en curso, por tanto a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrió un plazo de más de tres meses. De igual manera, referente al acto descrito en el inciso d) notificado el veintiocho de abril de la anualidad que corre por lo que a la fecha de la presentación de la demanda trascurrió un plazo de tres meses. Por lo que hace al inciso e) notificado tres de mayo de dos mil diecisiete, a la fecha de presentación de la demanda transcurrió un plazo de dos meses. Asimismo, por lo que refiere al inciso f) notificado el dieciséis de mayo pasado, a la fecha de presentación de la demanda han transcurrido treinta días, y Finalmente, referente al acto reclamado en el inciso g), notificado el veintitrés de mayo de la anualidad que corre, ha transcurrido a la fecha de la presentación de la demanda veinticinco días. Por ello, si el quejoso fue notificado de todos los actos reclamados en las fechas indicadas, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda (treinta de junio de dos mil diecisiete), transcurrieron en exceso los quince días que tenían para promover el juicio de amparo biinstancial, de conformidad con el artículo 17 de la ley de la materia. Por lo tanto, es válido concluir, que el impetrante de amparo consintió tácitamente los citados actos reclamados que pretende combatir en esta instancia constitucional. Por las razones que contiene es aplicable la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro y texto: ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo En ese tenor, si la Ley de Amparo contempla los supuestos específicos para la presentación de la demanda de amparo, después de transcurridos quince días, dentro de los que no se ubican los actos reclamados en este juicio, es inconcuso que la presentación de la demanda se efectuó en forma extemporánea. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 17, de la Ley de Amparo y con fundamento en el artículo 113 de la ley citada, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Visto el escrito signado por ************, en su carácter de quejoso, se advierte que pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de tres de julio del año en curso; pues al efecto exhibe el acta de nacimiento de su menor hija de iniciales *************; de igual forma, manifiesta las fechas en las que fue notificado de los actos reclamados señalados en su escrito de demanda con los incisos A), C), E) y G). Por otra parte, refiere cómo fue que la autoridad violó el principio de imparcialidad; además, precisó que el número del controvertido de origen lo es el 2399/2016. En ese sentido, no ha lugar a tenerla por desahogada, toda vez que de las constancias de recepción del escrito que se atienden se advierte que la parte quejosa fue omisa en manifestar la fecha en que fue notificada del diverso acto reclamado señalado en el inciso B), incumpliendo así con los términos en los que se efectuó la prevención de tres de julio de dos mil diecisiete; por tanto, no se tiene por subsanada en su integridad la prevención formulada y le subsiste el requerimiento, así como el apercibimiento y el término, contenido en dicho auto. En el entendido que fue notificado del auto de tres de julio de dos mil diecisiete, el seis siguiente y el escrito de cuenta lo presentó el siete del mismo mes y año, es decir, sin que le haya transcurrido el término concedido; por lo que dispone del plazo previsto en el citado acuerdo, el cual se computará una vez que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que esté en condiciones de desahogar el requerimiento, así como para que tenga conocimiento del presente acuerdo. Sirve de apoyo la 2a./J 106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, de noviembre de dos mil tres, página ciento treinta y tres, de rubro: "AMPARO, ACLARACIÓN DE DEMANDA, SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO."
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, cumple el requerimiento formulado en auto tres de julio de los actuales. Ahora bien, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue cabalmente la prevención formulada en auto tres julio de dos mil diecisiete o bien transcurra el término otorgado para tal efecto.
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