Ernesto Pérez Santos
Expediente 287/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/11/2021
Partes del expediente
- Ernesto Pérez Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
L.- Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la determinación emitida el quince de octubre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en acatamiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el presente juicio. Destino de los cuadernos incidentales Asimismo, el original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa es susceptible de depuración, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva (artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo) y el duplicado del mismo es susceptibles de destrucción (artículo 20 fracción II inciso a) del citado Acuerdo). Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de octubre de dos mil veintiuno. Remite constancias Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Zona de Distribución Toluca, de la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Sur, de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual en cumplimiento al proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de las constancias de las cuales deriva el acto reclamado, de las que se advierte que el quejoso actualmente cuenta con energía eléctrica . Designación de delegados y domicilio Con sustento en los numerales 9 y 26, fracción II, inciso a), de la ley de la materia, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los que señala. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, de las constancias de referencia se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de lo estipulado en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: Por revocación; y, Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Por tanto, en términos del motivo de improcedencia apuntado, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Son aplicables al caso, las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera identificada con el número de registro 193758, tesis 2ª./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." La diversa, con número de identificación 196820, tesis 2ª./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es el corte el suministro de energía eléctrica; sin embargo, la responsable informó que el treinta de junio de dos mil veintiuno, el aquí quejoso realizó el pago correspondiente, por lo que ya no cuenta con adeudos en la facturación pendiente de pago; por tanto el amparista actualmente cuenta con energía eléctrica, como se advierte de las copias certificadas que remite la autoridad responsable a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitida por funcionario en ejercicio de sus funciones. Luego, si la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de su efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tal consideración se desprende del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, pagina 731, Quinta Época, con registro 321701, del rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". En consecuencia, tal como se evidencia de lo relatado, los efectos de la transgresión aducida por la parte quejosa cesaron. De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, así como del estado procesal del presente juicio de amparo, se advierte que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del día de la fecha, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, a la fecha transcurrió el término de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad Superintendencia, Zona Toluca, División Valle de México, rinda su informe justificado. Requerimiento de constancias En ese contexto; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y del diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad Superintendencia, Zona Toluca, División Valle de México, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita a este órgano federal copia legible y debidamente certificada de las constancias de las cuales deriva el acto reclamado, o en su caso manifiesten la imposibilidad material en la que se encuentre a fin de dar cumplimiento a lo anterior. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional En ese contexto, a fin de que se cumplimente lo anterior y no vulnerar las reglas procesales del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional prevista para este día y se señalan las once horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Quejoso no desahogo requerimiento Por otra parte, vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió en exceso el término de tres días otorgado mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de la autoridad responsable Personal de Campo adscrito a la Subestación Toluca 2000 de la Comisión Federal de Electricidad; sin que al día de la fecha se haya recibido promoción al respecto. Se tiene autoridad inexistente En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se dejan de tener como autoridades responsables en el presente juicio de amparo al Personal de Campo adscrito a la Subestación Toluca 2000 de la Comisión Federal de Electricidad. Tiene aplicación la tesis III.2o.P.36 K, visible en la página 2329, Tomo XXIII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2006, Novena Época, Materia Común, con número de registro 176376, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, del cual se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día de la fecha, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable a fin de que se encuentre en posibilidad de rendir su informe justificado solicitado mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia agendada para el día de la fecha y señalar en su lugar las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, en lo atinente a las notificaciones de este proveído es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con el número de registro 2002576, tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". De la misma forma, las tesis cuyos rubros son los siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA." (Octava Época, 1ª Sala; Apéndice 1995; Tomo VI, S. J. F. y su Gaceta, Pág. 58)" "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA." (Novena Época, T. C. C; S. J. F. y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Pág. 887. Materia Común)". Notifíquese. Lo proveyó y firma Eduardo López Reyes, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, vigente en términos del tercero transitorio de la actual normatividad y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3151/2021, emitido el treinta de agosto de dos mil veintiuno por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Mario Iván Soriano Esparza, secretario que autoriza y da fe. los
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