Ernesto Pérez Méndez y Otros.
Expediente 533/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ernesto Pérez Méndez y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 14499, correspondiente al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el veinticuatro de junio del año en curso, en el conflicto competencial 15/2021 de su índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "UNICO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por promovido por Ernesto Pérez Méndez en representación de sus menores hijos con iniciales L.E.P.V. y M.F.P.V., el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México. (.)" Sin necesidad de acusar recibo, toda vez que como lo indica, el contenido y recepción que se asienta en el oficio de cuenta, hace las veces del acuse respectivo, lo anterior, en términos del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Institucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capitulo III, inciso F, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Atento a lo resuelto por la Superioridad, en el sentido que dicho Tribunal Colegiado declaró que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por la parte quejosa Ernesto Pérez Méndez en nombre y representación de los menores con iniciales L.E.P.V. y M.F.P.V. En esas condiciones, tomando en consideración la certificación de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que este juzgado fue declarado legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para lo efectos legales procedentes. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este proveído, procédase a la destrucción del citado cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, respecto del oficio 21454/2021 signado por el actuario judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, agréguese sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez, que de párrafos anteriores se advierte que el oficio 14499, fue recibido y se acordó lo conducente. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio recibido vía interconexión signado física y electrónicamente por la Actuaria Judicial adscrita al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, en lo conducente, informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el cual quedó registrado bajo el número 15/2021, de su índice. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio 5679/2021, recibido vía interconexión de órganos jurisdiccionales, correspondiente al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, en lo conducente, informa se planteó conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el oficiante, asimismo, que se remitieron los autos de manera electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio suscrito vía electrónica por el Secretario adscrito al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, al que se anexa la demanda de amparo y anexos recibidos vía interconexión por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, y remitida a la Oficina de Correspondencia Común, promovido por Ernesto Pérez Méndez en nombre y representación de los menores con iniciales L.E.P.V. y M.F.P.V.; toda vez que el citado juzgado declinó competencia a favor de este Juzgado. En consecuencia, fórmese expediente impreso y electrónico; y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 533/2021, acúsese recibo de estilo. Ahora, del oficio de cuenta se tiene al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, informando que dicho órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por cuestión de territorio para conocer del juicio de amparo 491/2021, promovido por Ernesto Pérez Méndez en nombre y representación de los menores con iniciales L.E.P.V. y M.F.P.V., contra actos del General Brigadier, Diplomado de Estado Mayor, Jefe de Estado Mayor Interino de la Primera Región Militar, residente en la ciudad de México, y otras autoridades. Ello, por las consideraciones narradas, sin embargo, en el caso no se comparten las razones expuestas por juez declinante, toda vez que adverso a sus estimaciones, los promoventes no recurren la orden de causar baja del Hospital Militar de Zona, con residencia en Ixcotel, Estado de Oaxaca, sino que propiamente lo es la retención de los haberes indicada, lo cual, a más de lo ya expuesto, en su caso tendría ejecución en la Ciudad de México, donde ya se manifestó que acudieron y, apreciaron la retención, incluso, en su caso, se actualizaría la diversa hipótesis referente a que en su caso de tener ejecución en distintos lugares, es competente el que haya conocido de la demanda Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no comparte las razones expuestas del Juzgado declinante y, por ende, no se acepta la competencia declinada, por las siguientes razones: En este punto se estima prudente indica que el acto aquí reclamado por los menores quejosos, esencialmente se hace consistir la emisión del oficio número M-3/0700, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, por cuanto ordena la retención del 50% (cincuenta por ciento) del haber y el 100% (cien por ciento) de los sobrehaberes y demás emolumentos que recibe su progenitor, cuestión que se estima cobra relevancia según se expondrá. Cierto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo cual previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. En ese sentido, los artículos 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Los preceptos trascritos, fijan la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. Además, de la interpretación de los citados preceptos legales, permiten dilucidar la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la cual se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro tomado en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en el ejercicio de jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere emitido esa resolución. De lo anterior, se estima que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Atento a lo anterior, como se adelantó este juzgado considera que carece de competencia legal para conocer del asunto declinado. Lo anterior, porque se considera que los menores aquí quejosos en esencia reclaman de las autoridades responsables la emisión del oficio número M-3/0700, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, por cuanto ordena la retención del 50% (cincuenta por ciento) del haber y el 100% (cien por ciento) de los sobrehaberes y demás emolumentos que recibe Ernesto Pérez Méndez, derivado de que el mismo ha causado alta en el Grupo de Militares Procesados en la Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar, lo anterior con motivo de la causa penal 0172/2021 iniciada en su contra, la cual se encuentra radicada en el Segundo Juzgado Militar de Control adscrito a la Primera Región Militar, por los delitos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática y falsificación de documentos, pues refieren que tal cuestión relativa a reducir los emolumentos percibidos por su progenitor, se ven afectados diversos derechos humanos de los menores quejosos, entre ellos el derecho a una vida digna, a la dignidad humana, integridad física, a la educación, a la salud y en general al bienestar físico, psicológicos cultural y espiritual de los mismos. En ese sentido, se considera que el acto aquí reclamado a través del cual le hacen del conocimiento de la aquí parte quejosa que las percepciones de su progenitor, se verán reducidas en un 50% (cincuenta por ciento) del haber y el 100% (cien por ciento) de los sobrehaberes y demás emolumentos que recibe, es un acto positivo que carece de ejecución, ya que le reviste una naturaleza meramente declarativa. Así, al efecto, conviene señalar que un acto declarativo es aquél en el que la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, por lo tanto, derivan actos meramente declarativos que se consuman desde la fecha en que se hace esa declaración. Ello, virtud que la autoridad al emitir la determinación específica -retención de haberes y, demás percepciones a que tenga derecho- contenida en el oficio aquí reclamado, únicamente hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa la situación que debía prevalecer respecto a los haberes de su progenitor, respecto haber causado alta en el Grupo de Militares Procesados en la Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar, lo anterior con motivo de la causa penal 0172/2021 iniciada en su contra, la cual se encuentra radicada en el Segundo Juzgado Militar de Control adscrito a la Primera Región Militar. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmado en la tesis visible en la página 283, tomo XXII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 280,082, de rubro: "ACTOS DECLARATIVOS.". De aquí que, en el caso concreto se estima que dicha determinación por sí misma no requiere ejecución material inmediata o instantánea, pues como su propia denominación lo establece, sus efectos son meramente declarativos en vía de consecuencia. Esto, porque la sola declarativa no trasciende ni modifica el estado material preexistente de las cosas, ya que se concreta a señalar únicamente el estado que guardan los haberes que recibirá el progenitor de la parte quejosa, lo cual hasta ese momento no requiere de ejecución material. Ahora, si bien la ejecución material del acto reclamado, en vía de consecuencia, puede contener una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, lo cierto es que dado los términos planteados en la demanda de amparo, se pretende únicamente el análisis de los alcances del oficio reclamado en cuanto a la indebida motivación o fundamentación, lo cual para efectos de competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, se limita a la jurisdicción en donde se presentó la demanda por tratarse de un acto meramente declarativo, como quedó expuesto. Por lo que, si el acto que realmente se reclamó, lo es el oficio número M-3/0700, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, por cuanto ordena la retención del 50% (cincuenta por ciento) del haber y el 100% (cien por ciento) de los sobrehaberes y demás emolumentos que recibe Ernesto Pérez Méndez, del cual destacan su indebida motivación y fundamentación, se estima dicha determinación solo tiene efectos declarativos, y ello es suficiente para considerar que el Juez de Distrito competente en el conocimiento del juicio de amparo indirecto lo es el de la Ciudad de México, pues aquella decisión por sí sola no requiere de una ejecución material. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 17/2014 (10a.), en la página 500, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Jurisprudencia (Común), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En ese contexto, con fundamento en los numerales 37, último párrafo, y 48 de la Ley de Amparo, así como lo dispuesto en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y 20/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, éste órgano jurisdiccional considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, resultando ser competente para ello el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, a quien debe devolverse el presente asunto; fórmese cuaderno de antecedentes. Se solicita el acuse de recibo correspondiente. No obstante lo anteriormente expuesto y, en el supuesto sin conceder que el acto reclamado como lo sostiene la autoridad oficiante tiene ejecución material, se considera que aun así éste órgano jurisdiccional carece de la competencia legal para conocer del presente asunto. Ello se estima así, pues recuérdese que el acto reclamado en el presente juicio de amparo esencialmente se hace consistir por los menores quejosos en la emisión del oficio número M-3/0700, de fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno, por cuanto ordena la retención del 50% (cincuenta por ciento) del haber y el 100% (cien por ciento) de los sobrehaberes y demás emolumentos que recibe su progenitor Ernesto Pérez Méndez, derivado de que el mismo ha causado alta en el Grupo de Militares Procesados en la Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar, lo anterior con motivo de la causa penal 0172/2021 iniciada en su contra, la cual se encuentra radicada en el Segundo Juzgado Militar de Control adscrito a la Primera Región Militar, pues al efecto refieren que al reducir los emolumentos percibidos por su progenitor, se ven afectados diversos derechos humanos de dichos menores, entre ellos el derecho a una vida digna, a la dignidad humana, integridad física, a la educación, a la salud y en general al bienestar físico, psicológicos cultural y espiritual de los mismos, el cual refieren carece de una debida motivación y fundamentación. De ahí que, en su caso, la ejecución del acto reclamado sería en el lugar en el que le realizan el pago de los haberes al progenitor de la parte quejosa, el cual se localiza en la ciudad de México, como lo refieren en su demanda de amparo, al señalar: "(.) El día 14 de abril del año en curso, el suscrito acudió a la Pagaduría de la Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar, en donde se le otorgó la cantidad de $2,411.95 (DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N.), como salario quincenal. Misma que resulta insuficiente para la subsistencia, desarrollo y bienestar de mis representados. (.)"; por tanto, como se dijo, en el supuesto sin conceder si el acto aquí reclamado tiene ejecución, de conformidad con lo expuesto en la demanda de amparo y la pretensión de los menores quejosos, éste órgano jurisdiccional considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, resultando ser competente para ello el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México. Sin que en el caso se advierta que la pretensión de la demanda se encuentre encaminada por los menores quejosos, a controvertir la baja de su progenitor del Hospital Militar de Zona, con residencia en Ixcotel, Estado de Oaxaca; aunado a que se considera irrelevante éste sea el lugar en el cual el progenitor de la parte quejosa, realizara las funciones propias de su cargo. Aunado a que las autoridades señaladas como responsables tienen su domicilio en aquella ciudad. Máxime que la parte quejosa, manifestó que su progenitor causó alta en el Grupo de Militares Procesados en la Prisión Militar Adscrita a la Primera Región Militar, lo anterior con motivo de la causa penal 0172/2021 iniciada en su contra, la cual se encuentra radicada en el Segundo Juzgado Militar de Control adscrito a la Primera Región Militar. Así las cosas, se estima que en el caso concreto, éste órgano jurisdiccional carece de la competencia legal propuesta por la autoridad declinante, ello por las consideraciones ya narradas y expuestas, pues en el caso no se comparten las razones del juez declinante, toda vez que adverso a sus estimaciones, los promoventes no recurren la baja del lugar donde el progenitor de la parte quejosa desempeñaba sus conocimientos, sino la retención de los haberes, lo cual, a más de lo ya expuesto, en su caso tendría ejecución en la Ciudad de México, donde ya se manifestó que acudieron y apreciaron la retención, incluso, además, en su caso, se actualizaría la diversa hipótesis referente a que en su caso de tener ejecución en distintos lugares, es competente el que haya conocido de la demanda de manera primigenia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la estadística del juzgado y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Como lo solicita la parte promovente, se le tiene autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ivette Zamarripa Durán y Jesús Antonio Pacheco Flores, toda vez que cuentan con cédula profesional que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual se encuentra vinculado con el usuario "Verezamarripa". Por tanto, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que a partir del presente auto, las subsecuentes notificaciones de carácter personal le correspondan a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Ahora, en cuanto a la consulta vía internet del expediente electrónico de este juicio de amparo y, vista la certificación de cuenta se autoriza al citado usuario, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente vía electrónica.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- Ernesto Ausencio Cruz Cruz1089/2016
- Ernesto Cortés Martínez507/2017
- Ernesto del Carmen Hernandez71/2016
- Ernesto Díaz León235/2021
- Ernesto Javier Rodríguez Puente357/2018
- Ernesto López Santiago193/2016
- Ernesto Roberto Canseco Valdez778/2018
- Ernesto Salomón Chagoya Cordero1031/2019
- Erving de Jesús Mendoza Elizondo y Otros.495/2017
- Erving de Jesús Mendoza Elizondo1035/2017
- Erving Noel León Aquino571/2023
- Erving Noel León Aquino899/2023