Ernesto Perez Aguilar
Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 285/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernesto Perez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
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Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 305/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la secretaria Gabriela Tirado Ruiz, quien autoriza y da fe.Ser*
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Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el tres de julio de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. En virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, en caso de que las autoridades responsables, se encuentren gozando del periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificarles el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la parte recurrente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el que se declaró sin materia el recurso de queja registrado con el número 153/2019 quedó firme y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. De igual forma, glósese a los autos el cuaderno provisional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 285/2019-I, promovido por ERNESTO PÉREZ AGUILAR, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y enviado por razón de turno en esa misma fecha a la oficialía de partes de este juzgado, ERNESTO PÉREZ AGUILAR, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos e Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, consistente en la inscripción y afectación del inmueble registrado con folio real electrónico número 6067795, ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, colonia Cantarranas, en esta ciudad y los efectos que produzcan o puedan producir. SEGUNDO. Por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, este juzgador previno al quejoso para que aclarara su demanda y expresara si también señalaba como acto la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 400/2017 y sus consecuencias. TERCERO. Por escrito presentado el once de marzo de este año, el quejoso precisó como actos reclamados, además del señalado en su demanda de amparo, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 400/2017 y sus consecuencias. CUARTO. Mediante proveído de doce de marzo del año que transcurre, nuevamente se previno a la parte quejosa para que expresara, dentro del plazo de cinco días, si señalaba como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en virtud de que éste es quien en su caso llevo a cabo la diligencia de emplazamiento en el expediente de origen y que señaló como nuevo acto reclamado; se apercibió al quejoso que de no realizar manifestación alguna se le tendría por desinteresado en el señalamiento de dicha autoridad y como autoridades responsables únicamente a las indicadas en el escrito inicial de demanda. QUINTO. Por auto de veintinueve de marzo de este año, toda vez que el quejoso no compareció a ratificar el escrito mediante el cual pretendió señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se le tuvo por no presentado y se admitió la demanda por ambos actos reclamados, empero únicamente por cuanto a las autoridades indicadas en el escrito inicial de demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó los informes justificados, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito SEXTO. Atento al contenido del informe justificado, por auto de siete de mayo del año que transcurre, se tuvo como tercero interesado a Ramiro Israel Bahena Castillo y se ordenó emplazarlo al juicio. SÉPTIMO. Por escrito del quejoso presentado el veintiuno de mayo de este año, solicitó ampliar su demanda de amparo por cuanto a conceptos de violación y autoridad responsable, ya que señaló al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. OCTAVO. En auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso ampliando la demanda únicamente por cuanto a los conceptos de violación, no así por cuanto al Actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, toda vez que mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto doce de marzo del año actual y se le tuvo por desinteresado en su señalamiento como responsable. NOVENO. Contra dicho auto el quejoso interpuso recurso de queja, que se dio trámite en auto de siete de junio de dos mil diecinueve, y se determinó que no había lugar a suspender el procedimiento del presente juicio, por tanto, la audiencia constitucional fijada en el auto de veintidós de mayo pasado, se inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Ahora bien, atendiendo a la demanda de amparo y su ampliación, así como los argumentos de sus conceptos de violación, se advierte que el quejoso al ostentarse como tercero extraño al juicio por equiparación, lo que realmente reclama es: a) El emplazamiento realizado el cinco de octubre de dos mil dieciocho en el juicio ordinario civil 400/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos promovido por Ramiro Israel Bahena Castillo en contra del quejoso, practicado por el actuaria adscrito al Juzgado responsable, así como sus consecuencias. b) El auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el cual, el juez responsable dictó como medida de conservación, la anotación preventiva de que el inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, colonia Cantarranas, con clave catastral 1100-07-003-019, en esta ciudad, se encuentra en litigio al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, no obstante que el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, negó en su informe justificado respecto al emplazamiento y lo admitió respecto a la orden de anotación de que el bien inmueble se encuentra sujeto a litigio, ya que quedó demostrada su existencia, puesto que dicho juzgador en el juicio ordinario civil 400/2017, en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictó la orden de anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble y ordenó el emplazamiento a juicio del quejoso, que se ejecutó en la diligencia de cinco de octubre de dos mil dieciocho, por el actuario de su adscripción. Igual consideración resulta en relación a la autoridad Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado; toda vez que en cumplimiento al acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho emitido en los autos del juicio de origen, el Juez responsable ordenó que se girara oficio a dicha dependencia a fin de que realizara la anotación marginal del litigio sobre el bien ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, colonia Cantarranas, con clave catastral 1100-07-003-019. Lo que además, se encuentra corroborado con las copias certificadas del juicio ordinario civil 400/2017 (anexo I); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. Así las cosas, de oficio, respecto del acto consistente en el emplazamiento realizado el cinco de octubre de dos mil dieciocho en el juicio ordinario civil 400/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se advierte que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia consignada en el artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, en sentido contrario de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; Se actualiza la causal de improcedencia invocada en virtud de que no se puede considerar a la parte quejosa como una persona extraña por equiparación al juicio ordinario civil 400/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en virtud de que no se ha emitido sentencia en dicho juicio. En efecto, de las copias certificadas del juicio ordinario civil 400/2017, se deprende que su estado procesal es el siguiente: 1. En auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete bajo el expediente del juicio ordinario civil 400/2017, la entonces Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda presentada por Ramiro Israel Bahena Castillo, en contra de ERNESTO PÉREZ AGUILAR y otros, en la que se reclamó la inexistencia y nulidad absoluta de la escritura pública 17,818, inscrita en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, de siete de mayo de dos mil quince con folio electrónico 606795-1, relativo al contrato de compraventa celebrado por el demandado ERNESTO PÉREZ AGUILAR y Marie Furukaki Matsumoto, del bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, con clave catastral 1100-07-003-019, en esta ciudad; así como la cancelación de la inscripción de la escritura pública en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y el pago de gastos y costas del juicio; en dicho auto se ordenó emplazar a los demandados, entre ellos a ERNESTO PÉREZ AGUILAR, pero al desconocer su domicilio ordenó girar oficios a diversas autoridades, dependencias y personas morales para que le informaran si contaban con algún domicilio en sus registros. Asimismo, en dicho auto acordó como medida de conservación, la anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, de esta ciudad, con clave catastral 1100-07-003-019, por lo que giró oficio a dicho Instituto. 2. En diligencia desahogada el cinco de octubre de dos mil dieciocho, la actuaria del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realizó el emplazamiento de forma personal con ERNESTO PÉREZ AGUILAR en el domicilio ubicado en Calle 2, número 5, colonia Adolfo López Mateos, en esta ciudad. 3. Mediante oficio ISRyCEM/DJ/3602/2018, el Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, con data del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, informó al juez natural que realizó la anotación solicitada que quedó asentada con folio 606795-1 del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) y remitió las constancias que lo acreditaban. 4. En auto de siete de noviembre de dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento al demandado ERNESTO PÉREZ AGUILAR, y se le tuvo por acusada su rebeldía y por presuntivamente confesos los hechos de la demanda y se ordenó que las subsecuentes notificaciones se realizaran por boletín judicial. 5. En catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juez responsable desahogó la audiencia de conciliación y depuración, y al no poder exhortar a las partes a un arreglo conciliatorio por la incomparecencia de las demandadas, se procedió a depurar el procedimiento, por lo que ordenó abrir el juicio a prueba por un término común de ocho días para que las partes ofrecieran pruebas. 6. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por la parte actora, por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó turnar los autos para resolver lo que en derecho procediera. Esta es la última actuación que se dictó en el juicio natural del que emana los actos reclamados. De dichos antecedentes se aprecia la etapa procesal en que se encuentra el juicio ordinario civil 400/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, ya que a la fecha no se ha emitido sentencia; observando que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que fue el cinco de marzo de este año, no se había cerrado instrucción en el juicio natural, puesto que fue hasta el veintiocho de marzo siguiente, en que el juez responsable, ordenó turnar los autos para resolver en definitiva. Ahora bien, el Máximo Tribunal del País ha definido vía jurisprudencia, que para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107 fracción VI de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Así lo definió la jurisprudencia del Tribunal en Pleno, P./J.7/98, Visible en la página 719 del tomo II. Procesal Constitucional 1., común primera parte, SCJN quinta sección procedencia del amparo indirecto, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que indica: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Además, en la jurisprudencia 251, publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio y que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, actualmente 107, fracción VI, de la nueva Ley de Amparo. Precisado lo anterior, como se adelantó en los párrafos que anteceden, se estima que en el caso, respecto del acto reclamado consistente en el emplazamiento al juicio ordinario civil 400/2017, del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no es persona extraña por equiparación al juicio de origen. En efecto, de los antecedentes narrados es factible arribar a la conclusión de que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio natural, ya que con la vista que se dio al quejoso con los informes justificados en este juicio, ya tiene conocimiento de la controversia civil, pues incluso, amplió su demanda contra las diligencias de emplazamiento, a más que en el juicio ordinario civil 400/2017 no se ha dictado la sentencia definitiva, por lo que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impide imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento de origen y que por ello se infringió en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio civil hasta de que se dictara sentencia al haber presentado su demanda incluso antes de que se cerrara instrucción en el juicio de origen está en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, a virtud de que como se relató, la autoridad responsable no había turnado el juicio natural para resolver en definitiva, entonces no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Así las cosas, se aprecia el juicio civil de origen del que emana el acto reclamado, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba en trámite; por tanto, se reitera que el quejoso tuvo conocimiento del mismo con la vista que se les dio con el informe justificado y se encuentra en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa al no encontrarse resuelto el mismo, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento que reclama, porque la acción constitucional indirecta en contra de dicho acto únicamente está reservada a personas extrañas por equiparación entendiendo por éstas, a aquellas que siendo parte formal en la controversia, no fueron llamadas o lo fueron incorrectamente y entonces acuden al amparo indirecto a hacer valer sus derechos al ya encontrarse resuelto el juicio con sentencia, aunque ésta no esté firme, pues a través del juicio de garantías podrán acceder a un medio de defensa eficaz, lo que en el particular no acontece, pues como se reseñó, el juicio de origen aún no se encuentra totalmente concluido, y el aquí quejoso ya tiene conocimiento de las actuaciones dictadas y están en posibilidad de agotar la instancia ordinaria para hacer valer sus derechos, lo que genera que el presente juicio resulte improcedente. Apoya a la anterior determinación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2000293, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia Común, página 1627 del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia P./J.1/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5, número de registro 2000348 del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. En ese sentido, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, ostentándose tercero extraño a juicio por equiparación, reclamando de inconstitucional su emplazamiento; empero, no tiene tal carácter en razón de que ya tiene conocimiento del juicio natural y no se ha dictado sentencia, por lo que pueden comparecer a impugnar al juicio natural el emplazamiento viciado, antes de la emisión de la sentencia, ya que aún tiene la oportunidad legal para acudir al juicio natural y hacer valer sus derechos, como así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes citada, pues la única salvedad que establece para seguir gozando de la prerrogativa de encuadrar en el supuesto de tercero extraño indicado, es que se haya dictado la sentencia precisamente por las prerrogativas probatorias que el amparo concede; empero al no estar en ese supuesto, pese a existir el cierre de instrucción, y tratarse de una excepción en la causal de improcedencia ésta debe ser expresamente definida y al no estarlo dicha circunstancia no impide resolver en los términos indicados. Incluso, en caso de promover el recurso correspondiente contra la sentencia definitiva, puede hacer valer esa violación procesal como agravio, para posteriormente en el juicio de amparo directo, señalar como una infracción al procedimiento, su citación a juicio, conforme lo establece el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. Así las cosas, basta que antes de que se dicte la sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio por equiparación, como ocurre en la especie. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; respecto del acto reclamado analizado. Sin que se soslaye la posible actualización de diversa causa de improcedencia, ante la falta de llamamiento de la autoridad que efectúo el acto reclamado, empero la descrita se estima de estudio preferente. QUINTO. Estudio de fondo del acto reclamado marcado como 2) en el considerando segundo de esta sentencia. Al no existir causa de improcedencia que se actualice respecto del acto reclamado que estriba en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, procede a su estudio. Es infundado el único concepto de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, en el cual, una vez que establece en qué consiste la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, señala que la autoridad debió cumplir con las formalidades consistentes en: 1) notificarle del inicio del procedimiento seguido en su contra, 2) Darle la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas, 3) Darle la oportunidad de alegar, y 4) El dictado de una resolución dirigida al quejoso, y que al no hacerlo, no se le dio la oportunidad de defenderse previo a la orden de inscripción y limitación de su derecho de propiedad en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Lo anterior, resulta infundado porque el artículo 14 constitucional transcrito prevé la garantía de previa audiencia contra actos de privación de propiedades, posesiones o derechos, la cual para que se cumpla es menester que todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas formalidades que configuran esa garantía de audiencia a favor de los gobernados, y que en esencia, resultan las siguientes: a) Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. b) Que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas y que se le permita en su oportunidad formular sus alegaciones correspondientes. c) Que finalmente, el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre la cuestión debatida y le sea hecha de su conocimiento. Para tener por satisfecha la garantía de audiencia durante un procedimiento, es necesario que se cumplan con estos requisitos para que el quejoso se encuentre en posibilidad de defenderse de cualquier procedimiento en su contra. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." No obstante lo anterior, se ha establecido que en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y debido proceso legal, como derechos fundamentales del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos en forma definitiva. Así, con el fin de determinar de forma exacta la garantía constitucional violada, es necesario hacer la distinción entre los actos de molestia y los actos de privación, por lo que se considera conveniente atender lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo IV, julio de 1996, página 5, que a la letra dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." De la anterior jurisprudencia es posible advertir, que atendiendo a sus fines se puede dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, por lo que se llega a la siguiente conclusión. a) Actos privativos. Cobran sustento los mismos cuando la finalidad del acto persigue la privación del bien materia del conflicto, de una manera definitiva y al respecto rige la garantía de audiencia previa que consagra el artículo 14 constitucional. b) Actos de molestia. Se está en presencia de éstos, cuando el acto sólo atiende a una restricción provisional o preventiva de los bienes jurídicos del gobernado y al respecto rige únicamente la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional. En el caso, el quejoso reclama en esencia el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en el cual, el juez responsable una vez que admitió la demanda en vía ordinaria civil, ordenó emplazar al quejoso ERNESTO PÉREZ AGUILAR y dictó como medida de conservación la anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, colonia Cantarranas, con clave catastral 1100-07-003-019, en esta ciudad, por considerar que vulnera su garantía de audiencia, pues en ningún momento ha tenido conocimiento del procedimiento y no se le dio oportunidad de audiencia ni de defenderse. Empero, contrario a lo señalado por el accionante del amparo, la emisión del auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, no se rige por la garantía de previa audiencia, pues los actos derivados de éste como lo es la medida de conservación consistente en la anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no constituye un acto privativo definitivo, sino una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para conservar la cosa materia del litigio, en tanto se resuelva el procedimiento judicial en definitiva, sobre la inexistencia y nulidad del contrato de compraventa celebrado entre el quejoso y otra persona respecto del bien inmueble sobre el cual se ordenó la anotación preventiva. Por lo anterior, se puede afirmar, que la medida prevista por el auto reclamado no es definitiva sino de carácter precautoria, pues los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos a la tramitación del juicio de que trate, en donde como quedó precisado el hoy quejoso es parte y donde podrá excepcionarse, y en el cual, en el momento procesal oportuno la autoridad judicial podrá dictar la resolución correspondiente, la que según su sentido, puede constituir un acto privativo. En este orden de ideas, como el acto reclamado es una medida que restringe de manera provisional o preventiva el derecho de hacer uso de un bien por parte del demandado en determinado juicio, en aras de garantizar que el bien inmueble no se traslade o de dominio o se grave el bien raíz, mientras se resuelve en definitiva un procedimiento judicial, se concluye que se está ante un acto de molestia y no de privación. Así las cosas, al ser el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete y los consecuentes actos tendientes a su cumplimiento, de molestia, es claro que en términos del artículo 14 constitucional no rige sobre él la garantía de previa audiencia, de ahí que contrario a lo que aduce el hoy quejoso en sus conceptos de violación la autoridad responsable no vulneró sus garantías individuales al dictar el auto reclamado, sin previamente notificarle. Tiene aplicación al caso por analogía, la jurisprudencia de la Novena Época, número P/J 66/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo VI, septiembre de 1997, página 67, que a la letra dice: "EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una medida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha valer, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relativo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corrobora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá constituir un acto privativo." Aunado a ello, precisamente en el citado auto también se ordenó el emplazamiento del quejoso, para que pueda comparecer al juicio ordinario civil a defender sus derechos, esto es, apenas se cumple con la primera de las formalidades a que se refiere el quejoso, que es notificarle el inicio del procedimiento seguido en su contra así como la medida de conservación impugnada, para que posteriormente en el juicio tenga la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes y, luego, alegar lo conducente, y en su caso, concluya con el dictado de una sentencia; mientras que por cuanto a la medida provisional pueda hacer valer sus defensas o medios de impugnación, es decir, con el propio auto reclamado se está haciendo efectivo su derecho de audiencia. En las relatadas consideraciones, al resultar infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, y no advirtiéndose queja alguna que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ERNESTO PÉREZ AGUILAR, contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el cual, dictó como medida de conservación, la anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble ubicado en calle Cuauhtémoc número 422, colonia Cantarranas, con clave catastral 1100-07-003-019, en esta ciudad. Negativa de la protección constitucional que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, toda vez que no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la determinación de la cual derivan. Al respecto, es aplicable la tesis aislada sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO 285/2019-I PROMOVIDO POR ERNESTO PÉREZ AGUILAR, contra el acto consistente en el emplazamiento al juicio ordinario civil 400/2017, radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ERNESTO PÉREZ AGUILAR, contra el acto consistente en el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, relativo a la anotación preventiva en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble objeto del juicio, reclamado al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en virtud de las razones expuestas en el considerando quinto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hasta hoy tres de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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