Ernesto Orea Carranza

Expediente 583/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
583/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Orea Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós por el que se desechó la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicho auto causa estado. Anótese lo procedente en el Libro de Gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Puebla, Puebla, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de Martha Isabel Orea Carranza en representantación de ERNESTO OREA CARRANZA, que se promueve contra los actos del JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 583/2022. CONSIDERACIONES PREVIASPrevio a pronunciarse sobre la improcedencia de la demanda de amparo, debe precisarse que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado señala: "ACTOS RECLAMADOS: I.-La falta de notificación de la calificación del traslado de mi hermano ERNESTO OREA CARRANZA del centro penitenciario de Ciudad Serdán al CENTRO PENITENCIARIO 18"CPS COAHUILA" con domicilio en Carretera a Paredón Km 16 E x Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila, lo cual obstruye y obstaculiza la prosecución de los procesos penales de mi hermano en las causas penales 659/2020 y 793/2020 que lleva el Ciudadano JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DEL ESTADO DE PUEBLA, actos con la finalidad de mantenerlo incomunicado, lo que conlleva a que no se tenga certeza de su ubicación exacta al no existir información por parte de las responsables." No obstante lo antes transcrito, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que en esencia la promovente se duele del traslado de Ernesto Orea Carranza del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 18 con sede en Coahuila. De ahí que se tiene como acto reclamado destacado el traslado de Ernesto Orea Carranza del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 18 con sede en Coahuila. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado, el que la quejosa refiere como la falta de notificación de la determinación a través de la cual el juez de control calificó de legal el traslado del quejoso directo toda vez que ésta carece de calidad de parte dentro del procedimiento de origen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que la ocursante haya exhibido documento alguno a través del cual acreditara ser la representante o apoderada legal del directo quejoso, de ahí que no se encuentre facultada para promover el juicio de amparo respecto del mencionado acto. Tampoco ha lugar a tener como actos reclamados destacados la incomunicación y tratos denigrantes, pues los mismos los hace depender del traslado que se ejecutó en contra del directo quejoso. DEMANDA IMPROCEDENTE Como quedó señalado, la promovente en esencia reclama el traslado del quejoso del Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 con sede en Coahuila. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Como se precisó, el acto que se reclama es la orden de traslado del quejoso directo del centro penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla a uno diverso, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De las ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX7, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que sea óbice que a la fecha no se haya notificado formalmente la orden de traslado, pues tal circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL Por su parte, respecto la orden de traslado atribuida a las autoridades judiciales se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la constitución y 61, fracción XVIII11,de la Ley de Amparo. Ello, porque contra la resolución de las autoridades judiciales que en su caso califiquen de legal la orden de traslado procede el recurso de apelación, el cual tiene por objeto a través del cual puede ser revocada. En efecto, como se indicó, en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución del juez de ejecución o de control en las que resuelva sobre la procedencia de los traslados involuntarios. Por lo cual, antes de promover el juicio de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley, a través del cual puede lograr su revocación, siendo obligatorio para satisfacer el principio de definitividad, al no constituirse algún supuesto de excepción, tal como quedó indicado en párrafo precedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo, y por autorizado a Flavio Alberto Carro Poblano en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Así mismo, de manera restringida a la diversa persona que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley, esto por no tener registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario davidpalafox, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del teléfono y/o correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del personal del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo de Martha Isabel Orea Carranza en representantación de ERNESTO OREA CARRANZA, que se promueve contra los actos del JUEZ DE CONTROL Y EJECUCIÓN CON SEDE EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 583/2022. CONSIDERACIONES PREVIASPrevio a pronunciarse sobre la improcedencia de la demanda de amparo, debe precisarse que la parte quejosa en el capítulo de acto reclamado señala: "ACTOS RECLAMADOS: I.-La falta de notificación de la calificación del traslado de mi hermano ERNESTO OREA CARRANZA del centro penitenciario de Ciudad Serdán al CENTRO PENITENCIARIO 18"CPS COAHUILA" con domicilio en Carretera a Paredón Km 16 E x Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila, lo cual obstruye y obstaculiza la prosecución de los procesos penales de mi hermano en las causas penales 659/2020 y 793/2020 que lleva el Ciudadano JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO DEL ESTADO DE PUEBLA, actos con la finalidad de mantenerlo incomunicado, lo que conlleva a que no se tenga certeza de su ubicación exacta al no existir información por parte de las responsables." No obstante lo antes transcrito, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que en esencia la promovente se duele del traslado de Ernesto Orea Carranza del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 18 con sede en Coahuila. De ahí que se tiene como acto reclamado destacado el traslado de Ernesto Orea Carranza del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 18 con sede en Coahuila. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado, el que la quejosa refiere como la falta de notificación de la determinación a través de la cual el juez de control calificó de legal el traslado del quejoso directo toda vez que ésta carece de calidad de parte dentro del procedimiento de origen de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que la ocursante haya exhibido documento alguno a través del cual acreditara ser la representante o apoderada legal del directo quejoso, de ahí que no se encuentre facultada para promover el juicio de amparo respecto del mencionado acto. Tampoco ha lugar a tener como actos reclamados destacados la incomunicación y tratos denigrantes, pues los mismos los hace depender del traslado que se ejecutó en contra del directo quejoso. DEMANDA IMPROCEDENTE Como quedó señalado, la promovente en esencia reclama el traslado del quejoso del Centro de Reinserción de Ciudad Serdán, Puebla al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 con sede en Coahuila. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Como se precisó, el acto que se reclama es la orden de traslado del quejoso directo del centro penitenciario de Ciudad Serdán, Puebla a uno diverso, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Ello, en virtud de que el juicio de amparo está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional; de ahí que no pueda acudirse a esa instancia cuando ante las autoridades vinculadas con la reclamación del inconforme se otorgue un medio legal, a través del cual sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Además, con la tramitación de la defensa propuesta que en su caso haga valer el gobernado, también se otorga al ente de gobierno responsable o a quien incurrió en la falta, la oportunidad de enmendar las violaciones en que pudiera haber incurrido. ORDEN DE TRASLADO La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, fallados en sesión de trece de enero de dos mil veintiuno, señaló que el traslado urgente o excepcional, implica una determinación administrativa, cuando se trate de casos de delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que, en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, la sala indicó que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciase sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. La sala precisó que cuando se presenten casos en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado, donde no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, en tanto que la presumible determinación administrativa se comunicó al quejoso por la propia autoridad administrativa, de forma verbal, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. Ello, -la sala señaló- porque conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, podrá accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrá ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Lo anterior, la sala precisó, porque conforme al último párrafo del artículo 117 citado, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad, o bien, por cuestiones de seguridad del centro penitenciario, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida, y en su caso, confirmada o revocada, a través de los medios legales de defensa antes referidos (apelación o controversia judicial). Por tanto, la sala señaló que contra la orden de traslado urgente o excepcional, que se reclama a una autoridad administrativa, sin autorización judicial previa, es procedente la controversia judicial, prevista en los artículos 52, último párrafo, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque ese medio de defensa legal, tiene la potencialidad de confirmar, modificar o revocar la referida orden de traslado. Además, la sala destacó que el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que la controversia judicial, deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como la solicitud de suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, y la firma o huella digital. De igual forma, -la sala indicó- prescribe que el Juez de Control o de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Y el segundo párrafo, del artículo 124 de la propia ley de ejecución, que regula la sustanciación de la controversia judicial, precisa que en caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Asimismo, la sala indicó que en el artículo 132, fracción VII, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, por lo que de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. La sala señaló que no se surte alguno de los casos de excepción al principio de definitividad, ya que el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; mientras que la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. De igual forma, la sala indicó que si bien la orden de traslado afecta de manera indirecta la libertad, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, porque se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Por ende, el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, será quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso; resolución contra la cual procede el recurso de apelación. Además, la sala refirió que al estar previsto el medio ordinario de impugnación en la propia ley, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, relativa a que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De las ejecutorias de las quejas referidas derivó la tesis aislada siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Entonces, de acuerdo con lo expuesto, contra la orden de traslado atribuida a las autoridades administrativas, sin intervención de la autoridad judicial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX7, de la Ley de Amparo, en el cual se establece que contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello, porque contra la orden de traslado sin intervención judicial procede la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que sea óbice que a la fecha no se haya notificado formalmente la orden de traslado, pues tal circunstancia no lo exime de la obligación de agotar el medio ordinario de impugnación. De ahí, que contra la orden de traslado sin intervención judicial el juicio de amparo es improcedente, por lo que procede desechar la demanda de amparo. ORDEN DE TRASLADO JUDICIAL Por su parte, respecto la orden de traslado atribuida a las autoridades judiciales se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la constitución y 61, fracción XVIII11,de la Ley de Amparo. Ello, porque contra la resolución de las autoridades judiciales que en su caso califiquen de legal la orden de traslado procede el recurso de apelación, el cual tiene por objeto a través del cual puede ser revocada. En efecto, como se indicó, en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución del juez de ejecución o de control en las que resuelva sobre la procedencia de los traslados involuntarios. Por lo cual, antes de promover el juicio de amparo debió agotar el medio ordinario de impugnación previsto en la ley, a través del cual puede lograr su revocación, siendo obligatorio para satisfacer el principio de definitividad, al no constituirse algún supuesto de excepción, tal como quedó indicado en párrafo precedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que se precisa de la demanda de amparo, y por autorizado a Flavio Alberto Carro Poblano en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Así mismo, de manera restringida a la diversa persona que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley, esto por no tener registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario davidpalafox, para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA En términos de los artículos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 y 29 del acuerdo general 21/2020 dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas; ello a través de una promoción impresa o electrónica dirigida a este órgano jurisdiccional, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del teléfono y/o correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Por cuanto hace a su petición de tomar fotografías a las constancias que integran el presente expediente de amparo; con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve se estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en aras de contribuir a una justicia completa pronta e imparcial, se autoriza el uso de la cámara fotográfica para la toma de placas fotográficas únicamente de las constancias que integran el expediente en que se actúa, en el entendido que la obtención de dichas placas fotográficas será bajo la supervisión del personal del Juzgado encargado de dicho expediente, previa constancia que por su realización se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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