Ernesto Olascoaga Villanueva
Expediente 101/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/05/2017
Partes del expediente
- Ernesto Olascoaga Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 101/2017 promovido por Ernesto Olascoaga Villanueva, por conducto de su defensor particular, contra una abstención del agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador General de la República, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el uno de febrero de este año en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el promovente del juicio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la abstención de las autoridades que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia (fojas 2 a 5). II. El demandante del amparo narró los antecedentes de la abstención reclamada, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de la misma fecha se admitió la demanda bajo el orden 101/2017; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (fojas 6 a 8). IV. Derivado de que los entes inicialmente señalados con el carácter de autoridades responsables, al rendir informe justificado señalaron que la autorización definitiva del no ejercicio de la acción penal le correspondía al subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, por proveído de veintitrés de febrero siguiente se requirió al inconforme para que manifestara si era su deseo señalarlo como autoridad responsable (fojas 36 y 37). V. Desahogo el mencionado requerimiento en sentido afirmativo (foja 39), por resolución de veintisiete del mismo mes se admitió a trámite la ampliación de demanda planteada, y se requirió el informe correspondiente (foja 40). VI. Recibido el informe justificado de la última autoridad señalada, por acuerdo de veintidós de marzo se tuvo como tercero interesado a Oscar Burgos Damián (foja 59), quien se emplazó a juicio el seis de abril último (foja 82), y se señalaron fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; así como 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la abstención reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de la abstención reclamada. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia y precisa que la abstención reclamada, es la de resolver lo relativo a la consulta del no ejercicio de la acción penal emitida en la averiguación previa 529/UEIDDAPI/2010. Falta de hacer que, en su respectivo ámbito de competencia, se atribuyó a quienes enseguida se precisa: a) Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador; b) Titular de la Unidad de Seguimiento Jurídico; y c) Subprocurador. Los dos primeros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, y todos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República. TERCERO. No es cierta la abstención reclamada de la autoridad responsable precisada en el inciso c) de la consideración anterior, pues además de que así lo manifestó al rendir informe justificado (fojas 55 a 57), no consta en autos prueba alguna que desvirtúe esa manifestación. Así, tomando en consideración que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, pues implica la abstención de la autoridad a quien se atribuye, es decir, constituye un no hacer que se vincula con las facultades y obligaciones que le son conferidas legalmente, es indudable que derivado de la aseveración realizada por la aludida responsable, le corresponde demostrar que no incurrió en la omisión que se le reclama, acorde con el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva una afirmación expresa de un hecho. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia que aparece publicada en la página 765 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Sexta Sección-, Procedimiento de amparo indirecto, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, que en su rubro dispone "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN". Es importante destacar que el principio probatorio que rige tal acto debe entenderse en relación directa con el principio de legalidad previsto en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, en el sentido de que las autoridades sólo pueden actuar acorde con las atribuciones o facultades que expresamente son conferidas por la ley; consecuentemente, no se puede establecer la existencia de una omisión, si en las facultades o atribuciones de la autoridad no se encuentra llevarlo a cabo. Al respecto, es orientadora la tesis emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la página 53 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, con el rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO". Asentado lo anterior, debe prevalecer el sentido del informe justificado rendido por la autoridad responsable en cita, pues si bien es cierto que en términos del artículo 14, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le corresponde autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, también lo es que de acuerdo con las constancias del expediente, al intentar la acción constitucional en su contra, aún no estaba en condiciones de emitir una resolución sobre el particular. La razón, porque cuando se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar al subprocurador de referencia con tal carácter -veintitrés de febrero de este año- e incluso cuando se admitió a trámite la ampliación de demanda planteada -veintisiete de febrero siguiente- dicha responsable aún no había recibido la indagatoria de origen, ni el dictamen que había recaído a la consulta de no ejercicio de la acción penal, en tanto que de la constancia respectiva se aprecia como fecha de recepción en la Secretaría Técnica de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, el quince de marzo último (foja 58). En tal virtud, debido a la inexistencia de la abstención reclamada de la autoridad responsable mencionada, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. Lo anterior encuentra sustento, aunque en ella se haga referencia a los actos reclamados de carácter positivo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, junio de 1998, de rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en tanto que el juicio de amparo, con independencia de la naturaleza del acto reclamado, procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. CUARTO. Es cierta la abstención reclamada de las autoridades que se señalaron con el carácter de responsables y fueron precisaron en los incisos a) y b) de la segunda consideración de este fallo, pues no obstante que lo afirmaron en parte, de las constancias del expediente se llega a aquella convicción, en tanto se aprecia que emitieron el dictamen que les correspondía, de cuya abstención se dolió el justiciable, con posterioridad a la presentación de la demanda. No obstante, en el caso no se analizará el fondo de la cuestión debatida, en tanto que este órgano de control constitucional considera que en relación con el agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, y titular de la Unidad de Seguimiento Jurídico, ambos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, párrafo primero, del citado ordenamiento legal, que en ese orden, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". Bajo ese marco jurídico, es claro que los tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos de las personas y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que las autoridades contra las que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicten, ordenen, ejecuten, o traten de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, que en su rubro dice "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Anterior criterio del que se advierte que con el propósito de distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, deben considerarse los siguientes aspectos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, se precisa que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados, reguladas por el derecho público para dilucidar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Luego, es fundamental que el órgano de control constitucional, al conocer de un reclamo de ese tipo, analice y determine si la naturaleza de la relación existente entre el empleado de una dependencia de gobierno y dicha entidad es de esa clase, pues el amparo sólo podrá ser intentado contra un genuino acto de autoridad, lo que en la especie no acontece por las siguientes consideraciones. El artículo 8° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que el procurador, así como los servidores públicos en quienes delegue la facultad y los que autorice el reglamento de dicha ley, resolverán en definitiva, el no ejercicio de la acción penal. En ese sentido, de conformidad con el numeral 10 de dicho ordenamiento orgánico, para el despacho de los asuntos que competen a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público de la Federación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el procurador General de la República se auxiliará, entre otros, de subprocuradores, como en el caso, del subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, quien de acuerdo con lo previsto en el artículo 14, fracción II, del reglamento de la ley orgánica de referencia, tiene la facultad de autorizar en definitiva el no ejercicio de la acción penal, previo dictamen del agente del Ministerio Público de la Federación auxiliar del Procurador. Por tanto, si el artículo 1° de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se suscitan contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y para este efecto debe entenderse por autoridad, aquel órgano del Estado investido de facultades de decisión o de ejecución, cuyo ejercicio u omisión engendra una afectación en la esfera jurídica de los particulares, de manera unilateral imperativa y hasta coercitiva, es que se concluya válidamente que en relación con el agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador, y titular de la Unidad de Seguimiento Jurídico, no existe una relación de supra a subordinación con el inconforme, pues en vinculación con él, la ley no los dota de facultades para poder establecer que con su omisión se hubiese generado alguna situación jurídica que afectara su esfera legal, ya que su intervención en un asunto como el que se trata se limita a la elaboración de un dictamen, que finalmente, habrá de someterse a la potestad del subprocurador responsable, y ser autorizado por este en definitiva. Por el principio que la rige resulta aplicable la tesis emitida por el otrora Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 17, sexta Parte, que en su rubro dice "AUTORIDADES. NO LO SON PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL RESPONSABLE Y EL QUE PROYECTA LA RESOLUCION COMBATIDA (LEGISLACION DEL ESTADO DE COAHUILA)". En esas condiciones, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, párrafo primero, del citado ordenamiento legal, por lo que procede sobreseer en este juicio, con fundamento en la fracción V, del diverso precepto 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 74, y 78 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en el tercero y cuarto considerandos de esta resolución, se sobresee en el juicio promovido por Ernesto Olascoaga Villanueva, contra la abstención reclamada de resolver lo relativo a la consulta del no ejercicio de la acción penal emitida en la averiguación previa 529/UEIDDAPI/2010. Falta de hacer que, en su respectivo ámbito de competencia, atribuyó a quienes enseguida se precisa: a) Agente del Ministerio Público de la Federación Auxiliar del Procurador; b) Titular de la Unidad de Seguimiento Jurídico; y c) Subprocurador. Los dos primeros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, y todos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo para que el tercero interesado Oscar Burgos Damián compareciera en este juzgado, sin que lo hubiese hecho; en ese sentido, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, para efectos de su emplazamiento, notifíquense por medio de lista al citado contendiente los acuerdos de primero de febrero, y veintidós de marzo de este año (fojas 6 a 8; y 59, y 60, respectivamente), así como las subsecuentes determinaciones. Asimismo, dígasele que queda a su disposición en la actuaría de este órgano jurisdiccional copia de la demanda relativa, y escrito de ampliación de demanda. Finalmente, del estado de autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo pasado (foja 60), se reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se emplazara al tercero interesado de que se trata, lo que en el caso acontece, por lo que se fija el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, a las trece horas con cuarenta minutos, para su desahogo.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la autorizada de la parte quejosa. En atención a sus términos, téngasele dando cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintisiete de los actuales (foja 74), toda vez que informa en donde puede ser emplazado el tercero interesado Oscar Burgos Damián. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito correspondiente para que con copia simple de la demanda de amparo (fojas 2 a 5), auto admisorio (fojas 6 a 8), escrito de ampliación de demanda (foja 39), y proveídos de veintisiete de febrero, y veintidós de marzo del año que transcurre (fojas 40 y 59, respectivamente), lo emplace a juicio en el domicilio ubicado en "calle Xochicalco número 459 despacho 04, colonia Vertiz Narvarte, código postal 03600, delegación Benito Juárez, Ciudad de México"; asimismo, lo requiera para que en el momento de la diligencia o en los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Respecto del diverso domicilio ubicado en "Avenida de los Insurgentes número 1847, primer piso, despacho 2, colonia San Ángel Inn, delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México", no ha lugar a hacer pronunciamiento especial alguno, toda vez que del estado de autos se advierte que la actuaria adscrita se constituyó en el mismo, a fin de emplazar al contendiente de que se trata, sin obtener resultados positivos (foja 65). Finalmente, resérvese proveer lo conducente por lo que hace a los domicilios foráneos señalados en el escrito que se provee, hasta en tanto se cuente con el resultado de la diligencia encomendada en este acuerdo.
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