Ernesto Ocnay Montero Martínez
Expediente 1620/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1620/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Ernesto Ocnay Montero Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. Visto el estado que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja contra el proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la determinación de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se desechó la demanda y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de destrucción; por tanto, se realizará dicha circunstancia una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, fracción d) del aludido acuerdo general. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Téngase por recibido el oficio firmado por el Presidente y la Secretaria General de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias, entre las que destaca la boleta registral con número de folio ***, del Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, de la cual se advierte se realizó la aclaración de la anotación respecto del 50% cincuenta por ciento, del bien inmueble, por lo que ve a la vigencia de la anotación de embargo de la diversa persona ***, constancias con las que pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada con la constancia de cuenta y las diversas remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por último, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.
- Principal
JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL PROMOVENTE LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2° del primer ordenamiento citado, se acuerda: Se tiene por recibido el escrito que, al parecer, suscribe quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual pretende cumplir con la prevención de catorce de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, la firma que obra en el ocurso de cuenta difiere, a simple vista, de la que estampó en el escrito inicial de demanda de amparo. En consecuencia, a fin de que este órgano de control constitucional tenga certidumbre respecto a la manifestación de voluntad exteriorizada por quien promueve este juicio de amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, requiérase a para que, de ser su voluntad ratifique la contenida en el ocurso de cuenta, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente día al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, genere una cita, en términos artículo 6, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que comparezca al local que ocupa este órgano de control constitucional, sito Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio XA, piso 5, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, a efecto de que ratifique el escrito inicial. Bajo apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, no se realizará pronunciamiento alguno respecto a dicho escrito. Lo anterior es en acatamiento a la jurisprudencia 3a./J. 24, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA1". Este Juzgado de Distrito no ignora las posibles inconveniencias que pudieran generarse a las partes, en general, con la tramitación del juicio de amparo y, en particular, con el presente requerimiento; sin embargo, aquéllas están jurídicamente vinculadas con las respectivas cargas procesales que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, máxime que la debida integración de los mismos obliga al interesado a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales correspondientes. De tal manera, se enfatiza, la finalidad de este requerimiento, per se, lejos de propiciar la obstrucción de la justicia busca precisamente alcanzar dicho cometido. Además, persigue la doble finalidad de sujetar a las partes al régimen de responsabilidad previsto en la Ley de Amparo y no constituye, por ende, una traba u obstáculo ilegal o injustificado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia I.5o.C .J/29sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 41, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione". Además, en lo conducente, es aplicable la Jurisprudencia 37/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página 741, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". De igual forma, por las razones que la informan, se consideran aplicables la Jurisprudencia y Tesis, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invocan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".2 "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo".3 Con independencia de lo anterior, se le hace saber, que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracciones I y II,4 establece que se impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirmen hechos falsos; en tanto, que el diverso numeral 247, fracción IV, primer párrafo, del Código Penal Federal5 , contempla asimismo una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. De igual forma, se le hace saber, que inclusive a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza en el escrito de que se trata, este juzgador de amparo se encuentra facultado para que de oficio se desahogue prueba pericial en caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar, como se dijo, la autenticidad de las firmas plasmadas, medio de convicción que resulta ser además el idóneo para tal fin. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Finalmente, toda vez que de la revisión de los autos en que se actúa se advierte que el quejoso proporcionó un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a efecto de que realice la notificación correspondiente del presente auto en domicilio ubicado en: la finca marcada con el número , teniéndose el mismo como domicilio procesal del accionante constitucional.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
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