Ernesto Ochoa Díaz
Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos
- Ernesto Ochoa Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 467/2021-II, promovido por Ernesto Ochoa Díaz, en contra de los actos de los Jueces Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido en Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el diez de seis de dos mil veintiuno Ernesto Ochoa Díaz, promovió demanda de amparo, en contra de los actos de las autoridades Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, Oficina de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistentes en: El embargo trabado en bienes del quejoso sin ser llamado a juicio. La ejecución del embargo y desposesión de bienes embargados que se pretende realizar en su contra en su domicilio. Los defectos de notificación o emplazamiento a juicio por parte de las instituciones señaladas como responsables. SEGUNDO. Preceptos constitucionales. La parte quejosa considera que el acto reclamado vulneró en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se registró bajo el expediente 467/2021-II; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además de que, el acto reclamado puede tener ejecución en esta Ciudad, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Negativa de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Civiles por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación la Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados, e informó que no existe un asunto en contra del aquí quejoso, sin embargo, dentro del expediente 1096/2019, se tramita el juicio ejecutivo mercantil interpuesto por Enrique Flores Peña en contra de Gaby Araceli Curiel Uribe, a quien le reclama diversas prestaciones, en la diligencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se le embargaron bienes que dijo eran de su propiedad, señaló una camioneta Ford, modelo 2008, línea Expedición, placas de circulación 686SKH9, azul, serie 1FMU17538LA51505. Asimismo, exhibe copias certificadas del juicio 1096/19, con las que apoya su informe. A las documentales reseñadas se les reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En tales condiciones, debe reputarse cierta la existencia de ese acto atribuido a la autoridad precisada. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A su vez el Juez Sexto de lo Civil por Audiencias de este Distrito Judicial y la Oficina de Actuarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido debidamente notificados para ello. En tales condiciones, ante su contumacia, debe reputarse cierta la existencia de los actos atribuidos a las autoridades precisadas. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En la especie, el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causal que torna improcedente el juicio, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." El artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, visible en la página 1598, con registro 2019456, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio el quejoso se ubica en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de las autoridades responsables es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio." También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte impetrante reclama el posible embargo del vehículo marca Ford, modelo 2008, línea Expedición, serie 1FMU17538LA51505 y de otras bienes sin referir cuáles. Y si no se los presentaba a la autoridad iban a hacer uso de la fuerza pública. En la especie, la autoridad responsable señaló que tiene embargado el bien mueble consistente en el vehículo en cita, lo cual se hizo por señalamiento de la demandada Gaby Araceli Curiel Uribe, como de su propiedad El acto que se reclama en esta instancia constitucional, es de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la parte quejosa; por ello, corresponde al tribunal de amparo analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Sentado lo precedente, es conveniente precisar que el accionante del amparo en este asunto exhibió en copia fotostática simple la documental que consistente en: Copia simple del pedimento de importación a nombre de Jesica Góngora Ríos, pagado el 13 de julio de 2018. Copia simple de un documento sin sellos a nombre de Jesica Góngora Ríos, con la leyenda: Receptor Gaby Araceli Curiel Uribe, no se aprecia legible la fecha del timbrado o del certificado En otra hoja sin sellos se tiene una cesión de derechos de 8 de agosto de 2019 a nombre de Ernesto Ochoa Díaz, firmando Gaby Aracely Curiel Uribe. Enseguida Ernesto Ochoa Díaz cede los derechos a Alejandro Sapién Rascón, el 4 de octubre de 2020. Ahora, en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente según lo estipulado por el numeral 2, de la Ley de Amparo, este juzgador goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas y para determinar su valor. En consideración del que suscribe, con la documental que exhibió la parte quejosa, no demuestra tener algún interés respecto del automotor marca el vehículo marca Ford, modelo 2008, línea Expedición, serie 1FMU17538LA51505, por lo siguiente: En primer término, debe decirse que respecto del Pedimento de Importación de un vehículo de procedencia extranjera, el cual tiene la naturaleza de un acto administrativo, a través del cual se cumplen con las obligaciones en materia de comercio exterior, para la introducción de mercancías, pero no constituye propiamente el título que acredite la propiedad del automotor, además es copia simple a nombre de diversa persona. Por otro lado, con relación a la factura mencionada, debe decirse que carece de eficacia convictiva, habida cuenta que si bien es factible que en el juicio de amparo, la presentación de la factura donde se describa el bien que reclama un tercero extraño a juicio, pueda ser suficiente para acreditar el interés jurídico, ello solo ocurrirá si el documento en cuestión no ha sido objetado, si describe con detalle el bien de que se trate y, además si el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta, cuestión esta última que en la especie no ocurre. Ello es así, tomando en consideración que el Máximo Tribunal del País, entiende que un documento es de fecha cierta desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva; a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes; o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio y, en la hipótesis que nos ocupa, no aconteció el último de los supuestos referidos, lo anterior a fin de estar en aptitud de determinar que el endoso es de fecha cierta. Apoya lo anterior, el criterio jurídico sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, Décima Época, página 3764, contenido siguiente: "ENDOSO AL REVERSO DE LA FACTURA DE UN AUTOMÓVIL. SU PRESENTACIÓN PARA REALIZAR LOS TRÁMITES EN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, LE OTORGA FECHA CIERTA. Tratándose de bienes muebles como los automotores, los trámites relacionados con el status del vehículo que se realizan ante las autoridades administrativas como es la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, puede considerarse como un registro público. En términos del artículo 56, incisos a) y b) del Código Fiscal del Distrito Federal, son obligaciones de los contribuyentes inscribirse o dar aviso de las modificaciones de los datos en los padrones del Distrito Federal en un plazo que no excederá de quince días a partir de la fecha en que se dé el hecho generador del crédito fiscal, utilizando las formas oficiales que apruebe la secretaría de acuerdo con el procedimiento que determine mediante reglas de carácter general, con base en lo cual los avisos surten efectos en la fecha de su presentación. El artículo 160, fracción I, del mismo ordenamiento legal señala que las personas físicas o morales, tenedoras o usuarias de los vehículos automotores están obligadas al pago del impuesto (pago de tenencia). Los artículos 2o., fracciones VIII, X, XV, XXV, 4o., fracciones X y XI, 11, 12, 14 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para Conducir en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el diecisiete de septiembre de dos mil siete, relativos a los trámites que se efectúan ante la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, en torno a los datos de los propietarios de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, así como a las cualidades, condiciones, características y modalidades de los vehículos que circulan en el Distrito Federal, permiten considerar que constituye un registro público idóneo en cuanto a que la presentación ante dicha autoridad del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, como es el endoso, es suficiente para otorgarle fecha cierta, con la finalidad de que surta efecto contra terceros. Eso, porque ante la autoridad referida se realizan actos de comprobación respecto de la propiedad del bien mueble, en el que deben presentarse documentos relativos a la factura, tarjeta de circulación y del documento en el que consta la transmisión de la propiedad, la identidad de quien realiza el cambio de propietario, comprobante de domicilio, comprobante de pago de tenencias y tarjeta de circulación del automotor. Asimismo, se impone la obligación tanto al adquirente como al anterior propietario, de dar aviso de la transmisión, dentro del plazo de quince días. Esto no prejuzga ni sobre la facultad de la autoridad administrativa correspondiente para calificar la idoneidad del documento con el cual se pretende demostrar la propiedad del bien de que se trate, ni tampoco sobre el derecho de un tercero, para que en un juicio controvertido, impugne la falsedad del documento con base en el cual se transmitió la propiedad del vehículo.". Además, debe decirse que el documento es una copia simple, trae el endoso en favor de la quejosa, empero, no obra un sello de la Secretaría de Finanzas y Administración, por concepto de impuesto de enajenación de vehículos, ni que se haya registrado a partir de 2019, hasta la fecha de la presentación de la demanda, o bien hasta este momento de resolver el presente asunto, a nombre del aquí quejoso, por lo cual carece de eficacia probatoria para acreditar el interés jurídico que aduce tener respecto del automotor materia del reclamo. Finalmente, también, se afirma la falta de interés jurídico de la parte quejosa, porque en la tercera hoja que presenta en copia fotostática se aprecian dos endosos el último lo hizo el quejoso Ernesto Ochoa Díaz quien cede los derechos a Alejandro Sapién Rascón, el 4 de octubre de 2020; es decir, cuando el quejoso presentó esta demanda de amparo (16-06-2021), ya había realizado el endoso del vehículo a diversa persona. Además, se trata de copias simples, las cuales por sí mismas, carecen de valor probatorio pleno, por lo que es inconcuso que el promovente del amparo no demuestra que el acto impugnado lesione sus garantías para acreditar plenamente el interés jurídico para acudir al juicio de amparo. Lo anterior, pues no basta simplemente afirmar que se le efectuó una retención o confiscación de algún bien que refiere es de su propiedad, sin acreditar la propiedad del mismo para acudir a este instancia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos trece del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto.". Consecuentemente, en el presente asunto Ernesto Ochoa Díaz, no acreditó su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, toda vez que no aportó pruebas fehacientes en ese sentido, como así ha quedado evidenciado. Bajo tal escenario jurídico, queda de manifiesto que el accionante del amparo no satisfizo la carga procesal que le corresponde, consistente en demostrar fehacientemente y sin lugar a dudas, ser titular del derecho subjetivo, que dijo se afecta a través de la realización de los actos que reclama. Lo anterior, con independencia de que se hayan tenido por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables atinentes, pues esa circunstancia no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Cobra aplicación, por las razones jurídicas que se plasman y no oponerse a la nueva ley de la materia, el criterio jurisprudencial número 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala del más alto Tribunal del País, consultable en la hoja 15, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido indica: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.". La anterior conclusión no prejuzga sobre la propiedad del bien mueble que se debate, sino que exclusivamente para efectos de este juicio de amparo con los documentos que exhibe el impetrante no se tiene por demostrado su interés jurídico, de tal manera que no se podría estar en aptitud legal de analizar el aseguramiento del bien mueble que se reclama. Tampoco es óbice que en su escrito constitucional, la peticionaria del amparo haya narrado bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, pues ello no acredita su interés jurídico, en la medida en que era necesario que aportara pruebas fehacientes en ese sentido, según así fue razonado. Lo que encuentra sustento jurídico y no oponerse a la nueva ley de la materia, en la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a foja 229, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.". Corolario de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto del acto anteriormente analizado, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar el análisis de los conceptos de violación planteados, ello en base a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ernesto Ochoa Díaz, contra el acto y autoridades indicadas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que se advierte que el informe justificado que remitió la autoridad responsable, Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en la localidad, no ha sido notificado a las partes con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, el suscrito Juez de Distrito, con fundamento en el precepto en mención, ordena de oficio, el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las catorce horas con veinticinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 467/2021-II-B, promovido por Ernesto Ochoa Díaz, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y Oficina Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, con residencia en ésta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en este Juzgado el catorce de junio de dos mil veintiuno, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes esencialmente reclamó: "El embargo trabado en bienes del quejoso sin ser llamado a Juicio; la inminente ejecución del embargo y desposesión de bienes embargados que se pretende realizar en contra del suscrito quejoso en mi domicilio, y que fuera ordenado por los jueces de audiencia del Distrito Judicial Bravos y que pretende ejecutar la oficina de actuarios de la misma dependencia; los defectos de notificación o emplazamiento a juicio por parte de los Juzgados Civiles por Audiencia del Distrito Judicial Bravos y la Central de Actuarios de esta misma dependencia." SEGUNDO. En interlocutoria de veintiuno de junio del presente año, por una parte se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, y se reservó la celebración de la audiencia incidental respecto de otras autoridades y señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo, como se advierte en el acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades responsables Juez Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y Oficina Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial Bravos, ambas con domicilio en ésta ciudad, fueron omisas en rendir su informe previo a pesar de haber sido debidamente notificadas, según se advierte de las constancias que obran agregadas en autos, razón por la cual se tienen por ciertos los actos reclamados en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Ahora bien, para determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En principio debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. b) Que exista la solicitud del quejoso. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme a lo previsto en el artículo 157, en relación con el diverso 146, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario, en principio, establecer el acto reclamado respecto del cual se solicita la medida cautelar que, en esencia, consiste en lo siguiente: El embargo trabado en bienes del quejoso sin ser llamado a Juicio y la ejecución del embargo y desposesión de bienes embargados. Fijados los actos reclamados, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se satisfacen. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En cuanto al primero de los actos reclamados, por su naturaleza, tiene el carácter de consumado, pues tal actuación se ha realizado total e íntegramente. Por tal motivo, no procede conceder la suspensión definitiva, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar que, por regla general, son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, lo que procede es negar la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la determinación que se encuentra en la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. Por acto consumado se entiende aquel que ya produjo todos sus efectos o consecuencias, y en ese concepto, ya no cabe la suspensión, y si se concediera en estas circunstancias, se le darían a la medida efectos restitutorios." De igual forma, sirve de apoyo, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. En ese orden, respecto al segundo de los actos reclamados, por su naturaleza, tiene el carácter de positivo, pues se presenta con la imposición de obligaciones al individuo que se traducen en la decisión y ejecución de un hacer de las autoridades, esto es, implica una acción, una orden, una privación o una molestia. En esas condiciones, por su naturaleza, el acto reclamado es susceptible de suspenderse, en sus efectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar se continúa con el estudio de los requisitos legales establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. El aludido precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará: "cuando la solicite el quejoso". Lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o en su interés legítimo por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión, empero, no se aprecia que la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues existe la orden de embargo de la camioneta Ford, 2008, Línea Expedition, azul, la cual se encuentra embargada a nombre de la parte demandada Gaby Araceli Curiel Uribe, dentro del juicio 1096/2019, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la cual fue señalada como propiedad de dicha demandada. Hasta este momento, la parte quejosa no ha exhibido documentación que acredite que es la propietaria de la unidad vehicular de la cual reclama su embargo; por tanto, no se aprecia que se trate de la persona que con el dictado de dicha determinación resienta una afectación en su patrimonio. Además, la parte quejosa exhibe copias simples de las documentales que refiere como pedimento de importación, copia de la factura y endoso que Gaby Araceli Curiel Uribe realizó en su favor el 08 de agosto de 2019, -refiere- que desde esa fecha tenía la propiedad; sin embargo, de dicha copia simple se aprecia que dice: "4 DE OCTUBRE DE 2020 YO ERNESTO OCHOA DIAZ, CEDO LOS DERECHOS DE LA PRESENTE FACTURA AL SEÑOR ALEJANDRO ZAPIEN RASCON." Hay dos firmas que calzan el documento, del vendedor y comprador. De tal manera que el quejoso no ha evidenciado que el vehículo del cual reclama el embargo, sea de su propiedad. Por tanto, con apoyo en los artículos precitados, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado en estudio, toda vez que no se satisface el segundo de los requisitos del numeral 146, de la Ley de Amparo. En consecuencia, conforme al análisis de los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva respecto del acto antes referido. En caso de ser de interés para la parte quejosa, expídasele copia de esta determinación. Por lo anteriormente expuesto, se; R E S U E L V E : PRIMERO. De conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a Ernesto Ochoa Díaz, contra el acto y autoridades responsables precisadas en el considerando primero. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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