Ernesto Morales González

Expediente 504/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
504/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/05/2015

Partes del expediente

  • Ernesto Morales González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    MESA V A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veintiocho de abril del año en curso (fojas 20 y 21); se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente este proveído por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento.

  2. Principal

    MESA V A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de abril de dos mil quince que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, en virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente este proveído por conducto del Actuario adscrito a este órgano de control constitucional, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento.

  3. Incidental

    MESA V A se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega a ERNESTO MORALES GONZÁLEZ, la suspensión definitiva que solicita contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Como se encuentra ordenado en el considerando segundo, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado.. Notifíquese; personalmente al quejoso, interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán, Oaxaca, conforme al calendario de salidas.

  4. Principal

    MESA V A Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinden el Director General y el Secretario Técnico y Representante Legal del Consejo Técnico Interdisciplinario, del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS OAXACA", residente en Miahuatlán, Oaxaca, para que surta sus efectos legales correspondientes, con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que remite como apoyo a su informe; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En otro aspecto, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que ERNESTO MORALES GONZÁLEZ, por derecho propio, solicitó el amparo de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL # 13 EN MIAHUATLÁN, OAXACA (Denominación correcta de la autoridad señalada por el quejoso como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social # 13 "CPS", Oaxaca). NIEGA 21 y 22 2 CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL # 13 EN MIAHUATLÁN, OAXACA. NIEGA 21 y 22 De quienes reclamó, la discriminación, abuso de autoridad, tortura psicológica y moral, aislamiento, y la sanción disciplinaria emitida en su contra con motivo de la cual se le suspendieron los estímulos, así como las actividades y talleres que se imparten en el Centro de reclusión en el que se encuentra. Las responsables al rendir sus informes con relación a la suspensión de plano (fojas 15 a 18) y justificado (fojas 21 y 22), negaron los actos reclamados; por lo que con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los referidos actos, excepto por la sanción disciplinaria reclamada por el quejoso. Ahora, respecto a la sanción disciplinaria emitida en contra del quejoso, las autoridades si bien negaron tal acto, lo cierto es que también reconocieron que el quejoso se hizo acreedor a un correctivo disciplinario, mediante acta levantada el veinte de marzo de dos mil quince, consistente en setenta y seis días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia por haber infringido el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, motivo por el cual se le suspendieron sus actividades; por lo tanto, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado por el quejoso como la sanción disciplinaria emitida en su contra con motivo de la cual se le suspendieron los estímulos, así como las actividades y talleres que se imparten en el Centro de reclusión en el que se encuentra. Ahora bien, el impetrante interpuso recurso de inconformidad contra dicha acta de veinte de marzo de dos mil quince, que contiene el correctivo disciplinario; el cual fue resuelto el treinta de marzo de dos mil quince, por la Coordinadora General de Centros Federales, residente en México, Distrito Federal, quien confirmó el acuerdo contenido en la referida acta, que impuso al aquí quejoso setenta y seis días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia; determinación que fue notificada al peticionario del amparo, el diecisiete de abril de dos mil quince, esto es, durante el trámite de este juicio de amparo, puesto que promovió la instancia constitucional con fecha trece del mes y año citados. En la especie, contra los actos reclamados, se surte el motivo de improcedencia establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del dispositivo transcrito se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada debe entenderse en dos supuestos, a saber: a) por revocación o derogación y b) por sustitución. La primera hipótesis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se da por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En este tenor, se determina que el acuerdo reclamado, mediante el cual se impuso al quejoso un correctivo disciplinario, ha quedado sustituido procesalmente por la resolución de treinta de marzo de dos mil quince, emitido por la Coordinadora General de Centros Federales, residente en México, Distrito Federal. En efecto, ya que a través de la aludida resolución se estudió el acta materia del acto reclamado en este asunto, en la que se dejó firme la sanción impuesta; por tanto, en el caso se estima que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, ya que es ahora la nueva resolución la que surte sus efectos en lugar de aquél acta de veinte de marzo de dos mil quince. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada; con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 41). Notifíquese; personalmente al quejoso, interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13, en Miahuatlán, Oaxaca, conforme al calendario de salidas.

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