Ernesto Monsivais Estrada
Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1944/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2022
Partes del expediente
- Ernesto Monsivais Estrada
Actuaciones
- Principal
V. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de diciembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). +++. 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d), del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del treinta de diciembre de dos mil veintidós al treinta de diciembre de dos mil veinticinco, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido, se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma queda a cargo del oficial judicial "c", sin mayor proveído e indicación, la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa V, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.
- Principal
V. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al cual adjunta la demanda de amparo, recibida vía electrónica con numero de correspondencia +++, promovida aparentemente por +++ en favor de +++, que dio origen al juicio de amparo 1922/2022-VIII de su índice; del cual se advierte que mediante en determinación de quince de diciembre de dos mil veintidós el órgano jurisdiccional de su adscripción declinó competencia en favor de este órgano jurisdiccional, en atención a que se considera que los actos reclamados tendrán ejecución en lugar distinto al en que ejerce jurisdicción. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, se ordena acusar recibo y formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1944/2022-V. Sin que obste a lo anterior, que el oficio que se provee no cuente con firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, puesto que dicha circunstancia no fue asentada por la oficial de partes, de ahí que es válido presumir que se presentó en original y con la signatura referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632, de la Décima Época, con registro digital 2000130, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida". Asimismo, se ordena acusar recibo a la autoridad oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Se precisa que en términos del artículo 3 y 23 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se otorga valor probatorio al comunicado oficial de mérito, en razón de que fue enviado vía correo electrónico y tal medio de comunicación es oficial. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J/130/2018 por contradicción de tesis 115/2018, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el dieciocho de enero de dos mil diecinueve en la página 945, Tomo ll, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a la letra dice: "CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA". En diverso aspecto, se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se hace la precisión de que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar cumplimiento a la orden de dejar en libertad al quejoso +++ del lugar donde se encuentra recluido, esto es, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez, México. La solicitud de +++ para dejarlo en libertad. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. En este caso, se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. Los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley de la materia. El numeral 6° de la Ley de Amparo prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada electrónicamente por quien promueve a favor del quejoso, pues así se advierte del contenido de ella; por ende, se deduce que no fue promovida por éste, con lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada por el quejoso. De conformidad con el artículo 3°, párrafos cuarto y quinto, de la ley de la materia, los escritos presentados en forma electrónica se harán utilizando la Firma Electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; sin que en el caso se tenga certeza de que ésta última haya sido asentada por el quejoso. Por lo que, ante la falta de firma electrónica (FIREL) de quien promueve a favor del quejoso en el escrito que se provee, no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, décima época, con registro 2019715, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO. De igual forma, se actualiza dicha causal de improcedencia, porque el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Es decir, que puede promover la demanda cualquier persona cuando se trate de los actos citados en dicho ordinal, ello en el presente asunto no se actualiza, porque si bien, +++ promueve la demanda a favor de +++, lo cierto es que, quien aparece como "FIRMANTE" en la impresión de "EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA" es Víctor Hugo López Ramírez, que figura en el proemio de la demanda como "autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo", tal como se advierte de transcripción respectiva que se hace a una parte de la demanda de amparo y de la reproducción de la evidencia criptográfica siguientes: De ahí, que si bien es cierto, la parte quejosa puede autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tuviera capacidad legal, quienes además pueden interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedieran, no menos cierto lo es, que en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se prevé como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, pero, si decide presentarlas así, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Dicho concepto jurídico se definió en los acuerdos generales referidos, como "... el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa ...". Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107, de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que la demanda carezca de firma electrónica, (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Máxime que, el acto aquí reclamado no es ninguno de los previstos en el ordinal 15 de la Ley de Amparo, de ahí que no es factible eximir a la parte quejosa de cumplir con el requisito previsto en la ley, de instancia de parte agraviada, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, con el epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". CONCLUSIÓN Con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "+++", en términos de los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; así como en lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y en términos de lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Y, acorde a lo dispuesto en los ordinales 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado Federal a fin de que realice las notificaciones que deriven del presente asunto de manera electrónica a través de dicho usuario. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita a fin de que aperture de los campos necesarios para el efecto referido en los puntos precedentes. Por tanto, el Actuario encargado del presente asunto deberá certificar que los campos para la consulta del expediente electrónico estén habilitados y asentar la razón correspondiente en el juicio. AUTORIZADOS En atención a la certificación de cuenta, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo López Ramírez, quien cuenta con registro correspondiente de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo cual deberá comunicar la peticionaria del amparo mediante nuevo escrito la parte quejosa. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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