Ernesto Martínez Sánchez

Expediente 377/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
377/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán.
  • Ernesto Martínez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuenta. En cuatro de agosto de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del veinte de julio al dos de agosto de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado por lista el dieciocho de julio del año en curso; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo 377/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de agosto de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente Ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con siete minutos del quince de julio de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Abel Jonapá García, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 377/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 9/2022.Posteriormente, da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al Juez con que ninguna de las partes oferto medio de convicción alguno. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho a ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como las certificaciones que anteceden para los efectos legales conducentes. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 377/2022, promovido por Ernesto Martínez Sánchez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo (fojas 14 a 17), con residencia en Uruapan, Ernesto Martínez Sánchez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: ". III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como autoridad responsable en cuanto ordenadora al Juez Primero de primera instancia en Materia Familiar... Juez de Control del distrito Judicial de Uruapan Michoacán... Y en cuanto a autoridad ejecutora, Director de Seguridad Pública de la Población de Tancitaro, Michoacán. IV. ACTO RECLAMADO. - Lo es de la primera responsable ordenadora, LA MEDIDA CAUTELAR DE DESALOJARME DE MI DOMICILIO con proveo de alimentos a mis hijos, casa vestido y sustento, JOSE ERNESTO, discapacitado, (síndrome down) PERLA CRYSTEL, MARCELO GAEL, DIANA LIZETH, y JOHAN DAVID todos de apellidos MARTÍNEZ ZAMORA. De la segunda ordenadora el dictado de una orden de aprehensión, en mi contra por la supuesta comisión de delitos varios sin que el suscrito los cometiera. De la autoridad ejecutora lo es, el hecho de desalojarme de mi propiedad de la calle Abasolo sin número de la población de Tancitaro, Michoacán.". El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocho de junio de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 18 a 28), se registró con número de expediente 354/2022; se decretó la separación del juicio; con la finalidad de que en ese se analizan los actos reclamados derivados de la medida cautelar, por medio del cual se pretendía desalojar al quejoso de su domicilio; y, en uno diverso se estudiarían los actos reclamados derivados de la orden de aprehensión contra el impetrante. Por tanto, con copia certificada de dicho proveído, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, como asunto nuevo, a efecto de que, dicha unidad administrativa lo turnara al Juzgado Distrito correspondiente. Del juicio de referencia conoció el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, quien lo registro con número 354/2022-ll, y determinó NO ACEPTAR EL CONOCIMIENTO DEL MISMO, toda vez que, estimó que, se actualizaba la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción ll y penúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince. Por lo que, ordenó retornar el asunto a este Órgano de Control Constitucional. Bajo ese contexto, en auto de dieciséis de junio del año en curso este Juzgado Sexto de Distrito del Estado de Michoacán de Ocampo, recibió los autos de referencia, lo registró con número de expediente 377/2022; aceptó la competencia, se avocó al conocimiento de la demanda, promovida por Ernesto Martínez Sánchez contra actos únicamente del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo y su ejecución; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional; la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en la población de Tancitario, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: De la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo: La orden de aprehensión girada contra el quejoso. Del Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Ocampo de Tancitaro: La ejecución de la citada Orden. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. El quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, de la Región Uruapan, Michoacán de Ocampo, la supuesta orden de aprehensión, dictada en contra del solicitante de amparo; mientras que del Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Ocampo de Tancitaro, su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables al rendir sus informes con justificación (fojas 55 y 59), negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden de aprehensión, ya que no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si la autoridad responsable negó los actos que se les atribuyen, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de la autoridad no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ernesto Martínez Sánchez, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

  3. Principal

    Cuenta. En veintiocho de junio de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio mismo que se registró con el folio 8859, dentro del juicio de amparo indirecto 377/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de junio de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo INFORME JUSTIFICADO. Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Tancítaro, Michoacán de Ocampo. Con lo que se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Incidental

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con veintisiete minutos del veintisiete de junio de dos mil veintidós, licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido del secretario Abel Jonapá García, en el presente incidente de suspensión 377/2022, de conformidad al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención.Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144 de la Ley de Amparo, el secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver, y el Juez acuerda lo conducente: CUENTA ACUERDO INFORMES PREVIOS 1 Se da cuenta con los informes previos de las autoridades siguientes: Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Tancítaro, Michoacán de Ocampo. Téngase por rendido el informe previo de las referidas autoridades. PRUEBAS 1 Se da cuenta que las partes no ofrecieron pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se hace constar que las partes no formularon alegatos ni el Fiscal de la Federación adscrito, presentó pedimento. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Ernesto Martínez Sánchez, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El quejoso reclama lo siguiente: "La orden de aprehensión". TERCERO. Norma acto u omisión cuya certeza no quedó acreditada. Las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan y Comandante de la Unidad de Policía Michoacán de Tancítaro, Michoacán de Ocampo al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que se hubiese aportado prueba alguna en contrario. En consecuencia, lo procedente es negar la suspensión definitiva, al no existir acreditada en autos, materia sobre la cual, en su caso, decretar dicha medida cautelar. Por lo expuesto y fundado, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a Ernesto Martínez Sánchez, la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

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