Ernesto Martínez Garzón

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Martínez Garzón

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil veintiuno. Resolución conflicto competencial. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 118/2021, asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 8/2021, de su índice, en el que se resolvió: "ÚNICO. El Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, es competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda promovida por *******; por lo que, con testimonio de esta ejecutoria, remítasele los autos del expediente 118/2021, para que se avoque a su conocimiento. Acuse recibo y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo respectivo, glósese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Relación del estado procesal de los autos. Ahora bien, toda vez que mediante diligencia de veintiséis de abril del año en curso, realizada personalmente por el Actuario adscrito al mencionado Tribunal Colegiado, el quejoso Ernesto Martínez Garzón, ratificó el contenido y firma de su escrito presentado ante el Tribunal de Alzada, en el que se desistió de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo. Se tiene por no presentada. En razón de lo anterior, se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Causa estado y orden de archivo. En consecuencia, se estima que el presente proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Lo anterior en virtud de que la parte quejosa, una vez ratificado el escrito de desistimiento, no puede retractarse. Orden de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, seis de abril de dos mil veintiuno. Tribunal admite conflicto competencial. Se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que ese Tribunal Colegiado admitió el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********. II. Nota de conflicto competencial. Se toma nota que el recurso en mención se registró como conflicto competencial número 8/2021; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Se insiste en declinar competencia. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que adjunta los autos del juicio de amparo 284/2021-IV-A de su índice, formado con motivo del diverso 118/2021, de la estadística de este órgano jurisdiccional, que contiene el proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, donde notifica que no se acepta la competencia declinada por resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, por los motivos que expone. Se insiste en declinar competencia del asunto. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado insiste en declinar su competencia, por los razonamientos expuestos en resolución de veinticuatro de febrero del año en curso. Argumentos que sostienen la incompetencia. El órgano oficiante, señala que no acepta la competencia planteada por este Juzgado de Distrito, debido a que considera que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; por tanto, considera que se actualiza la tercera regla de competencia prevista por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en términos de la cual, es competente para conocer del juicio el Juez de destinario ante el que se presente la demanda. Argumentos que no se comparten, toda vez que como se sostuvo mediante determinación de veinticuatro de febrero del presente año, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el juicio, por razón de territorio, en términos del artículo 37, de la Ley de Amparo, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora, lo que evidencia que las consecuencias legales de los actos reclamados, tendrán efectos en aquella ciudad, por ser donde reside la autoridad a la que se atribuye los referidos actos. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto reproducido, se advierte que el legislador previó dos criterios principales para fijar la competencia de los jueces de distrito: el primero tiene que ver con la ejecución del acto reclamado, mientras que el segundo, guarda relación con la ausencia de esa ejecución material. Así, por lo que respecta al primer criterio, el referido numeral contiene la regla general de competencia atendiendo al lugar que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (competencia territorial). En términos generales, por 'ejecución' se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial, a la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento, por tanto, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Partiendo de ello, una decisión jurisdiccional implica que sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En el caso, el análisis íntegro del juicio revela que el peticionario reclama la omisión de dictar sentencia en el toca 1006/2020 que se sigue ante la responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa, bajo ese expediente; lo cual se corrobora de lo transcrito por el propio impetrante en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, a saber: "[.]1.- El suscrito soy parte actora en el juicio administrativo de expediente 733/2020, radicado ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, reclamando demanda de nulidad de aumento de pensión y pago de diversas prestaciones, donde son demandas las siguientes autoridades: Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Sinaloa y Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 2.- El Magistrado proveyó sobre la demanda, admitiéndose respecto d algunos actos y autoridades, desechándose por otros. 3.- Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de revisión que le correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado bajo el toca 1006/2020. 4.- Cabe destacar que con motivo del recurso de revisión el juicio de nulidad en la primera instancia quedó suspendido hasta en tanto se resolviera dicho recurso. 5.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 se integró el expediente del recurso, sin que hasta la fecha se haya dictado resolución alguna. 6.- Al quejoso se me violaron los derechos humanos, en virtud de que no se está actuando conforme a derecho por los motivos que más adelante se expondrán. [.]". Esto es, los actos reclamados por el quejoso derivan de un procedimiento jurisdiccional, por lo que aun cuando pudiera considerarse que no tienen una ejecución material, sí tienen efectos positivos y sus consecuencias legales se materializarían, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que tiene que restituir y subsanar los derechos violados. Razón por la cual, como se sostuvo en la resolución de veinticuatro de febrero del año en curso, atendiendo a una interpretación sistemática y armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, lo cual es acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos; cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un tribunal determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora. La determinación de este órgano jurisdiccional, encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Tercera Parte, Página: 45, Materia(s): Común, Séptima Época, Registro: 237830, del rubro siguiente: "COMPETENCIA. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DEL JUEZ EN CUYA JURISDICCION RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES." De tal manera, que si en la especie se reclama la omisión de dictar resolución en el toca 1006/2020 que se sigue ante la responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, bajo ese expediente, las consecuencias legales de los actos reclamados por la vía constitucional, tendrán efectos en aquella ciudad, por ser donde reside la autoridad a la que se atribuyen los referidos actos; por lo que, es inconcuso que las consecuencias legales de los actos reclamados, se siguen llevando a cabo en el procedimiento del que derivan tales actos y tendrán que ser reparadas por aquella ciudad, y por consiguiente, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, resulta legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por Ernesto Martínez Garzón; lo cual, encuentra apoyo en la tesis siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." [Tesis VII.1o.C.2 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, página 1107, con registro 2005170.] Remítanse autos y anexos para sustanciación del conflicto competencial. Atento a lo anterior, conforme al artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 48 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo que nos ocupa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que tenga a bien resolver el conflicto competencial planteado. Glósese. Sin que resulte necesario formar cuaderno de antecedentes, en virtud de que, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, ya se había formado y, por tanto, glósese a aquél copia del oficio de cuenta, para que obre como constancia. Infórmese. Finalmente, hágase saber lo antes resuelto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal. retaria que autoriza y da fe.

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