Ernesto Malagon Mondragon

Expediente 788/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
788/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Malagon Mondragon
  • Magistrada de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia En el Estado de Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre1, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita2, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19",3 se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE PROVEE PROMOCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo de la misiva *** con el que se le notificó el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, así también informa que recibió las constancias consistentes en un tomo del toca con la que se le remitió el toca *** de su índice y seis cuadernillos del expediente *** del juzgado de origen; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Remítanse los autos al archivo, como se ordenó en el proveído en cita...

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que, en auto de treinta de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: EXPEDIENTE PRINCIPAL: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. DOCUMENTOS: En el juicio que nos ocupa no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Por otro parte, devuélvanse a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, copia certificada del expediente **********, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con residencia en Irapuato, Guanajuato en seis tomos, y el toca **********, de su índice, en un tomo, por resultar innecesaria su conservación. Se solicita el acuse correspondiente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E).

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, por medio de los cuales, remite: Original y nueve copias de la demanda de amparo promovida por Ernesto Malagón Mondragón, con certificación de presentación. Seis legajos relativos al expediente **********, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Irapuato, Guanajuato, en seis tomos. Toca **********, del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Informes Justificados de las responsables Magistrado Propietario de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital (oficio 1518, en copia certificada) y Juzgado Primero Civil de Irapuato, Guanajuato (oficio 2290). Constancia de emplazamiento del tercero interesado **********. Ello, en virtud que ese órgano colegiado declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********. Acúsese recibo. TOMO DE PRUEBAS Dado el volumen de las constancias recibidas (siete tomos), fórmense siete cuadernos de pruebas correspondientes a los tomos del I al VII (uno al siete). REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 788/2020; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Ernesto Malagón Mondragón, por propio derecho, contra el acto que reclama de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. Al respecto, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la última parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en tal procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en el procedimiento de remate, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Tiene aplicación a lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 32/2001. Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Tomo XIII, Abril de 2001. Novena Época, visible a página 31, con número de registro 190035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de siete de septiembre del año en curso, dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 324/2020, por la que confirmó la audiencia de remate en primera almoneda que tuvo verificativo en el proceso especial civil hipotecario C91/2017, de la estadística del Juzgado de Partido Primero Civil de esta ciudad, en que se declaró fincado el remate del inmueble que defiende el quejoso y se le requirió para que, una vez que quedara firme esa determinación, realizara su entrega al adjudicatario. De lo anterior, se advierte que el juicio de origen se encuentra en procedimiento de remate. En ese orden, respecto del acto en estudio se actualiza la causal antes invocada, toda vez que no corresponde a la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, ya que se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso en estudio. En efecto, la resolución reclamada aconteció en la etapa de remate dentro del juicio de origen; pero no es la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura ni la entrega del bien, pues de las constancias que integran el juicio de origen, que las responsables allegaron en apoyo a su informe justificado, se advierte que en el respectiva diligencia se declaró fincado el remate del inmueble que defiende el quejoso a favor del adjudicataria y, no obstante que se le requirió para que realizara su entrega al adjudicatario, se precisó que esa circunstancia acontecería luego de que quedara firme esa determinación, por lo que solo resulta ser un acto intermedio en la etapa de remate. Es así, porque aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte una de esas determinaciones, no obstante, que dichos acuerdos se realicen por separado, cuando la promovente podrá acudir al juicio biinstancial. Ello, si se tiene en consideración, que el procedimiento de remate tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en éste, que en el caso lo constituiría la orden de entrega del bien rematado o su escrituración; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que la parte quejosa deberá esperar a que se pronuncie una de esas determinaciones para estar en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, esto es, aquélla que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", tratándose de asuntos en los que existe remate de bienes, para que resulte viable el juicio de amparo, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. Sobre el particular cobra aplicación la tesis jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.). Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, visible a página 1066, con número de registro 2011474, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia; sin embargo, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso, si bien el acto reclamado puede causar alguna afectación a los derechos sustantivos del promovente, dicha circunstancia no hace procedente la presente instancia constitucional, en tanto que aquél versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, pues tiene como objetivo dar cumplimiento a la condena impuesta al demandado, aquí quejoso, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En conclusión, el acto reclamado no causa una afectación irreparable y como se vio, tampoco es el último en el procedimiento de remate porque giran en torno al cumplimiento de lo sentenciado; por lo que, de modo alguno puede ser impugnables a través del juicio biinstancial, pues de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que, en su caso, ordene la entrega o escrituración de los bienes rematados; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En este orden de ideas, se concluye que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, aunado a que no se está en presencia de un acto autónomo a ese procedimiento. Así, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Dado que el ocursante señaló para oír y recibir notificaciones una cuenta electrónica que corresponde a la Dirección Electrónica del Sistema Informático del Poder Judicial del Estado, a la cual este Juzgado no tiene acceso; en consecuencia, ésta notificación y las posteriores, aun las de carácter personal, hágansele por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A ********** y **********, se le tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo precisado en la certificación de cuenta. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer contacto por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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