Ernesto Macias Juárez
Expediente 1822/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1822/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Ernesto Macias Juárez
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y archívese como asunto totalmente concluido. Se hace el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, a partir del diecisiete de mayo de dos mil veintiséis.
- Principal
Mexicali, Baja California, dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio de cuenta que firma la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, la autoridad responsable ofrece como medio de prueba, la documental pública consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente ********************, promovido por ********************. Medio de prueba que se tiene por admitido y desahogado dada su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe de ley que se recibe se advierte que la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, manifestó la existencia de una posible causal de improcedencia, consistente en que, en el juicio de amparo ********************, del índice de este propio juzgado, se reclamó el mismo acto el cual se atribuyó a las mismas autoridades responsables, del presente controvertido. En virtud de lo manifestado por la autoridad responsable, así como de las constancias que integran el juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, las cuales se tienen a la vista como hecho notorio en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, esta juzgadora advierte, que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Con la finalidad de evidenciar que se actualiza dicha causa de improcedencia, por disposición expresa de la fracción transcrita, es necesario que se cite en su literalidad, la diversa fracción X del mismo numeral, que reza: "X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" De una interpretación sistemática y armónica de los transcritos numerales, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, cuando se reclaman actos que ya fueron materia en otro juicio de amparo que ya causó ejecutoria, cuyos juicios hayan sido promovidos por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 1107, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011383, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." En el caso, del contenido de la demanda que dio origen al presente controvertido se observa que el impetrante señaló como acto reclamado y autoridades responsables de la siguiente forma: "IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral ********************, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. 2. Respecto del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la omisión de realizar el emplazamiento al tercero interesado dentro de los plazos establecidos por la Ley, lo que ha llevado a la falta del agotamiento de la etapa procesal antes mencionada". Luego, de las constancias que integran el diverso juicio de amparo indirecto ********************, del índice de este Juzgado, el cual se tiene a la vista como hecho notorio, se advierte que fue promovido por el propio quejoso ********************, en el cual reclamó: "IV. Acto reclamado: 1.- Respecto de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la paralización, retraso, abstención y/o la dilación dentro del juicio laboral ********************, al no haber agotado dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo la etapa de Conciliación, demanda y excepciones. 2. Respecto del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California: Se reclama la omisión de realizar el emplazamiento al tercero interesado dentro de los plazos establecidos por la Ley, lo que ha llevado a la falta del agotamiento de la etapa procesal antes mencionada". En juicio en comento, se emitió sentencia el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la que se precisaron como actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y su Actuario adscrito, los siguientes: "La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de los plazos que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, así como de llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen." En dicha sentencia se concedió el amparo solicitado, por lo que en el considerando octavo de la referida resolución, se establecieron los efectos de la concesión; para evidenciar lo anterior, se transcribe la parte conducente. ". se deje subsistente la fecha que señaló para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (veintitrés de agosto de dos mil veintidós); en el entendido que, en caso de que no se celebre en la fecha acordada, deberá fijar día y hora para la celebración de la audiencia de ley dentro del término que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de lograr su desahogo y, deberá llevar a cabo el emplazamiento de la patronal demandada y notificación de la actora con la debida anticipación, dentro de los plazos establecidos en la Ley Federal de Trabajo." La sentencia referida, causó ejecutoria en auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, requiriéndose a la junta responsable por el debido cumplimiento del fallo protector, encontrándose a la fecha en vías de ejecución. De la simple lectura de las transcripciones anteriores se puede advertir que tanto la demanda que dio origen a este juicio, como la presentada en el diverso controvertido ******************** del índice de este juzgado, promovida por el aquí quejoso, se señalaron a las mismas autoridades responsables, así como idénticos actos reclamados. En esas condiciones, como se adelantó en párrafos precedentes, el presente juicio de amparo es improcedente, debido a que los actos materia de reclamo en el presente juicio constitucional, ya fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este juzgado, donde la parte aquí quejosa, fue también peticionaria de garantías, contra las mismas autoridades responsables (Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y su Actuario adscrito) y por el propio acto reclamado, por lo que es inconcuso que dicho reclamo es cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia I.6o.T. J/86, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1532, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170735, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." Por tanto, no es viable analizar la inconstitucionalidad de la emisión del acto reclamado en el presente juicio, pues en el juicio de amparo ******************** de este juzgado, se examinó lo propio. Es aplicable la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, localizable en la página 1054, que dice: "AMPARO, JUICIO DE. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMOVIÓ POR EL MISMO QUEJOSO. Si el Tribunal Colegiado resolvió un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, procediendo, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal.". Se adopta esta determinación, ya que la intención del legislador fue evitar la promoción de juicios de amparo de manera indiscriminada, así como priorizar la certeza y seguridad jurídica ya decretada por una sentencia firme, que ya es verdad legal, como en el caso acontece. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, este Juzgado se encuentra imposibilitado para analizar las cuestiones de fondo planteadas y procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y su Actuario adscrito, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, esta juzgadora está impedida para analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, lo debido será decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ********************. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente María del Socorro López Villarreal, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ante Francisco Javier Ayala Valenzuela, Secretario que autoriza y da fe, asimismo, certifica que la promoción y el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico del Juicio de Amparo 1822/2022-2. Doy fe.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por el Recaudador de Rentas del XXIV Ayuntamiento de Mexicali, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acompaña copia del oficio dirigido al Jefe del Departamento de Catastro del citado Ayuntamiento, a fin de que apliqué el valor unitario de menor cuantía por metro cuadrado de construcción establecido en la Tabla de Valores Catastrales por el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto del predio identificado con la clave catastral QP-001-004. Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el sello de recibido del oficio dirigido al Jefe del Departamento de Catastro del citado Ayuntamiento y en su caso la atención que haya dado a dicho oficio, de igual forma, todas aquellas constancias en las que se adviertan las gestiones realizadas a fin de acatar en sus términos el fallo protector. Apercibido que de no cumplir dentro del plazo antes señalado, se le impondrá una multa.
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