Ernesto López Ramírez
Expediente 438/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ernesto López Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio de cuenta del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, con el que devuelve sin diligenciar el despacho 59/2020-II (orden 93/2020-II) que este órgano jurisdiccional le giró; acúsese recibo. Ahora bien, visto el despacho de cuenta particularmente la razón actuarial levantada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, de la que se advierte que al diligenciario adscrito a ese órgano no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento al tercero interesado, ordenado en proveído de veintisiete de abril del presente año, por los motivos que asentó; en tal virtud, requiérase a la parte quejosa para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto del tercero interesado Neófito Martínez de León, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el inciso b), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, se procederá a emplazarlo por medio de edictos que a su costa se publiquen. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Ernesto López Ramírez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del XII Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí y otra autoridad, con cinco copias que acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 438/2021-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia, la interlocutoria de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 65/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del XII Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el abogado patrono del aquí quejoso, dejando intocado el auto de ocho de marzo del año en cita y declarándolo firme en los términos que en él se precisan; proveído en el que la responsable ordenó nuevamente la notificación a los coherederos en el juicio de origen, al no obrar constancia de que hubiesen sido notificados, en virtud de que, de los acuses de recibo del Servicio Postal mexicano, se advirtió que los comunicados respectivos no fueron recibidos por las interesadas, sino por persona diversa. Al respecto, la suscrita estima que en el presente caso se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que motiva a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la interlocutoria de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 65/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del XII Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, en la que se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el abogado patrono del aquí quejoso, dejando intocado y firme el auto de ocho de marzo del año en cita, en el que por los motivos expuestos en dicha determinación, la responsable ordenó la notificación a los coherederos en el juicio de origen. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del juicio sucesorio intestamentario de origen, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones o la propiedad, las posesiones, etcétera; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese tenor, si en el caso, como se apuntó, la parte señala como acto reclamado la interlocutoria de doce de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 65/2020, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del XII Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, que declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer contra el diverso proveído de ocho de marzo del año en curso, en el que por los motivos señalados por la responsable, se ordenó nuevamente la notificación a los coherederos en el juicio de origen, ello no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que al tratarse de una interlocutoria emitida dentro de la etapa de la sucesión del juicio intestamentario, se considera un acto meramente intraprocesal, que no resuelve en definitiva la sección primera del juicio en comento, la cual como se dijo, culmina con el reconocimiento de derechos hereditarios. De ahí que se torne improcedente la presente instancia constitucional, Aunado a que, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en la etapa referida, resulte adversa al aquí quejoso, de manera que mientras la sección primera del juicio de que se trata, no se resuelva, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal
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