Ernesto Lázaro Varona Viera
Expediente 369/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 369/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Ernesto Lázaro Varona Viera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa Estado Envíese al archivo. El expediente principal es depurable Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación, por oficio a la autoridad responsable y por lista
- Principal
Da Cumplimiento. Visto el oficio de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, en atención al requerimiento de veintitrés de mayo del año en curso, en el cual informa los actos realizados con motivo de la suspensión de plano otorgada por este juzgado. Ahora, toda vez que el informe de la autoridad responsable, proviene de la cuenta electrónica oficial, y se ha validado su fiabilidad conforme deriva de la certificación de cuenta; por tanto, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la materia, para el único efecto de tener por rendido el informe, se tiene por rendido el mismo. Lo anterior no implica que se tenga reconocido el derecho de la autoridad responsable para consultar este expediente vía electrónica ni para recibir notificaciones de esa manera, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; ya que para que ese supuesto acontezca, la citada autoridad responsable deberá, por conducto de los funcionarios que la representen legalmente, obtener la firma electrónica o certificado digital institucional y registrarse en el Portal de Servicios Informáticos del Poder Judicial de la Federación, además de manifestarlo así ante este órgano jurisdiccional, para los mismos efectos, en términos de los artículos 35 y 36 del último de los ordenamientos invocados. Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación, y por lista al resto de las partes.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS Ernesto Lázaro Varona Viera y José Manuel Varela Veranes, los proveídos de veinte y veintiséis de mayo del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado en el último de los referidos, a saber: 26/MAYO/2022: RAZÓN ACTUARIAL, NOTIFICACIÓN POR LISTA. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a los quejosos Ernesto Lázaro Varona Viera y José Manuel Varela Veranes, la determinación de veinte de mayo del año en curso, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, además de lo indicado en auto de doce de mayo del año en curso, notifíquese el auto de mérito por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese electrónicamente a la agente del Ministerio Público de la Federación y por lista al resto de las partes.************************************************************************* 20/MAYO/2022: -JUZGADO VINCULA EXPEDIENTE - Vistos los oficios de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, atento a su contenido, los Secretarios del Juzgado Primero de Distrito en el Estado informan que se vinculó el expediente electrónico de los juicios de amparo 343/2022, 348/2022 y 349/2022, de su índice, al presente juicio constitucional. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por lo que hace a este asunto. De igual manera, se toma nota de los diversos expedientes electrónicos del mencionado órgano jurisdiccional vinculados con el presente asunto. -SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA- Por otra parte, visto el estado de autos resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción X (que contempla la figura de litispendencia), en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo mismo que reza: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. (.)". Para actualizar la causa de improcedencia destacada resulta necesaria la presencia de los siguientes requisitos: a) Que las normas generales o actos que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio esté pendiente de resolución. c) Que el diverso juicio sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. d) Que no se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. e) Que se trate del segundo o ulterior juicio de amparo promovido con los mismos elementos comunes indicados en los incisos anteriores. Resulta orientadora la tesis I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital: 2019187, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Entonces, de la lectura integral de la demanda recibida en este órgano jurisdiccional (369/2022-IV) se aprecia que los quejosos Ernesto Lázaro Varona Viera y José Manuel Varela Veranes reclaman del Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes (denominación correcta de las señaladas por la parte quejosa), la detención y privación de la libertad. Por su parte, conforme deriva de la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado en el Estado de Aguascalientes conoce de los juicios de amparo 348/2022 y 349/2022. En dichos asuntos, la demanda fue admitida y se encuentran en trámite, con los siguientes datos: - Expediente 348/2022, promovido por José Manuel Varela Veranes. - Expediente 349/2022, promovido por Ernesto Lázaro Varona Viera. Los actos impugnados, en lo esencial, son la deportación, repatriación, expulsión, la detención y privación de la libertad, así como el alojamiento, por más del plazo establecido en la estación migratoria en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, entre otros. Las autoridades responsables son las siguientes: ? Secretario de Relaciones Exteriores ? Secretario de Gobernación ? Subsecretario de Población ? Migración y asuntos religiosos ? Comisionado del Instituto Nacional de Migración ? Delegado Federal y/o Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes ? Sub-Representante Local en Jesús María, Aguascalientes ? Titular de la Oficina de la Representación y/o Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes Ante las relatadas circunstancias, en el particular están satisfechos los requisitos supracitados, en razón de lo siguiente: I. Tanto en los juicios de amparo, según corresponda, del índice del diverso Juzgado de Distrito, como en el radicado ante este órgano jurisdiccional, los quejosos son José Manuel Varela Veranes y Ernesto Lázaro Varona Viera. II. Existe identidad en la autoridad responsable siendo el Titular de la Oficina de la Representación y/o Sub-Representación Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, designada en ambos juicios. III. Los actos reclamados en esencia son la privación de la libertad, así como el alojamiento, por más del plazo establecido, en la estación migratoria en Aguascalientes del Instituto Nacional de Migración, entre otros. IV. En los juicios de amparo 348/2022 y 349/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, la demanda fue admitida y se encuentra pendiente de dictar la sentencia definitiva. V. El presente juicio de amparo fue promovido ulteriormente a aquellos que se tramitan en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En tales circunstancias, es inconcuso que esta demanda de amparo (ante la identidad de quejoso, acto reclamado y autoridad responsable), tiene el mismo objetivo que aquélla que dio origen a los diversos juicio de garantías 348/2022 y 349/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. En ese sentido, es necesario precisar que si bien es cierto, la demanda presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado que dio origen a los multicitados juicios 348/2022 y 349/2022, fue promovida por más quejosos diversos a los que ocupan en el presente asunto y en la misma se señalan diversas autoridades responsables y actos reclamados respecto de los señalados en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo que se tramita en este juzgado, de los correspondientes informes de la suspensión de plano rendidos en representación del Titular de la oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes, se observa que los quejosos se encuentran a disposición únicamente de dicha autoridad sujetos a un procedimiento administrativo de carácter migratorio. Aunado a lo anterior, los juicios mencionados del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado fueron promovidos con anterioridad al presente juicio de amparo, pues se advierte que el ocho de mayo de dos mil veintidós se emitió acuerdo de radicación y se emitió pronunciamiento respecto a la suspensión de plano, lo que evidencia que en aquella fecha, la demanda ya había sido presentada; mientras que en este juicio fue presentada el doce de mayo de la anualidad actual. Por lo antes expuesto, se estima que en la especie se encuentran satisfechos lo requisitos que actualizan la causal de improcedencia por litispendencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.24/2014 (10a.), número de registro 2006145, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." -SE DEJA INSUBSISTENTE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL- En razón de lo acordado en el presente proveído, se deja insubsistente la audiencia constitucional, programada para celebrarse a las diez horas con cincuenta minutos del tres de junio de dos mil veintidós.
- Principal
Se requiere información a la autoridad migratoria. Del estado que guardan los autos, se advierte que en auto dictado el veinte de mayo de dos mil veintidós, al considerarse actualizada la causal de improcedencia de litispendencia, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin embargo, dicha resolución aún no causa estado, por lo anterior, la suspensión de plano concedida a los quejosos el nueve de mayo del año en curso sigue surtiendo efectos. Al concederse la suspensión de plano respecto al acto reclamado consistente en la detención o privación de la libertad (alojamiento) en alguna estación migratoria, en lo que al presente proveído interesa, se precisaron sus efectos en los siguientes términos: ".para el efecto de que sean puestos en libertad, una vez que hayan cumplido y acreditado ante la autoridad migratoria, los requisitos previstos en el artículo 102 de la Ley de Migración, consistentes en: a) Otorgar garantía (en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley) suficiente y a satisfacción de la autoridad de migración. A este respecto, se precisa que la determinación de la garantía que deba fijar la autoridad migratoria, habrá de respetar el objeto que persigue la misma (asegurar la presencia del implicado durante el procedimiento migratorio), en función de los principios de asequibilidad, proporcionalidad y razonabilidad, y en consideración de la situación particular de cada uno de los quejosos conforme a la información que cuente al respecto. b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán durante la sustanciación del procedimiento migratorio; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad migratoria; y, d) Presentar ante la autoridad de migración, una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. (.)" Además, se acotó que sería hasta que los quejosos acreditaran ante la autoridad migratoria el cumplimiento de los requisitos antes señalados, cuando a consideración de ésta, se podría [por la autoridad migratoria rectora del procedimiento migratorio] ordenar la libertad de los quejosos para efectos de la continuación del procedimiento administrativo de carácter migratorio. No obstante, en esa determinación en la que se otorgó la suspensión de plano, se obligó a la propia autoridad migratoria responsable a informar de manera inmediata la satisfacción que hicieren los quejosos [ante ella] de las medidas de efectividad de la suspensión de plano concedida, señalada en los incisos que anteceden. A pesar de lo anterior y que la autoridad migratoria responsable ha rendido información sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, a la fecha ha sido omisa en informar de manera inmediata, como se le ordenó, sobre la satisfacción o no por parte de los quejosos, y en su caso los términos respectivos, respecto a la indicadas medidas de efectividad de la suspensión de plano. Por tanto, se requiere al Instituto Nacional de Migración, Oficina de Representación en el Estado de Aguascalientes para que de manera inmediata, es decir dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal notificación de este proveído para que dé cumplimiento a lo anterior e informe lo concerniente al cumplimiento de las medidas de efectividad de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa. De ser el caso, también remita la constancia de la que se advierta que los quejosos egresaron del lugar donde se encontraban privados de su libertad (boleta de salida o firma en hoja de registro), o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apercibida que de no dar cumplimiento se impondrá al titular de la citada autoridad responsable en lo individual una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese por medio de oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
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