Ernesto Julián Ramírez
Expediente 280/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 280/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ernesto Julián Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ernesto Julián Ramírez, que dio origen al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Ernesto Julián Ramírez, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad.- Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 280/2016 y fórmese expediente. Ahora, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:- "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda es factible para este juzgado federal eterminar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En tal sentido, se tiene que el peticionario de amparo Ernesto Julián Ramírez, reclama el citatorio de dos de marzo de dos mil dieciséis, para que compareciera ante la responsable el tres del mismo mes y año. Respecto de lo cual, esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo intentado deviene improcedente respecto del acto reclamado expresamente, precisado en el capítulo respectivo, al actualizarse las causales previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es Improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Entonces, el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. En el caso, del análisis del citatorio de dos de marzo de dos mil dieciséis, suscrito por la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo (que fue acompañado como anexo a la demanda), se aprecia que tenía como finalidad la comparecencia de Ernesto Julián Ramírez, para las dieciséis horas (cuatro de la tarde) del tres de marzo de dos mil dieciséis, a fin de tratar un asunto de carácter conciliatorio relacionado con su persona; de lo que es inconcuso que la fecha en la cual tendría que comparecer ya transcurrió, por lo que en caso de concederse la sentencia de amparo carecería de efectos prácticos. Resulta aplicable al caso, la Tesis I.4o.C.45.K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que se puede apreciar en la página 2002 del Tomo XXXI, de Enero de 2010, que dice: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." Con respecto a su diverso acto reclamado que aduce: "Y en caso de no comparecer se iniciará el procedimiento correspondiente en su contra", en el citado caso la parte quejosa no acreditó fehacientemente la actualización de un perjuicio a un derecho que tenga jurídicamente tutelado, es inconcuso que no se materializa el interés jurídico, que es necesario como presupuesto fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues los actos aquí reclamados son futuros e inciertos que a la postre no se está en posibilidad de saber si habrán o no de llevarse a cabo. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), visible en la Décima Época de la instancia Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, a página 2321 q ue dice: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Esto es así, dado que el artículo 6° de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, lo que implica que uno de los presupuestos indispensables que debe concurrir para la procedencia constitucional es la demostración de la afectación del interés jurídico de los quejosos, entendiéndose como interés jurídico, el derecho reconocido en favor de su titular por el ordenamiento jurídico vigente, que cuando es violentado por la autoridad, legitima a su titular para comparecer ante los Tribunales Federales encargados del control constitucional, haciendo surgir el interés jurídico del afectado que debe estar plenamente acreditado y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior se sostiene, dado que la instauración del juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción federal tiene como requisito sine qua non, que el sujeto de derecho que promueve resienta en su perjuicio la aplicación del acto que estima inconstitucional, esto es, la legitimación para poder instar la protección constitucional respecto de actos que se vinculen directamente con él; es decir, la condición particular y concreta que se deriva del objeto del proceso en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la tesis IV.3°.A.T.29 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable a página 1675, Tomo XIII, Enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN.". En ese orden de ideas, el acto reclamado destacado se traduce en actos futuros e inciertos, dado que su realización podría no acontecer; por tanto, como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia, por ello debe considerarse como futuro y de realización incierta, por lo que se concluye que la quejosa carece de interés jurídico para promover juicio de amparo en su contra, dado que dicho acto no le ocasiona un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia e inejercitabilidad de la acción de amparo prevista por los precitados artículos 6º y 61, fracciones XVI y XXIII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con apoyo en el diverso numeral 113, de la propia ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las dos primeras personas que menciona, y a las dos restantes únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo señalado la parte quejosa en el escrito de demanda.
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