Ernesto Julián González Martínez
Expediente 533/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2023
Partes del expediente
- Ernesto Julián González Martínez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Oficio. La autoridad responsable Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, realiza lo siguiente: 1. Rinde su informe justificado. 2. Adjunta copia certificada de la constancia con la que justifica su informe. 3. Designa delegado. Fundamentación. Artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Artículos 61, 62, 221 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado, con la constancia que se acompaña. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa.******************** B.- Tercero interesado.******************** C.- Autoridades responsable: 1.- Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 2.- Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de las que Integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. D.- Actos reclamados. 1.- La omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********************; y, su notificación. Sobreseimiento por inexistencia. Texto legal. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Hipótesis normativas. La ratio del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo conduce a concluir que el legislador estableció la posibilidad de decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto ante dos escenarios y momentos procesales distintos, es decir: 1. Fuera de audiencia. Durante el trámite e integración del juicio de amparo indirecto y, por ende, fuera de la audiencia constitucional, cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Esta hipótesis está sujeta a la condición sine qua non de que esté plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, de modo que no exista posibilidad alguna de que el quejoso desvirtué la negativa del acto cuestionado. 2. En la audiencia. Al momento de celebrar la audiencia constitucional trifásica de pruebas, alegatos y sentencia, cuando no se probare su existencia en ese acto. Caso concreto. Como se observa, en el caso concreto, se reclaman abstenciones u omisiones por parte de la Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que se traducen en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que en este capítulo, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ".VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, que a la letra dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." [Énfasis añadido] En el caso, la Junta Especial Número Tres de las que Integran la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitió la constancia con la que acredita que el dieciocho de abril del presente año, declaró cerrada la instrucción en el expediente número ******************** de su índice, solicitando a su vez se turnen los autos para que se emita el proyecto de laudo correspondiente, lo anterior por así permitirlo su estado procesal. Entonces, queda claramente demostrado que no existen los actos reclamados y no hay posibilidad alguna de que la parte quejosa desvirtúe la inexistencia, en función de que la autoridad responsable se encuentra realizando las gestiones necesarias para dictar el laudo correspóndete, dada la etapa procesal en la que se encuentra el juicio laboral. Conclusión. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado precisado, procede sobreseer en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia que se hace extensivo al acto atribuido al ejecutor de dicha junta, al reclamarse en vía de consecuencia. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Tercero interesado. No pasa inadvertido para este Juzgador que en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, que el mismo no se llevará a cabo en virtud del sobreseimiento decretado en este acuerdo; no obstante, ello no es impedimento para dictar la presente resolución, toda vez que el sentido de la misma no le causa perjuicio. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis aislada siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Gandhi de Jesús Alarcón Ramírez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
- Principal
9.- Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, El plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo concedido a las autoridades responsables en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veintitrés, esto es para rendir su informe justificado, aun no trascurre, toda vez no obra en autos los informes justificados ni los acuses por los cuales se les requirió los mismos. Oficios que fueron enviados el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, como se advierte del formato de autorización de depósito de correspondencia entregada a la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, como se acredita con las imágenes siguientes: ...Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. .. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. .. Efectivo apercibimiento al quejoso. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y atendiendo la certificación de cuenta, de la cual se advierte que el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a efecto de que ampliara la demanda de amparo, transcurrió del veintitrés de febrero de dos mil veintidós al quince de marzo de dos mil veintitrés, ya que se le notificó el veintiuno de febrero del presente año; sin que a la fecha la referida parte procesal hubiera presentado promoción alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, se continúa con la tramitación del juicio de amparo y, únicamente se tiene como autoridades responsables y actos reclamados los señalados en autos. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ..
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